martes, 29 de noviembre de 2011

¿Quién debe velar por el cumplimiento de la ley zanahoria?

Por. Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
@ernestocedeno

Conforme a los instrumentos promulgados que regulan la materia, los estamentos que deben velar por el cumplimiento de la Ley Zanahoria en Panamá son:

1.En la Capital, los corregidores, inspectores municipales, municipales auxiliares y de vigilancia municipal y los policías municipales. No la Policía Nacional, conforme lo determinó el Alcalde Capitalino en el Decreto No. 1899, Artículo 4. Como quiera que los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley prevé (Principio de Estricta Legalidad, recogido en los Artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional), debieran, todos los estamentos públicos, honrar el procedimiento reglado. La Policía Nacional en la Capital si pudiera actuar en este rubro, pero sólo a pedido de lo entes prenombrados o para socorrer o dar auxilio a personas o ante denuncia y/o quejas de ciudadanos por la presunta comisión en los lugares, de actos delictivos o de infracciones del Código Administrativo, no obstante, nunca para hacer cumplir la Ley Zanahoria en la capital, por que así lo fijó, la Alcaldía competente.

http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26919_A/35853.pdf.

2. En el resto del País, en donde no haya Decreto Alcaldicio regulatorio, La Policía Nacional, es la que debe hacer cumplir la disposición del Órgano Ejecutivo, debido a que no se han emitido disposiciones regulatorias que dispongan que estamentos deberán velar por el cumplimiento de La ley Zanahoria, por lo que la Policía Nacional debiera hacer cumplir, la ley general, a pedido de parte o en el cumplimiento de su deber. Se debe dejar claro, en otro orden de cosas, que la Policía Nacional, no tiene facultad para retener ni para conducir a las personas, por el sólo hecho de haber flagelado éstas disposiciones. Si así lo hicieren, podrían abusar de su labor, cuenta habida, de que no hay norma expedida que les permita tomar estas acciones.

http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26909_E/35651.pdf

viernes, 25 de noviembre de 2011

BASTA YA, DE LA AGRESIÓN POLÍTICA HACIA LAS MUJERES, EN PANAMÁ

Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
Twitter @ernestocedeno


En estos días, las personas, en un nutrido grupo, defienden y protestan en contra de los abusos mas palpables hacia las mujeres, no obstante, soslayan, que nuestras mujeres también sufren, otros tipos de abusos y agresiones, menos conocidas pero que si son materializadas y estas son de naturaleza política, en Panamá, sin embargo, no los critican.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre la participación política de las mujeres en las Américas, identificó los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para ejercer sus derechos políticos y acceder a los puestos de poder en condiciones de igualdad. A continuación los mismos:
‐ Los prejuicios y estereotipos de género y formas de discriminación presentes en las sociedades americanas que les impiden el acceso a los puestos de poder; que les restringen la posibilidad de opciones de incursionar en el ámbito político; y el desempeño exitoso de sus cargos;
‐ Las desventajas socioeconómicas, como el acceso limitado de las mujeres al financiamiento para las campañas y en la contienda a cargos públicos;
‐ El desconocimiento de las mujeres de sus derechos políticos, especialmente en áreas rurales y marginadas;
‐ Las distintas formas de violencia que anulan e impiden el ejercicio de todos los derechos humanos por parte de las mujeres, incluyendo su derecho a incursionar en la vida política, y a ejercer su derecho al voto;
‐ Desafíos apremiantes en la implementación de medidas especiales de carácter temporal a nivel nacional y hemisférico;
‐ Obstáculos que impiden a las mujeres el acceder y ser votadas en las urnas;
‐ Desafíos para promover una mayor participación de las mujeres al interior de los partidos políticos; y
‐ La situación particularmente grave de las mujeres indígenas y afrodescendientes, entre otros desafíos.

En mi País, poco o nada se ha hecho para eliminar las agresiones u obstáculos señalados, que impiden a la mujer panameña al acceder a las posiciones de eminencia. Esto, en alguna medida por la falta de voluntad de nuestros políticos y de muchas personas, que no desean darle el valor que le corresponde a la mujer nacional, por derecho ganado.
¿Que hay que hacer, para eliminar las agresiones políticas hacia las mujeres? Conforme al informe en cita, y adaptado en este sentido, para Panamá.

1. Crear leyes y políticas públicas especiales, dirigidas a mujeres indígenas y afrodescendientes, que tomen en cuenta sus necesidades y obstáculos para ingresar a la vida política.
2. El adoptar todas las medidas necesarias, incluidas las reformas legislativas necesarias y las asignaciones presupuestarias, para garantizar la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación política con el fin de alcanzar la paridad en todos los ámbitos y niveles de gobierno.
3. El cambiar la cultura política de los partidos políticos para lograr una distribución más equitativa del poder, que requiere sensibilizar a las dirigencias políticas e invertir en la formación de liderazgos femeninos.
4. Institucionalizar canales de participación en donde las mujeres puedan contribuir de forma sustantiva en el diseño, desarrollo e implementación de políticas públicas y programas a favor de la igualdad de género, en los distintos ámbitos de gobierno e instancias del poder público.
5. Que el gobierno adopte medidas públicas para redefinir las concepciones tradicionales sobre el rol de las mujeres en la sociedad, y promover la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios que impiden su acceso pleno a los cargos públicos y las instancias de decisión. (Ejemplo: la mujer solo es buena para los oficios domésticos).

miércoles, 23 de noviembre de 2011

EL ESTADO PODRIA SER DEMANDADO POR EL PROBLEMA DEL IDAAN

Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
@ernestocedeno

Los problemas de la escasez de agua, personeros del gobierno, lo han atribuido a una mala decisión de la Dirección del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, que ordenó parar en su totalidad la planta potabilizadora de Chilibre para que los buzos le dieran mantenimiento mientras se realizaba el cambio de la tubería de 54’ en Los Andes, el sábado último. Siendo esto así, gravita una mala prestación del servicio público que pudiera originar una serie de demandas contra el Estado, con el fin de recobrar los gastos causados producto de los perjuicios por la escasez del vital líquido. Se deja claro que la responsabilidad del Estado existe sea que los agentes estatales actúen con o sin culpa y aunque nazca de un acto legítimo, pues su afectación nacerá de su flagelación a la Constitución...que protege a los habitantes en su vida, honra y bienes, contra cualquier daño injustamente proferidos a sus derechos individuales...
En la sentencia de 2 de febrero de 2009 y 2 de junio de 2003, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, dejó sentado que nuestra tradición jurídica contencioso administrativa, particularmente la colombiana y la francesa es reiterada en cuanto a que la responsabilidad extracontractual del Estado surge cuando concurren tres elementos a saber: 1. La falla del servicio público por irregularidad, ineficiencia o ausencia del mismo; 2. El daño o perjuicio; 3. La relación de causalidad directa entre la falla del servicio público y el daño.
En Sentencia de 20 de noviembre de 2009, al conceptuar sobre el sentido y alcance del artículo 1644 del Código Civil en particular, la Sala Tercera de la Corte Suprema manifestó que para que se configure el mal funcionamiento del servicio público deben acreditarse los siguientes elementos:"La existencia de una conducta culposa o negligente. La presencia de un daño directo, cierto y susceptible de ser cuantificado; y La demostración del nexo de causalidad entre el resultado dañoso y la conducta del agente provocador del evento."
El mismo criterio expuesto quedo ratificado en la sentencia de 28 de septiembre de 2010 de la misma Sala Tercera.
Lo anteriormente expuesto quiere decir, que por las palabras de los representantes del gobierno, que han salido en los medios de comunicación social, el Estado panameño, debiera hacerle frente a la ciudadanía por los perjuicios causados por la escasez debido a la ineptitud del IDAAN.
Pregunta ¿Por qué no se ha mencionado a la empresa Biwater Internacional Limited, como la responsable de los perjuicios por la escasez del agua, al pueblo panameño?
La respuesta pudiera contraerse, a la aprobación del acuerdo de transacción, que logro afortunadamente la empresa con el Estado en las resoluciones de gabinete números 23 y 74, plasmadas en las gacetas oficiales abajo citadas.
Por lo anterior, a la empresa Biwater Internacional Limited, podría exigírsele sólo responsabilidad del cumplimiento del acuerdo logrado a posteriori, con el IDAAN, (mismo que desconocemos como pueblo para su fiscalización debida) y no por el incumplimiento de todos los términos del contrato original pactado, salvo que así se hubiese incluido en el acuerdo no divulgado. !Que curiosa situación¡.
Si los representantes del gobierno no han mencionado la responsabilidad de la empresa de marras, en este último perjuicio, ha debido ser, elucubro yo, por que la sociedad si está cumpliendo con el último acuerdo firmado, aunque no honró los términos del contrato original firmado, según ha transcendido, o por otras causas no publicadas en la opinión pública hoy.
Amanecerá y veremos.
http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26479/25980.pdf
http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26565_B/28392.pdf

sábado, 19 de noviembre de 2011

UN PAIS TAN CHICO CON VARIAS LEYES ZANAHORIAS

Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
@ernestocedeno

La primera Ley Zanahoria panameña fue concebida en el Decreto Ejecutivo No. 1424 de 9 de noviembre de 2011 y ordena a los Gobernadores la reglamentación de los cierres de los centros nocturnos y otros lugares en donde se consuman bebidas alcohólicas de domingo a miércoles hasta las 2:00 a.m. y de jueves a sábado hasta las 3:00 a.m.
La segunda, cuentan los medios de comunicación, la ha emitido el Alcalde capitalino Bosco Vallarino en el Decreto 1899 que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en los mismos horarios establecidos en el decreto ut supra, pero incluye los supermercados, casinos, tiendas, restaurantes, salas de juego y hoteles y en (el 1896) que señala que estos locales podrán seguir funcionando más allá del horario establecido en la “ley zanahoria”, pero con la prohibición de la venta, expendio o distribución gratuita de bebidas alcohólicas. Estos últimos instrumentos alcaldicios no tienen validez jurídica alguna, hasta que sean promulgados en la Gaceta Oficial, al tenor de lo que dispone la Ley 38 de 2000
¿Puede el Alcalde promulgar una Ley Zanahoria?
Perfectamente, al tenor de lo que dispone el Artículo 34 de la Ley 5 de 2007
¿Puede un Gobernador sancionar a un alcalde electo, por variar o ir en contra de una orden del Ejecutivo?
No lo puede hacer, conforme reza el Artículo 47 de la Ley 106 de 1973 modificada por la Ley 52 de 1984, debido a que son los Tribunales de Justicia, los que lo pueden hacer, ante un proceso judicial instaurado. Se deja claro que la Ley 2 de 1987, con sus modificaciones, sobre las funciones de los Gobernadores, no se debe analizar de manera aislada, sino conforme a la Constitución y demás normas del Régimen Municipal, que tiene autonomía propia y separada de los demás órganos del Estado.
Lo preocupante de las decisiones promulgadas, que toman nuestros políticos, es que denotan una falta de comunicación y coherencia lógica entre ellos, en un País desprovisto de mucha población. Ojala algún día entren en cordura en beneficio de los gobernados.

miércoles, 16 de noviembre de 2011

UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO

Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
@ernestocedeno

En hora buena por el laborioso empeño en procurar luchar para que se haga justicia en el caso del auto accidentado del IMA, A mi juicio está cumpliendo con el procedimiento para procesar a los culpables del caso.
Sin embargo, deja dudas, en el proceso por peculado culposo que los medios de información han anunciado, que ha iniciado en el caso de la adjudicación del terreno en Punta Paitilla.
Difícilmente se podrá condenar a una persona por este tipo penal, cuando ningún tribunal patrio ha decretado la nulidad por ilegal, del título dado, ¿entonces, como gravitaría la figura del peculado, si existe un principio cardinal en el derecho administrativo intitulado el De Presunción de Legitimidad, que reza que los actos administrativos se presumen válidos hasta que los tribunales digan lo contrario?
Se sabe que la adjudicación del titulo del florista es un acto administrativo y como tal debió en su momento ser demandado para su nulidad POR ILEGAL ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, tal cual lo permite el Artículo 206 constitucional. Mi criterio es que por el sólo hecho de no haber contado la adjudicación con el aval de la Contraloría General, es elemento suficiente para anular la medida. (Véase en Artículo 48 de la Ley 32, de 1984 Orgánica de la Contraloría General)
DE LO EXPUESTO ME PREGUNTO COMO CIUDADANO.
¿Sabrá el Ministerio Público proceder en un caso de bien oculto del Estado?
¿Sabrán los funcionarios del Ministerio Público, que los actos administrativos se demandan sólo, ante la Sala Tercera de la Corte?
¿Habrá el Ministerio Público, auscultado legalmente, todos los tipos penales, para seleccionar perfectamente el que encuadra en la adjudicación errónea, de un bien inmueble del Estado de dominio público?
¿Estará actuando el Ministerio Público en este caso, bajo la ignorancia inexcusable, bajo presión o con sobrado conocimiento del resultado futuro del proceso?
Finalmente expreso que mi deseo es que en este caso, se haga justicia y salga a la luz, todo lo oculto para ser exhibido y posteriormente retribuido como corresponde.

lunes, 14 de noviembre de 2011

INCONGRUENCIA JURÍDICA EN LA LEY ZANAHORIA DE PANAMA

Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado

Twitter@ernestocedeno

La Ley Zanahoria panameña fue concebida en el Decreto Ejecutivo No. 1424 de 9 de noviembre de 2011 y ordena a los Gobernadores la reglamentación de los cierres de los centros nocturnos y otros lugares en donde se consuman bebidas alcohólicas de domingo a miércoles hasta las 2:00 a.m. y de jueves a sábado hasta las 3:00 a.m.
Sin embargo, el instrumento jurídico citado, tiene incongruencias jurídicas que podría obstaculizar su implementación efectiva, en Panamá, como un Estado de derecho. Éstas son como siguen:

1. No se debió regular por un Decreto Ejecutivo. La ley 5 de 2007 determina en su Artículo 34 que es el Alcalde, el que puede dictar normas relativas a los horarios en los establecimientos de bebidas alcohólicas. Por tal razón, se debió haber emitido o una ley formal por la Asamblea Nacional o un Decreto Alcaldicio para precisar la ley Zanahoria en Panamá. La ley 38 de 2000 en su Artículo 35 dice que el Decreto Ejecutivo es de inferior jerarquía que una ley formal, por lo que, no la puede modificar.
2. El Decreto Ejecutivo No. 1424 exime de la aplicación de la Ley Zanahoria a ciertos lugares, (ejemplo: Hoteles) estableciendo en consecuencia, una especie de privilegio excesivo, a favor de estos.
3. El Decreto Ejecutivo No. 1424 le endilga responsabilidad a los Alcaldes, para establecer las sanciones o multas, a los negocios infractores de la Ley Zanahoria, no obstante, permitirá que un Alcalde pueda sancionar diferente en su jurisdicción que el de su homólogo, haciendo gravitar una desigualad jurídica cruel, en un País tan chico.
4. El Decreto Ejecutivo No. 1424 no dice hasta que fecha tiene un Alcalde, para regular lo de las sanciones. Existe un Limbo jurídico allí.
5. El Decreto Ejecutivo No. 1424 le da instrucciones a los Gobernadores, contrarias a lo que dispuso la Ley 5 de 2007 para los Alcaldes. Si por ejemplo, un Gobernador le diera plazo a un Alcalde para que regulara los de las sanciones, a los infractores de la Ley Zanahoria, si el no hace caso, no lo pudiera sancionar por esto, a mi juicio, ya que los Alcaldes en Panamá son electos y conforme el Artículo 47 de la Ley 106 de 1973 modificada por la Ley 52 de 1984, lo que los sancionan, por no cumplir un orden del Ejecutivo, son los Tribunales de Justicia. Se deja claro que la Ley 2 de 1987, con sus modificaciones, sobre las funciones de los Gobernadores, no se debe analizar de manera aislada, sino conforme a la Constitución y demás normas del Régimen Municipal, que tiene autonomía propia y separada de los demás órganos del Estado.

sábado, 12 de noviembre de 2011

Significado de lo que es la Ley Zanahoria

En Colombia se conoce como ley zanahoria a las restricciones de horario que aplican a bares y expendios de licor a determinadas horas desde las 13:00 hasta las 16:00. Estas restricciones, las cuales han causado controversia similar a la chilena, son decretadas por las administraciones municipales o distritales.

La primera ley zanahoria, y que dio nombre a las demás restricciones, fue promulgada en 1995 en Bogotá, durante la primera administración de Antanas Mockus. Zanahoria es un término de argot colombiano para las conductas o personas sanas, generalmente usado en forma despectiva. Por lo general estas restricciones cobijan únicamente sitios públicos de expendio de alcohol, tales como licoreras, cigarrerías, bares y discotecas; así como al consumo de alcohol en la calle, y no tienen jurisdicción sobre clubes privados ni sobre el consumo en los hogares. La ley ha provocado que muchos bares y discotecas hayan cambiado así su razón social, haciéndose llamar "club" y al amparo de vacíos legales se han popularizado los "after party", los cuales son establecimientos informales que funcionan en casas privadas, generalmente desocupadas, sin ningún tipo de publicidad...


Funete: Enciclopedia Libre WIKIPEDIA

viernes, 11 de noviembre de 2011

Cuidado con las contrataciones directas del MEDUCA

Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado

En la Gaceta Oficial No 26909-E del miércoles 9 de noviembre de 2011, salio publicada la Resolución de Gabinete No.176, que autoriza la contratación directa del MEDUCA con la empresa MCM GLOBAL CONSORCIO, para hacer una obra por el orden de los 11 millones. El fundamento real de la misma radica en que otrora, a esa contratista se le adjudicó el hacer El Centro Educativo de Ancón, sin embargo se le imposibilitó hacer los trabajos, debido a que el terreno presentó dificultades en torno a la salubridad y a problemas con diversas personas.
Lo que se debió haber hecho en este caso, era aplicar lo que dispone el Artículo 58 de la Ley 22 de 2006 que se aplica supletoriamente al régimen del Ministerio de Educación y que obligaba solo a compensar económicamente a la contratista por los gastos incurridos, si es el caso, pero nunca por lucro cesante o daño emergente, no obstante, se ha ejecutado un fórmula fuera de la transparencia consistente en compensar a la presunta afectada, con la realización de otra obra.
A mi juicio debió hacerse hecho el acto público de rigor, en base a lo que reza el Artículo 266 constitucional, por los mejores intereses del Estado.
Urge que el Consejo de Gabinete haga el reparo consecuente, ya que el MEDUCA está exceptuado del control previo.

Ley 22 de 2006
Artículo 58. Facultad de la entidad licitante. La entidad licitante podrá, antes de recibir propuestas, cancelar la convocatoria del acto público sin mayor fundamentación.
En caso de que se hubieran recibido propuestas, por causas de orden público o de interés social, la entidad puede rechazar todas las propuestas, sin que hubiera recaído adjudicación. Ejecutoriada la adjudicación del acto público, esta obliga a la entidad licitante y al adjudicatario; en consecuencia, el adjudicatario o contratista, según sea el caso, tendrá derecho a la formalización del contrato correspondiente, o a recibir compensación por los gastos incurridos, si la entidad licitante decidiera ejercer la facultad de rechazo de su oferta, sin haberse formalizado el contrato. El adjudicatario está obligado a mantener su propuesta y a firmar el contrato respectivo; de no hacerlo dentro del tiempo establecido en el pliego de cargos, la entidad licitante ejecutará la fianza de propuesta.
Cuando la entidad ejerza la facultad extraordinaria de rechazo de propuesta, el acto público quedará en estado de cancelado, salvo que el interesado haga uso del derecho de interponer el recurso correspondiente ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas contra el acto administrativo que declara el rechazo de la propuesta

http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26909_E/35649.pdf

jueves, 10 de noviembre de 2011

LOOR AL PERIODISTA PANAMEÑO

LOOR AL PERIODISTA PANAMEÑO



PANAMEÑO ESFORZADO EN TRANSMITIR, UNA NOTICIA IMPARCIAL, PARA EL BENEFICIO DE TODA UNA COMUNIDAD.

EMPRENDEDOR TRABAJADOR QUE SE LAS INGENIA PARA BUSCAR, RECIBIR Y DIFUNDIR, LA INFORMACIÓN OPORTUNA.

RESUELTO A VENCER LOS OBSTÁCULOS, PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS.

INGENIOSO EN LA DEFENSA POR LOS DERECHOS HUMANOS.

OBJETIVO EN EL ANÁLISIS Y LA ELABORACIÓN DE LA NOTICIA, QUE DIVULGARÁ EN CONSIDERACIÓN DE LAS PERSONAS QUE CONFIAN EN ÉL.

DECIDIDO A LUCHAR POR EL DERECHO QUE TIENE TODA PERSONA A RECIBIR INFORMACIÓN.

IDEALISTA QUE PROCURA TRABAJAR EN TODO TIEMPO, MÁS POR UNA VOCACIÓN, QUE POR UN SIMPLE ESTIPENDIO.

SABEDOR CONCIENTE DE QUE LA INDEPEDENCIA DEL PERIODISTA ES TRANSCENDENTAL PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA SOCIEDAD.

TENAZ FISCALIZADOR DEL MANEJO DE LA COSA PÚBLICA EN PANAMÁ.

ABNEGADO SERVIDOR QUE CREE QUE EL DERECHO A LA INFORMACIÓN, ES NECESARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA.



Autor: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
@ernestocedeno

martes, 8 de noviembre de 2011

LAS CAUSAS CONCERNIENTES A LA LEY DE MEDICAMENTOS, NO SERÁN DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.

LAS CAUSAS CONCERNIENTES A LA LEY DE MEDICAMENTOS, NO SERÁN DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.
 
En recientes resoluciones del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, (No. 083-2011 y No. 084-2011) este ente se ha estado inhibiendo de conocer de los recursos de impugnación, promovido por empresas afectadas en contra de la CSS por actos públicos celebrados, fundamentados en la ley de medicamento. El Tribunal dijo que: “Frente a ese escenario, este Tribunal debe acotar que si bien la Caja de Seguro Social dispuso el procedimiento de la Ley 51 de 2005, para el acto público en marras, no se puede soslayar el hecho de la especial aplicación de la Ley 1 de 2001, para la adquisición de medicamentos, insumos y equipos médicos por parte de la Caja de Seguro Social, que se incluyó con las últimas reformas que recibió la Ley 22 de 2006, norma posterior, que regula la Contratación Pública; y que nos encontramos ante normas de igual jerarquía, cada una en su respectiva especialidad, una en contratación pública, y otra en medicamentos.

Siendo la resolución recurrida, vía recurso de impugnación un acto de selección de contratista, y dicho recurso de los que agota la vía gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 38 del artículo 2 del texto único de la ley 22 de 28 de diciembre de 2006, interpretamos que lo viable en el presente caso es que el interesado recurra directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, por lo tanto este Tribunal administrativo se inhibe de conocer el recurso de impugnación.

domingo, 6 de noviembre de 2011

Pago de salarios caídos, a los ex -militares de la dictadura

Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
@ernestocedeno

Con asombro he leído en las noticias, que el Gobierno pretende pagarles salarios caídos a ex militares DESTITUIDOS en épocas anteriores, sin que exista una sentencia en firme y debidamente ejecutoriada, de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia como corresponde, ya que las destituciones son actos administrativos que solo se pueden recurrir ante esta esfera jurisdiccional. (Véase el Artículo 206 numeral 2 de la Carta Magna patria).
El argumento para emitir las erogaciones pecuniarias con cargo al erario público, son al parecer sentencias de la Sala Segunda de la Corte; que no se mencionan en su totalidad. No obstante, gravita en la opinión pública, la sentencia de la Sala Segunda de la Corte del 3/9/10 que absolvió provisionalmente a Gustavo Pérez, pero por un lado, no cierra el caso definitivamente, por el otro, ese sobreseimiento no se extiende jurídicamente, a la anulación del acto administrativo de destitución que tuvo otrora él prenombrado (dado de baja en el año de 1990, según ha circulado en los medios impresos) y finalmente, ni se menciona en la sentencia, una orden de la Sala a pagar salariaos caídos.
Anuncio que si se pagan salarios caídos, sin que exista una decisión de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en torno a la ilegalidad de una destitución, a mi juicio, se podría patentizar una lesión al patrimonio del Estado, sancionable por nuestro derecho positivo, hacia todas las personas que participaron en el supuesto acto punible infractor.

http://ernestocedeno.blogspot.com/2011/11/sentencia-que-absolvio-gustavo-perez.html

SENTENCIA QUE ABSOLVIO A GUSTAVO PÉREZ

SUMARIO SEGUIDO DE OFICIO POR SUPUESTOS HECHOS ACAECIDOS EL 20 DE DICIEMBRE DE 1989, A LOS QUE SE VINCULA AL LICENCIADO GUSTAVO PÉREZ, DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL. - PONENTE: . JERÓNIMO E. MEJIA E. - PANAMÁ, TRES (03) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEZ (2010). .
Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Segunda de lo Penal

Ponente: Jerónimo Mejía E.

Fecha: viernes, 03 de septiembre de 2010

Materia: Penal - Negocios de primera instancia

Sumarias

Expediente: 368-D

VISTOS:

Procedente de la Procuraduría General de la Nación, ingresó a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia el sumario seguido de oficio, por supuestos hechos acaecidos el 20 de diciembre de 1989, a los que presuntamente se vincula al licenciado Gustavo Pérez, Director General de la Policía Nacional.

ANTECEDENTES

El 25 de febrero de 2010, el Procurador General de la Nación declaró abierta la investigación y ordenó la práctica de la actividad procesal que previene la ley debido a las publicaciones en varios periódicos de circulación nacional, como las siguientes:

1. La titulada "Crónicas de la Invasión Gustavo Pérez y el Plan Secuestro" editada el 25 de febrero de 2010, en la que se hace referencia a un proceso disciplinario seguido a los tenientes David Ocálagan y Gustavo Pérez De La Ossa, por falta en el ejercicio de sus funciones, relacionados con su participación en la operación "toma del Hotel Marriott (hoy Hotel Sheraton)", el cual concluyó con la destitución de Gustavo Pérez De La Ossa. Según lo dispuesto en el diario nacional la supuesta operación tenía como objetivo que las mejores tropas del régimen de Noriega, secuestraran turistas norteamericanos para negociar un acuerdo de paz con los Estados Unidos (f. 3).

2. La encabezada "Tras una baja deshonrosa, volvió para dirigir la Policía", en la que aparece publicada una nota de 22 de mayo de 1990 dirigida al Coronel Eduardo Herrera, Director General de la Policía Nacional, y suscrita por el Teniente Coronel Gerardo García, Presidente de la Junta Disciplinaria; Mayor José M. Serrano, Miembro de la Junta Disciplinaria y el Mayor Miguel Alemán, Miembro de la Junta Disciplinaria, en la que se explica la decisión adoptada en el proceso disciplinario seguido a los Tenientes David Ocálagan y Gustavo Pérez De La Ossa (f. 4).

3. La del diario El Siglo titulada "Iban a botar a Pérez por secuestro de gringos", en el que se señala que documentos de 1990 revelan caso contra el director de la Policía Nacional, por el supuesto secuestro de civiles durante la invasión de Estados Unidos de 1989 (f. 5).


En el desarrollo de la investigación se incorporó al cuaderno penal declaraciones de personas que podrían tener conocimiento de los supuestos hechos acaecidos el 20 de diciembre de 1989, como lo son: Rogelio Cruz Ríos (fs. 53-57), Carlos Enrique Muñoz Pope (fs. 58-60), Jaime Octavio Abad Espinosa (fs. 66-71), Oswaldo Marino Fernández (fs. 75-82), Campo Elías Muñoz Rubio (fs. 96-98), Santiago Cumbrera Díaz (fs. 101-102), Alexis Ricardo Charris (fs. 103-105), Ebrahim Abdulahae Asvatkasu (fs. 108-113), Darío Enrique Moncada Valdés (fs. 114-118), Eduardo Emilio Herrera Asan (fs. 131-134), David Aarón Ocálagan Bonilla (fs. 140-141), Miguel Alemán Mendoza (fs. 195-197) y José María Serrano Tejeira (fs. 198-200).

Además, se remitió notas a los distintos despachos del Ministerio Público y a la Dirección de la Policía Nacional, con el propósito de conocer si en esas instituciones se le siguió proceso a los señores Gustavo Pérez De La Ossa y David Ocálagan.

Mediante Vista No. 17 de 14 de mayo de 2010 el Procurador General de la Nación recomendó a la Sala que al calificar el sumario dicte un sobreseimiento definitivo de carácter impersonal, en atención a lo normado en el numeral 1 del artículo 2207 del Código Judicial, pues no existen elementos que contribuyan a identificar a los presuntos ofendidos y autores ni elementos que permitan acreditar que se suscitó una privación de libertad ni el objeto de esta (fs. 336-361).


CONSIDERACIÓN DE LA SALA SEGUNDA DE LO PENAL

Luego de detallar los antecedentes del caso, se procede al análisis de los elementos probatorios para precisar si en este caso es viable la emisión de un sobreseimiento definitivo dado lo establecido en el numeral 1 del artículo 2207 del Código Judicial.

En este sentido, cabe recordar que a raíz de los hechos publicados en diarios de circulación sobre supuesto proceso disciplinario seguido a los señores David Ocálagan y Gustavo Pérez De La Ossa, por faltas en el ejercicio de sus funciones, relacionadas con su participación en la operación de "toma del Hotel Marriott", en la que se secuestró a ciudadanos norteamericanos.

Los hechos investigados de oficio, podrían encuadrarse dentro de los delitos contra la libertad individual, y de extorsión y secuestro.

En cuanto al delito contra la libertad individual la conducta a estudiar se enmarca específicamente en el artículo 156 del Código Penal derogado que a su tenor señalaba:

Artículo 156: El servidor público que con abuso de sus funciones o infracción de las formalidades prescritas por la ley, prive a una persona de la libertad, será sancionado con prisión de 1 a 2 años e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 6 meses a un año y si el hecho punible se comete con alguna de las circunstancias previstas en los artículos anteriores, las sanciones se aumentarán de una tercera parte a la mitad.

Como se aprecia en la norma transcrita se sancionaba al servidor público que abusando de sus funciones (de manera arbitraria y dolosa), o a quien infrinja las formalidades prescritas por la ley, prive a otra persona de su libertad

Respecto al delito de extorsión y secuestro la conducta a estudiar se encuentra tipificada en el artículo 188 y 188 A del Código Penal derogado en los que se establece:

"Artículo 188. El que secuestre a una persona para obtener de ella o de otra, como precio de liberación, dinero, cosas o documentos con efecto jurídico, cualquiera que sea en favor del culpable o de otras personas designadas por él, aunque no logre el fin propuesto, será sancionado con prisión de 5 a 12 años."

"Artículo 188 A. El que secuestre a una persona para obtener de ella o de otra, como precio de liberación, dinero, cosa o documentos con efecto jurídico, cualquiera que sea, a favor del culpable o de otras personas será sancionado con la pena de 7 a 15 años de prisión...

6. Sea cometido por un servidor público o por una persona que sea o haya sido miembro de los organismos de seguridad del Estado...."

Según los tipos penales copiados, en nuestra legislación se sanciona a cualquier persona o al servidor público que secuestre a otra persona, privándolo de su libertad, para obtener dinero, cosas o documentos con efectos jurídicos, la pena se agrava si la conducta es cometida por un servidor público miembro de algún organismo de seguridad del Estado.

· Durante el desarrollo de la instrucción sumarial se incorporó al expediente penal una serie de declaraciones testimoniales, algunas de las cuales se detallan a continuación:licenciado Rogelio Cruz, Procurador General de la Nación, durante el período comprendido de 1989 a 1992, manifestó que nunca vio un documento oficial como el que se publicó en el diario el Panamá América en el que se plasmó una supuesta nota de 22 de marzo de 1990 dirigida al señor Coronel Eduardo Herrera, como Director General de la Policía Nacional, República de Panamá, a través de la cual se le ponía en conocimiento que la Junta Directiva, luego de haber analizado los informes presentados por la Dirección de Seguridad Pública y después de haber escuchado la versión de los señores David Ocálagan y Gustavo Pérez DeLa Ossa sobre los hechos ocurridos el 20 de diciembre de 1989, decidió declararlos culpables, por ser partícipes directos en la captura de personal civil norteamericana, y, en consecuencia le recomendó al Director de la Policía Nacional, darles de baja de la Institución por cometer faltas que afectaban el prestigio de la institución (f. 4), por lo que considera necesario verificar la autenticidad del documento en mención e investigar por qué no se hizo una investigación penal al respecto.

Agregó el señor Rogelio Cruz, que nunca existió acuerdo entre él y el entonces Jefe de la Policía Nacional, Eduardo Herrera, después de la invasión a Panamá para no investigar penalmente al señor Gustavo Pérez por razón de supuestos hechos acaecidos el 20 de diciembre de 1989 (fs. 53-57).

· Dr.Carlos Enrique Muñoz Pope aseveró haber representado al señor Gustavo Pérez De La Ossa, pues el padre de éste los contrató para defenderlo en una causa que se ventiló en su contra por estar vinculado a ciertos actos ejecutados por antiguos miembros de la Fuerza de Defensa para la época de la invasión del 20 de diciembre de 1989, que consistía en diseñar y ejecutar planes para retener a ciudadanos de los Estados Unidos de América, alojados en el antiguo Hotel Marriott, que en esa época estaba ubicada a un costado del Centro de Convenciones Atlapa y que en dicho proceso fue exonerado de toda responsabilidad penal el señor Pérez De La Ossa. Sin embargo, en la actualidad no tiene copia de la decisión que se emitió en dicho proceso (fs. 58-60)licenciadoJaime Ocatavio Abad Espinosa, quien ejerció el cargo de Director de la Policía Técnica Judicial durante el período comprendido de 1991 a 1994, indicó que durante su participación en las reuniones del Consejo de Seguridad, tuvo la oportunidad de analizar información de inteligencia, entendida como información muy preliminar, no judicializada en un proceso ante la jurisdicción ordinaria, sobre muchos ex militares que pertenecieron a las antiguas fuerzas de defensa y que para ese momento histórico eran objeto de vigilancia oficial, porque en el proceso de reconstrucción del país, se dieron una series de actos catalogados como terrorista internos o atentados. Sostiene que en varias ocasiones leyó sobre múltiples investigaciones que se les realizó al Teniente Gustavo Pérez, entre esas estuvo la de un reporte que coincide en su contenido con los publicados en el diario El Panamá América y que motivó la destitución del entonces Teniente Gustavo Pérez (fs. 66-71).licenciadoOswaldo Marino Hernández Echeverría, ex Director de la Policía Nacional, respecto a los hechos investigados señaló: "...Los únicos elementos que en el transcurso de gestión como Director de la Policía Nacional tuve conocimiento fue sobre informes de inteligencia del Consejo de Seguridad, que no me consta que en ningún momento hayan llegado a cristalizarse en investigaciones dentro del Ministerio Público. Deseo explicar que durante la administración del Presidente ENDARA (q.e.p.d.) y parte de la administración del Presidente PÉREZ BALLADARES existía una reunión semanal de los Directores de los servicios de seguridad pública (Policía Nacional, Servicio Aéreo Nacional, Servicio Marítimo Nacional y Servicio de Protección Institucional), en la cual se invitaba al Procurador General de la Nación al Director de la Policía Técnica Judicial y, eventualmente, al Fiscal Auxiliar de la República. Fue en esas reuniones en que escuché hablar sobre el tema, pero tenemos que tomar en consideración que para la época se habían dado varios actos de terrorismo, se habían puesto bombas en diferentes lugares, incluso una aquí en los estacionamientos de la Procuraduría, lo que producía una profunda preocupación en cuanto a unos ex miembros de las Fuerzas de Defensa y de la Policía Nacional que tenían algún tipo de entrenamiento como explosivistas, miembros de los Macho de Monte, de la UESAT, etcétera. Sin mal no recuerdo, y tienen que tomar en consideración que han pasado muchos años y la memoria puede fallar, en aquellos momentos se señalaba que ex teniente PÉREZ había sido destituido por una Junta Disciplinaria superior de la Policía Nacional durante la dirección del Coronel ( R ) EDUARDO HERRERA HASSAN...." (FS. 75-82)

· Dr. Campo Elías Muñoz Rubio, declaró que conoce al señor Gustavo Pérez De La Ossa, pues desde hace más de veinte años fue contratado por el padre de éste para que lo defendiera en una causa que se le seguía por supuestamente haber planeado retener a ciudadanos norteamericanos para ser canjeados. Y agregó que no recuerda bien los detalles, pero sí que se mencionó que esos hechos no ocurrieron en la realidad y por tanto éste no había cometido delito, por lo que se ordenó el archivo del expediente. Añadió que no conoce al señor David Ocalagan (fs. 96-98).

· Santiago Cumbrera Díaz, periodista que redactó la noticia titulada "Gustavo Pérez Un Informe "secreto" de la institución revela que secuestró ciudadanos estadounidenses durante la invasión..."manifestó que en dicha publicación aparece la copia de un documento fechado 22 de marzo de 1990, el cual le fue entregado por una fuente que no puede revelar (fs. 101-102).

· Eduardo Emilio Herrera, señaló que ejerció el cargo de Director General de la Policía Nacional, de enero a octubre de 1990, por lo que conoció al señor Gustavo Pérez De La Ossa, como oficial subalterno en las Fuerzas de Defensa al igual que al señor David Ocálagan. Respecto a los hechos que se investigan indicó: "El 20 de diciembre yo me encontraba fuera del país exiliado, el 23 de diciembre, a petición del nuevo gobierno, se me llama para que participe en la reconstrucción de la nueva fuerza pública de Panamá,... Ese mismo día aún continuaban los combates, el Ministerio de Gobierno fue objeto de un atentado yendo hacia la nueva sede la Policía y el patio fue impactado por dos granadas de mortero. En esos días recibí llamadas de varios miembros de la Fuerzas de Defensa en donde me pedían instrucciones de qué hacer, les dije que suspendieran los combates que ya había demasiado muertos, y así fueron deponiendo las armas. Lastimosamente no tenía la dirección nueva de la Fuerza Pública ... Es falso la información que han salido en los medios, a través de todos estos años de... Los norteamericanos dirigían el país por así decirlo, a pesar de que teníamos un gobierno todo se tenía que consultar con ellos, en especial en materia de seguridad y manejo de la misma. Siendo yo Diretor de la Policía tenía dos coroneles americanos perennemente en mi oficina, el corone Jack Prior y el coronel Jimmy Steel, los cuales desde allí dirigían casi todas las operaciones relacionadas con las fuerzas de policía y la seguridad del país..."(fs. 131-134).

· David Aaron Ocálagan Bonilla, manifestó que el 20 de diciembre de 1989 nunca hubo un secuestro, que los partícipes en el aseguramiento y protección de las instalaciones, bienes y personas que estaban en el Hotel Marrito no sufrieron ningún daño ni se les coartó su libertad (fs. 140-141).

Las declaraciones citadas permiten concluir que a un grupo de miembros de las extintas Fuerzas de Defensas, entre quienes se encontraban los señores Gustavo Pérez De La Ossa y David Ocálagan, se les dio vigilancia oficial por estar presuntamente vinculados a actos que fueron catalogados como terrorista, sin embargo, advierte la Sala que en el transcurso de la instrucción sumarial se remitieron a las distintas agencias del Ministerio Público notas mediante las cuales se requería a los agentes instructores informar si en sus despachos se le siguió proceso penal a Gustavo Pérez De La Ossa (fs. 13-36). Se obtuvo resultados negativos.

También se dirigió copia a la Dirección General de la Policía Nacional, con el propósito de conocer si al señor Gustavo Pérez De La Ossa, se le siguió proceso disciplinario en virtud de los supuestos hechos acaecidos el 20 de diciembre de 1989, obteniéndose la siguiente respuesta "... le comunico que en esta entidad no reposa un Proceso Disciplinario seguido a Gustavo Pérez De La Ossa, en virtud de actos ejecutados el 20 de diciembre de 1989, en el ejercicio de su cargo como funcionario de la Unidad Especial Anti Terror (U. E. S. A. T.) de la entonces Fuerzas de Defensas" (f. 88).

Ahora bien, mediante oficio de 8 de abril de 2010 la licenciada Nedelka Díaz Saavedra, Secretaria General de la Procuraduría General de la Nación remitió a la Secretaría del Segundo Tribunal Superior de Justicia copia del proceso seguido a los señores Juan Barría, Luis Carlos Chávez y otros, sindicados por el delito de homicidio en perjuicio de Raymond Dragseth y Fernando Brathwaite, en las que se aprecia lo siguiente: "Durante las investigaciones preliminares realizadas por la Fiscalía Auxiliar de la República, se allegaron las declaraciones indagatorias de los señores GUSTAVO PEREZ DE LA ROSA Y DAVID AARON OCALAGAN, pero en relación a la aprehensión física del periodista norteamericano JONATHAN MEYERSON en el Hotel Marriott de esta ciudad, hecho que no guarda relación con la aprehensión de los señores DRAGSETH y BRATHWAITE, por tanto, sugerimos el desglose respectivo." (penúltimo párrafo de la foja 175), lo que permite concluir que, en efecto, debe existir una investigación contra los señores Gustavo Pérez De La Rosa y David Aaron Ocálagan, de la cual no se ha podido conocer durante la instrucción de este sumario.

En síntesis estima el tribunal que frente a la realidad que se desprende del presente expediente, en estos momentos, procede emitir un juicio calificatorio de conformidad con las previsiones del numeral 1 del artículo 2208 del Código Judicial que da paso para un sobreseimiento provisional, en el evento de que los medios de justificación, acumulados en el proceso, no sean suficientes para comprobar el hecho punible.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia- Sala Segunda de lo Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve Sobreseer Provisionalmente de manera objetiva e impersonal dentro de la presente causa seguida de oficio por los hechos acaecido el 20 de diciembre de 1989, a los que presuntamente se vinculó al licenciado Gustavo Pérez, Director General de la Policía Nacional.

Notifíquese,

JERÓNIMO MEJÍA E.

GABRIEL E. FERNANDEZ M. -- JOSÉ ABEL ALMENGOR ECHEVERRÍA

MARIANO HERRERA (Secretario)

jueves, 3 de noviembre de 2011

UN ENTE PÚBLICO, NO PUEDE REVOCAR SU PROPIO ACTO EXPEDIDO. (OJO CON JUAN HOMBRÓN).

Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
@ernestocedeno

Por el respeto de las situaciones jurídico creadas, por los actos administrativos promulgados por los entes públicos, puede ser tal, que se hagan irrevocables aunque sean ilegales, para fortalecer con ello la certeza jurídica. Este concepto en donde se impide que el administrador elimine su propia decisión de oficio, que favoreció una situación personal al gobernando, se denomina como el Principio de la Irrevocabilidad del Acto Administrativo y rige en el derecho, especialmente en Panamá.
En sentencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, del 27 de abril de 2010, la Corte en un caso en donde el demandado era la A.T.T.T. que había eliminado per se, un certificado de operación a un administrado, la Alta Corporación de Justicia determinó, que la emisión del Certificado de Operación, genera derechos subjetivos, los cuales no pueden ser desconocidos de forma arbitraria ni unilateral.
La Corte declaro nula por ilegal, la actuación de la A.T.T.T. que consistió en anular su propio acto emitido y sentencio nítidamente que “Debe, pues, la Administración recurrir a la vía jurisdiccional ordinaria, a fin de anular sus propios actos que confieren derechos.”
En el caso de las titulaciones de tierras en Juan Hombrón, se ha anunciado que se pretende utilizar la fórmula que aparece en el artículo 62 de la Ley 38 de 2000, que es una especie, de excepción legal administrativa, al principio consabido, pero que solo rige para los siguientes casos, de acuerdo a la disposición jurídica en cita.
Artículo 62. Las entidades públicas solamente podrán revocar o anular de oficio una resolución en firme en la que reconozcan o declaren derechos a favor de terceros, en los siguientes supuestos:
1. Si fuese emitida sin competencia para ello;
2. Cuando el beneficiario de ella haya incurrido en declaraciones o haya aportado pruebas falsas para obtenerla;
3. Si el afectado consiente en la revocatoria; y
4. Cuando así lo disponga una norma especial.
En contra de la decisión de revocatoria o anulación, el interesado puede interponer, dentro de los términos correspondientes, los recursos que le reconoce la ley.
La facultad de revocar o anular de oficio un acto administrativo no impide que cualquier tercero interesado pueda solicitarla, fundado en causa legal, cuando el organismo o funcionario administrativo no lo haya hecho." (Modificado por el artículo 3 de la ley 62 de 23 de octubre de 2009)

De lo anterior escrito, se desprende que la administración, si emitió un titulo o derecho a todas luces ilegal o inconstitucional, no lo puede eliminar de oficio o por si mismo, si no concurren los supuestos claramente expresados en la norma (ut supra) arriba descrita. Deberá en consecuencia, acudir a los tribunales a demandar la nulidad o la inconstitucionalidad, según fuere el caso, del acto administrativo emitido con vicio, que beneficio a un particular o gobernado. Dixi (He dicho).