miércoles, 29 de febrero de 2012

CONTRATOS CON IBT GROUP

Medios de comunicación social recogen las denuncias sobre las adendas para la construcción de los nuevos hospitales —cuatro— que construye el Ministerio de Salud (Minsa) en el interior del país, debido a que los contratos originales establecen, que los pagos por la construcción de los hospitales se darían al final de la obra.

A mi juicio las preocupaciones sobre el caso, son válidas y serio el silencio gubernamental en rendirle cuenta al País sobre este aparte, debido a que el derecho no permite lo siguiente:

1. Modificar las condiciones originales de un contrato firmado para favorecer a un oferente. Artículo 37 de la ley 22 de 2006.

2. Permitir un pago por adelantado, no anunciado previamente en el pliego de cargos. Art. 25 numeral 3 de la ley 22 de 2006.

3. Trasladarle al mismo Estado, el pago de un impuesto que debe afrontar el propio oferente. Artículo 63 del Decreto Ejecutivo No. 366 de 2006.

A mi juicio la Contraloría General, por lo pronto, debiera iniciar ya, y de oficio, una auditoria sobre este tema, cuenta habida, de que puede estar afectada, la cosa pública. Ley 32 de 1984.

sábado, 25 de febrero de 2012

LAS ADENDAS A LOS CONTRATOS DE LOS HOSPITALES

LAS ADENDAS A LOS CONTRATOS DE LOS HOSPITALES

En días pasados, se publicó en los medios de comunicación social que los contratos para la construcción de cuatro hospitales públicos, fueron modificados por medio de adendas, por el MINSA. Se informaba de igual forma, que de la lectura del pliego de cargos, no se desprendía la posibilidad de concretizar los cambios que a la postre se hicieron.
El caso es delicado y urge que el Ministerio de Salud responda a estos planteamientos, ya que si son veraces las notas periodísticas sobre el caso, que se emitieron a la faz del País; estas adendas ejecutadas, entonces serían contrarias al derecho contractual público, por lo siguiente:

1. La propuesta presentada que ganó, debía incluir el impuesto a pagar y si no lo hizo, se entiende incluida con la oferta el impuesto y corre por cuenta del oferente la falla, sin perjudicar al erario público.
Decreto Ejecutivo 366 (Reglamento de la ley de contratación pública)
Artículo 63: (Impuestos aplicables)
La entidad licitante deberá incluir en los pliegos de cargos o términos de referencia los impuestos que resulten aplicables a la adquisición de bienes, servicios u obras objeto del procedimiento de selección de contratista.
Cuando en un pliego de cargos o términos de referencia se le exija al proponente que incluya en su oferta además del precio, dichos impuestos; y el proponente omita presentarlos dentro de su propuesta, se entenderá que los incluye en el precio ofertado.

Aun cuando la entidad no lo señale en el pliego de cargos o términos de referencia, es obligación del proponente incluir en su oferta todos los impuestos que deban aplicarse de acuerdo a las leyes vigentes en la materia. En el caso de que el proponente omita presentarlos dentro de su propuesta, se entenderá que los incluye en el precio ofertado.

2. Solo se puede modificar un contrato estatal, por el interés público y no para beneficiar al particular.

LEY 22 DE 2006, Sobre Contratación Pública

Artículo 77. Reglas para modificaciones y adiciones al contrato en base al interés público. Para hacer modificaciones y adiciones al contrato con base en el interés público…

3. La adenda de un contrato público, debe guardar relación con la regla anunciada en el pliego de cargos, pues de lo contrario, gravitaría poca transparencia en una contratación pública, en perjuicio de los otros oferentes que acudieron al acto público celebrado.

LEY 22 DE 2006, Sobre Contratación Pública

Artículo 25. Estructuración del pliego de cargos. La entidad licitante de que se trate elaborará, previo a la celebración del procedimiento de selección de contratista o a la excepción de este, el correspondiente pliego de cargos o términos de referencia, que contendrá:

3. Las reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, a fin de asegurar una escogencia objetiva.

Si este tema no es abordado oportunamente con responsabilidad y si se erogan fondos públicos, productos de las adendas firmadas, (ya sea para el pago de impuestos o para dar adelantos, no contenidos en el pliego de cargos, etc.,) considero que podría emerger, una lesión al patrimonio estatal y los que participaron en la contratación, podrían estar sujetos, a un proceso penal en su contra, hoy o mañana, sin duda.

! Cuentas claras, conservan la amistad ¡

viernes, 24 de febrero de 2012

EL RECHAZO DE LA PROPUESTA, EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

EL RECHAZO DE LA PROPUESTA, EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA


La Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera, en reciente sentencia del 30 de diciembre de 2011, ratificó sobre la facultad del Estado en rechazar las PROPUESTAS que: “… no debe perderse de vista que esta potestad discrecional de la administración no es absoluta, sino que está limitada por los principios de proporcionalidad, racionalidad o razonabilidad, justicia o equidad, buena fe, igualdad, entre otros.”

jueves, 23 de febrero de 2012

INTERCEPTACIONES TELÉFONICAS

Se ha iniciado de oficio, una investigación por presuntas interceptaciones telefónicas acaecidas recientemente en Panamá, sin el aval judicial.
El artículo 29 constitucional panameño es clave para entender parte del ritual necesario, para que se lleven a cabo las mismas.

Artículo 29- La correspondencia y demás documentos privados son inviolables y no pueden ser examinados ni retenidos, sino por mandato de autoridad competente y para fines específicos, de acuerdo con las formalidades legales. En todo caso, se guardará absoluta reserva sobre los asuntos ajenos al objeto del examen o de la retención.
El registro de cartas y demás documentos o papeles se practicará siempre en presencia del interesado o de una persona de su familia o, en su defecto de dos vecinos honorables del mismo lugar.
Todas las comunicaciones privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas o grabadas, sino por mandato de autoridad judicial.
El incumplimiento de esta disposición impedirá la utilización de sus resultados como pruebas, sin perjuicio de las responsabilidades penales en que incurran los autores.

Según la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 24 de agosto de 2007, el desglose del contenido del artículo 29 de la Constitución Política de la República de Panamá, permite entender que el constituyente conceptualizó que la reserva sobre las comunicaciones particulares alcanza a todo tipo de comunicación, por lo que no puede ser limitado exclusivamente a la comunicación por medios postales, telegráficos o telefónicos. Siendo así, la protección que abriga el derecho fundamental incluye cualquier tipo de comunicación, como lo sería en la actualidad aquellas que se auxilian en la telemática o informática, verbigracia correo electrónico; dejando abierta la puerta para incluir, dentro de ese listado, aquellas formas de comunicación que utilicen como soporte los instrumentos, herramientas o medios, que en su momento, suministren los avances científicos y tecnológicos.

Para que se lleven a cabo las interceptaciones o grabaciones de las comunicaciones, se debe contar con la aprobación del Órgano Judicial, sino las mismas, serían ilegales.

¿Cuál es la sanción penal para los que incumplen con este mandato constitucional, al interceptar telecomunicaciones o al utilizar artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción de conversaciones no dirigidas al público?
Conforme al artículo 167 del código penal, la de una pena de prisión de dos a cuatro años.

¿Quiénes podrían interceptar ilegalmente una comunicación?
Todo el que cuente con aparatos tecnológicos para tal fin. Ejemplo: empresas de comunicaciones, particulares, etc. Otrora, salio en los medios de comunicación de Panamá, una persona que aseveraba que con un equipo de tecnología, que mostraba, y adquirido en el comercio local, interceptaba las comunicaciones en la Procuraduría de la Administración.

¿Puede el gobierno interceptar las comunicaciones?
El gobierno lo podría hacer con el aval judicial y siguiendo el procedimiento constitucional y legal. Si quisiera bloquear en todo o en parte las comunicaciones, podría hacerlo al decretar un estado de urgencia, al tenor de lo que dispone el artículo 55 de la Carta Magna.

Artículo 55- En caso de guerra exterior o de perturbación interna que amenace la paz y el orden público, se podrá declarar en estado de urgencia toda la República o parte de ella y suspender temporalmente, de modo parcial o total, los efectos de los artículos 21. 22, 23, 26, 27, 29, 37, 38 y 47 de la Constitución.
El Estado de urgencia y la suspensión de los efectos de las normas constitucionales citadas serán declarados por el Organo Ejecutivo mediante decreto acordado en Consejo de Gabinete. El Organo Legislativo, por derecho propio o a instancia del Presidente de la República, deberá conocer de la declaratoria del estado referido si el mismo se prolonga por más de diez días y confirmar o revocar, total o parcialmente, las declaraciones adoptadas por el Consejo de Gabinete, relacionadas con el estado de urgencia.
Al cesar la causa que haya motivado la declaratoria del estado de urgencia, el Organo Legislativo, si estuviese reunido, o, si no lo estuviera, el Consejo de Gabinete levantará el estado de urgencia.

Decretado un estado de urgencia, se podría restringir temporalmente, las comunicaciones y los aparatos para su difusión, conforme a una interpretación correcta, del numeral 3 del artículo 13 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos que está en rango constitucional, por la prominencia de la doctrina del bloque de la constitucionalidad, que se acopla al derecho a la libertad de expresión en Panamá.


Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión
1.
2.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.


Se deja claro que para interceptar y/o bloquear en todo o en parte las comunicaciones, debe seguirse el procedimiento reglado y anteriormente exteriorizado, para preservar con ello, el estado de derecho en Panamá. No debe violarse la Constitución panameña libremente. Dura es la ley, pero es la ley.

SOBRE EL PAQUETE ORIGINAL DE REFORMAS ELECTORALES.

Por. Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
Abogado
@ernestocedeno
Tel 201-7607; 66-760909
http://www.ernestocedeno.com


En el año 2014 Panamá tendrá las elecciones generales, para todos los cargos de elección popular. En los próximos días, se ha de debatir en segundo debate, el paquete de reformas electorales, en la Asamblea Nacional de Diputados.

Acto seguido, vierto mis consideraciones al mismo:


Aspectos rescatables

1. Se ajusto en alguna medida, el procedimiento para la libre postulación a los cargos presidenciales.
2. El Tribunal Electoral conforme al artículo 43 del proyecto de ley aprobado, quedaría obligado a promover y a reglamentar dos debates presidenciales televisados en cadena nacional, el primero dentro de los quince días siguientes al cierre de las postulaciones, y el segundo quince días antes de las elecciones, los cuales se transmitirían, sin costo alguno por parte de los medios.
3. Se introduce el concepto del Voto Adelantado para amparar: el voto de los panameños desde el exterior, el de los privados de libertad, el de los miembros de la Fuerza Pública, Cuerpo de Bomberos, Sistema Nacional de Protección Civil y los discapacitados, ya que por el giro de sus funciones se han visto limitados para el ejercicio del sufragio.
4. Se incluye a los tesoreros municipales, entre aquellos que deben renunciar a sus cargos, siempre y cuando opten por un cargo dentro del mismo distrito en donde ejercen funciones.
5. El Tribunal Electoral tendría la obligación de ejecutar programas de educación cívica electoral, dirigidos al sistema educativo, en coordinación con las respectivas autoridades, y a la sociedad en general, con el objetivo de promover los valores democráticos.
6. Se reconoce el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, al Foro Nacional de Juventudes de Partidos Políticos y al Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, como organismos de consulta permanente ante el Tribunal Electoral.
7. Se prohíbe la campaña sucia, entendiendo por ella la que ofenda la dignidad humana, incurra en el uso de diatribas, irrespeto, calumnia, injuria o promueva la violencia o atente contra la Constitución Política y las leyes.


Aspectos censurables

1. No se consagra la filosofía de cada votante un voto, ya que se permite el voto a la lista del partido que puede tener varios candidatos.
2. Se aprobó la segunda vuelta electoral, en primer debate, sin haber pasado primero el tema, por el estudio de la Comisión de Reformas Electorales. Con esto la Junta Nacional de Escrutinio proclamará como Presidente y Vicepresidente de la República, a los candidatos que aparezcan en las boletas de votación que obtengan el cincuenta por ciento más uno de los votos válidos emitidos. En caso de que dos o más partidos postulen a los mismos candidatos, se sumará el total de votos obtenidos por los respectivos partidos. En caso que ninguna de las candidaturas a Presidente y Vicepresidente de la República, obtuviese más del cincuenta por ciento más uno de los votos válidos emitidos, se realizará una segunda votación, el quinto domingo posterior a la primera elección entre las dos candidaturas que hubieran obtenido el mayor número de votos válidos.
3. Mantuvo el porcentaje del 4% de los votos emitidos para sobrevivir un partido político, en vez del 2% sugerido por la Comisión Revisora del código electoral.
4. Sólo podrán ser firmantes o adherentes, según el caso, a las candidaturas de libre postulación para Presidente y Vicepresidente de la República, cualquier elector que no esté inscrito en partido político existente o en formación.
5. Cuando en un circuito plurinominal, una lista tenga derecho a una o más curules de Diputados, se declararán electos los candidatos en el orden en que aparezcan en la boleta de votación. Para esos efectos, en dicha boleta se colocarán los nombres de los candidatos, en el orden en que hayan sido postulados.
6. Se eliminó la sección del financiamiento privado que tenia el proyecto de reforma, que ponía un tope al financiamiento privado y permitía la fiscalización ciudadana a los fondos dados.
7. La inscripción de los adherentes a las candidaturas por libre postulación, se hará solamente en puestos estacionarios.
8. Se le impone al candidato que pretenda ejercer la libre postulación para Diputado, Alcalde, Concejal y Representante, la obligación de obtener en el circuito, distrito o corregimiento, según corresponda, un mínimo de uno por ciento de adherentes a la candidatura, conforme al total de votos válidos emitidos en la última elección, según el cargo al que se aspira.

martes, 21 de febrero de 2012

EL ASILO POLÍTICO DE CARLOS PÉREZ BARRIGA

Con el Decreto Ejecutivo No. 56 el Estado panameño otorgó asilo diplomático para el director del diario ecuatoriano EL UNIVERSO.
El asilo se sustenta en la CONVENCION SOBRE ASILO DIPLOMATICO que le permite a todo Estado conceder asilo en caso de urgencia. La norma establece que se entienden como casos de urgencia, y reza que son; entre otros, aquellos en que el individuo sea perseguido por personas o multitudes que hayan escapado al control de las autoridades, o por las autoridades mismas, así como cuando se encuentre en peligro de ser privado de su vida o de su libertad por razones de persecución política y no pueda, sin riesgo, ponerse de otra manera en seguridad.

Huelga decir que el Estado panameño consideró, y avalo yo su tesis, que CARLOS PÉREZ BARRIGA cumplía con los requisitos para recibir el asilo. El dar asilo es una potestad absoluta del Estado asilante.

¿Qué debe hacer el gobierno ecuatoriano, como Estado territorial del asilado?
Esta obligado a dar el salvoconducto.
Artículo XII de la Convención.
Otorgado el asilo, el Estado asilante puede pedir la salida del asilado para territorio extranjero, y el Estado territorial está obligado a dar inmediatamente, salvo caso de fuerza mayor, las garantías necesarias a que se refiere el artículo V y el correspondiente salvoconducto.

¿Qué debe hacer el Estado panameño ante los desaciertos emitidos por el representante del Estado ecuatoriano?
Debiera estar obligado por un lado, a emitirle una carta al Estado ecuatoriano, en donde le aclare que otorgó el asilo en base a su potestad soberana, de acuerdo con la Convención de marras y por el otro, en base al Artículo 17 de la Constitución panameña, y para defender la HONRA de los periodistas, (que forman parte de la prensa en nuestro País), como nacionales panameños, a objetar los epítetos peyorativos, emitidos en contra de los periodistas (prensa), por parte del Presidente de Ecuador; máxime, que el agravio se emitió en base a una interpretación, a mi juicio, errónea, que el le dio a un discurso presidencial del Presidente de Panamá.

http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26976/36979.pdf

sábado, 18 de febrero de 2012

Contrataciones directas en Carnaval de la City, error jurídico

Medios impresos han destacado la proliferación, de contrataciones directas, que ha hecho el gobierno, por los efectos del carnaval de la ciudad capital.
Aunque la contratación directa de los artistas pudiera tener justificación cuenta habida, que en las profesiones liberales, es el profesional el que tasa su valor, para las demás actividades no pareciera gravitar justificación idónea, al menos recogida, en las notas periodísticas y es más, el argumento gubernamental que se profirió, es erróneo.
“Desde el Gobierno dicen que todos los actos públicos fueron directos, porque el Carnaval no puede esperar en caso de que empresas molestas con el acto presenten impugnaciones.
El jefe de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Salomón Shamah, indicó que los contratos directos realizados se pueden justificar. “En la contratación de artistas no se pueden realizar acto público, y tampoco podemos estar esperando mientras las empresas impugnan”, añadió. “ Diario La Prensa
La ley 22 de 2006 no permite que se suspendan los efectos de una adjudicación dada por el sólo hecho de haberse impugnada la misma, ante el Tribunal de Contrataciones Públicas, debido a que las impugnaciones se conceden en el efecto DEVOLUTIVO Y NO EN EL SUSPENSIVO. En tal sentido, perfectamente, su pudo haber honrado el procedimiento, haber adjudicado y luego contratado, en acatamiento del Principio de Licitación Pública, recogido en el Artículo 266 Constitucional.

Ley 22 de 2006
Artículo 130. Recurso de Impugnación.

Dicho recurso deberá ser interpuesto en un plazo de cinco días hábiles, contado a partir de la notificación de la resolución objeto de la impugnación, y se surtirá en el efecto devolutivo.

La falta de conocimiento en la normativa contractual pudiera dar al traste con la transparencia de las compras en el Estado y esto no es conveniente para un País con un buen grado de crecimiento económico. Ojalá se hagan los reparos correspondientes en el futuro, para fortalecer el manejo de la contratación pública.

CAMINO A LAS REFORMAS DEL CÓDIGO ELECTORAL.

En los próximos días se retomará el tema de la discusión a las reformas al código electoral, no obstante, su estudio y discusión, debe sujetarse al tenor constitucional, para que no sucumban ante las demandas de inconstitucionalidad que se pudieran interponer, ante el PLENO de la Corte Suprema de Justicia.

Puntos inconstitucionales, según mi parecer, de los temas electorales bajo debate:

1. La PARIDAD. El principio de paridad obliga a que en todas las postulaciones se postulen, cincuenta por ciento mujeres y otro tanto hombres, del total de cargos a elegir; esto no tiene sustento constitucional y riñe con la libertad que tiene el elector para escoger a quien desee. La Filosofía de la paridad es buena, y la apoyo; pero no debe establecerse en el código electoral, sin que se incorpore en la Constitución patria primero. Art. 135 de la Carta Magna.


2. Que sólo podrán ser firmantes o adherentes, según el caso, a las candidaturas de libre postulación para Presidente y Vicepresidente de la República, cualquier elector que no esté inscrito en partido político existente o en formación. No obstante, para los otros puestos de elección, no existe esta limitación, esto establece un privilegio para unos, sin embargo, desventaja para otros. Art. 19 de la Carta Magna.

3. Cuando en un circuito plurinominal, una lista tenga derecho a una o más curules de Diputados, se declararán electos los candidatos en el orden en que aparezcan en la boleta de votación. Para esos efectos, en dicha boleta se colocarán los nombres de los candidatos, en el orden en que hayan sido postulados. Esto es inconstitucional ya que el elector no puede elegir directamente al candidato de su agrado. Vota por la lista del partido. Art. 135 de la Carta Magna.


4. Se aprobó la segunda vuelta electoral, en primer debate, con esto la Junta Nacional de Escrutinio proclamará como Presidente y Vicepresidente de la República, a los candidatos que aparezcan en las boletas de votación que obtengan el cincuenta por ciento más uno de los votos válidos emitidos. En caso de que dos o más partidos postulen a los mismos candidatos, se sumará el total de votos obtenidos por los respectivos partidos. En caso que ninguna de las candidaturas a Presidente y Vicepresidente de la República, obtuviese más del cincuenta por ciento más uno de los votos válidos emitidos, se realizará una segunda votación, el quinto domingo posterior a la primera elección entre las dos candidaturas que hubieran obtenido el mayor número de votos válidos. Esto no tiene correspondencia con la historia electoral constitucional de Panamá, y no está recogido en la Constitución Nacional.


Saludos,
Doctor en Derecho
@ernestocedeno
www.abogado@ernestocedeno.com
66-760909

jueves, 16 de febrero de 2012

ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE EL FALLO QUE DECLARO INCONSTITUCIONAL NUESTRA SALIDA DEL PARLACEN

Con la sentencia del 2 de febrero de 2012, el PLENO de la Corte Suprema declaro inconstitucional la Ley 78 de 2009, que deroga las leyes que aprueban los instrumentos internacionales relativos al PARLACEN.



La Corte dictaminó:



1. Que los tratados tiene fuerza superior a las otras leyes, toda vez que no pueden de ninguna manera ser desconocidos ni tampoco derogados por leyes posteriores.

2. El retiro o denuncia de un tratado, es un tema que se relaciona con la administración y aplicación del tratado, asunto sobre el cual no existe norma específica que le confiere al legislativo la posibilidad de intervenir.

3. La Corte valoró para fallar la inconstitucionalidad, la importancia del preámbulo de la Constitución, que promueve literalmente, la integración regional.

4. Que Panamá al adherirse al Tratado del PARLACEN, lo hizo sin haber tenido la posibilidad de establecer una reserva que le permitiera denunciar el Tratado. La falta de esta posibilidad, es lo que ha llevado ante la Corte, una situación juridica de repercusiones internacionales.

5. Las únicas formas de denunciar y salirse del PARLACEN se contrae a: Conseguir el beneplácito del resto de los Estados Partes o la de presentar propuestas de reformas, antes los Estados Contratantes, incorporando cláusulas de denuncia o retiro al tratado del PARLACEN.

6. El legislativo no cometió abuso de autoridad, al emitir la Ley 78 de 2009, ya que de lo que se trató fue de un erróneo ejercicio de una facultad que se considera incluida dentro del marco constitucional.

miércoles, 15 de febrero de 2012

LABOR DE LA CORTE SUPREMA, EN MATERIA ELECTORAL

Gravita en Panamá la idea, que el único ente idóneo para interpretar la ley electoral, es el Tribunal Electoral en Panamá. En primera instancia es así, empero, el PLENO de la Corte Suprema de Justicia, le es dable juzgar, ante demanda que se le pudiera presentar, si esa interpretación emitida por el Tribunal Electoral, se haya compadecido con los lineamientos, de la Carta Magna y si es el caso, revocar las decisiones electorales promulgadas. Esto lo posibilita el Artículo 143, final, de la Constitución.

¿Que efectos tienen las sentencias emitidas por la Corte, hacia el futuro, en adelante o con efectos retroactivos?

Para casos generales, las sentencias tendrán efectos hacia el futuro, pero para casos de asuntos subjetivos, podrían tener efectos retroactivos.

Veamos.

Código Judicial

Artículo 2573.
Las decisiones de la Corte proferidas en materia de inconstitucionalidad son finales, definitivas, obligatorias y no tienen efecto retroactivo.


Explico que para la mayoría de los casos demandados, se ha de aplicar la norma, ut supra (antes citada) sin embargo, la Corte Suprema ha posibilitado en Interpretación Constitucional, que para los casos en donde se estén violando derechos personales, los efectos podrían ser retroactivos.

Algunas Sentencias.

Sentencia de 3 de agosto de 1990.

“Si se emite que un acto jurisdiccional pueda ser demandado como inconstitucional, es obvio que puede ser declarado inconstitucional.
Sostener que la decisión de la Corte en estos casos no produce efectos retroactivos y que sólo produce efectos hacia el futuro, traería como consecuencia que la declaratoria de inconstitucionalidad sea totalmente intranscendente, inocua…”



Sentencia de 6 de diciembre de 1999.

“El artículo 2564 (hoy 2573) del Código Judicial establece, como regla general, que las sentencias en materia de inconstitucionalidad sólo tendrán efectos hacia el futuro (constitutivos). No obstante, en vía de excepción, la magistratura constitucional puede dotarla de efectos retrospectivos o ex tunc (declarativos) cuando exista una afectación actual de derechos subjetivos.”


Afirmo que, me preocupa que por falta de conocimiento jurisprudencial, se este debilitando la institucionalidad de un Órgano del Estado, como es el Órgano Judicial, ya que esto podría sentar las bases para seguir, deteriorando, sin querer, a otros Órganos pre-existentes, y esto sería cruel para el fortalecimiento de la democracia en Panamá.

lunes, 13 de febrero de 2012

INTERPRETACIÓN ELECTORAL EN PANAMÁ

INTERPRETACIÓN ELECTORAL EN PANAMÁ

Erradamente se ha mal interpretado el Artículo 143 numeral 3 de la Constitución, argumentando que El Tribunal Electoral, es el único que debe interpretar y aplicar la ley electoral en Panamá. Tal concepción es preocupante, ya que a la Corte Suprema de Justicia, PLENO, el constituyente patrio, también le ha endosado esta posibilidad en el párrafo final del mismo artículo, cuando reza: “...Contra estas decisiones (las del Tribunal Electoral), solo podrá ser admitido el recurso de inconstitucionalidad. (Esta materia última, la decide el PLENO de la Corte).

De las declaraciones recientes de los magistrados del Tribunal Electoral se puede inferir que los mismos se encuentran inconformes, de que el PLENO de la Corte Suprema, les revoque sus decisiones, aun cuando fueren contrarias a la Carta Magna.

Tal tesis es inocua, toda vez que en la Constitución se permite que el PLENO de la Corte decida en el fondo sobre las decisiones emitidas en matera electoral. Dura lex sed lex. (Dura es la ley, pero es la ley). Concluyo que la diferencia gravitaría de igual forma si existiera hoy en PANAMÁ, una Corte Constitucional, pues de igual forma ésta, podría revocarle, los fallos electorales, al Tribunal Electoral en materia constitucional.

PRECEDENTES RECIENTES DE REVOCATORIA DE FALLOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL POR PARTE DEL PLENO DE LA CORTE.

1. Sentencia del 19 de enero de 2009. Fallo unánime. Mag. Ponente JERÓNIMO MEJÍA. Se declaró inconstitucional el Decreto No. 17 de 2003, del Tribunal Electoral y demás actos que reconoció el acuerdo de alianza entre el PRD y el PP respecto de la adjudicación de legisladores por residuo en las elecciones del 2 de mayo de 2004. PRECISAMENTE GERARDO SOLIS, a la sazón, Fiscal ELECTORAL, fue el que demandó lo anulado a la postre por la Corte, en demanda de inconstitucionalidad. (Caso del DR. OSCAR AVILA)

2. Sentencia del 16 de noviembre de 2009. Fallo unánime. Mag. Ponente ADÁN ARNULFO ARJONA. Se declaró inconstitucional la Resolución de 30 de marzo de 2009. (Caso PARLACEN-CD). La Corte dijo que la impugnación presentada en contra de la anulación de las credenciales fue extemporánea y el Tribunal Electoral la admitió y dijo la Corte, además, que el Tribunal Electoral no cumplió con la Constitución ni la ley, ni respeto el principio de estricta legalidad. (Pág. 20)

Finalmente la Corte, Pleno, en un buen fallo del 21 de julio de 2009, Mag. Ponente. ALBERTO CIGARRUISTA anuló un artículo del código electoral, que impedía la libre postulación para el cargo presidencial. (Caso Juan Jované)

De lo anteriormente expuesto afirmo que la función del PLENO de la Corte en materia electoral se ha vertido en materia de inconstitucionalidad, por que así lo definió el constituyente, por lo que debe permanecer esta prerrogativa incólume, hasta que haya un cambio constitucional.

Saludos,

Dr. ERNESTO CEDEÑO ALVARADO
66-760909
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@ernestocedeno

domingo, 12 de febrero de 2012

REFERÉNDUM PARA LAS HIDROELÉCTRICAS

Ha trascendido en los medios de comunicación que se desea proyectar a REFERÉNDUM, el asunto de las hidroeléctricas, en los sectores comarcales, si no se concretizan acuerdos sobre este tema con el sector indígena.

La idea del referéndum no se ha concebido a nivel constitucional ni legal para las hidroeléctricas, por lo que podría ser inconstitucional, esta idea.

Régimen de REFERÉNDUM a nivel Supremo. Artículos 313 y 314 para las reformas a la Constitución y Artículo 325 para los tratados y convenios internacionales, sobre el tema del Canal de Panamá.

Por su parte, los Artículos 358 al 360 del código electoral, permite el referéndum sólo para asuntos de ratificación de Tratados y Convenios y sobre reformas constitucionales, por lo que mal podría el Tribunal Electoral, convocar a un referéndum para las hidroeléctricas, toda vez que los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley permite hacer. Principio de Estricta Legalidad, recogido en los Artículos 17 18 Constitucional.

El gobierno lo que puede hacer es lo siguiente:

1. Impulsar una ley sobre consultas populares a nivel nacional, que no existe, y / o

2. Darle curso a la iniciativa de consultas publicas, pero sólo en las regiones en donde se van a instalar las hidroeléctricas, en base a lo que permite la Ley 6 de 2002 en sus Artículos 24 y 25 y por medio de alguno de sus mecanismos.

Concesiones e hidroeléctricas

CONCESIONES MINERAS Y LAS HIDROELECTRICAS

Los medios impresos de Panamá anuncian que el gobierno prometió aprobar el artículo N°5 con la redacción expresa de cancelar las concesiones otorgadas y vigentes a empresas nacionales y extranjeras para la exploración y explotación minera dentro de la comarca Ngäbe-Buglé.
Dentro de los compromisos asumidos por el Estado y aceptados preliminarmente por los indígenas está también la eliminación de la Ley N°41 de 1975, que creó la estatal Corporación de Desarrollo Minero (CODEMIN).
Anotan los medios, que dentro de la comarca están “en papel” las concesiones de exploración minera en Cerro Colorado y Cerro Pelado, ambas con 86 mil hectáreas otorgadas.
Aunque se lea bonito la decisión gubernamental, la misma podría objetarse por inconstitucional, ya que esto lesiona la seguridad jurídica y el principio de legalidad que gravita en Panamá, a rango Supremo.
La Sala Tercera de la Corte, dijo en sentencia de 30 de abril de 2009 que: “El Estado por conducto de sus autoridades tiene sobre si la insoslayable obligación de no desarrollar actuaciones que puedan abrir paso al surgimiento de situaciones que debiliten la vigencia del principio de legalidad y afecten la estabilidad, certeza y previsibilidad del ordenamiento jurídico.”
Huelga decir, que el Estado podría someterse en un futuro, a una serie de demandas económicas, por esta razón. Sugiero ir recabando dinero para afrontarlas.
Lo que el Estado, si puede hacer, juzgo yo, antes de emitir una ley sobre esto, es revisar las concesiones otorgadas y, de ser procedente, rescatar todas aquellas concesiones que no estén cumpliendo con los requerimientos exigidos por la reglamentación y/o el contrato, o que pueda preverse que será imposible su cumplimiento. Esto a través de un procedimiento administrativo, basado en la ley y honrando el debido proceso.
Igual criterio debe considerarse extensivo para los casos de las hidroeléctricas que pudieran estar otorgadas en derecho, en zonas anexas a las Comarcas.
Debe queda claro que el articulo 50 de la Constitucion reza en su parte final que el interés particular DEBERA ceder en favor de las grandes mayorías del Pais. Por lo que se desprende que podría ser contraria a la Carta Magna cualquier idea de excluir la creación de hidroelectricas, que podrian favorecer al resto de un Pais.











Saludos



Dr. Ernesto Cedeño Alvarado



Doctor en Derecho

http://www.ernestocedeno.com

Tel 6676-0909

Concesiones e hidroeléctricas

CONCESIONES MINERAS Y LAS HIDROELECTRICAS

Los medios impresos de Panamá anuncian que el gobierno prometió aprobar el artículo N°5 con la redacción expresa de cancelar las concesiones otorgadas y vigentes a empresas nacionales y extranjeras para la exploración y explotación minera dentro de la comarca Ngäbe-Buglé.
Dentro de los compromisos asumidos por el Estado y aceptados preliminarmente por los indígenas está también la eliminación de la Ley N°41 de 1975, que creó la estatal Corporación de Desarrollo Minero (CODEMIN).
Anotan los medios, que dentro de la comarca están “en papel” las concesiones de exploración minera en Cerro Colorado y Cerro Pelado, ambas con 86 mil hectáreas otorgadas.
Aunque se lea bonito la decisión gubernamental, la misma podría objetarse por inconstitucional, ya que esto lesiona la seguridad jurídica y el principio de legalidad que gravita en Panamá, a rango Supremo.
La Sala Tercera de la Corte, dijo en sentencia de 30 de abril de 2009 que: “El Estado por conducto de sus autoridades tiene sobre si la insoslayable obligación de no desarrollar actuaciones que puedan abrir paso al surgimiento de situaciones que debiliten la vigencia del principio de legalidad y afecten la estabilidad, certeza y previsibilidad del ordenamiento jurídico.”
Huelga decir, que el Estado podría someterse en un futuro, a una serie de demandas económicas, por esta razón. Sugiero ir recabando dinero para afrontarlas.
Lo que el Estado, si puede hacer, juzgo yo, antes de emitir una ley sobre esto, es revisar las concesiones otorgadas y, de ser procedente, rescatar todas aquellas concesiones que no estén cumpliendo con los requerimientos exigidos por la reglamentación y/o el contrato, o que pueda preverse que será imposible su cumplimiento. Esto a través de un procedimiento administrativo, basado en la ley y honrando el debido proceso.
Igual criterio debe considerarse extensivo para los casos de las hidroeléctricas que pudieran estar otorgadas en derecho, en zonas anexas a las Comarcas.
Debe queda claro que el articulo 50 de la Constitucion reza en su parte final que el interés particular DEBERA ceder en favor de las grandes mayorías del Pais. Por lo que se desprende que podría ser contraria a la Carta Magna cualquier idea de excluir la creación de hidroelectricas, que podrian favorecer al resto de un Pais.











Saludos



Dr. Ernesto Cedeño Alvarado



Doctor en Derecho

http://www.ernestocedeno.com

Tel 6676-0909

Concesiones me hidroelectricas

CONCESIONES MINERAS Y LAS HIDROELECTRICAS

Los medios impresos de Panamá anuncian que el gobierno prometió aprobar el artículo N°5 con la redacción expresa de cancelar las concesiones otorgadas y vigentes a empresas nacionales y extranjeras para la exploración y explotación minera dentro de la comarca Ngäbe-Buglé.
Dentro de los compromisos asumidos por el Estado y aceptados preliminarmente por los indígenas está también la eliminación de la Ley N°41 de 1975, que creó la estatal Corporación de Desarrollo Minero (CODEMIN).
Anotan los medios, que dentro de la comarca están “en papel” las concesiones de exploración minera en Cerro Colorado y Cerro Pelado, ambas con 86 mil hectáreas otorgadas.
Aunque se lea bonito la decisión gubernamental, la misma podría objetarse por inconstitucional, ya que esto lesiona la seguridad jurídica y el principio de legalidad que gravita en Panamá, a rango Supremo.
La Sala Tercera de la Corte, dijo en sentencia de 30 de abril de 2009 que: “El Estado por conducto de sus autoridades tiene sobre si la insoslayable obligación de no desarrollar actuaciones que puedan abrir paso al surgimiento de situaciones que debiliten la vigencia del principio de legalidad y afecten la estabilidad, certeza y previsibilidad del ordenamiento jurídico.”
Huelga decir, que el Estado podría someterse en un futuro, a una serie de demandas económicas, por esta razón. Sugiero ir recabando dinero para afrontarlas.
Lo que el Estado, si puede hacer, juzgo yo, antes de emitir una ley sobre esto, es revisar las concesiones otorgadas y, de ser procedente, rescatar todas aquellas concesiones que no estén cumpliendo con los requerimientos exigidos por la reglamentación y/o el contrato, o que pueda preverse que será imposible su cumplimiento. Esto a través de un procedimiento administrativo, basado en la ley y honrando el debido proceso.
Igual criterio debe considerarse extensivo para los casos de las hidroeléctricas que pudieran estar otorgadas en derecho, en zonas anexas a las Comarcas.
Debe queda claro que el articulo 50 de la Constitucion reza en su parte final que el interés particular DEBERA ceder en favor de las grandes mayorías del Pais. Por lo que se desprende que podría ser contraria a la Carta Magna cualquier idea de excluir la creación de hidroelectricas, que podrian favorecer al resto de un Pais.

ERROR DE LA AUTORIDAD DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (ATTT) PERMTIE EL MANTENIMIENTO DEL COBRO DE 0.10 CENTESIMOS EN LA TERMINAL DE ALBROOK

La Gran Terminal Nacional de Transporte de Albrook indicó que actuó dentro de los parámetros que las leyes y normas establecen en el aumento de 0.05 centésimos en la tasa de uso del sitio a 0.10 centésimos.
Asimismo, la empresa destacó que este viernes 10 de febrero recibió y se notificó de la Resolución AL No. 28 de 9 de febrero de 2012, emitida por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), que ordena la suspensión temporal del cobro de 0.05 centésimos adicional.
Argumentaron que la Gran Terminal tiene 5 días hábiles para presentar un recurso de reconsideración.
"Por lo cual la orden de suspensión no se encuentra en firme y como consecuencia hasta que ello ocurra, se mantendrá la medida de aumento, como estipula la ley".
De la noticia se desprende que la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre cuando emitió la resolución de marras se equivocó al precisar en ella que la empresa tenía 5 días para recurrir, toda vez que conforme al Artículo 163 de la Ley 38 de 2000, las únicas resoluciones recurribles, son las que se promulgan dentro de un procedimiento previamente establecido y al parecer, este no es el caso.

De los medios de comunicación se infiere que la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ordenó la suspensión del aumento del zarpe, como protección urgente al consumidor y no por que se había instaurado un procedimiento o proceso administrativo de aumento de la tarifa; siendo esto así, no debió emitirse una resolución de fondo, sino mas bien un proveído, que es de mero obedecimiento y no admite ningún recurso en contra. Este aspecto se debió decir, dentro de la resolución proferida de mero obedecimiento.

El Artículo 163 de la Ley 38 de 2000, reza como sigue:

Artículo 163. Las resoluciones que decidan el proceso en el fondo y aquéllas de mero trámite que, directa o indirectamente, conllevan la misma decisión o le pongan término al proceso o impidan su continuación, serán susceptibles de ser impugnadas por las personas afectadas por ellas, mediante los recursos instituidos en este Capítulo. Será susceptible del recurso de apelación, la resolución en la que la autoridad de primera instancia niegue la práctica o admisión de pruebas presentadas o propuestas por las partes; recurso que será concedido en efecto devolutivo. Si la autoridad de segunda instancia revocare la resolución y decretare la prueba, el inferior podrá señalar un término probatorio adicional, hasta de diez días para practicarla.
La interposición de un recurso podrá hacerse en el acto de notificación de la decisión o mediante escrito, dentro del término concedido al efecto.

La falta de conocimiento para escoger cual era la resolución que debía emitir la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre sobre este tema, esta haciendo que la empresa siga cobrando a sus anchas, el aumento del zarpe humano, en afrenta del consumidor, ya que la empresa ante la inocencia de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre esta reclamando el cumplimiento de los Artículos 168 y 170 de ley en mención que no debieran aplicarse, para esta medida de suspensión, emita de manera autónoma.

sábado, 11 de febrero de 2012

ERROR DE LA AUTORIDAD DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (ATTT) PERMTIE EL MANTENIMIENTO DEL COBRO DE 0.10 CENTESIMOS EN LA TERMINAL DE ALBROOK
La Gran Terminal Nacional de Transporte de Albrook indicó que actuó dentro de los parámetros que las leyes y normas establecen en el aumento de 0.05 centésimos en la tasa de uso del sitio a 0.10 centésimos.
Asimismo, la empresa destacó que este viernes 10 de febrero recibió y se notificó de la Resolución AL No. 28 de 9 de febrero de 2012, emitida por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), que ordena la suspensión temporal del cobro de 0.05 centésimos adicional.
Argumentaron que la Gran Terminal tiene 5 días hábiles para presentar un recurso de reconsideración.
"Por lo cual la orden de suspensión no se encuentra en firme y como consecuencia hasta que ello ocurra, se mantendrá la medida de aumento, como estipula la ley".
De la noticia se desprende que la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre cuando emitió la resolución de marras se equivocó al precisar en ella que la empresa tenía 5 días para recurrir, toda vez que conforme al Artículo 163 de la Ley 38 de 2000, las únicas resoluciones recurribles, son las que se promulgan dentro de un procedimiento previamente establecido y al parecer, este no es el caso.

De los medios de comunicación se infiere que la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ordenó la suspensión del aumento del zarpe, como protección urgente al consumidor y no por que se había instaurado un procedimiento o proceso administrativo de aumento de la tarifa; siendo esto así, no debió emitirse una resolución de fondo, sino mas bien un proveído, que es de mero obedecimiento y no admite ningún recurso en contra. Este aspecto se debió decir, dentro de la resolución proferida de mero obedecimiento.

El Artículo 163 de la Ley 38 de 2000, reza como sigue:

Artículo 163. Las resoluciones que decidan el proceso en el fondo y aquéllas de mero trámite que, directa o indirectamente, conllevan la misma decisión o le pongan término al proceso o impidan su continuación, serán susceptibles de ser impugnadas por las personas afectadas por ellas, mediante los recursos instituidos en este Capítulo. Será susceptible del recurso de apelación, la resolución en la que la autoridad de primera instancia niegue la práctica o admisión de pruebas presentadas o propuestas por las partes; recurso que será concedido en efecto devolutivo. Si la autoridad de segunda instancia revocare la resolución y decretare la prueba, el inferior podrá señalar un término probatorio adicional, hasta de diez días para practicarla.
La interposición de un recurso podrá hacerse en el acto de notificación de la decisión o mediante escrito, dentro del término concedido al efecto.

La falta de conociendo para escoger cual era la resolución que debía emitir la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre sobre este tema, esta haciendo que la empresa siga cobrando a sus anchas, el aumento del zarpe humano, en afrenta del consumidor, ya que la empresa ante la inocencia de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre esta reclamando el cumplimiento de los Artículos 168 y 170 de ley en mención que no debieran aplicarse, para esta medida de suspensión, emita de manera autónoma.

ERROR DE LA AUTORIDAD DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (ATTT) PERMTIE EL MANTENIMIENTO DEL COBRO DE 0.10 CENTESIMOS EN LA TERMINAL DE ALBROOK

La Gran Terminal Nacional de Transporte de Albrook indicó que actuó dentro de los parámetros que las leyes y normas establecen en el aumento de 0.05 centésimos en la tasa de uso del sitio a 0.10 centésimos.
Asimismo, la empresa destacó que este viernes 10 de febrero recibió y se notificó de la Resolución AL No. 28 de 9 de febrero de 2012, emitida por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), que ordena la suspensión temporal del cobro de 0.05 centésimos adicional.
Argumentaron que la Gran Terminal tiene 5 días hábiles para presentar un recurso de reconsideración.
"Por lo cual la orden de suspensión no se encuentra en firme y como consecuencia hasta que ello ocurra, se mantendrá la medida de aumento, como estipula la ley".
De la noticia se desprende que la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre cuando emitió la resolución de marras se equivocó al precisar en ella que la empresa tenía 5 días para recurrir, toda vez que conforme al Artículo 163 de la Ley 38 de 2000, las únicas resoluciones recurribles, son las que se promulgan dentro de un procedimiento previamente establecido y al parecer, este no es el caso.
De los medios de comunicación se infiere que la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ordenó la suspensión del aumento del zarpe, como protección urgente al consumidor y no por que se había instaurado un procedimiento o proceso administrativo de aumento de la tarifa; siendo esto así, no debió emitirse una resolución de fondo, sino mas bien un proveído, que es de mero obedecimiento y no admite ningún recurso en contra. Este aspecto se debió decir, dentro de la resolución proferida de mero obedecimiento.

El Artículo 163 de la Ley 38 de 2000, reza como sigue:

Artículo 163. Las resoluciones que decidan el proceso en el fondo y aquéllas de mero trámite que, directa o indirectamente, conllevan la misma decisión o le pongan término al proceso o impidan su continuación, serán susceptibles de ser impugnadas por las personas afectadas por ellas, mediante los recursos instituidos en este Capítulo. Será susceptible del recurso de apelación, la resolución en la que la autoridad de primera instancia niegue la práctica o admisión de pruebas presentadas o propuestas por las partes; recurso que será concedido en efecto devolutivo. Si la autoridad de segunda instancia revocare la resolución y decretare la prueba, el inferior podrá señalar un término probatorio adicional, hasta de diez días para practicarla.
La interposición de un recurso podrá hacerse en el acto de notificación de la decisión o mediante escrito, dentro del término concedido al efecto.

La falta de conociendo para escoger cual era la resolución que debía emitir la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre sobre este tema, esta haciendo que la empresa siga cobrando a sus anchas, el aumento del zarpe humano, en afrenta del consumidor, ya que la empresa ante la inocencia de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre esta reclamando el cumplimiento de los Artículos 168 y 170 de ley en mención que no debieran aplicarse, para esta medida de suspensión, emita de manera autónoma.

ERROR DE LA AUTORIDAD DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (ATTT) PERMTIE EL MANTENIMIENTO DEL COBRO DE 0.10 CENTESIMOS EN LA TERMINAL DE ALBROOK

La Gran Terminal Nacional de Transporte de Albrook indicó que actuó dentro de los parámetros que las leyes y normas establecen en el aumento de 0.05 centésimos en la tasa de uso del sitio a 0.10 centésimos.
Asimismo, la empresa destacó que este viernes 10 de febrero recibió y se notificó de la Resolución AL No. 28 de 9 de febrero de 2012, emitida por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), que ordena la suspensión temporal del cobro de 0.05 centésimos adicional.
Argumentaron que la Gran Terminal tiene 5 días hábiles para presentar un recurso de reconsideración.
"Por lo cual la orden de suspensión no se encuentra en firme y como consecuencia hasta que ello ocurra, se mantendrá la medida de aumento, como estipula la ley".
De la noticia se desprende que la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre cuando emitió la resolución de marras se equivocó al precisar en ella que la empresa tenía 5 días para recurrir, toda vez que conforme al Artículo 163 de la Ley 38 de 2000, las únicas resoluciones recurribles, son las que se promulgan dentro de un procedimiento previamente establecido y al parecer, este no es el caso.
De los medios de comunicación se infiere que la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ordenó la suspensión del aumento del zarpe, como protección urgente al consumidor y no por que se había instaurado un procedimiento o proceso administrativo de aumento de la tarifa; siendo esto así, no debió emitirse una resolución de fondo, sino mas bien un proveído, que es de mero obedecimiento y no admite ningún recurso en contra. Este aspecto se debió decir, dentro de la resolución proferida de mero obedecimiento.
El Artículo 163 de la Ley 38 de 2000, reza como sigue:
Artículo 163. Las resoluciones que decidan el proceso en el fondo y aquéllas de mero trámite que, directa o indirectamente, conllevan la misma decisión o le pongan término al proceso o impidan su continuación, serán susceptibles de ser impugnadas por las personas afectadas por ellas, mediante los recursos instituidos en este Capítulo.
Será susceptible del recurso de apelación, la resolución en la que la autoridad de primera instancia niegue la práctica o admisión de pruebas presentadas o propuestas por las partes; recurso que será concedido en efecto devolutivo. Si la autoridad de segunda instancia revocare la resolución y decretare la prueba, el inferior podrá señalar un término probatorio adicional, hasta de diez días para practicarla.
La interposición de un recurso podrá hacerse en el acto de notificación de la decisión o mediante escrito, dentro del término concedido al efecto. (Las subrayas son nuestras)
La falta de conociendo para escoger cual era la resolución que debía emitir la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre sobre este tema, esta haciendo que la empresa siga cobrando a sus anchas, el aumento del zarpe humano, en afrenta del consumidor, ya que la empresa ante la inocencia de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre esta reclamando el cumplimiento de los Artículos 168 y 170 de ley en mención que no debieran aplicarse, para esta medida de suspensión, emita de manera autónoma.

viernes, 10 de febrero de 2012

LA CANCELACION DE LAS CONCESIONES MINERAS OTORGADAS ES UN ERROR JURÍDICO, PERO UN ÉXITO POLITICO

Los medios impresos de Panamá anuncian que el gobierno prometió aprobar el artículo N°5 con la redacción expresa de cancelar las concesiones otorgadas y vigentes a empresas nacionales y extranjeras para la exploración y explotación minera dentro de la comarca Ngäbe-Buglé.

Dentro de los compromisos asumidos por el Estado y aceptados preliminarmente por los indígenas está también la eliminación de la Ley N°41 de 1975, que creó la estatal Corporación de Desarrollo Minero (CODEMIN).

Anotan los medios, que dentro de la comarca están “en papel” las concesiones de exploración minera en Cerro Colorado y Cerro Pelado, ambas con 86 mil hectáreas otorgadas.

Aunque se lea bonito la decisión gubernamental, la misma podría objetarse por inconstitucional, ya que esto lesiona la seguridad jurídica y el principio de legalidad que gravita en Panamá, a rango Supremo.

La Sala Tercera de la Corte, dijo en sentencia de 30 de abril de 2009 que: “El Estado por conducto de sus autoridades tiene sobre si la insoslayable obligación de no desarrollar actuaciones que puedan abrir paso al surgimiento de situaciones que debiliten la vigencia del principio de legalidad y afecten la estabilidad, certeza y previsibilidad del ordenamiento jurídico.”

Huelga decir, que el Estado podría someterse en un futuro, a una serie de demandas económicas, por esta razón. Sugiero ir recabando dinero para frontarlas.



Lo que el Estado, si puede hacer, juzgo yo, antes de emitir una ley sobre esto, es revisar las concesiones otorgadas y, de ser procedente, rescatar todas aquellas concesiones que no estén cumpliendo con los requerimientos exigidos por la reglamentación y/o el contrato, o que pueda preverse que será imposible su cumplimiento. Esto a través de un procedimiento administrativo, basado en la ley y honrando el debido proceso.



La impresión que pudiéramos estar dando en el extranjero, es peligrosa, con esta medida, máxime que somos un país con grado de inversión.




¿Hoy son los indígenas, mañana quienes serán los que presionarán, al gobierno de Panamá?



Saludos



Dr. Ernesto Cedeño Alvarado



Doctor en Derecho

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Tel 6676-0909

martes, 7 de febrero de 2012

Acuerdo de San Lorenzo 1

Preocupaciones jurídicas de San Lorenzo 1: 1. El gobierno no puede ordenar la liberación de todos los detenidos si están a ordenes del Ministerio Publico que es un ente independiente. Solo podrá hacerlo en los casos en donde el Ministerio Publico no haya iniciado de oficio la investigación. 2. Para que haya indemnización a los familiares del fallecido debe hacerse por uña ley o con fallo tribunalicio. Lo que puede dar el gobierno es una compensación. La indemnización lleva consigo la obligación de pagar daños y perjuicios. 3. El gobierno no tiene potestad legal para retirar los expedientes que están de oficio bajo la investigación del Ministerio Publico. Lo que el gobierno pudiera hacer es mandarle una carta al Ministerio Publico en donde diga que en base al acuerdo celebrado no se siente perjudicado por las acciones cometidas por los indígenas desde el punto de vista económico. Y le diga a los indigenas que se obliga a indultar luego de emitidas las sentencias en firme a los indígenas. Los delitos comunes pueden ser sujeto de los indultos presidenciales si se cometen por fines ideológicos como en el caso de los indígenas en protesta publica. 4. El articulo 50 de la Constitucion dice que los intereses particulares deben ceder en favor de los colectivos. No se puede obviar esta norma al momento de legislar las hidroeléctricas.

domingo, 5 de febrero de 2012

Carta al Ministro José Raúl Mulino

Señor Ministro José Raúl Mulino, con mucho respeto le exteriorizo, que estoy sorprendido por las declaraciones que usted le ha dado a los medios de comunicación el día domingo 5 de los corrientes cuando dijo: “que la comunicación telefónica vía celular, seguirá suspendida por seguridad.” A mi juicio no hay basamento legal suficiente para decretar tal medida y por lo tanto, sería saludable que le informara al PAIS, en que norma jurídica se ha basado para la ejecución de tal decisión; toda vez, que los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley dispone. (Principio de Estricta Legalidad, recogido en los Artículos 17 y 18 de la Constitución Política patria.
Por su parte la Convención Americana de los Derechos Humanos, que está en rango constitucional en Panamá, por aquello del Bloque de la Constitucionalidad, reza:

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión:

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

Por lo antes expuesto, concluyo que no se adecua a la Constitución, el haber decretado la suspensión de las comunicaciones en un sector del País, y me preocupa a su vez, el precedente delicado, que sienta para la democracia de Panamá, en torno al ejercicio de nuestras libertades en el presente y futuro inmediato

Mensaje al Ministro Mulino

Señor Ministro Raul Mulino, con mucho respeto le exteriorizo, que estoy sorprendido por las declaraciones que usted le ha dado a los medios de comunicación el día domingo 5 de los corrientes cuando dijo: “que la comunicación telefónica vía celular, seguirá suspendida por seguridad.” A mi juicio no hay basamento legal suficiente para decretar tal medida y por lo tanto, sería saludable que le informara al PAIS, en que norma jurídica se ha basado para la ejecución de tal decisión; toda vez, que los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley dispone. (Principio de Estricta Legalidad, recogido en los Artículos 17 y 18 de la Constitución Política patria.
Por su parte la Convención Americana de los Derechos Humanos, que está en rango constitucional en Panamá, por aquello del Bloque de la Constitucionalidad, reza:

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión:

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

Por lo antes expuesto, concluyo que no se adecua a la Constitución, el haber decretado la suspensión de las comunicaciones en un sector del País, y me preocupa a su vez, el precedente delicado, que sienta para la democracia de Panamá, en torno al ejercicio de nuestras libertades en el presente y futuro inmediato.

sábado, 4 de febrero de 2012

CONFLICTO INDÍGENA

Aunque quisiera que por la vía del dialogo maduro, se eliminaran las protestas y los desacuerdos con la minoría indígena en Panamá, no es menos cierto que las conductas radicales de los manifestantes, expectantes de un acuerdo, afectan derechos de terceros y de la mayoría de los panameños, y esto es objetable. Debe quedar claro que la minoría debe ceder ante los intereses de la mayoría, conforme reza en el Artículo 50 de la Carta Magna panameña.
A su vez, planteo que el Ministerio Público debe iniciar de oficio ya, se lo ordena la ley, una investigación por presuntas conductas que lesionan el orden jurídico interno y están tipificadas en nuestro ordenamiento legal, como por ejemplo; la presunta retención indebida de personas. (Art. 149 del código penal)
De igual forma, si son ciertas las afirmaciones gubernamentales que reflejan que los originarios desean que se eliminen las concesiones hidroeléctricas dadas mediante concesiones válidas, éstas no pueden salir rápidamente de la esfera jurídica, al prudente arbitrio de los gobernantes de turno, ya que se violaría el principio sagrado de la seguridad jurídica a rango constitucional (dentro de la legalidad).
La Sala Tercera de la Corte, dijo en sentencia de 30 de abril de 2009 que: “El Estado por conducto de sus autoridades tiene sobre si la insoslayable obligación de no desarrollar actuaciones que puedan abrir paso al surgimiento de situaciones que debiliten la vigencia del principio de legalidad y afecten la estabilidad, certeza y previsibilidad del ordenamiento jurídico.”

viernes, 3 de febrero de 2012

Contratos con Finmeccanica

Ha trascendido a la opinión pública que la Procuraduría de la Nación pedirá un sobreseimiento definitivo objetivo e impersonal en el caso del expediente por la compra de los radares y otro equipo de seguridad a la empresa italiana Finmeccanica.
El Ministerio Público le debiera decir al País, si del análisis de los contratos los mismos se han hecho con perfección y no dan cabida para que en el futuro, graviten a conductas delictivas u anómalas. A mi juicio los contratos han salido a la vida jurídica con imperfecciones.


CONTRATO DE HELICÓPTEROS SUSCRITO ENTRE EL ESTADO (MINISTERIO DE SEGURIDAD) Y LA EMPRESA AGUSTA S.P.A.


1. Permite el pago de anticipo por más de 11 millones de euros que debe dar el Estado, precisamente por que un aspecto del objeto del contrato es buscar el financiamiento.
2. El contrato incluye la capacitación de pilotos y técnicos pero no aparece ninguna cláusula que hable al respecto, sólo la primera que hace referencia a las especificaciones técnicas presentadas en la propuesta que no se ha subido a la Web. Si en la propuesta se define con claridad meridiana, el aparte de la capacitación y sus generalidades, estaría saldado el problema. En la mayoría de los contratos se consignan en las cláusulas contractuales.
3. Del encabezado del contrato se intuye que al parecer no consta inscrita la empresa en el Registro Público de Panamá como debió estarlo, antes de la firma del contrato, tal cual lo ordena el Decreto Ejecutivo No. 366 en su Artículo 26.
4. La cláusula tercera in fine, pareciera permitir el aumento de los costos en contra del Estado, aún por causas imputables al contratista y podría ser esto, un grave error.
5. El término “otros gastos de importación” que deberá cubrir el Estado como pago adicional, en la cláusula cuarta y vigésima cuarta, es muy amplio y podría entrar en él, otros rubros fuera del estricto pago de un impuesto de introducción a que se obliga el Estado.
6. En la cláusula octava no se sabe en que consistirá el “apoyo para la obtención de visas para extranjeros” que se está obligando el Estado.
7. En la cláusula décima cuarta, con aquello de la Licencia de Exportación, pareciera restringir, la libre disposición de los bienes comprados y pagados por el Estado panameño, cuenta habida, que para ello requeriría, de la autorización expresa del gobierno italiano.


CONTRATO DA-043-2010 SUSCRITO ENTRE EL ESTADO Y LA EMPRESA SELEX SISTEMI INTEGRATI S.P.A., PARA UN SISTEMA DE VIGILANCIA COSTERA PARA EL SERVICIO AERONAVAL.
Ponderar Modificar:

1. La cláusula tercera permite cargarle al Estado costos adicionales por la traída del equipo. Esto no es adecuado.
2. La cláusula cuarta permite hacerle ajustes al monto total del contrato, por se esto, peligroso.
3. 4. El pago anticipado por adelantado, no se justifica plenamente en el contrato, ya que en la modalidad “llave en mano”, en Panamá, el pago total, se acostumbra hacerlo al final de todo contrato. Cuando uno firma contrato llave en mano, como el contratista busca su propio financiamiento, suele alzarle los costos al proyecto de manera justa, por esa razón; empero, si lo beneficiamos con un adelanto en el pago, se pierde la esencia de esta aparte, por un lado y por el otro, el costo alzado pudo haberse considerado en la propuesta presentada.
5. El punto 2 del la cláusula cuarta es tan confusa, que permite suponer que el Estado podrá pagar adicionalmente, por las comisiones y demás gastos por las cesiones de cuentas de pago parcial. Recomiendo ajustar esta cláusula.
6. En la cláusula sexta no hay fianza especial por las obras civiles, esta fianza garantizaría luego de aceptada la obra, tres años por defecto de construcción y de reconstrucción, lo hecho, conforme al Reglamente de Fianza de la Contraloría con el Decreto No. 317-Leg de 2006. La fianza para obras civiles, debió ser por el orden del 50% del monto de la obra civil o menos, dependiendo del valor de la obra civil. Solo se esta garantizando todo el contrato por 10% como si no existiese una obra.
7. En la cláusula décima segunda, la garantía a la que se obliga el contratista no esta cubierta por la fianza. El Estado, no queda cubierto por la redacción de esa cláusula en este rubro.
8. Del encabezado del contrato y de la cláusula vigésima primera se infiere que la contratista no se ha inscrito en el Registro Público de Panamá, como lo exige el artículo 26 del Decreto Ejecutivo No. 366.
9. En la cláusula vigésima cuarta se posibilita que el Estado pague no solo por los tributos si no por otros gastos que se deriven de la importación de los bienes vinculaos a la ejecución del contrato; término amplio en exceso que podría hacer viable hasta el pago por servicios profesionales entre otros puntos.