domingo, 29 de enero de 2012

ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL ALTO COSTO DE LA VIDA EN PANAMÁ.

Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
Doctor en derecho

Recientemente ha trascendido que el gobierno panameño impulsa a mayor escala, las Jumbo tiendas y las Jumbo Ferias para paliar los efectos de los problemas que hay en la canasta básica en Panamá.

Estos mecanismos serán insuficientes a mi parecer, si no se toman otros correctivos sobre el tema.

Acto seguido propongo mis correctivos, sobre el tema:

1. Que se impulse en Panamá una ley para limitar la extranjerización de tierras.

Un reciente informe de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO, en sus siglas en inglés) advirtió hace unas semanas sobre la creciente concentración y extranjerización de las tierras en Latinoamérica. El documento señalaba que China, Arabia Saudí, Catar y Corea del Sur han empezado a comprar o alquilar propiedades en Argentina y Brasil para asegurarse la producción de alimentos.
Brasil ya ha reaccionado ante esta situación con una ley que limitó la propiedad extranjera de tierras. Ahora lo hace Argentina.
La nueva norma no afectaría a las compras ya realizadas, sino a las futuras. Uruguay también analiza estos días poner límites a la compra de tierras. Igual medida existe en USA y Canadá.
Si no lo hacemos hoy, nos exponemos a que no haya tierras para la producción nacional mañana.

2. Modificar las leyes 24 y 25 de 2001, que impulsa el beneficio de los productores patrios, para eliminar la excesiva burocracia que gravita en ellas y les pueda llegar por tanto la ayuda, a los necesitados, de manera expedita.

3. Cambiar el derrotero fiscal nacional, impulsando normativas parecidas a la Regla Buffet o mejorarla, que impulsa Barack Obama en USA, en donde los que ganan más de millón de dólares al año tendrán una tasa impositiva no menor al 30%. Debe descargarse el yugo que pesa hoy sobre la clase media a la que les asfixia el 7%, la ley de portabilidad numérica, el 911 y ahora pretenden cargarle el peso de la soterración de cables en Panamá.

4. Fijar los precios de los artículos de primera necesidad, como lo permite el artículo 284 constitucional.

5. Establecer una buena línea de crédito al productor nacional con préstamos blandos.

6. Como prioridad de Estado, hacer reuniones con los productores y comerciantes para poder recibir propuestas, sobre como bajar el alto costo de la vida en Panamá.

7. Fortalecer las instituciones para que se respete siempre la seguridad jurídica. Esto también tiene que ver con la correcta escogencia de los operadores de justicia y del respeto a la separación de poderes en Panamá, como pilar de la democracia, ya que esto atraería inversionistas.

miércoles, 25 de enero de 2012

Ley sobre cables soterrados

En la Asamblea Nacional de Diputados se encuentra radicado el proyecto de Ley No. 493 que establece una Tasa para cubrir los costos de soterramiento del cableado e infraestructura de los servicios de telecomunicaciones y de televisión pagada.

He leído el instrumento y ofrezco los siguientes comentarios en objeción del mismo:


1. Se establece una tasa entre el 1 hasta el 2% aplicable en la facturación mensual de los servicios de telecomunicación básica y de televisión por cable pero sólo a los clientes, mas no a las empresas millonarias, que ofrecen el servicio.
2. El instrumento impone una carga adicional al cliente de telefonía, a la que se le suma a la impuesta por la potabilidad numérica.
3. En el proyecto no se definen claramente, los beneficios que tendrán, los clientes por la tasa impuesta ni por el soterrado proyectado.
4. Se establece una tasa a perpetuidad, mientras que el soterramiento tiene un término para su conclusión.
5. Se grava a todo un País pero el soterrado será sólo en el Polígono del centro bancario en la ciudad de Panamá; Zona Libre de Colón (excluyendo France Field); Línea de Alta Tensión-proyecto Corredor Sur; Avenida central de la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas; Ciudad de David (calle 4° entre calle C y avenida 8 este), provincia de Chiriquí.

Proyectos como estos, en que para procurar remediar un aspecto principalmente estético, afectas impositivamente a los menos acaudalados económicamente, y no a las empresas millonarias, que explotan estos negocios, las cuales no pagarán ningún centavo por esto; es objetable, censurable y repudiable. Ojala los Diputados, no le impriman su aval.

martes, 24 de enero de 2012

Contratos con Finmeccanica

Contratos con Finmeccanica

Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado

Recientemente el gobierno italiano remitió al gobierno panameño, nota respuesta de Finmeccanica sobre las inquietudes de los contratos suscritos con Panamá. Independientemente de si hubo o no presuntos sobre costos; del estudio de los contratos celebrados sugeriría considerar la posibilidad de hacerles reformas, para preservar los mejores intereses del Estado. Mismos que se traducen de la siguiente manera:



CONTRATO DE HELICÓPTEROS SUSCRITO ENTRE EL ESTADO (MINISTERIO DE SEGURIDAD) Y LA EMPRESA AGUSTA S.P.A.


1. Debe eliminarse el pago de anticipo por más de 11 millones de euros que debe dar el Estado, precisamente por que un aspecto del objeto del contrato es buscar el financiamiento.
2. El contrato incluye la capacitación de pilotos y técnicos pero no aparece ninguna cláusula que hable al respecto, sólo la primera que hace referencia a las especificaciones técnicas presentadas en la propuesta que no se ha subido a la Web. Si en la propuesta se define con claridad meridiana, el aparte de la capacitación y sus generalidades, estaría saldado el problema. En la mayoría de los contratos se consignan en las cláusulas contractuales.
3. Del encabezado del contrato se intuye que al parecer no consta inscrita la empresa en el Registro Público de Panamá como debió estarlo, antes de la firma del contrato, tal cual lo ordena el Decreto Ejecutivo No. 366 en su Artículo 26.
4. La cláusula tercera in fine, pareciera permitir el aumento de los costos en contra del Estado, aún por causas imputables al contratista y podría ser esto, un grave error.
5. El término “otros gastos de importación” que deberá cubrir el Estado como pago adicional, en la cláusula cuarta y vigésima cuarta, es muy amplio y podría entrar en él, otros rubros fuera del estricto pago de un impuesto de introducción a que se obliga el Estado.
6. En la cláusula octava no se sabe en que consistirá el “apoyo para la obtención de visas para extranjeros” que se está obligando el Estado.
7. En la cláusula décima cuarta, con aquello de la Licencia de Exportación, pareciera restringir, la libre disposición de los bienes comprados y pagados por el Estado panameño, cuenta habida, que para ello requeriría, de la autorización expresa del gobierno italiano.


CONTRATO DA-043-2010 SUSCRITO ENTRE EL ESTADO Y LA EMPRESA SELEX SISTEMI INTEGRATI S.P.A., PARA UN SISTEMA DE VIGILANCIA COSTERA PARA EL SERVICIO AERONAVAL.
Ponderar Modificar:

1. La cláusula tercera para que no permita cargarle al Estado costos adicionales por la traída del equipo. Esto no es adecuado.
2. La cláusula cuarta para que se impida hacerle ajustes al monto total del contrato, por se esto, peligroso.
3. En el aparte al pago del interés moratorio en la cláusula cuarta, contra el Estado, establecer que se podrá pagar, salvo por causas de restricción de gasto público, debidamente decretado.
4. El pago anticipado por adelantado, no se justifica plenamente en el contrato, ya que en la modalidad “llave en mano”, en Panamá, el pago total, se acostumbra hacerlo al final de todo contrato. Cuando uno firma contrato llave en mano, como el contratista busca su propio financiamiento, suele alzarle los costos al proyecto de manera justa, por esa razón; empero, si lo beneficiamos con un adelanto en el pago, se pierde la esencia de esta aparte, por un lado y por el otro, el costo alzado pudo haberse considerado en la propuesta presentada.
5. El punto 2 del la cláusula cuarta es tan confusa, que permite suponer que el Estado podrá pagar adicionalmente, por las comisiones y demás gastos por las cesiones de cuentas de pago parcial. Recomiendo ajustar esta cláusula.
6. En la cláusula sexta no hay fianza especial por las obras civiles, esta fianza garantizaría luego de aceptada la obra, tres años por defecto de construcción y de reconstrucción, lo hecho, conforme al Reglamente de Fianza de la Contraloría con el Decreto No. 317-Leg de 2006. La fianza para obras civiles, debió ser por el orden del 50% del monto de la obra civil o menos, dependiendo del valor de la obra civil. Solo se esta garantizando todo el contrato por 10% como si no existiese una obra.
7. En la cláusula décima segunda, la garantía a la que se obliga el contratista no esta cubierta por la fianza. El Estado, no queda cubierto por la redacción de esa cláusula en este rubro.
8. Del encabezado del contrato y de la cláusula vigésima primera se infiere que la contratista no se ha inscrito en el Registro Público de Panamá, como lo exige el artículo 26 del Decreto Ejecutivo No. 366.
9. En la cláusula vigésima cuarta se posibilita que el Estado pague no solo por los tributos si no por otros gastos que se deriven de la importación de los bienes vinculaos a la ejecución del contrato; término amplio en exceso que podría hacer viable hasta el pago por servicios profesionales entre otros puntos. Debiera afinarse este punto en la norma.

Se deja claro que mis comentarios son personales y se circunscriben únicamente a los contratos en comentario y no a la lectura de los anexos de los instrumentos, debido a que no pude acceder a los mismos. A lo mejor leyéndolos pudiera haber disipado muchas de las dudas expuestas.
Finalmente concluyo que de las lecturas de los contratos no se evidencian actos anómalos absurdos, no obstante, saludable sería ir cerrando las puertas a posibles conflictos interpretativos que pudieran suscitarse, en el futuro, de allí lo necesario de realizar un estudio hoy, para posibilitar addendar los instrumentos legales, de ser posible y necesario.

lunes, 23 de enero de 2012

SOBRE EL PAQUETE ORIGINAL DE REFORMAS ELECTORALES.

Por. Dr. Ernesto Cedeño Alvarado

Hay un movimiento que pretende, que el paquete de reformas electorales que estudio la Comisión Revisora del Código Electoral con las Magistrados del Tribunal Electoral, quede intacto y sin variante alguna.
A mi juicio tal determinación, es un error por lo siguiente:
1. Se requiere del concurso de la ciudadanía, en la discusión de las reformas y no sólo de un pequeño comité.
2. Esa reforma impide el voto directo del electorado, de manera inconstitucional, al candidato de su predilección, en los circuitos plurinominales, ya que los obliga a votar por la lista del partido, que impone su orden de elegibles en la papeleta.
3. Establece un privilegio exacerbado y desigual a los candidatos presidenciales, que serán los dos primeros en las listas de candidatos a Diputados del Circuito Nacional, de los partidos que los postulen, en el caso de que no ganen. Es una especie de premio de consolación. Es inaudita esta idea.
4. Permite la fiscalización del pueblo sobre el origen de las contribuciones privadas, pero luego de los sesenta días calendarios siguientes a la fecha en que se celebraron las elecciones. Esta información se verá de manera desfasada. Debe implementarse una adecuación que permita la fiscalización de los fondos de manera más inmediata, aunque fuese mes a mes.
5. Los candidatos que opten a al cargo de Diputados, por la libre postulación, deberán obtener como adherentes, únicamente electores no inscritos en partidos políticos y esto es inadecuado.

En fin, el Proyecto No. 192 original, que contiene el paquete de reformas electorales, que presentaron los Magistrados del Tribunal Electoral, el 26 de enero de 2011, debe ser sujeto a un sereno debate, y adecuarse a los principios constitucionales, con la aquiescencia de la ciudadanía, antes de entrar a regir en Panamá.

miércoles, 18 de enero de 2012

SALA V UNA INSTITUCION INCONVENIENTE HOY

La Sala V es una institucion inconveniente hoy.
Por: Dr Ernesto Cedeño Alvarado

La Sala V se esta adecuando en la Asamblea Nacional de Diputados en estos momentos, para que atienda principalmente, los asuntos de Habeas Corpus, Habeas Data, los Amparos y el otorgamiento de los vistos buenos para las interceptaciones telefónicas, y aunque parezcan innovadores las materias que ha de atender esta nueva Sala de instituciones de garantía, el implementarla hoy, ya no es potable, por lo sigulente:
1. Acaba de terminarse un trabajo de adecuación de las principales normas constitucionales de parte de un grupo de notables que merece la posterior evaluación y aprobación de la ciudadania, en tal sentido, no se justifica implementar una figura juridica que pudiera sucumbir a la postre, por el voto popular ante un referéndum que debe darse.
2. Como la Sala V no atenderia los casos en materia de inconstitucionalidad por que precisamente la Constitucion dice que es materia de PLENO de la Corte, lo que hace esta Sala es aumentar a 7 el numero necesario para aprobar todo en materia de inconstitucionalidad por mayoría, precisamente por una mayoría cualificada que por el reciente nombramiento de los 3 magistrados de la Sala V, serian 7 los que harian mayoria y sus dignatarios podrían ser todos ahora del conocimento amical de figuras prestantes del Organo Ejecutivo. Seria llanamente mas de lo mismo. No representaría un cambio real y efectivo de lo que hacían los gobiernos anteriores de Panama. Con lo nuevos nombramientos, serian 7 los magistrados, nombrados hogaño.
3. No se la ha dado a la ciudadania una cifra estadística del porcentaje de los casos que atendería aproximadamente, la reciente Sala para ponderar la validez o no del gasto a proyectarse.
Abogo con la aplicación del slogan de la reciente propaganda del gobierno: Mi Alianza es con el Pueblo y se ejecuten reuniones de trabajo con los ciudadanos, alejados de la Politica partidista, que podrían dar luces a los gobernantes sobre temas puntuales como Seguridad, la No Extranjerizacion de un porcentaje de Tierras Nacionales, Canasta Básica, Salario Minimo y Justicia, entre otros. Y con decisiones concretas, conversadas y explicadas, se caminaria a puerto seguro, por un mejor Panama. En la multitud de consejeros, hay seguridad.

martes, 17 de enero de 2012

Caso derrumbe del acceso al centenario y otros

Excelentísimo señor Presidente
Ricardo Martinelli

Me dirijo a usted de manera respetuosa, como ciudadano y abogado, por dos motivos fundamentales.
Que pondere la posibilidad de establecer una política agropecuaria fuerte, que nos permita  el acceder a terrenos no enajenados en el futuro para cultivar los alimentos del los nacionales. Internacionalmente se informa que se percibe que en un futuro mediato, habrá carencia de tierras en el mundo, para cultivar los alimentos. En algunos países están limitando la extranjerización de tierras, de manera estratégica. Un reciente informe de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO, en sus siglas en inglés) había advertido hace unas semanas sobre la creciente concentración y extranjerización de las tierras en Latinoamérica. El documento señalaba que China, Arabia Saudí, Catar y Corea del Sur han empezado a comprar o alquilar propiedades en Argentina y Brasil para asegurarse la producción de alimentos.
Brasil ya ha reaccionado ante esta situación con una ley que limitó la propiedad extranjera de tierras. Ahora lo hace Argentina. La FAO calcula que el 10% del territorio argentino ya se encuentra en manos de capitales foráneos. La nueva norma no afecta a las compras ya realizadas, sino a las futuras. Los Estados interesados en quedarse con fincas argentinas deberán limitar sus adquisiciones y buscar otros países, aunque no todos son tan fértiles como Argentina, o resignarse a comprarle los alimentos como cualquier otro actor en el mercado mundial de las materias primas. Uruguay también analiza estos días poner límites a la compra de tierras por parte de Estados extranjeros. Como quiera que en Panamá no hay decisión de Estado sobre este tópico, le motivo a legislar lo propio para preservarle la tierra a nuestras generaciones de panameños que no tendrán en el futuro, sino ponemos algún alto sobre las adquisiciones de tierras, un terreno para cosechar sus alimentos. Le ruego que visionemos el futuro de nuestros hijos como hacen naciones de primer mundo, que desde ya, están buscando lugares fuera de sus linderos, para cosechar los alimentos para su gente.
 
Que instruya lo competente para que el informe del derrumbe del acceso al Puente Centenario salga a la luz rápido, para que se le pueda exigir al responsable, el reembolso de los gastos erogados por el Estado, en su re-edificación. La preocupación obedece, a que conforme al código civil en su artículo 1706 la acción civil para reclamar la indemnización por obligaciones derivadas por culpa o negligencia prescriben en el término de un año, contado a partir del momento en que la falla, la supo el agraviado. La espera podría estar blindando al culpable del hecho.
Fecha: La de su presentación.

Atentamente,

 
Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
Ced. 8-229-2783

domingo, 15 de enero de 2012

Tierra para los panameños

Carta Abierta

Presidente Ricardo Martinelli

En NTN 24 acaba de informar que se estima que en el año 2050 habrá carencia de tierras en el mundo para cultivar los alimentos. Le adjunto una noticia en donde se desprende con claridad meridiana que naciones en el mundo están limitatando la extranjerizacion de tierras, de manera estratégica.
Como quiera que en Panama no hay decisión de Estado sobre este tópico, le motivo a legislar lo propio para preservarle la tierra a nuestras generaciones de panameños que no tendrán en el futuro, sino ponemos algún alto sobre las adquisiciones de tierras, un terreno para cosechar sus alimentos.
Le ruego que visionemos el futuro de nuestros hijos como hacen naciones de primer mundo, que desde ya están buscando lugares fuera de sus linderos, para cosechar los alimentos para su gente.
Saludos

Dr. Ernesto Cedeño Alvarado




EL PAIS
Alejandro Rebossio Buenos Aires 23 DIC 2011 - 21:12 CET

Argentina limita la compra de tierras por empresas y Gobiernos extranjeros

La presidenta de Argentina, la peronista Cristina Fernández de Kirchner, quiere limitar las compras de tierras por parte de Estados, empresas y personas extranjeras. El Senado aprobó el jueves, casi por unanimidad, con el apoyo de la mayoría de la oposición, una ley que impedirá que los extranjeros posean más del 15% del territorio de Argentina, el octavo país más extenso del mundo y uno de los más ricos en producción de alimentos y reservas de aguas.
Un reciente informe de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO, en sus siglas en inglés) había advertido hace unas semanas sobre la creciente concentración y extranjerización de las tierras en Latinoamérica. El documento señalaba que China, Arabia Saudí, Catar y Corea del Sur han empezado a comprar o alquilar propiedades en Argentina y Brasil para asegurarse la producción de alimentos.
Brasil ya había reaccionado ante esta situación con una ley que limitó la propiedad extranjera de tierras. Ahora lo hace Argentina. La FAO calcula que el 10% del territorio argentino ya se encuentra en manos de capitales foráneos. La nueva norma no afecta a las compras ya realizadas, sino a las futuras. Los Estados interesados en quedarse con fincas argentinas deberán limitar sus adquisiciones y buscar otros países, aunque no todos son tan fértiles como Argentina, o resignarse a comprarle los alimentos como cualquier otro actor en el mercado mundial de las materias primas. Uruguay también analiza estos días poner límites a la compra de tierras por parte de Estados extranjeros.

viernes, 13 de enero de 2012

La CORTE debe fallar en el fondo el caso BOSCO

Hoy la Corte me recibió la presente carta, en donde le pido al magistrado presidente de la Corte, que resuelva en el fondo del caso BOSCO, en beneficio de la democracia.

 

 

Lic. Alejandro Moncada

Magistrado Presidente

Corte Suprema de Justicia

 
Acudo ante usted, de manera respetuosa, como ciudadano y abogado y le solicito que el PLENO de la Corte Suprema de Justicia, en la medida de lo posible, resuelva en el fondo, la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra de la resolución de la Asamblea Nacional de Diputados que ventiló la ciudadanía de Bosco Vallarino.
 
Fundamento:
 
El hecho de que Bosco Vallarino haya renunciado a la Alcaldía capital no implica que se ha producido el fenómeno jurídico conocido como sustracción de materia, toda vez que lo demandado ante la Corte no fue su candidatura como Alcalde, sino una resolución de la Asamblea Nacional. El Pleno de la Corte Suprema, PLENO, en sentencia del 30 de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998), dijo sobre el tema lo siguiente: “La sustracción de materia ciertamente, constituye un fenómeno procesal que debe ser declarado por el juez cuando el objeto del proceso ha desaparecido. Tal declaración, sin embargo, debe emerger del examen lógico y razonado de los hechos de la demanda, las pruebas aportadas por las partes y las pretensiones formuladas por éstas, de modo que el juzgador pueda arribar, con plena certeza, a la conclusión de que la pretensión procesal se ha extinguido. De lo que se trata, entonces, es de evitar que la declaración de sustracción de materia que hace el juez, afecte o desconozca el derecho sustancial de las partes.” Por lo antes expuesto concluyo yo, que no ha desaparecido lo demandado, que es la resolución dictada por la Asamblea Nacional y en tal sentido, la Corte debe dirimir la controversia en el fondo.
 
Es un  hecho público y notorio que producto de la renuncia de Bosco Vallarino, al cargo de Alcalde capitalino, ha gravitado un grado importante de zozobra en la ciudadanía, que puede vulnerar la paz social, por lo que un fallo de la Corte, pudiera ayudar con el fortalecimiento de la democracia, cuenta habida, de que con la sentencia final, se podría proyectar la causa, posteriormente, ante el conocimiento del Tribunal Electoral, que dependiendo del fallo constitucional, podría decir si lo accesorio sigue la suerte de lo principal o que la credencial de la suplente es independiente del destino de la credencial principal de Alcalde. A mi juicio, debe la Corte fallar el fondo de la causa demandada,  en base al Principio de Prudencia, que ha aplicado la Corte, en procesos constitucionales. En sentencia de 30 de junio de 2008 el Pleno consagro sobre el principio ut supra, así: “Es por esto que parece oportuno suscribir la tesis del Tribunal Europeo de Justicia, que se compadece perfectamente con el principio de prudencia ya admitido por nuestra más alta Corporación de Justicia, cuando en sentencia del 15 de diciembre de 1995, rechazó la solicitud de una parte que había pedido que no se tomara una decisión, por los graves efectos económicos que tendría. El Tribunal señaló que "las consecuencias prácticas de cualquier decisión jurisdiccional deben sopesarse cuidadosamente" pero agregó que "Y no puede llegarse hasta el punto de distorsionar la objetividad del Derecho y poner en peligro su aplicación futura por causa de las repercusiones que puede tener una resolución judicial. Como máximo, tales repercusiones podrían ser tenidas en cuenta para decidir, en su caso, si procede, con carácter excepcional, limitar los efectos de una sentencia en el tiempo" (Subraya el Pleno). Huelga añadir, que las decisiones jurisdiccionales, podrían contribuir con la democracia de Panamá y la Corte, opino, no debe estar alejada de esta realidad.
 
Panamá,  13 de enero de 2012
 
Atentamente,
 
 
 
 
 
Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
Ced. 8-229-2783
 

jueves, 12 de enero de 2012

BALANCE DE LAS REFORMAS ELECTORALES

Por. Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
Abogado

La Asamblea Nacional de Diputados aprobó en primer debate un paquete de reformas al código electoral. Acto seguido el balance propio de las reformas.

Aspectos positivos

1. Se ajusto en alguna medida, el procedimiento para la libre postulación a los cargos presidenciales.
2. El Tribunal Electoral conforme al artículo 43 del proyecto de ley aprobado, quedaría obligado a promover y a reglamentar dos debates presidenciales televisados en cadena nacional, el primero dentro de los quince días siguientes al cierre de las postulaciones, y el segundo quince días antes de las elecciones, los cuales se transmitirían, sin costo alguno por parte de los medios.
3. Se introduce el concepto del Voto Adelantado para amparar: el voto de los panameños desde el exterior, el de los privados de libertad, el de los miembros de la Fuerza Pública, Cuerpo de Bomberos, Sistema Nacional de Protección Civil y los discapacitados, ya que por el giro de sus funciones se han visto limitados para el ejercicio del sufragio.
4. Se incluye a los tesoreros municipales, entre aquellos que deben renunciar a sus cargos, siempre y cuando opten por un cargo dentro del mismo distrito en donde ejercen funciones.
5. El Tribunal Electoral tendría la obligación de ejecutar programas de educación cívica electoral, dirigidos al sistema educativo, en coordinación con las respectivas autoridades, y a la sociedad en general, con el objetivo de promover los valores democráticos.
6. Se reconoce el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, al Foro Nacional de Juventudes de Partidos Políticos y al Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, como organismos de consulta permanente ante el Tribunal Electoral.
7. Se prohíbe la campaña sucia, entendiendo por ella la que ofenda la dignidad humana, incurra en el uso de diatribas, irrespeto, calumnia, injuria o promueva la violencia o atente contra la Constitución Política y las leyes.


Aspectos negativos

1. No se consagra la filosofía de cada votante un voto, ya que se permite el voto a la lista del partido que puede tener varios candidatos.
2. Se aprobó la segunda vuelta electoral, en primer debate, sin haber pasado primero el tema, por el estudio de la Comisión de Reformas Electorales. Con esto la Junta Nacional de Escrutinio proclamará como Presidente y Vicepresidente de la República, a los candidatos que aparezcan en las boletas de votación que obtengan el cincuenta por ciento más uno de los votos válidos emitidos. En caso de que dos o más partidos postulen a los mismos candidatos, se sumará el total de votos obtenidos por los respectivos partidos. En caso que ninguna de las candidaturas a Presidente y Vicepresidente de la República, obtuviese más del cincuenta por ciento más uno de los votos válidos emitidos, se realizará una segunda votación, el quinto domingo posterior a la primera elección entre las dos candidaturas que hubieran obtenido el mayor número de votos válidos.
3. Para las postulaciones se elimino el sistema de alternancia de género en la lista de candidaturas de tal forma que personas de un mismo sexo no iban a estar consecutivas en la lista. Ocuparía el primer lugar quien hubiese resultado con más votos según el mecanismo de postulación respectivo y el segundo lugar la persona más votada del otro sexo, manteniendo la alternancia hasta agotar la lista.
4. Mantuvo el porcentaje del 4% de los votos emitidos para sobrevivir un partido político, en vez del 2% sugerido por la Comisión Revisora del código electoral.
5. Sólo podrán ser firmantes o adherentes, según el caso, a las candidaturas de libre postulación para Presidente y Vicepresidente de la República, cualquier elector que no esté inscrito en partido político existente o en formación.
6. Cuando en un circuito plurinominal, una lista tenga derecho a una o más curules de Diputados, se declararán electos los candidatos en el orden en que aparezcan en la boleta de votación. Para esos efectos, en dicha boleta se colocarán los nombres de los candidatos, en el orden en que hayan sido postulados.
7. Se eliminó la sección del financiamiento privado que tenia el proyecto de reforma, que ponía un tope al financiamiento privado y permitía la fiscalización ciudadana a los fondos dados.
8. La inscripción de los adherentes a las candidaturas por libre postulación, se hará solamente en puestos estacionarios.
9. Se le impone al candidato que pretenda ejercer la libre postulación para Diputado, Alcalde, Concejal y Representante, la obligación de obtener en el circuito, distrito o corregimiento, según corresponda, un mínimo de uno por ciento de adherentes a la candidatura, conforme al total de votos válidos emitidos en la última elección, según el cargo al que se aspira.

miércoles, 11 de enero de 2012

PUNTOS PRIORITARIOS QUE DEBERAN ABORDARSE EN LAS REFORMAS ELECTORALES

PUNTOS PRIORITARIOS QUE DEBERAN ABORDARSE EN LAS REFORMAS ELECTORALES



Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
Doctor en Derecho
@ernestocedeno
www.abogado@ernestocedeno.com


La Asamblea Nacional debera fortalecer con caracter de prioridad, los siguientes puntos de las reformas electorales, que pudieran ser motivo de controversia:

1. La incorporación de la filosofía de que cada votante es un voto. En la reformas electorales se permite el voto a la lista del partido que puede tener varios candidatos.
2. La validación o no de la segunda vuelta electoral. En primer debate se incorporo, sin haber pasado primero el tema, por el estudio de la Comisión de Reformas Electorales. Aqui la Junta Nacional de Escrutinio proclamará como Presidente y Vicepresidente de la República, a los candidatos que aparezcan en las boletas de votación que obtengan el cincuenta por ciento más uno de los votos válidos emitidos. En caso de que dos o más partidos postulen a los mismos candidatos, se sumará el total de votos obtenidos por los respectivos partidos. En caso que ninguna de las candidaturas a Presidente y Vicepresidente de la República, obtuviese más del cincuenta por ciento más uno de los votos válidos emitidos, se realizará una segunda votación, el quinto domingo posterior a la primera elección entre las dos candidaturas que hubieran obtenido el mayor número de votos válidos.
3. La inclusión del sistema de alternancia de género en la lista de candidaturas de tal forma que personas de un mismo sexo no vayan a estar consecutivas en la lista. Ocuparía el primer lugar quien hubiese resultado con más votos según el mecanismo de postulación respectivo y el segundo lugar la persona más votada del otro sexo, manteniendo la alternancia hasta agotar la lista.
4. La viabilidad de mantener el porcentaje del 4% de los votos emitidos para sobrevivir un partido político, en vez del 2% sugerido por la Comisión Revisora del código electoral.
5. La escogencia de diputados, por el orden en que aparezcan en las listas en un circuito plurinominal y no por el gancho del elector.
6. La inclusión de la sección del financiamiento privado que tenia el proyecto de reforma, que ponía un tope al financiamiento privado y permitía la fiscalización ciudadana a los fondos dados.

jueves, 5 de enero de 2012

Es inconstitucional el quitarle la estabilidad a los jueces en Panamá

En días pasados, el Magistrado Alejandro Moncada fue electo nuevo Presidente de la Corte Suprema de Justicia. En su discurso de toma de posesión, señaló que impulsará una modificación con respecto al período de los administradores de justicia: “Entre otras cosas vamos a ponerles a los Magistrados de Tribunales Superiores y Jueces diez años definidos, pasado ese período se hará una evaluación y si la evaluación es positiva, entonces se les dará 10 años más, pero no vamos a mantenerlos eternos en los puestos”.
Comento yo, que esta decisión trazada, a mi juicio, es INCONVENIENTE e INCONSTITUCIONAL, por lo siguiente:

1. Violaría directamente por comisión, el ARTÍCULO 46 DE LA CARTA MAGNA, toda vez, que la nueva ley no puede tener efecto retroactivo.
2. Violaría la doctrina de los derechos adquiridos, de los operadores de justicia.
3. Violentaría la estructura de la Carrera Judicial existente al momento en que los operadores de justicia accedieron a los cargos, conforme al Artículo 305 constitucional.
4. Violentaría el Artículo 300 de la Carta Magna que permite la estabilidad en los puestos de los funcionarios, condicionado a los méritos, a la competencia, lealtad y la moralidad.

Por lo antes expuesto, manifiesto mi preocupación al intento de eliminarle la estabilidad de los Jueces y Magistrados, salvo la comisión de alguno, de una acción típica, antijurídica y culpable (delito).

miércoles, 4 de enero de 2012

LOS FUNCIONARIOS DESCONOCEN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Las entidades públicas deben mejorar sus conocimientos al momento de realizar contrataciones en el Estado. La estadística oficial que emitió el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas en el año 2010, es enfática, al definir que solo el 27% de los casos tramitados, fueron confirmados. Es decir, que la mayoría de los casos, ventilados, le fueron adversos, a las entidades del Estado.

http://www.tribunaldecontrataciones.gob.pa/WebSite/index.php?page=estadisticas&tab=res

Por otro lado, de la lectura de todos los fallos de diciembre de 2011, del Tribunal de Contrataciones, arrojaron el siguiente resultado: 15 decisiones en contra del Estado y solo 3 en favor.

lunes, 2 de enero de 2012

PRINCIPALES OBSTÁCULOS QUE ENFRENTAN LAS MUJERES EN POLÍTICA

Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
Twitter @ernestocedeno


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre la participación política de las mujeres en las Américas, identificó los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para ejercer sus derechos políticos y acceder a los puestos de poder en condiciones de igualdad. A continuación los mismos:
‐ Los prejuicios y estereotipos de género y formas de discriminación presentes en las sociedades americanas que les impiden el acceso a los puestos de poder; que les restringen la posibilidad de opciones de incursionar en el ámbito político; y el desempeño exitoso de sus cargos;
‐ Las desventajas socioeconómicas, como el acceso limitado de las mujeres al financiamiento para las campañas y en la contienda a cargos públicos;
‐ El desconocimiento de las mujeres de sus derechos políticos, especialmente en áreas rurales y marginadas;
‐ Las distintas formas de violencia que anulan e impiden el ejercicio de todos los derechos humanos por parte de las mujeres, incluyendo su derecho a incursionar en la vida política, y a ejercer su derecho al voto;
‐ Desafíos apremiantes en la implementación de medidas especiales de carácter temporal a nivel nacional y hemisférico;
‐ Obstáculos que impiden a las mujeres el acceder y ser votadas en las urnas;
‐ Desafíos para promover una mayor participación de las mujeres al interior de los partidos políticos; y
‐ La situación particularmente grave de las mujeres indígenas y afrodescendientes, entre otros desafíos.

¿Que hay que hacer, para eliminar los obstáculos políticos hacia las mujeres? Conforme al informe en cita, y adaptado en este sentido, para Panamá.

1. Crear leyes y políticas públicas especiales, dirigidas a mujeres indígenas y afrodescendientes, que tomen en cuenta sus necesidades y obstáculos para ingresar a la vida política.
2. El adoptar todas las medidas necesarias, incluidas las reformas legislativas necesarias y las asignaciones presupuestarias, para garantizar la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación política con el fin de alcanzar la paridad en todos los ámbitos y niveles de gobierno.
3. El cambiar la cultura política de los partidos políticos para lograr una distribución más equitativa del poder, que requiere sensibilizar a las dirigencias políticas e invertir en la formación de liderazgos femeninos.
4. Institucionalizar canales de participación en donde las mujeres puedan contribuir de forma sustantiva en el diseño, desarrollo e implementación de políticas públicas y programas a favor de la igualdad de género, en los distintos ámbitos de gobierno e instancias del poder público.
5. Que el gobierno adopte medidas públicas para redefinir las concepciones tradicionales sobre el rol de las mujeres en la sociedad, y promover la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios que impiden su acceso pleno a los cargos públicos y las instancias de decisión. (Ejemplo: la mujer solo es buena para los oficios domésticos).

MEDIDAS EN FAVOR DE LAS MUJERES

Algunos puntos importantes del informe de la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS de octubre de 2011, sobre la participación política de la mujer

129. De la información proporcionada por diversas fuentes estatales y no
estatales, la CIDH ha identificado una serie de avances en la adopción de medidas especiales de carácter temporal en la región. Entre dichos avances destacan el aumento en la representación femenina en los tres poderes estatales (ejecutivo, legislativo y judicial), gracias a la emisión de leyes que establecen un porcentaje mínimo o máximo de mujeres en los cargos de elección popular, mejor conocidas como “leyes de cuotas” y el reconocimiento de la obligación de los Estados de adoptar medidas especiales de carácter temporal para garantizar la presencia de las mujeres en la toma de decisiones. Asimismo, la existencia de sanciones en caso de incumplimiento de las leyes de cuotas y de mecanismos para que se rectifiquen los registros de candidaturas, como apercibimientos, amonestaciones públicas y multas a los partidos políticos representan un avance para el cumplimiento de estas leyes.
131. No obstante estos avances, la Comisión observa que todavía existen
desafíos importantes para lograr la igualdad de jure y de facto de las mujeres en la vida pública. Entre los principales desafíos identificados, se encuentra la implementación efectiva de las medidas especiales de carácter temporal, como las leyes que establecen cuotas de género. En este sentido, se han reportado la falta de sanciones en caso de incumplimiento y mecanismos de monitoreo de estas leyes, así como la interpretación desfavorable hacia las mujeres de dichas leyes por las autoridades judiciales o electorales.
Por otra parte, la Comisión nota con preocupación que todavía persisten en la región resistencias de los gobiernos y los partidos políticos para implementar dichas medidas, especialmente para adoptar leyes de cuotas y financiar candidaturas femeninas. Estas resistencias se deben, en gran medida, a la percepción que todavía impera de la política como un “ámbito masculino”. Por lo tanto, otro de los grandes desafíos en la región es modificar los patrones socioculturales que discriminan a las mujeres y fomentan percepciones equivocadas sobre sus capacidades para gobernar y participar en la vida pública.
143. La Comisión nota que en la mayoría de los países que han implementado cuotas, éstas sólo operan para cargos de elección popular pero no para puestos públicos obtenidos a través de la designación. En este sentido, sólo algunos países como Colombia, Panamá y Ecuador han establecido la obligación legal de incluir mujeres en cargos de designación. Por lo tanto, la CIDH insta a los Estados a ampliar las medidas especiales de carácter temporal para asegurar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de gobierno (legislativo, ejecutivo y judicial), así como en los distintos niveles del Estado (federal, estatal y municipal).

Medias en favor de las mujeres

Algunos puntos importantes del informe de la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS de octubre de 2011, sobre la participación política de la mujer

129. De la información proporcionada por diversas fuentes estatales y no
estatales, la CIDH ha identificado una serie de avances en la adopción de medidas especiales de carácter temporal en la región. Entre dichos avances destacan el aumento en la representación femenina en los tres poderes estatales (ejecutivo, legislativo y judicial), gracias a la emisión de leyes que establecen un porcentaje mínimo o máximo de mujeres en los cargos de elección popular, mejor conocidas como “leyes de cuotas” y el reconocimiento de la obligación de los Estados de adoptar medidas especiales de carácter temporal para garantizar la presencia de las mujeres en la toma de decisiones. Asimismo, la existencia de sanciones en caso de incumplimiento de las leyes de cuotas y de mecanismos para que se rectifiquen los registros de candidaturas, como apercibimientos, amonestaciones públicas y multas a los partidos políticos representan un avance para el cumplimiento de estas leyes.
131. No obstante estos avances, la Comisión observa que todavía existen
desafíos importantes para lograr la igualdad de jure y de facto de las mujeres en la vida pública. Entre los principales desafíos identificados, se encuentra la implementación efectiva de las medidas especiales de carácter temporal, como las leyes que establecen cuotas de género. En este sentido, se han reportado la falta de sanciones en caso de incumplimiento y mecanismos de monitoreo de estas leyes, así como la interpretación desfavorable hacia las mujeres de dichas leyes por las autoridades judiciales o electorales.
Por otra parte, la Comisión nota con preocupación que todavía persisten en la región resistencias de los gobiernos y los partidos políticos para implementar dichas medidas, especialmente para adoptar leyes de cuotas y financiar candidaturas femeninas. Estas resistencias se deben, en gran medida, a la percepción que todavía impera de la política como un “ámbito masculino”. Por lo tanto, otro de los grandes desafíos en la región es modificar los patrones socioculturales que discriminan a las mujeres y fomentan percepciones equivocadas sobre sus capacidades para gobernar y participar en la vida pública.
143. La Comisión nota que en la mayoría de los países que han implementado cuotas, éstas sólo operan para cargos de elección popular pero no para puestos públicos obtenidos a través de la designación. En este sentido, sólo algunos países como Colombia, Panamá y Ecuador han establecido la obligación legal de incluir mujeres en cargos de designación. Por lo tanto, la CIDH insta a los Estados a ampliar las medidas especiales de carácter temporal para asegurar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de gobierno (legislativo, ejecutivo y judicial), así como en los distintos niveles del Estado (federal, estatal y municipal).

Medidas en favor de las mujeres

EL CAMINO HACIA UNA DEMOCRACIA SUSTANTIVA: LA
Algunos puntos importantes del informe de la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS de octubre de 2011, sobre la participación política de la mujer

129. De la información proporcionada por diversas fuentes estatales y no
estatales, la CIDH ha identificado una serie de avances en la adopción de medidas especiales de carácter temporal en la región. Entre dichos avances destacan el aumento en la representación femenina en los tres poderes estatales (ejecutivo, legislativo y judicial), gracias a la emisión de leyes que establecen un porcentaje mínimo o máximo de mujeres en los cargos de elección popular, mejor conocidas como “leyes de cuotas” y el reconocimiento de la obligación de los Estados de adoptar medidas especiales de carácter temporal para garantizar la presencia de las mujeres en la toma de decisiones. Asimismo, la existencia de sanciones en caso de incumplimiento de las leyes de cuotas y de mecanismos para que se rectifiquen los registros de candidaturas, como apercibimientos, amonestaciones públicas y multas a los partidos políticos representan un avance para el cumplimiento de estas leyes.
131. No obstante estos avances, la Comisión observa que todavía existen
desafíos importantes para lograr la igualdad de jure y de facto de las mujeres en la vida pública. Entre los principales desafíos identificados, se encuentra la implementación efectiva de las medidas especiales de carácter temporal, como las leyes que establecen cuotas de género. En este sentido, se han reportado la falta de sanciones en caso de incumplimiento y mecanismos de monitoreo de estas leyes, así como la interpretación desfavorable hacia las mujeres de dichas leyes por las autoridades judiciales o electorales.
Por otra parte, la Comisión nota con preocupación que todavía persisten en la región resistencias de los gobiernos y los partidos políticos para implementar dichas medidas, especialmente para adoptar leyes de cuotas y financiar candidaturas femeninas. Estas resistencias se deben, en gran medida, a la percepción que todavía impera de la política como un “ámbito masculino”. Por lo tanto, otro de los grandes desafíos en la región es modificar los patrones socioculturales que discriminan a las mujeres y fomentan percepciones equivocadas sobre sus capacidades para gobernar y participar en la vida pública.
143. La Comisión nota que en la mayoría de los países que han implementado cuotas, éstas sólo operan para cargos de elección popular pero no para puestos públicos obtenidos a través de la designación. En este sentido, sólo algunos países como Colombia, Panamá y Ecuador han establecido la obligación legal de incluir mujeres en cargos de designación. Por lo tanto, la CIDH insta a los Estados a ampliar las medidas especiales de carácter temporal para asegurar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de gobierno (legislativo, ejecutivo y judicial), así como en los distintos niveles del Estado (federal, estatal y municipal).