miércoles, 31 de agosto de 2011

JUAN CARLOS VARELA y el Consejo de Gabinete


Luego de la ruptura de la alianza de gobierno, el vicepresidente Varela ha dicho que continuara asistiendo al Consejo de Gabinete. Al respecto me parece bastante inocente la declaración anotada ya que difícilmente a un enemigo político se le podría invitar a un Consejo en donde se tratan problemas de Estado. El ilustre Ricardo Arias Calderon nos podría dar luces del número de invitaciones que tuvo para asistir al Consejo de Gabinete, luego de la salida del gobierno del Presidente Endara. Aunque el articulo 199 de la constitución lo incluye dentro del organismo, ese articulo hay que analizarlo íntimamente con el 176 y el 185 para concluir que el vicepresidente ni vota ni hace quórum, por lo que nunca podría ser ilegitima una reunión ni una decisión por la falta de invitación de un vicepresidente que esta habilitado principalmente para llenar las faltas del titular.

Varela y el Consejo de Gabinete

Varela y el Consejo de Gabinete

Luego de la ruptura de la alianza de gobierno, el vicepresidente Varela ha dicho que continuara asistiendo al Consejo de Gabinete. Al respecto me parece bastante inocente la declaración anotada ya que difícilmente a un enemigo político se le podría invitar a un consejo en donde se tratan problemas de Estado. El ilustre Ricardo Arias Calderon nos podria dar luces del numero de invitaciones que tuvo para asistir al Consejo de Gabinete, luego de la salida del gobierno del Presidente Endara. Aunque el articulo 199 de la constitucion lo incluye dentro del organismo, ese articulo hay que analizarlo intimamente con el 176 y el 185 para concluir que el vicepresidente ni vota ni hace quórum, por lo que nunca podría ser Ilegitima una reunión ni una decisión por la falta de invitación de un vicepresiendente que esta habilitado principalmente para llenar las faltas del titular.

sábado, 27 de agosto de 2011

Las acciones legales en el caso del procedimiento de Bien Oculto de los de los Terrenos de Punta Paitilla

Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
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Manifiesto que como ciudadano me preocupa el hecho de que el Ministro Vallarino le haya informado a los medios de comunicación social, que el MEF, independientemente de las acciones legales que han tomado algunos ciudadanos, solicitó incorporar la denuncia penal presentada el pasado 24 de agosto a otra más antigua sobre el mismo caso con el ánimo de hacer prevalecer el Principio de Economía Procesal.”

No se debe perder de vista que el comentado Ministro fue autorizado por el Consejo de Gabinete, mediante Resolución N° 131 del 24 de agosto de 2011, a proceder y ejecutar las acciones pertinentes para la determinación de bien oculto del lote en cuestión.

Entonces no tiene cabida que hogaño, se piense si quiera en la posibilidad de investirle de autoridad estatal a los denunciantes de Bien Oculto, si el MEF, por instrucciones superiores, debe hacer lo propio ante los tribunales de la República.

El Beneficio del denunciante en los casos de Bien Oculto, esta recogido en Artículo 83 del Código Fiscal, que reza lo siguiente:

Artículo 83 código fiscal.
El denunciante de un bien oculto tiene derecho a que el Tesoro Nacional, le pague en efectivo una participación del treinta por ciento del valor del bien oculto, cuando ese bien haya entrado a formar parte efectiva del patrimonio del Estado.

Mi argumento es que las denuncias, deben ser bien recibidas, en los casos en donde el País, desconocía de las irregularidades en la apropiación de un bien estatal, sin embargo, en el caso del terreno de Punta Paitilla, es un hecho público y notorio su cuestionada titulación.

Los denunciantes debieran desistir de su pretensión de querer poderes estatales para accionar en este caso e interponerlas en nombre propio, que bien pueden hacerlas ante los tribunales del País, como cualquier ciudadano preocupado por los problemas nacionales.

Finalmente comento, que las acciones contra el Estado, en asuntos patrimoniales fiscales, prescriben a los 15 años, es decir, que si hoy tengo un derecho y no deseo accionarlo por una deuda en contra del Estado, tengo hasta este tiempo, para poder hacer valer mi derecho, como derecho adquirido.

Artículo 1086 del Código Fiscal
Las deudas a cargo del Tesoro se extinguen:
1. Por su pago; y,
2. Por prescripción de quince años, la cual se interrumpe por gestión administrativa o por demanda judicial legalmente notificada.

viernes, 26 de agosto de 2011

La ley 80 de 2009, que otorga títulos de propiedad en zonas costeras y territorio insular, debe modificarse


Por: Dr. ERNESTO CEDEÑO ALVARADO
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La ley antes comentada, es la que posibilita la adjudicación de títulos de propiedad a los poseedores de terrenos en zonas costeras y territorio insular. Con el caso del florista salió a relucir una debilidad inmersa en la anotada disposición y es que los títulos de propiedad que se expiden, por motivos de esta ley, no lo están llevando a la Contraloría General para el refrendo de rigor, por que la ley no lo contempla. Mi argumento es que todos los títulos de propiedad deben contar con el refrendo de la Contraloría General para que sean válidos, desde el punto de vista constitucional (articulo 280). En consecuencia, si los traspasos de propiedad de bienes públicos, no cuentan con el refrendo de la Contraloría General, no solamente este titulo, sino todos lo que se han expedido producto de la ley, sin contar con el aval del ente fiscalizador de las finanzas públicas, tienen visos de ilegalidad, por carecer del refrendo de la Contraloría General. No puede una ley ignorar la facultad de fiscalización y refrendo de la Contraloría. Solo esta entidad tiene la potestad de decidir cuando no ejerce el control previo o refrendo de un acto de disposición de bien publico.
Constitución Política
Funciones de la Contraloría General
Articulo 280:
1. ...
2. Fiscalizar y regular, mediante el control previo o posterior, todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección, según lo establecido en la Ley.

Además debe incluirse en la ley, la obligatoriedad de elevar a "panamacompra" los nombres y contratos de los nuevos adquirentes, para la fiscalización ciudadana. De igual manera, no es procedente otorgar títulos de propiedad gratis, a poseedores hasta de 5 hectáreas, por que va más allá de lo racional, para establecer una vivienda y un comercio de subsistencia.

jueves, 25 de agosto de 2011

Ilegalidades de las adjudicaciones de la ley 80 de 2009


Por: Dr. ERNESTO CEDEÑO ALVARADO
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La ley antes comentada, es la que posibilita la adjudicación de títulos de propiedad a los
poseedores de terrenos en zonas costeras y territorio insular. Con el caso del florista salió a relucir una debilidad inmersa en la anotada disposición y es que en un debate que tuve recientemente con el Lic Castillero de la ANATI confeso en RCM que los títulos de propiedad que expiden, por motivos de esta ley, no lo están llevando a la Contraloría General para el refrendo de rigor, por que la ley no lo contempla. Mi argumento es que todos los títulos de propiedad deben contar con el refrendo de la Contraloría General para que sean válidos, desde el punto de vista constitucional (articulo 280). En consecuencia, si los traspasos de propiedad de bienes públicos, no cuentan con el refrendo de la Contraloría General, no solamente este titulo, sino todos lo que se han expedido producto de la ley, sin contar con el aval del ente fiscalizador de las finanzas públicas, son ilegales, por carecer del refrendo de la Contraloría General. No puede una ley ignorar la facultad de fiscalización y refrendo de la Contraloría. Solo esta entidad tiene la potestad de decidir cuando no ejerce el control previo o refrendo de un acto de disposición de bien publico.
Constitución Política
Funciones de la Contraloría General
Articulo 280:
1. ...
2. Fiscalizar y regular, mediante el control previo o posterior, todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección,según lo establecido en la Ley.

Ilegalidades de las adjudicaciones de la ley 80 de 2009


Por: Dr. ERNESTO CEDEÑO ALVARADO
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La ley antes comentada, es la que posibilita la adjudicación de títulos de propiedad a los
poseedores de terrenos en zonas costeras y territorio insular. Con el caso del florista salió a relucir una debilidad inmersa en la anotada disposición y es que en un debate que tuve recientemente con el Lic Castillero de la ANATI confeso en RCM que los títulos de propiedad que expiden, por motivos de esta ley, no lo están llevando a la Contraloria General para el refrendo de rigor, por que la ley no lo contempla. Mi argumento es que todos los títulos de propiedad deben contar con el refrendo de la Contraloria General para que sean validos, desde el punto de vista constitucional (articulo 280). En consecuencia no solamente ese titulo sino todos lo que se han expedido producto de la ley en mención, son ilegales por carecer del refrendo de la Contraloria General. No puede una ley ignorar la facultad de fiscalización y refrendo de la Contraloria. Solo esta entidad tiene la potestad de decidir cuando no ejerce el control previo o refrendo de un acto de disposición de bien publico.
Constitución Política
Funciones de la Contraloría General
Articulo 280:
1. ...
2. Fiscalizar y regular, mediante el control previo o posterior, todos los actos de
manejo de fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección,
según lo establecido en la Ley.

miércoles, 24 de agosto de 2011

LA DENUNCIA DE BIEN OCULTO DEL TERRENO DE PUNTA PAITILLA


Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
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Recientemente el Consejo de Gabinete, mediante la Resolución de Gabinete 131, autorizo al MEF ha iniciar el trámite de bien oculto, con el objeto de procurar revertir el terreno de Punta Paitilla, recientemente adjudicado a un florista,
Aunque la medida me parece mejor que la iniciativa anterior de expropiar, por que esto conllevaba, ineludiblemente el pago de una indemnización; hubiese sido más rápido, a mi juicio, haber autorizado al Ministerio Público, en base al Artículo 348 numeral 3, del código judicial, para que ejecutara las diligencias necesarias e interpusiera las acciones adecuadas, para revertir el bien en comentario, sin que el Estado tuviese que erogar dinero alguno.
¿Que es un proceso de bien oculto?
Es el procedimiento por medio del cual se busca recabar en favor del Estado, los bienes estatales abandonados u ocultos en su sentido material, sino también aquellos respecto de los cuales se haya hecho oscuro su carácter primitivo de propiedad nacional, sea por actos de maliciosa usurpación, por incuria de las autoridades, o por otra causa semejante.
Luego de culminado el procedimiento administrativo fiscal propio, si se determina que hay un bien oculto, se deben ejercitar las demandas y acciones jurisdiccionales, ante los tribunales, de ser el caso, para anular los actos ejecutados.
Si el Consejo de Gabinete, hizo la autorización en cometario, en los próximos días debiese saberse el nombre de los funcionarios destituidos y procesados penalmente, debido a que se está partiendo de la tesis, de que la adjudicación del titulo al florista fue ilegal. El Artículo 81 del código fiscal, reza que: El Estado tiene acción para recuperar todos los bienes que le pertenezcan y que no hayan salido legalmente de su patrimonio, y para que se reconozcan sus derechos sobre bienes respecto de los cuales existan pretensiones que los contraríen.
Sabido es, que el título de propiedad del florista se lo otorgaron funcionarios actuales, sino fuera así, no existiese título de propiedad en favor de un particular.
Las acciones para recabar el bien estatal, las puede ejercitar el Estado, a través de sus organismos, per se o dándole facultad a denunciantes.
Los denunciantes investidos de poder, si al ejercer las acciones de rigor, logran revertir el bien oculto estatal, tendrán, un gran aliciente económico, a saber:
Artículo 83 código fiscal.
El denunciante de un bien oculto tiene derecho a que el Tesoro Nacional, le pague en efectivo una participación del treinta por ciento del valor del bien oculto, cuando ese bien haya entrado a formar parte efectiva del patrimonio del Estado.

lunes, 22 de agosto de 2011

La expropiación sin indemnización, no existe en nuestro derecho positivo

Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
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La expropiación sin indemnización, no existe en nuestro derecho positivo.
La materia está regulada en la Constitución Política y en el Código Judicial y es opuesto a lo que aprobó El Consejo Nacional de Tierras, que recomendó solicitar al Órgano Ejecutivo que considere "la expropiación sin indemnización", del terreno adjudicado en Paitilla, "por motivos de interés social urgente a favor de la Nación".

En Panamá hay dos tipos de expropiación.

Primera expropiación

Artículo 48 CN- La propiedad privada implica obligaciones para su dueño por razón de la función social que debe llenar.
Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos en la Ley, puede haber expropiación mediante juicio especial e indemnización.

Se observa nítidmamente que debe haber indemnización cuando se expropia. El Código Judicial también contempla esto.

Artículo 1920 CJ.
Cuando el valor del bien quede fijado de manera definitiva, el demandante deberá
consignarlo en efectivo en el juzgado dentro de los seis días siguientes al de la
notificación del auto respectivo.
Si el pago no se hiciere dentro de dicho término, la suma fijada como monto de la
indemnización devengará interés a la tasa bancaria corriente conforme determine el
juez. Mientras no se haya consignado en el Juzgado el valor del bien expropiado, la
expropiación no surtirá ningún efecto.

Segunda expropiación.

Artículo 51 CN- En caso de guerra, de grave perturbación del orden público o de interés social urgente, que exijan medidas rápidas, el Ejecutivo puede decretar la expropiación u ocupación de la propiedad privada.
Cuando fuese factible la devolución del objeto ocupado, la ocupación será sólo por el tiempo que duren las circunstancias que la hubieren causado.
El Estado es siempre responsable por toda expropiación que así lleve a cabo el Ejecutivo y por los daños y perjuicios causados por la ocupación, y pagará su valor cuando haya cesado el motivo determinante de la expropiación y ejecución.

En este tipo de expropiación, que pareciera ubicarse el caso del terreno de Paitilla, tambien se debe indemnizar, como se exterioriza en el Código Judicial en el artículo 1927 y siguiente.

Artículo 1928 CJ.
Inmediatamente que el representante de la respectiva entidad estatal reciba la orden
de promover el proceso junto con los documentos correspondientes, procederá a
proponer la acción.
Si el Juez considerare que faltan algunas pruebas, las exigirá inmediatamente,
señalándolas con toda claridad. Si la documentación le pareciera completa, procederá
al avalúo correspondiente.
Completadas las pruebas y hecho el valúo, el Juez resolverá, dentro de los dos días
siguientes, sobre la expropiación, y si la concede, fijará la indemnización.

Como se nota en los tipos de expropiación anotadas, en ambos casos, se debe indemnizar, salvo que se pretenda expopiar, de manera autocrática y totalitaria como se hace actualmente en los sistemas socialistas y no recomiendo hacerlo aquí en Panamá, por que vivimos en un estado democrático de derecho, que pondera la seguridad jurídica por constitución.

FUNCION DEL MINISTERIO PÚBLICO

Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
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CÓDIGO JUDICIAL
CAPÍTULO III
ATRIBUCIONES ESPECIALES
Sección 1ª
Procurador General de la Nación
Artículo 348. Son atribuciones especiales del Procurador General de la Nación:
1. ...
2. ...
3.Promover y sostener los procesos necesarios para la defensa de los bienes a intereses del Estado, observando las instrucciones que sobre el particular reciba del Órgano Ejecutivo, y representar al Estado en las demandas que contra él se sigan ante la Corte Suprema de Justicia;

sábado, 20 de agosto de 2011

La administración pública no puede revocar su propio acto administrativo promulgado


Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
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La Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera, expresó sobre el tema lo que sigue: “Debe pues, la Administración recurrir a la vía jurisdiccional ordinaria, a fin de anular sus propios actos que confieren esos derechos. Jaime Vidal Perdomo al respecto nos ilustra cuando sostiene que “el respeto a las situaciones jurídicas creadas o definidas por los actos administrativos puede ser tal que se hagan irrevocables aunque sean ilegales. En el derecho Español se denomina recurso de lesividad el que puede interponer la Administración ante los jueces contra sus propios actos que declaran derechos ante la imposibilidad que encuentra de revocarlos directamente… en algunos casos esos derechos son asimilables al derecho de propiedad y es dable exigir, para ser privado de ellos, ley que los declare de utilidad pública e indemnización; pero estos derechos pueden haberse adquirido de forma ilegal, por lo que se menciona que para que el acto sea irrevocable el beneficiario debe ser de buena fe” (Sentencia de 27 de abril de 2010)

viernes, 19 de agosto de 2011

FALTA DE TRANSPARENCIA DE LA CSS, EN LA LICITACIÓN DE PRECIO ÚNICO


Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
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En los próximos días se estará realizando una licitación de precio único, en la CSS para los medicamentos.
Sin embargo, la CSS decidió bajar a un 20% el precio de referencia, para varios rubros de importancia. Aunque la medida pareciera ser saludable para el peculio estatal, la forma ensayada por este ente, pareciera no compadecerse con el derecho, debido a que en el Artículo 1 del reglamento de la CSS, que regula el procedimiento de obras, suministros de bienes y prestación de servicios en general; plantea que es lo que es el precio de referencia y esto se debe cumplir, de manera certera. La norma reza que el “Precio de referencia es el costo estimado por la CSS necesario para la ejecución de un contrato de obras, suministro, servicios u otros, determinado por factores y estadísticas sobre tendencias del mercado durante el último periodo fiscal o en su defecto el último precio ofertado en la CSS al por mayor o de acuerdo a informes ejecutivos de costo beneficio que incluyen factores de calidad y cantidad, ubicación del proyecto, costos unitarios reales del mercado mediante cotizaciones de precios testigos, lo que debe conllevar a un precio estimado de mercado y no ficticio de referencia, aproximado a la realidad y se estima de manera previa bajo un esquema técnico actualizado.”
Como se observa, para fijar el precio de un producto a adquirirse, debe irse al mercado a ver los precios de los bienes y si no hay claridad meridiana para determinar la tasación, se atenderá el negocio conforme al valor del bien de la última licitación acaecida de precio único, si es el caso.
La CSS al homologar una disminución de precio por el orden del 20% para muchos medicamentos, no ha logrado al momento explicar nítidamente, como llegó a precisar los guarismos en cada uno de los productos y esa falta de transparencia en la información, a hecho gravitar zozobra, en los proveedores locales, que piensan que podrían ser desplazados, por empresas foráneas que podrían introducir sus medicamentos al suelo patrio, sin registro sanitario, como lo posibilita el Decreto Ejecutivo 1199 de 2010, que hace viable que la Dirección Nacional de Farmacia y Droga, dé un permiso especial de importación, para la comercialización de los medicamentos, previo aval de los exámenes elaborados por laboratorios determinados.
Lo peligroso de esta medida es que el Artículo 9 del Decreto Ejecutivo in examine, pretende exonerar de culpa al Estado de las consecuencias futuras negativas, cuando repite que cualquiera situación relacionada con el medicamento introducido, será de responsabilidad del fabricante o del laboratorio al que se la haya adjudicado la compra. ¡Mire usted esto¡
La CSS debe de una vez por todas, fijar una política de información oportuna y clara a todos los estratos sociales de la sociedad, como lo demanda la democracia panameña.

miércoles, 17 de agosto de 2011

La segunda vuelta electoral, debe ser materia constitucional

Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
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La segunda vuelta electoral debe ser un caso cerrado, ya que el PLENO de la Corte Suprema de Justicia ya dijo otrora, que conforme a la Constitución, para acceder a la Presidencia del Páis, se requiere de la mayoría simple de los votos.

En sentencia de la Corte de 18 de abril de 1994 este ente dijo entorno a la posibilidad de exigir mayoría absoluta de los votos para obtener la Presidencia del País, que: "del examen objetivo de las normativas contenidas en los aludidos instrumentos legales, se colige, que el hecho de que tradicionalmente el legislador haya adoptado en la ley electoral "uno de los dos métodos conocidos para elegir al Presidente de la Republica, el de "mayoría simple" y no el de "mayoría absoluta", ni contradice ni riñe con la Constitución Nacional; pues lo cierto es que en Panamá, en materia tan importante para el establecimiento de la democracia, el Presidente se elige constitucionalmente por votación directa y por simple mayoría.

En conclusión, a juicio del Pleno de la Corte Suprema, en este caso existe una costumbre constitucional de carácter interpretativo, en virtud de la cual el texto del artículo 172 (hoy 177) de la Constitución ha sido interpretado en el sentido anotado en esta sentencia. En efecto, por varias décadas los diversos órganos del Estado han entendido que obran conforme a la Constitución al reconocer y aceptar que el ciudadano que obtenga la mayoría simple de votos en una elección popular para ocupar el cargo de Presidente de la Republica se desempeñe en ese cargo y que actúa legítimamente en el mismo. La norma legal impugnada en este proceso constitucional es conforme, pues, con esta costumbre constitucional que se integra al bloque de constitucionalidad.

De donde resulta, que la Corte, en este proceso de inconstitucionalidad, como guardiana de la integridad de la Constitución Nacional, no encuentra ninguna razón constitucional válida para acceder a la declaración solicitada por el demandante, sobre todo en las actuales circunstancias en que el país se encuentra abocado a un proceso electoral, y cualquier cambio en el sistema electoral para elegir al Presidente de la Republica, lo único que traería para la Nación en su organización política es el desconcierto y la inseguridad jurídica."



Aclaro yo, que del mencionado fallo transcrito, se intuye con claridad meridiana, que para incluir lo de la segunda vuelta electoral en Panamá, se requeire de un cambio constitucional y no uno legislativo, ya que la Constitución dice que se accede a la Presidencia, por la mayoría simple de votos.

martes, 16 de agosto de 2011

proyecto de ley que obliga a portar factura, es inconveniente y autocrático

Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
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En la Asamblea Nacional de Diputados, reposa para discusión de los miembros de la Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley No. 375 que entre sus artículos obliga de manera desproporcionada, al contribuyente a portar la factura o documento equivalente.

Acto seguido transcribo el artículo en cuestión.

Artículo 2. Se adiciona un Parágrafo al artículo 11 de la Ley 76 de 22 de diciembre de 1976, así:
Parágrafo 4. Los compradores de bienes y servicios, que a la salida del local o establecimiento comercial, carezcan de la factura o su equivalente emitido por los equipos fiscales, serán sancionados con una multa, que corresponderá al monto que resulte mayor entre las siguientes opciones:
a) Un balboa (B/.1.00); o,
b) El siete por ciento (7%) del valor del bien o servicio no facturado.

Como el lector observará, la multa se ha de imponer, (por la interpretación literal de la redacción de la norma) al comprador que no porte la factura o documento equivalente, a la salida de un comercio visitado, indistintamente, de que no ostente la documentación referida, producto de robo, hurto, extravío o en fin, por cualesquiera situaciones, que pudieran acaecer, producto de las circunstancias de la vida.

No solo esto es lo descabellado, si no que la intención es invadir en el prudente arbitrio del gobernado. Hoy se nos pretende sancionar por haber decidido no tomar una factura o por haberla extraviado; mañana podríamos serlo, mediante la promulgación de otra ley semejante, por el hecho de no haber ejercido el derecho al sufragio; por no haber educado a nuestros hijos de singular manera; o por no haber asistido a determinada iglesia, etc.
El espíritu que se inmiscuye solapadamente en este instrumento es peligroso y yo lo tacho de autocrático.
Nuestros gobernantes deben meditar mejor en sus acciones, y en el resultado a futuro de las mismas.


sábado, 13 de agosto de 2011

La detención preventiva, puede ser mayor de un año, conforme al nuevo código procesal penal (sistema acusatorio)

Por: Dr: Ernesto Cedeño Alvarado
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Con la entrada en vigencia del nuevo código procesal penal, ha habido algo de preocupación en un sector de la población, pues considera que los detenidos preventivamente, saldrán a las calles, debido a que no pueden estar presos más del año.

Lo anterior se ha patentizado por una mala interpretación de la parte final del artículo 12 Ibidem., que reza que: “La detención provisional está sometida a un límite temporal razonable para evitar que se convierta en una pena anticipada. La detención provisional no puede exceder de un año, excepto en los supuestos señalados en este Código.”

Como el lector observará, lo del año no queda incólume, debido a que la norma repite que existirán excepciones, a lo del año, y estas, están Primero, en los dos artículos siguientes, que permite la ampliación de este lapso:

Artículo 502. Autorización judicial. Cuando la tramitación sea compleja por causa de la pluralidad de hechos o del elevado número de imputados o de víctimas, o por tratarse de casos de delincuencia organizada, el Juez, a solicitud del Fiscal, podrá autorizar por resolución fundada, la aplicación de las normas especiales previstas en este Capítulo

Artículo 504. Efectos. Una vez autorizado el procedimiento, producirá los siguientes efectos:
1. El plazo de detención preventiva se extenderá hasta un máximo de tres años.
2. El plazo previsto por este Código para concluir la investigación preparatoria se extenderá a un año y la prórroga un año más.
3. Los plazos establecidos a favor de las partes para realizar alguna actuación y los que
establecen determinado tiempo para celebrar las audiencias y resolver se duplicarán.

Segundo, en lo que se establezca en los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por Panamá, que pudieran posibilitar la detención por más del tiempo del año, si en ellos se determina. Lo anterior se desprende, con claridad meridana del Artículo 2 de la norma legal bajo examen.
Artículo 2. Legalidad procesal. Nadie puede ser condenado a una pena o sometido a una medida de seguridad sin juicio previo dentro de un proceso tramitado con arreglo a las normas de la Constitución Política, de los tratados y convenios internacionales ratificados por la República de Panamá y de este Código.
Todo habitante del territorio de la República tiene libre derecho a acceder a los jueces y tribunales en las formas, los plazos y las condiciones determinadas en este Código.

Información a los Medios de Comunicación

Dr:Ernesto Cedeño Alvarado
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Con el nuevo código procesal penal. (Sistema Acusatorio) los jueces, fiscales, querellantes y miembros de la Policía Nacional no pueden presentar a la persona investigada o imputada como culpable ni pueden brindar información sobre esta en ese sentido a los medios de comunicación social. Solo es permitida la publicación de datos o fotografías indispensables para fines de la identificación de dicha persona. (Art. 8)

información a los medios de comunicación

Con el nuevo código procesal penal. (Sistema Acusatorio) los jueces, fiscales, querellantes y miembros de la Policía Nacional no pueden presentar a la persona investigada o imputada como culpable ni pueden brindar información sobre esta en ese sentido a los medios de comunicación social. Solo es permitida la publicación de datos o fotografías indispensables para fines de la identificación de dicha persona. (Art. 8)

domingo, 7 de agosto de 2011

COMO TRATARON ALGUNOS PAISES EL TEMA DE LA BACTERIA KPC

COMO TRATARON ALGUNOS PAISES EL TEMA DE LA BACTERIA KPC

Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
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En Uruguay, según informó el diario La República el 17 de abril de 2011, tan pronto se descubrieron los primeros casos de la bacteria KPC se le informó a la comunidad y se mitigaron sus efectos. Observe
“El subsecretario del MSP Jorge Venegas declaró que el Ministerio cuenta con antibióticos en stock y que "se están tomando todas las medidas pertinentes". "Tenemos confirmados dos casos en el Interior, y para atenderlos tenemos toda la batería de antibióticos de segunda línea que permite trabajar en esta bacteria", confirmó al agregar que todas las "recomendaciones y alertas" ya fueron enviadas a "todos los sanatorios y hospitales; y que las medidas más pertinentes deben ser tomadas en los instrumentos de trabajo, los respiradores y las máscaras de oxígeno".
Según UNIVISION SALUD en los EE. UU., se informó tan pronto supo de los tres casos, que tuvo. Surgieron en Massachusetts, Illinois y California, señaló Kallen. Ninguno de los pacientes estadounidenses murió por la infección, dijo.

Los hospitales que identificaban casos de infecciones por NDM-1 o KPC debían aislar al paciente antes del tratamiento. Los hospitales también debían tratar de determinar si otros pacientes habían tenido contacto con pacientes infectados.

El Dr. Marc Siegel, experto en enfermedades infecciosas y profesor asociado de medicina de la Universidad de Nueva York en la misma ciudad, señaló que "la cantidad de casos de [NDM-1] es reducida, pero lo que es preocupante es que esta nueva bacteria está surgiendo por un cambio genético que está causando que una bacteria común se haga resistente a la mayoría de los antibióticos".

"Las bacterias resistentes a los antibióticos están surgiendo por falta de limpieza y esterilidad en los hospitales, porque se están recetando muchos antibióticos y porque los laboratorios farmacéuticos ya no están desarrollando antibióticos nuevos debido a que no son rentables", aseguró Siegel.

Y en Panamá…

sábado, 6 de agosto de 2011

LA COMUNICACION OPORTUNA QUE NO SE DIO

LA COMUNICACION OPORTUNA QUE NO SE DIO
Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
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La autoridades de salud de Panamá, comunican a diario que en el caso de las bacterias nosocomiales de la CSS, ellos cumplieron con el protocolo de la OMS en toda su extensión, no obstante, en la GUÍA PRÁCTICA de Prevención de las infecciones nosocomiales 2a edición, de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, se contempla la posibilidad de informar a la comunidad y a los medios de comunicación, durante la investigación de un brote bacterial o enfermedad, sin embargo, esto no se cumplió oportunamente en Panamá.

Acto seguido transcribo la norma en cuestión.

4.2.6 Comunicación
Durante la investigación de un brote, es preciso enviar información oportuna y actualizada a la administración del hospital, las autoridades de salud pública y, en algunos casos, al público. Se puede suministrar información al público y a los medios de comunicación, con el consentimiento del equipo de control de brotes, la administración y las autoridades locales.


Parecido argumento de comunicación promulgó la Ley 68 de 2003 en su artículo 12, cuando dice que “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a tener conocimiento adecuado de los problemas generales que impliquen un riesgo para la salud colectiva, y a que esta información y las medidas sanitarias de prevención o tratamiento se difundan en términos verídicos, comprensibles y adecuados para la protección de la salud.”
¡Alguien no nos está hablando en un lenguaje claro, juzgo yo¡

viernes, 5 de agosto de 2011

Cuando indemniza el Estado a un gobernado

Twitter: @ernestocedeno

No es poco común que un ciudadano se sienta afectado por un mal servicio ejecutado por un servidor público u oficina del Estado.

Si la falla en el servicio se da, la persona afectada, tiene varias caminos a seguir, uno es la de presentar una demanda por reparación directa a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

La Corte ha dicho en cuanto a la responsabilidad extracontractual del Estado, que ésta surge cuando concurren tres elementos a saber: 1. La falla del servicio público por irregularidad, ineficiencia o ausencia del mismo; 2. El daño o perjuicio; 3. La relación de causalidad directa entre la falla del servicio público y el daño. (Ver sentencia de 2 de febrero de 2009)

El caso de las muertes por las bacterias en la CSS, puede ser un ejemplo de ésta responsabilidad estatal y podría obligarse el Estado a indemnizar, por daños y perjuicios y daños morales, a los familiares de las víctimas, si se logra acreditar en el proceso, la conexión inmersa en la jurisprudencia citada.
Luego que el Estado pague, surge una lesión patrimonial que los funcionarios responsables deberán afrontar con sus bienes, ante el Tribunal de Cuentas.

Todo funcionario debe comprender, que si comete errores y el Estado los afronta económicamente, tendrá que responder con su peculio personal, hasta saldar la deuda.

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, EN EL SECTOR SALUD

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Con motivo del manejo, a mi juicio, poco responsable, que las autoridades de Salud en Panamá, le han dispensado al caso de las bacterias en la CSS, avizoro responsabilidad del Estado en este asunto, precisamente por el criterio que ha tenido la Corte Suprema de Justicia en casos relacionados con la salud humana.
En fallo de 3 de diciembre de 2008, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia precisó que la responsabilidad del Estado en el sector salud, parte de dos premisas fundamentales establecidas en el artículo 109 de la Constitución Política: 1) es función esencial del Estado velar por la salud de la población de la República; y 2) el individuo, como parte de la comunidad, tiene derecho a la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud y la obligación de conservarla, es decir, un completo bienestar físico, mental y social.

Las dos premisas elementales permiten colegir en acuerdo a la doctrina, que la responsabilidad del Estado en materia de salud, por lo general surge cuando el servicio no se presta y cuando se presta mal o en forma deficiente. En el primer caso, puede ocurrir que alguna persona que demanda un servicio de salud al Estado, no lo recibe. Mientras que en el segundo supuesto, es probable que el servicio de salud se preste en forma deficiente, mal o de manera negligente; esta responsabilidad “resulta de las disposiciones legales que de manera general regulan la institución”; basta que se demuestre que se prestó deficientemente o sencillamente se prestó mal para que se concluya que hubo falla en la prestación del servicio”.

SE HA INCUMPLIDO CON EL DERECHO A LA INFORMACIÓN DE SALUD EN EL CASO DE LAS BACTERIAS EN LA CSS

Twitter: @ernestocedeno

El artículo 12 de la Ley 68 de 2003, que regula los derechos y las obligaciones de los pacientes reza que “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a tener conocimiento adecuado de los problemas generales que impliquen un riesgo para la salud colectiva, y a que esta información y las medidas sanitarias de prevención o tratamiento se difundan en términos verídicos, comprensibles y adecuados para la protección de la salud.”

Cuentan medios de información que el subdirector de la CSS, dijo que la información no se divulgó desde mayo pasado –cuando se detectó la bacteria y empezó a cobrar la vida de 16 personas- porque estaban protegiendo la confidencialidad de los pacientes y por otro lado se anuncia que El MINSA, desde diciembre de 2010, había notificado a la CSS de la presencia de la bacteria nosocomial Klebsiella pnemoniae en las instalaciones del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid, tras seguimiento e inspecciones que se realizan rutinariamente en los hospitales del país, e igualmente practicó una serie de recomendaciones a la CSS en torno a esta situación.

Si esto es así, los funcionarios con mando y jurisdicción del MINSA como de la CSS a estas alturas, deben estar destituidos, y no esperar las resultas del procedimiento penal para ejecutar esta decisión.

La destitución, es una sanción administrativa que se impone al funcionario, que obvia el debido procedimiento o incumple sus deberes, en este caso por la falta de difusión oportuna de la información sobre la existencia de la bacteria en el nosocomio, a la población.
Ambas autoridades de los entes de salud pública, en comentario, sabían del problema y lo ocultaron por diversas razones. Esto no es comprensible, razonable, prudente y diligente.

HACIA LA REGULACIÓN DE LOS PRECIOS, DE LOS ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD

Salvo los amigos de la ACODECO, un sector importante de la sociedad panameña pensamos que los artículos de primera necesitad, están por las nubes. Una ayuda a la población podría ser, la implementación de una tasación férrea, de los artículos de primera necesidad, conforme lo permite el numeral 1 del Artículo 284 constitucional. Para el resto de los productos regiría, la libre oferta y demanda, en toda su extensión, a contrario sensu, de los mencionados artículos, en donde el principio de la libre oferta y demanda, imperará a la reversa.

El artículo supremo, reza como sigue:

Artículo 284- El Estado intervendrá en toda clase de empresas, dentro de la reglamentación que establezca la Ley, para hacer efectiva la justicia social a que se refiere la presente Constitución y, en especial, para los siguientes fines:

1.Regular por medio de organismos especiales las tarifas, los servicios y los precios de los artículos de cualquier naturaleza, y especialmente los de primera necesidad.
Debe hacerse esto de manera rápida, pues la medida del pan por peso, ha encarecido este insumo para el pueblo, excepto para la ACODECO; la tarifa de taxis se acaba de aumentar y en diciembre se acaba el subsidio del METROBUS para los usuarios.

INCAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR CON EL ESTADO, DE ACUERDO A LA LEY

No podrán contratar con las entidades contratantes, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que se encuentren comprendidas en alguna de las situaciones que a continuación se detallan:


a) Haber sido inhabilitadas para contratar, mientras dure la inhabilitación.

b) Haber intervenido, en cualquier forma, en la preparación, evaluación, adjudicación o celebración de un procedimiento de selección de contratista, o excepción de éste.

c) Haber sido condenadas, por sentencia judicial, a la pena accesoria de interdicción legal limitada a los derechos que se determinen en cada caso, y de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.

d) Haber sido declaradas en estado de suspensión de pagos de sus obligaciones o declaradas en quiebra o concurso de acreedores, mediante declaratoria judicial, siempre que no esté rehabilitada.

e) Haber incurrido en falsedad al proporcionar información requerida de acuerdo con la Ley 22 de 27 de junio de 2006. La entidad contratante objetará los documentos notoriamente falsos, adulterados o que no correspondan a la información registral, sin perjuicio de las acciones penales cuando exista falsificación.

f) Concurrir como persona jurídica extranjera y no estar legalmente constituida de conformidad con las normas de su propio país, o no haber cumplido con las disposiciones de la legislación nacional aplicables para su ejercicio o funcionamiento. Las personas jurídicas extranjeras para celebrar los contratos deben inscribirse en el Registro Público y obtener las licencias y las idoneidades que exigen las leyes, en cada caso.

EL INDULTO PRESIDENCIAL EN PANAMÁ

El indulto es una facultad que el constituyente le ha dispensado al Presidente de la República, para los delitos políticos.

El artículo constitucional que lo posibilita, reza lo que sigue:

Artículo 184- Son atribuciones que ejerce el Presidente de la República con la participación del Ministro respectivo:



12. Decretar indultos por delitos políticos, rebajar penas y conceder libertad condicional a los reos de delitos comunes.


Sabido es que el indulto extingue la pena


En sentencia de 30 de junio de 2008 El Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales, varios Decretos Ejecutivos, por que los indultos promulgados excedieron el mandato constitucional, al extender su aplicación a delitos comunes y por que los beneficiados, sin estar vinculados, muchos de ellos, y muchos menos condenados por la comisión de un delito de rasgo político, con la emisión de la medida resultan, en la realidad social, calificados como delincuentes políticos, violándose con esto la presunción de inocencia.


En el fallo, a mi juicio excelente, determina que es lo que se considera delito político así. “esta Corporación de Justicia, en ausencia de una norma legal que desarrolle el concepto constitucional de delito político, interpreta que los delitos a los que hace alusión la frase “delitos políticos” en el numeral 12 del artículo 184 de la Constitución Política de la República de Panamá, se refiere a los delitos contra la personalidad interna del Estado y los delitos electorales.” Siguió planteando la Corte que solo se podría considerar dentro del rubro, de los delitos políticos, a los comunes, cuando en éstos “se acredite que la comisión del injusto penal es consecuencia de las circunstancias socio políticas del momento o que la intención del agente estuvo dirigida a transformar ideologías o prácticas afines a la política estatal.”


Por lo anterior, afirmo que cualquier indulto promulgado por el Ejecutivo o que se llegare a promulgar en el futuro, que colisione con la definición jurisprudencial citada, podría considerarse con visos de inconstitucionalidad y contrario a derecho en Panamá.

LA REGLA DEL DESEMPATE EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

La ley 22 de 27 de junio de 2006 con su reglamento consignado en el Decreto Ejecutivo Núm. 366 de 28 de diciembre de 2006, fortalece la transparencia y permite la agilización de los trámites contractuales en beneficio directo del Estado. Esta normativa establece unas reglas para el desempate entre los proponentes empatados en un acto público celebrado, que las entidades administrativas deben honrar de manera obligatoria, para que no se les objeten en su futuro, sus trámites realizados.

En casos de empate para la adjudicación, se procederá de la siguiente manera, en orden de prelación:

1. Si uno de los proponentes es una micro, pequeña o mediana empresa, debidamente acreditada como tal ante el ente competente, se le adjudicará a éste proponente.

2. En los casos anteriores donde concurran iguales circunstancias en más de un proponente, o no concurran éstas circunstancias, se llamará a presentar una mejora de precio. Esta mejora de precio deberá ser presentada en la sede de la entidad licitante el siguiente día hábil en sobre cerrado. La ausencia de presentación de una oferta de mejora de precio se entenderá como que se mantiene el precio originalmente presentado. La entidad licitante determinará la hora de la apertura de sobres con la mejora de precios, acto que se llevará a cabo el segundo día hábil contado desde que se produzca el empate.

3. En caso de mantenerse el empate, se procederá al sorteo público, de manera inmediata utilizando un método de azar tales como dados, monedas o cualquier otro sistema que cumpla con el principio de transparencia.

(Fundamento legal: Art. 30 del Decreto Ejecutivo No. 366 de 2006).

LA ESTABILIDAD JURÍDICA DE LAS INVERSIONES PROMOVIDAS POR LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN PANAMÁ

Conforme a la LEY No. 54, (De 22 de julio de 1998) Por la cual se Dictan Medidas para la Estabilidad Jurídica de las Inversiones, los inversionistas extranjeros y las empresas en que éstos participan, tienen los mismos derechos y obligaciones que los inversionistas y empresas nacionales, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución Política y la ley, incluyendo lo referente a la libertad de comercio e industria, de exportación e importación.


Igualmente, se les garantiza, a dichos inversionistas, la libre disposición de los recursos generados por su inversión, la libre repatriación del capital, dividendos, intereses y totalidades derivados de la inversión, así como la libre comercialización de su producción.

La estabilidad jurídica se otorga a las personas naturales o jurídicas de derecho privado, nacionales o extranjeras, que realicen inversiones dentro del territorio nacional para desarrollar las siguientes actividades: turísticas, industriales, agrícolas, de exportación, agroforestales, mineras, de zonas procesadoras de exportación, zonas libres comerciales y de petróleo, telecomunicaciones, construcciones, desarrollos portuarios y ferrocarriles, de generación de energía eléctrica, proyectos de irrigación y uso eficiente de recursos hídricos, las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, así como las de refinación, almacenamiento y transporte de petróleo, sus derivados y gas natural; la producción de combustibles energéticos alternativos; las actividades que se afilien al régimen de la Ciudad del Saber, como son laboratorios de prueba y centros de capacitación especializada, entre otros y toda actividad que apruebe el Consejo de Gabinete, previa recomendación del Ministerio de Comercio e Industrias.

La persona natural o jurídica que lleve a cabo inversiones en las actividades antes descritas gozará de los siguientes beneficios por un plazo de diez años:

1. Estabilidad jurídica de manera que, en el evento de dictarse nuevas disposiciones que puedan variar los derechos adquiridos por la presente Ley, éstas no afecten su régimen constitutivo, salvo que medien causas de utilidad pública o interés social.

2. Estabilidad impositiva en el orden nacional, por lo cual quedará sujeta únicamente al régimen vigente a la fecha de su registro ante el Ministerio de Comercio e Industrias. Los impuestos indirectos se entienden excluidos de la estabilidad tributaria

3. Estabilidad tributaria en el orden municipal, de modo que los cambios que pudieran producirse en el régimen de determinación y pago de los impuestos municipales, sólo podrán afectar las inversiones amparadas en esta Ley cada cinco años.

4. Estabilidad de los regímenes aduaneros que se derivan de las leyes especiales, cuando ellas se otorguen para situaciones de devolución de impuestos, exoneraciones, admisión temporal y otros similares. La facultad del Consejo de Gabinete de modificar el régimen arancelario, no constituye una violación de esta garantía.

5. Estabilidad en el régimen laboral en cuanto a las disposiciones aplicables al momento de la contratación, conforme lo establecen las leyes panameñas y los convenios y acuerdos internacionales sobre esta materia, suscritos por la República de Panamá.

Todo inversionista que pretenda acogerse a los beneficios, estará obligado a lo siguiente:

1. Presentar a la entidad competente para regular y fiscalizar la inversión, según sea el caso, un plan de inversión que incluya la obligación de invertir la suma mínima de dos millones de balboas (B/.2,000.000.00), que deberá ser ejecutado en el término establecido por la ley que regule la actividad o, en los demás casos, en un plazo máximo de dos años, contado a partir de la fecha de registro, salvo que la naturaleza de la inversión exija un plazo mayor.


2. Llevar a cabo, mantener y desarrollar la inversión de que se trate, durante el plazo estipulado y conforme al plan de inversión.

3. Cumplir fielmente con el conjunto de disposiciones, estrategias y acciones, establecidas o que establezca el Estado, para orientar, condicionar y determinar la conservación, uso, manejo y aprovechamiento del ambiente y los recursos naturales, tomando para ello todas las precauciones, dispuestas por las entidades pertinentes, con el objeto de evitar cualquier efecto negativo al medio ambiental.

3. Cumplir, de manera estricta, las disposiciones legales y reglamentarias que regulen la actividad vinculada con el tipo de actividad de que se trate, y pagar puntualmente los impuestos, tasas y contribuciones, y demás cargos sociales y laborales a que esté sujeta la empresa.

4. Renunciar a toda reclamación diplomática, cuando se trate de empresas formadas, total o parcialmente, con capital extranjero, o en donde existan extranjeros que sean propietarios o tengan el control sobre las acciones o participaciones sociales en ellas, salvo que se trate de un caso de negación de justicia.

5. Cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias, de orden tributario y laboral, adquiridas de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley.