domingo, 29 de abril de 2012

TOPES PARA EL FINANCIEMTO PRIVADO, EN UNA CAMPAÑA ELECTORAL

Para el fortalecimiento de la democracia, el Estado debe encontrarse facultado para imponer un límite al financiamiento que está permitido invertir en el marco de una campaña electoral, un candidato a cargo de elección popular. Esto garantizaría que en los espacios políticos exista una verdadera y efectiva contienda electoral, permitiendo que candidatos de distintas organizaciones políticas e independientes, accedan a los cargos públicos de elección popular en condiciones de equidad. Se evita de esta manera, que los partidos que cuentan con fondos económicos, restrinjan las posibilidades de acceso al poder de los partidos pequeños o de las nuevas fuerzas políticas, y evita que los candidatos, tengan que salir en búsqueda de excesivas sumas de dinero convirtiéndose en blancos fáciles de los dineros ilícitos y de la corrupción. En Colombia, el incumplimiento de los topes máximos de gastos de campañas, es sancionado con pérdida de la investidura o el cargo, exclusión del financiamiento por vía de reposición de votos, y multas. La Ley 130 de 1994, dispone que “…ningún candidato a cargo de elección popular podrá invertir en la respectiva campaña suma que sobrepase la que fije el Consejo Nacional Electoral, bien sea de su propio peculio, del de su familia o de contribuciones de particulares”. En Argentina con la Ley 26.215 de 2007, los partidos políticos o alianzas con motivo de la campaña electoral, no podrán recibir un total de recursos privados que supere el monto equivalente a la diferencia entre el tope máximo de gastos de campaña fijado por la ley y el monto del aporte extraordinario para campaña electoral correspondiente al partido o alianza. El presidente y tesorero del partido y los responsables políticos y económico financiero de campaña serán pasibles de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años, para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos nacionales, y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios, cuando: a) autoricen o consientan la utilización de cuentas distintas de las establecidas en esta ley para el financiamiento de la actividad del partido político o de la campaña electoral. b) no puedan acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos. En Panamá no existe el tope para el financiamiento privado. El proyecto de Ley 292, de reformas electorales, pretendía hacerlo, aunque de manera ineficiente e imperfecta. El artículo 190-D, decía que cada nómina presidencial, podría gastar en la campaña electoral, de fuentes privadas, una suma no mayor de 30% del monto del financiamiento público total, establecido por el Tribunal Electoral. Para los otros cargos de elección, también se regulaba el tope. Lo risible de la reforma era la sanción que precisaba para los que violaban los topes. El artículo 190 J del proyecto de ley en cita, multaba al candidato o al partido, según corresponda. Leamos. Artículo 190 J. “La violación a los topes de donación y gastos de campaña, constituye falta electoral y será sancionada con multa impuesta al candidato o al partido, según corresponda, equivalente al doble del monto excedido e inhabilitación para el ejercicio de cargo público, para cargo directivo dentro de los partidos políticos, y para ser postulado a cualquier cargo en la siguiente elección. El candidato principal y suplente responderá solidariamente, por la multa impuesta, salvo que demuestre la responsabilidad de uno de los dos.” Era absurda la redacción, por lo siguiente: 1. Blinda al candidato, ya que podrá decir que la violación la hizo el jefe de campaña y podrá acceder al cargo público sin problema. (En Panamá, ya hay antecedentes de este hecho). 2. Los encargados económico financieros de la campaña del candidato, no son penalizados por esta norma, de manera irresponsable. Solo se habla del candidato y del partido, que es una persona jurídica a la que no se le podrá impedir que participe en los comicios electorales, por virtud de la Constitución. 3. Los representantes de los partidos y los encargados económico financieros del candidato, sin problema alguno, podrían ocupar cargos públicos y hasta celebrar contratos con el Estado, producto de la victoria en los comicios del candidato. 4. Si un partido queda en el proceso investigativo como responsable, lo más que se podría sancionar al candidato, es a una multa, cuya pago representaría, un chiste cruel. Definitivamente, aunque se veía la mano de la partidocracia, en la redacción inocua de la sanción prevista; más grave aún, es que se haya eliminado, en el primer debate, la figura del tope financiero en comentario, quedando los comicios electorales futuros, en manos de los privilegiados económicos del país, si no se ajusta el tema, en los próximos debates. ¡Que débil sigue quedando la democracia panameña.¡

viernes, 27 de abril de 2012

NUEVA IMPOSICIÓN QUE PAGARÁ EL PUEBLO. “EL SOTERRAMIENTO DE CABLES”

Mediante la Ley 15 de 26 de abril de 2012, publicada en la gaceta oficial No. 27024-B de 27 de abril de 2012, el pueblo se obliga a partir del 28 de abril del año en curso, una tasa de 0.5% aplicable en la facturación mensual de los servicios de telecomunicación básica local, nacional, internacional, de comunicaciones personales, telefonía móvil celular, de transporte de telecomunicaciones, y de televisión pagada; pero sólo a los clientes, para cubrir los costos de soterramiento del cableado e infraestructura de los servicios de telecomunicaciones y de televisión pagada. • La tasa será a perpetuidad. • Se formará un fondo para cubrir los costos y la ejecución del soterramiento integrado por la tasa pagada por el pueblo. Las empresas concesionarias remitirán mensualmente los fondos de dicha tasa a una subcuenta. • Las empresas concesionarias de los servicios mencionados conformarán una sociedad anónima, cuyo objetivo será la constitución de un fideicomiso para el soterramiento. • Las empresas de distribución eléctrica de la zona a soterrar, serán la unidad gestora dentro del área de su concesión; de la tramitación de las ofertas y pliego de cargos y por la conducción de los actos públicos. • El plan de soterramiento se desarrollara a nivel nacional. • Las contrataciones que realicen las empresas de distribución eléctrica, para el proyecto de soterramiento del cableado, se regirá por el derecho privado, por lo que no se aplicará la licitación pública. Criticas: • Se estable una fórmula para que el soterramiento se haga de a dedo. Esto podría favorecer a empresas amigas, de la contratante. • No incluye un plan de arborización al momento del reemplazo de los postes. • No se fija un monto exacto en la norma, que deberán pagar los concesionarios que utilicen la infraestructura diseñada para el plan del soterramiento. • Se impone una carga a la clase popular y a la media, adicional al pago de los tributos, que están pagando en un País, en donde gravita, un alto costo de la vida. • Se establece una tasa a perpetuidad, mientras que el soterramiento tiene un término para su conclusión. • La ley no define, los beneficios que tendrán, los que tributarán por la tasa impuesta, ni por el soterrado proyectado

jueves, 26 de abril de 2012

COMENTARIOS AL INFORME DE LA COMISIÓN REPRESENTAITVA DE LAS BANCADAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN TORNO AL PROYECTO DE REFORMAS ELECTORALES.

Con fecha del 25 de abril los representantes de los partidos políticos, rindieron a la presidencia de la Asamblea Nacional un informe sobre el análisis del segundo bloque del paquete de reformas electorales. Acto seguido esbozo mis comentarios, sobre los temas más relevantes, a mi juicio, DE LOS ARTÍCULOS NUEVOS, NO INCLUIDOS EN EL PROYECTO DE LEY INICIAL. 1. Se está determinando que los ciudadanos se inscriban en los partidos políticos por una sola vez anualmente. Esto atenta contra la libertad de elegir y el libre albedrío del ciudadano. No tiene precedentes en la historia 2. Se establece que los partidos y candidatos registren sus contribuciones privadas, no obstante, su manejo será de acceso confidencial del Tribunal Electoral. Esto debilita el Artículo 7 de la Convención Contra La Corrupción, que ordena a hacer transparente el financiamiento. (Ley 15 de 2005) 3. Los partidos políticos reconocen a sus miembros el derecho a ser postulados hasta para tres cargos de elección popular. Esto fortalece el caudillismo. 4. Se autoriza a las autoridades de los partidos políticos, para no realizar primarias en algunas circunscripciones. Esto debilita la transparencia y fortalece la designación de a dedo. 5. Los candidatos a cargos de presidente y vicepresidente que hayan perdido en sus primarias, en un partido, podrían correr, luego por otro partido. Esto es avalar un anti-valor. 6. Se pretende que los representantes de partidos políticos, tengan dos días libres remunerados, al día siguiente de las elecciones o del día en que hubiesen cumplido con sus funciones. Esto debe asumirlo, los partidos, de su subsidio electoral o de otra forma, no el Estado ni la empresa privada. Fuera de lugar la idea.

La segunda vuelta electoral, debe ser materia constitucional

Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado www.ernestocedeno.com @ernestocedeno La segunda vuelta electoral debe ser un caso cerrado, ya que el PLENO de la Corte Suprema de Justicia ya dijo otrora, que conforme a la Constitución, para acceder a la Presidencia del Páis, se requiere de la mayoría simple de los votos. En sentencia de la Corte de 18 de abril de 1994 este ente dijo entorno a la posibilidad de exigir mayoría absoluta de los votos para obtener la Presidencia del País, que: "del examen objetivo de las normativas contenidas en los aludidos instrumentos legales, se colige, que el hecho de que tradicionalmente el legislador haya adoptado en la ley electoral "uno de los dos métodos conocidos para elegir al Presidente de la Republica, el de "mayoría simple" y no el de "mayoría absoluta", ni contradice ni riñe con la Constitución Nacional; pues lo cierto es que en Panamá, en materia tan importante para el establecimiento de la democracia, el Presidente se elige constitucionalmente por votación directa y por simple mayoría. En conclusión, a juicio del Pleno de la Corte Suprema, en este caso existe una costumbre constitucional de carácter interpretativo, en virtud de la cual el texto del artículo 172 (hoy 177) de la Constitución ha sido interpretado en el sentido anotado en esta sentencia. En efecto, por varias décadas los diversos órganos del Estado han entendido que obran conforme a la Constitución al reconocer y aceptar que el ciudadano que obtenga la mayoría simple de votos en una elección popular para ocupar el cargo de Presidente de la Republica se desempeñe en ese cargo y que actúa legítimamente en el mismo. La norma legal impugnada en este proceso constitucional es conforme, pues, con esta costumbre constitucional que se integra al bloque de constitucionalidad. De donde resulta, que la Corte, en este proceso de inconstitucionalidad, como guardiana de la integridad de la Constitución Nacional, no encuentra ninguna razón constitucional válida para acceder a la declaración solicitada por el demandante, sobre todo en las actuales circunstancias en que el país se encuentra abocado a un proceso electoral, y cualquier cambio en el sistema electoral para elegir al Presidente de la Republica, lo único que traería para la Nación en su organización política es el desconcierto y la inseguridad jurídica." Aclaro yo, que del mencionado fallo transcrito, se intuye con claridad meridiana, que para incluir lo de la segunda vuelta electoral en Panamá, se requeire de un cambio constitucional y no uno legislativo, ya que la Constitución dice que se accede a la Presidencia, por la mayoría simple de votos.

miércoles, 25 de abril de 2012

LAS ENTIDADES NO PUEDEN ANULAR SUS PROPIOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE OFICIO

A raíz de los escándalos de la empresa finmeccanica, ha salido en los medios de comunicación que el ministro de seguridad ha dicho que el Estado podría estudiar la posibilidad de rescindir los contratos celebrados, si el gobierno italiano no aclara la situación. No obstante, vale la pena destacar que el Estado no puede anular los contratos públicos por si mismo, conforme lo ha dicho ya la Corte en el pasado. La Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera, expresó sobre el tema lo que sigue: “Debe pues, la Administración recurrir a la vía jurisdiccional ordinaria, a fin de anular sus propios actos que confieren esos derechos. Jaime Vidal Perdomo al respecto nos ilustra cuando sostiene que “el respeto a las situaciones jurídicas creadas o definidas por los actos administrativos puede ser tal que se hagan irrevocables aunque sean ilegales. En el derecho Español se denomina recurso de lesividad el que puede interponer la Administración ante los jueces contra sus propios actos que declaran derechos ante la imposibilidad que encuentra de revocarlos directamente… en algunos casos esos derechos son asimilables al derecho de propiedad y es dable exigir, para ser privado de ellos, ley que los declare de utilidad pública e indemnización; pero estos derechos pueden haberse adquirido de forma ilegal, por lo que se menciona que para que el acto sea irrevocable el beneficiario debe ser de buena fe” (Sentencia de 27 de abril de 2010) En este caso, el demandado era la A.T.T.T. que había eliminado per se, un certificado de operación a un administrado, la Alta Corporación de Justicia determinó, que la emisión del Certificado de Operación, genera derechos subjetivos, los cuales no pueden ser desconocidos de forma arbitraria ni unilateral. La Corte declaró nula por ilegal, la actuación de la A.T.T.T. que consistió en anular su propio acto emitido y sentencio nítidamente que “Debe, pues, la Administración recurrir a la vía jurisdiccional ordinaria, a fin de anular sus propios actos que confieren derechos.” Si es Estado anula los contratos por su cuenta, sin haberlos demandado ante la Corte, como corresponde, podría enfrentar un proceso en su contra, que conlleve finalmente, el hacer el mismo pago concertado, más una condena por daños y perjuicios. ¡ Las cosas hay que hacerlas bien ¡

martes, 24 de abril de 2012

LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON FINMECCANICA DEBEN SER ANULADOS JUDICIALMENTE.

El administrador delegado de Finmeccanica, Giuseppe Orsi, fue acusado por el mismo tribunal de Nápoles que investiga a Lavitola- de corrupción internacional en un caso de venta de 12 helicópteros a India, informó este martes la prensa italiana. Si esto es cierto, Panamá no debe mantener vigente con ese grupo hoy, los contratos, celebrados toda vez que podría estar violando el Artículo 266 constitucional, que ordena a buscar en toda la licitación, el mayor beneficio para el Estado. Constitución Nacional ARTÍCULO 266. ----- La ley establecerá las medidas que aseguren en toda licitación el mayor beneficio para el Estado y plena justicia en la adjudicación. La Corte Suprema definió lo que se debe considerar como “mayor beneficio para el Estado” y asevera que el contratar con empresas sin credenciales de seriedad, rompe con ese principio. “El mayor beneficio para el Estado debe ser apreciado no sólo desde la perspectiva del más bajo costo posible sino también de la mejor calidad en cuanto a la obra, bien o servicio de que se trate. Igualmente, ese mayor beneficio que el Constituyente quiere que se alcance a través del trámite de selección de contratista, del cual, se repite, la licitación es sólo una de sus modalidades, debe permitir la escogencia objetiva de la mejor oferta, hecha por proponentes calificados con credenciales de seriedad y cumplimiento para asegurar las condiciones más beneficiosas al interés general.” (Las subrayas son mías) (Resolución del 27 de abril de 2009. Entrada No. 172-08, Sala Tercera) El hecho de que una empresa esté sumida en denuncias, en diversos países, le resta seriedad a su credencial de oferente, idónea para participar, al menos en este país, en una contratación pública. La vía jurídica para anular los contratos, es la judicial, mediante la interposición de una demanda contenciosa administrativa de nulidad o de anulación de contrato, conforme lo permite el artículo 97 del código judicial, relacionado con el artículo 141, numeral 3 de la Ley 22 de 2006. Con la interposición de la demanda, se podría pedir la suspensión de los contratos, ipso facto, alegando los daños que sufriría el Estado, si se pagaran los adelantos concebidos.

lunes, 23 de abril de 2012

HABLANDO DE REFORMAS ELECTORALES

Los medios de comunicación en Panamá, recogen la noticia de que el pleno de la Asamblea Nacional, entrará en la discusión de las reformas al código electoral.

Temas que podrían ser inconstitucionales en el paquete de reformas.

1. La re-elección presidencial.
2. La paridad.
3. La segunda vuelta electoral.
4. La selección del voto por lista del partido, en los circuitos plurinominales.

Temas que deberán ser ponderados con urgencia.

1. Lo tocante a la sección del financiamiento privado que tenía el proyecto de reforma, que ponía un tope al financiamiento privado y permitía la fiscalización ciudadana a los fondos dados.
2. La prohibición de la campaña sucia, entendiendo por ella la que ofenda la dignidad humana, incurra en el uso de diatribas, irrespeto, calumnia, injuria o promueva la violencia o atente contra la Constitución Política y las leyes.
3. La consagración de la filosofía de cada votante un voto.
4. El asunto de los firmantes o adherentes, según el caso, para las candidaturas de libre postulación para Presidente y Vicepresidente de la República, Diputados, Alcaldes y representantes de Corregimientos.
5. La eliminación o no del porcentaje del 4% de los votos emitidos para sobrevivir un partido político, en vez del 2% propuesto inicialmente.

sábado, 21 de abril de 2012

PACTO NACIONAL SOBRE EL DERECHO A LA INFORMACIÓN

Acontecimientos de la vida diaria, en donde, ciudadanos demandan por que se sienten afectados, por las comunicaciones inexactas, que vierten algunos periodistas; comunicadores objetan los procesos penales que le siguen en su contra y funcionarios arremeten debido a las preguntas que se le hacen, presuntamente, en torno a la vida privada; me hace concluir, que urge llegar a un acuerdo nacional, en torno a la promulgación de una ley, que permita el trabajo y la convivencia pacífica, de su miembros en Panamá.

La ley deberá incluir lo siguiente.



En beneficio del periodista



Adecuar la legislación vigente, para que diga que para iniciar un proceso hacia un periodista, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.

Fundamento legal: DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2000, en el 108 período ordinario.



En beneficio del ciudadano



Modificar la Ley 22 de 29 de junio de 2005, sobre el derecho a replica, que diga que la réplica, rectificación o respuesta deberá tener el mismo espacio y prominencia que la noticia o referencia que lo agravia, y podrá ser razonablemente mayor conforme a las circunstancias especiales de cada caso, según la disponibilidad del medio. Que el dueño del medio de comunicación que sirvió para difundir la información o referencia cuestionada, será responsable subsidiario del comunicador social, por todos los perjuicios que ocasionen a los afectados, en caso de que se incumpla con la publicación de la rectificación, en el tiempo establecido Y que igual responsabilidad tendrá el propietario del medio de comunicación social, por las afectaciones infligidas en los espacios pagados por terceros, en el evento de que los conductores de los programas transmitidos, incumplan con la obligación de publicar la replica, rectificación o respuesta, presentada en tiempo oportuno, con copia al dueño del medio.



Fundamento legal: Artículo 14 de la Convención Interamericana sobre los derechos humanos, sobre el Derecho de Rectificación o Respuesta, que reza que toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.





En beneficio del funcionario



Ajustar la ley para que lo blinde de la ingerencia arbitraria en su vida privada y la de su familia

Fundamento legal: Artículo 11 de la Convención Interamericana sobre los derechos humanos, sobre la Protección de la Honra y de la Dignidad que reza que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación y que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Comentarios positivos y negativos sobre el ANTE- PROYECTO DE LEY DE LA AUTORIDAD DEL AGUA

El Ante- proyecto de ley, de 163 artículos, pretende reestructurar el marco legal e institucional del sector de agua potable y saneamiento de la República de Panamá.



ASPECTOS POSITIVOS



1. Se crea la Autoridad con fondos separados del gobierno central y derecho de administrarlo.

2. Se dota a la autoridad, facultad para proteger los recursos hídricos.

3. Se crea una unidad rural de agua potable y saneamiento, para las comunidades rurales.

4. Se crea un fiscalizador general, responsable por la realización y supervisión de auditorias e investigaciones, relacionadas con la operación de la autoridad.

5. El presupuesto de la Autoridad, no formará parte del presupuesto general del Estado.

6. La Asamblea Nacional no tiene facultad para modificar el presupuesto de la Autoridad, sólo puede aprobarlo o rechazarlo.

7. Los fondos de la Autoridad podrán ser colocados a corto plazo, en instrumentos de inversión.

8. El gobierno no podrá comprometer los ingresos brutos percibidos por la Autoridad.

9. Las entidades públicas, deberán pagar, la tarifa que les corresponda.

10. Se establecen derechos, para los usuarios del servicio.

11. Se permite recurrir a los usuarios ante la ASEP, cuando los niveles de servicio, sean inferiores a los establecidos.



ASPECTOS NEGATIVOS


1. No se detalla en que consisten las inversiones que tendrá la Autoridad, por el orden de los 800 millones, que se enuncia, en el considerando del ante-proyecto y como se van a obtener los ingresos.
2. La junta directiva de la de la Autoridad no la integran, ciudadanos de la sociedad civil, como fiscalizadores de la cosa pública.
3. La exigencia, del tiempo, para la renuncia del cargo, para los directores de la Autoridad, que desean optar a puestos de elección popular, NO coincide con lo que estipula el código electoral, para todas las demás personas.

4. El Ejecutivo tiene facultad plena de remover a los directores de la Autoridad, por comprobada incapacidad administrativa; esto es muy subjetivo.
5. No consta, como requisito para los administradores de la Autoridad, el que se tenga un título universitario de ingeniería o de alguna carrera a fin, al servicio que va a prestar.
6. El fiscalizador general de la Autoridad, sin ser abogado o CPA podrá, revisar las normas legales y hasta llevar a cabo auditorías.

7. No existe la estabilidad funcional, para el cargo de fiscalizador general.
8. No se incluye el principio de licitación pública, en las contrataciones de la Autoridad. Esto pudiera ser poco transparente.
9. La Autoridad no es responsable, ante terceros, como los demás entes públicos en el País, por las acciones abusivas de sus funcionarios.
10. No se incluye la función fiscalizadora previa de la Contraloría General, en las contrataciones y en el manejo de lo fondos públicos, de la Autoridad. Determina que la Contraloría llevará sólo la auditoria posterior. Esto es inconstitucional.

11. No se precisa para los funcionarios de la Autoridad, que se sujetarán, al régimen laboral y a los beneficios del código laboral.
12. No se le pone límites, a la contratación de extranjeros.
13. Se le pretende cobrar al pueblo, el costo de los medidores de consumo de agua y un cargo por su instalación.
14. Inconstitucionalmente se limita, a la CORTE Suprema de Justicia, en su función de suspender provisionalmente, los actos, de la Autoridad.

jueves, 19 de abril de 2012

El gobierno, no conoce de contratación pública

Según reciente estadística del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, de los casos tramitados por el Tribunal en el 2011, solo fueron fallados a favor de las instituciones públicas el 20%. Esto evidencia un desconocimiento grande, por parte de las entidades, de la normativa de contratación publica.



Del 100% de los casos tramitados, el 20% fueron confirmados, en favor del Estado mientras que el 80%, se decidieron en contra de la tramitación efectuada por los entes públicos.



http://www.tribunaldecontrataciones.gob.pa/WebSite/index.php?page=estadisticas&tab=res

RECOMENDACIONES AL ANTE- PROYECTO DE LEY DE LA AUTORIDAD DEL AGUA

El Ante- proyecto de ley, de 163 artículos, pretende reestructurar el marco legal e institucional del sector de agua potable y saneamiento de la República de Panamá.
Acto seguido expongo, mis recomendaciones, sobre el instrumento, que por razones que desconozco, no ha sido muy divulgado.

1. Se debe detallar en que consisten las inversiones que tendrá la Autoridad, por el orden de los 800 millones, que se enuncia, en el considerando y como se van a obtener los ingresos.
2. La junta directiva de la de la Autoridad la deben integrar, además de funcionarios, ciudadano de la sociedad civil, como fiscalizadores de la cosa pública.
3. La exigencia, del tiempo, para la renuncia del cargo, para los directores de la Autoridad, que desean optar a puestos de elección popular, debiera coincidir con lo que estipula el código electoral, para todas las demás personas.
4. Se debe eliminar la facultad del Ejecutivo de remover a los directores de la Autoridad, por comprobada incapacidad administrativa; esto es muy subjetivo.
5. Se debe establecer como requisito para los administradores de la Autoridad, un título universitario de ingeniería o de alguna carrera a fin, al servicio que va a prestar.
6. El fiscalizador general de la Autoridad, debiera ser CPA o abogado, para desarrollar con eficiencia, las funciones que están en el ante - proyecto. (Ejemplo: revisar las normas legales, llevar a cabo auditorías, etc.)
7. Se le debe dar estabilidad funcional, al cargo de fiscalizador general y eliminar lo del libre nombramiento y remoción.
8. Se debe incluir el principio de licitación pública, en las contrataciones de la Autoridad. Apelan a un régimen especial de contratación, como el PAN y esto pudiera ser poco transparente.
9. La Autoridad debiera ser plenamente responsable, ante terceros, como los demás entes públicos en el País, por las acciones abusivas de sus funcionarios.
10. Se debe incluir la función fiscalizadora de la Contraloría General, en las contrataciones y en el manejo de lo fondos públicos, de la Autoridad.
11. Precisar que los funcionarios de la Autoridad, se sujeten al régimen laboral y a los beneficios del código laboral.
12. Eso de que los panameños tengan preferencia, para ocupar un cargo en la Autoridad es muy ambiguo. Hay que ponerle límites, a la contratación de extranjeros o cuando no haya panameños interesados en el puesto.
13. No es procedente, cobrarle al pueblo, el costo de los medidores de consumo de agua y un cargo por su instalación.
14. Es improcedente el limitar, a la CORTE Suprema de Justicia, el que pueda suspender provisionalmente, un acto de la Autoridad, demandado. Esto es Inconstitucional.

martes, 17 de abril de 2012

MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

A raíz de los escándalos de supuesto soborno, en el caso de Valter Lavítola, se hace necesario ponderar, prima facie, el principio de presunción de inocencia, que debe respaldar a los ciudadanos panameños, que al menos, preliminarmente, se mencionan en la investigación, incipiente. Sin embargo, si se deben tomar hoy, algunas medidas, para blindarnos como País, contra actos de corrupción.

* Cumplir cabalmente con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobado en Panamá, mediante la Ley 15 de 10 de mayo de 2005. A mi juicio esto una tarea que no se ha cumplido a satisfacción. ¿El por que?

1. No hay una correcta difusión pública de la información relativa a procedimientos de contratación pública y contratos, en violación del artículo 9, ya que el sistema “PanamaCompra” no es amigable y no se puede acceder libremente a los contratos firmados, primero por que las instituciones ni lo suben al portal, tan pronto se firman y por otro lado, debido a si uno no sabe el número exacto de la licitación, no se puede buscar la información.
2. No hay un mecanismo eficaz de examen interno, incluido un sistema eficaz de apelación, para garantizar recursos y soluciones legales en el caso de que no se respeten las reglas, en materia de medicamentos, debido a que ni se permiten los recursos por la vía gubernativa, ante el Tribunal de Contrataciones Públicas en la caso de la CSS. Esto debilita el artículo 9 Ibidem.
3. Para honrar el artículo 7 de la Convención, debe Panamá adoptar las medidas legislativas y administrativas apropiadas, para aumentar la transparencia respecto de la financiación de candidaturas a cargos públicos electivos y, cuando proceda, respecto de la financiación de los partidos políticos.

* Deben hacerse los ajustes necesarios a los contratos de FINMECCANICA ya que salieron a la vida jurídica con error, a mi juicio.

CONTRATO DE HELICÓPTEROS SUSCRITO ENTRE EL ESTADO (MINISTERIO DE SEGURIDAD) Y LA EMPRESA AGUSTA S.P.A.

1. Permite el pago de anticipo por más de 11 millones de euros que debe dar el Estado, precisamente por que un aspecto del objeto del contrato es buscar el financiamiento.
2. El contrato incluye la capacitación de pilotos y técnicos pero no aparece ninguna cláusula que hable al respecto, sólo la primera que hace referencia a las especificaciones técnicas presentadas en la propuesta que no se ha subido a la Web.
3. Del encabezado del contrato se intuye que al parecer no consta inscrita la empresa en el Registro Público de Panamá como debió estarlo, antes de la firma del contrato, tal cual lo ordena el Decreto Ejecutivo No. 366 en su Artículo 26.
4. La cláusula tercera in fine, pareciera permitir el aumento de los costos en contra del Estado, aún por causas imputables al contratista y podría ser esto, un grave error.
5. El término “otros gastos de importación” que deberá cubrir el Estado como pago adicional, en la cláusula cuarta y vigésima cuarta, es muy amplio y podría entrar en él, otros rubros fuera del estricto pago de un impuesto de introducción a que se obliga el Estado.
6. En la cláusula octava no se sabe en que consistirá el “apoyo para la obtención de visas para extranjeros” que se está obligando el Estado.
7. En la cláusula décima cuarta, con aquello de la Licencia de Exportación, pareciera restringir, la libre disposición de los bienes comprados y pagados por el Estado panameño, cuenta habida, que para ello requeriría, de la autorización expresa del gobierno italiano.

CONTRATO DA-043-2010 SUSCRITO ENTRE EL ESTADO Y LA EMPRESA SELEX SISTEMI INTEGRATI S.P.A., PARA UN SISTEMA DE VIGILANCIA COSTERA PARA EL SERVICIO AERONAL.


1. La cláusula tercera permite cargarle al Estado costos adicionales por la traída del equipo. Esto no es adecuado.
2. La cláusula cuarta permite hacerle ajustes al monto total del contrato, por se esto, peligroso.
3. El pago anticipado por adelantado, no se justifica plenamente en el contrato, ya que en la modalidad “llave en mano”, en Panamá, el pago total, se acostumbra hacerlo al final de todo contrato. Cuando uno firma contrato llave en mano, como el contratista busca su propio financiamiento, suele alzarle los costos al proyecto de manera justa, por esa razón; empero, si lo beneficiamos con un adelanto en el pago, se pierde la esencia de esta aparte, por un lado y por el otro, el costo alzado pudo haberse considerado en la propuesta presentada.
4. El punto 2 del la cláusula cuarta es tan confusa, que permite suponer que el Estado podrá pagar adicionalmente, por las comisiones y demás gastos por las cesiones de cuentas de pago parcial. Recomiendo ajustar esta cláusula.
5. En la cláusula sexta no hay fianza especial por las obras civiles, esta fianza garantizaría luego de aceptada la obra, tres años por defecto de construcción y de reconstrucción, lo hecho, conforme al Reglamente de Fianza de la Contraloría con el Decreto No. 317-Leg de 2006. La fianza para obras civiles, debió ser por el orden del 50% del monto de la obra civil o menos, dependiendo del valor de la obra civil. Solo se esta garantizando todo el contrato por 10% como si no existiese una obra.
6. En la cláusula décima segunda, la garantía a la que se obliga el contratista no esta cubierta por la fianza. El Estado, no queda cubierto por la redacción de esa cláusula en este rubro.
7. Del encabezado del contrato y de la cláusula vigésima primera se infiere que la contratista no se ha inscrito en el Registro Público de Panamá, como lo exige el artículo 26 del Decreto Ejecutivo No. 366.
8. En la cláusula vigésima cuarta se posibilita que el Estado pague no solo por los tributos si no por otros gastos que se deriven de la importación de los bienes vinculaos a la ejecución del contrato; término amplio en exceso que podría hacer viable hasta el pago por servicios profesionales entre otros puntos.

*Debe informarse con periodicidad, a la ciudadanía, sobre como va el caso que se ventila en Italia y en donde se mencionan a algunos panameños.

* Dependiendo del resultado de las investigaciones en el extranjero, y de las pruebas que se incorporen en el proceso; el Ministerio Público debiera presentar las denuncias del caso, cuando correspondan, a las instancias de investigación, de acuerdo a la calidad del investigado; honrando el debido proceso y todas las garantías constitucionales.

lunes, 16 de abril de 2012

pensión vitalicia para los evenenados del dietilenglicol

Adjunto el link en donde está el proyecto de ley de pensión VITALICIA, a los envenenados del dietilenglicol. El proyecto es bueno, a mi juicio, no obstante, lo cuestionable es el artículo 1 que obliga al beneficiario a renunciar de las demandas contra el Estado, por el hecho administrativo acaecido, para poder optar a la pensión. Una buena redacción podría ser la siguiente.

REDACCIÓN PROPIA

"Artículo 2-A. La Caja de Seguro Social otorgará una pensión vitalicia de carácter especial, a todas las víctimas reconocidas por intoxicación masiva con dietilenglicol o a sus familiares dependientes, en caso que aquellas hubiesen fallecido producto de la intoxicación por dietilenglicol, como compensación por las afectaciones producidas. En el evento de que al Estado se le condene como responsable de la intoxicación en mención, éste podrá descontar, de la suma total a la que esta obligado a indemnizar, los aportes otorgados.
La Institución se subrogará en los derechos a exigir el resarcimiento de lo pagado a los que resulten responsables de este hecho.
...

REDACCIÓN QUE ESTA EN EL PROYECTO DE LEY.

"Artículo 2-A. La Caja de Seguro Social otorgará una pensión vitalicia de carácter especial, a todas las víctimas reconocidas por intoxicación masiva con dietilenglicol o a sus familiares dependientes, en caso que aquellas hubiesen fallecido producto de la intoxicación por dietilenglicol, como compensación por las afectaciones producidas, previa renuncia a la interposición de demandas indemnizatorias contra la Caja de Seguro Social y/o al Estado, en cuyo caso, la Institución se subrogará en los derechos a exigir el resarcimiento de lo pagado a los que resulten responsables de este hecho.
...




http://www.asamblea.gob.pa/apps/seg_legis/PDF_SEG/PDF_SEG_2010/PDF_SEG_2012/PROYECTO/2012_P_473.pdf

domingo, 15 de abril de 2012

Evaluación, de los planes electorales en Panamá.

Los medios de comunicación del país han informado que la Organización de las Naciones Unidas enviará a Panamá, una misión de observación electoral, a mediados del próximo mes de mayo para evaluar el desarrollo de los planes y acciones que ejecuta el Tribunal Electoral de cara a las elecciones generales de 2014.
No obstante, el debate por las reformas electorales, se encuentra en la Asamblea Nacional de Diputados, en rezago administrativo.

Temas que debieran modificarse del código electoral vigente.

 Lo tocante a la sección del financiamiento, para establecer un tope al financiamiento privado y permitir la fiscalización ciudadana de los fondos dados.
 El asunto de los firmantes o adherentes, según el caso, para las candidaturas de libre postulación para Presidente y Vicepresidente de la República, Diputados, Alcaldes y representantes de Corregimientos. Debe permitirse la inscripción de los adherentes, de forma libre, a las candidaturas por libre postulación, y en puestos móviles.
 La prohibición de la campaña sucia, entendiendo por ella la que ofenda la dignidad humana, incurra en el uso de diatribas, irrespeto, calumnia, injuria o promueva la violencia o atente contra la Constitución Política y las leyes. Mucho daño hizo en la campaña pasada.
 El concepto del Voto Adelantado para amparar: el voto de los panameños desde el exterior, el de los privados de libertad, el de los miembros de la Fuerza Pública, Cuerpo de Bomberos, Sistema Nacional de Protección Civil y los discapacitados, ya que por el giro de sus funciones se han visto limitados para el ejercicio del sufragio.
 La labor del Tribunal Electoral en la reglamentación de los debates presidenciales televisados en cadena nacional.
 Afinar las reglas, en las elecciones, en los circuitos plurinominales, para que el elector, no pueda votar, por más de un candidato, en una lista.
 Establecer en mejor medida, una reglamentación, sobre el referéndum y el plebiscito.
 Indicar que el Tribunal Electoral tenga la obligación, de ejecutar programas de educación cívica electoral, dirigidos al sistema educativo, en coordinación con las respectivas autoridades, y a la sociedad en general, con el objetivo de promover los valores democráticos.
 Ajustar el porcentaje de los votos emitidos, para la subsistencia, de un partido político.

Temas que no debieran incorporarse, en el código electoral, por inconstitucionales.

 El de la paridad.
 El de la segunda vuelta electoral.
 El del voto, en los circuitos plurinominales, a la lista de candidatos elaborada por el partido y no a favor, de la libre escogencia del elector.

sábado, 14 de abril de 2012

Denuncia contra el Presidente

Sectores políticos y de la sociedad civil del país exigieron a la Asamblea Nacional que investigue al presidente Ricardo Martinelli por las supuestas amenazas proferidas en contra de campesinos en Veraguas.

La idea no debe prosperar desde el punto de vista legal, debido a que al Presidente, solo se le puede enjuiciar por las siguientes causas:


Constitución política

ARTICULO 191. El Presidente y el Vicepresidente de la República
sólo son responsables en los casos siguientes:
1. Por extralimitación de sus funciones constitucionales.
2. Por actos de violencia o coacción en el curso del proceso electoral; por impedir la reunión de la Asamblea Nacional; por obstaculizar el ejercicio de las funciones de esta o de los demás organismos o autoridades públicas que establece la Constitución.
3. Por delitos contra la personalidad internacional del Estado o contra la Administración Pública.
En los dos primeros casos, la pena será de destitución y de inhabilitación para ejercer cargo público por el término que fije la Ley. En el tercer caso, se aplicará el derecho común.



Dejo claro que hay abundante jurisprudencia que indica que la extralimitación de funciones se concreta cuando el servidor público, indebidamente, rehúse, omita o retarde algún acto inherente a sus funciones, requiriéndose para ambas situaciones penales la existencia de dolo (Sentencia del PLENO de la Corte Suprema del 15 de abril de 2009). Y el dolo hay que probarlo.

Por otro lado, la denuncia debe presentarse personalmente en la Asamblea Nacional; no procede de otra forma. Además hay que acreditar la prueba sumaria

Código Judicial

Artículo 2478.
Todo ciudadano puede acusar o denunciar ante la Asamblea Legislativa, al Presidente de la República y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para que se les juzgue, si a ello hubiere lugar, por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones enperjuicio del libre funcionamiento del poder público o violatorios de la Constitución o las leyes.
El querellante o el denunciante debe presentar la prueba del hecho sin lo cual no será admitida la querella o la denuncia.

Artículo 2467.
El que promueva querella por delito o denuncia de la clase a que se refiere el artículo 2464, deberá acompañar la prueba sumaria de su relato. En caso contrario o si tal prueba no constara por otro medio cualquiera, se ordenará su archivo. Para efectos de este artículo se entiende por prueba sumaria cualquier medio probatorio que acredite el hecho punible atribuido.

La prueba sumaria no es más que aquella pieza de convicción de especial trascendencia y elocuencia, que posea la eficacia de acreditar la conducta criminal que se imputa y debe adecuarse al formalismo que integra la ley. (Véase la Resolución de 27 de abril de 2004, emitida por el Pleno de la Corte Suprema).

Por ende los testigos de referencia y otros dados en TV, no son prueba sumaria.

martes, 10 de abril de 2012

LA MUJER ENCINTA TIENE FUERO AUNQUE SEA DE LBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN

LA MUJER ENCINTA TIENE FUERO AUNQUE SEA DE LBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN

Así respecto de este principio en sentencia de 27 de febrero de 1997 y 25 de febrero de 2002, el Pleno sostuvo que:
"...la mujer encinta por la protección del fuero de maternidad como derecho constitucional, en el sistema de libre nombramiento y remoción, inmediatamente adquiere estabilidad, por el tiempo del fuero por esa gravidez y sólo podrá ser despedida por justa causa legal que demuestre que no se le despide por estar embarazada...", entendiéndose como tal "...la conducta, eficiencia, habilidad, capacidad física y mental de la trabajadora . aunado a otros de carácter económico del empleador que configuran causales generadoras del despido las cuales deben invocarse y eventualmente acreditarse (ver sentencias de 17 de mayo de 1996 y 18 de septiembre de 1998).

EL SOTERRAMIENTO DE CABLES EN PANAMA

La Asamblea Nacional de Diputados se encuentra debatiendo, el proyecto de Ley No. 423 que establece una Tasa para cubrir los costos de soterramiento del cableado e infraestructura de los servicios de telecomunicaciones y de televisión pagada.

Aspectos preocupantes.

 Se está estableciendo una fórmula en el proyecto, para que el soterramiento se haga de a dedo y evitar la Licitación Pública. Esto podría favorecer a empresas amigas, de la contratante, para que ejecuten el soterrado. ¿Negocio a la vista?

 No incluye un plan de arborización o de impacto positivo para el ambiente, al momento del reemplazo de los postes.

 No se fija un monto exacto en la norma, que deberán pagar los concesionarios que utilicen la infraestructura diseñada para el plan del soterramiento.

 Se establece una tasa de 0.5% aplicable en la facturación mensual de los servicios de telecomunicación básica local, nacional, internacional, de comunicaciones personales, telefonía móvil celular, de transporte de telecomunicaciones, y de televisión pagada; pero sólo a los clientes, es decir al pueblo.

 El proyecto impone una carga a la clase popular y a la media, adicional al pago de los tributos, que están pagando en un País, en donde gravita, un alto costo de la vida.

 Se establece una tasa a perpetuidad, mientras que el soterramiento tiene un término para su conclusión.

 El proyecto no define, los beneficios que tendrán, los que tributarán por la tasa impuesta, ni por el soterrado proyectado.


Finalmente comento que de convertirse en ley de la República, el proyecto de marras, el PLENO de la Corte, tendrá que definir si es constitucional o no la norma, ante la demanda de inconstitucionalidad que interpondría, debido a que la Asamblea Nacional si puede establecer TASAS pero ésta solo se ha debe implementar como Tributo por el disfrute de ciertos servicios o por ejercicio de ciertas actividades, que no es el caso que nos ocupa.

EL SOTERRAMIEBNTO DE CABLES EN PANAMA

La Asamblea Nacional de Diputados se encuentra debatiendo, el proyecto de Ley No. 423 que establece una Tasa para cubrir los costos de soterramiento del cableado e infraestructura de los servicios de telecomunicaciones y de televisión pagada.

Aspectos preocupantes.

 Se está estableciendo una fórmula en el proyecto, para que el soterramiento se haga de a dedo y evitar la Licitación Pública. Esto podría favorecer a empresas amigas, de la contratante, para que ejecuten el soterrado. ¿Negocio a la vista?

 No incluye un plan de arborización o de impacto positivo para el ambiente, al momento del reemplazo de los postes.

 No se fija un monto exacto en la norma, que deberán pagar los concesionarios que utilicen la infraestructura diseñada para el plan del soterramiento.

 Se establece una tasa de 0.5% aplicable en la facturación mensual de los servicios de telecomunicación básica local, nacional, internacional, de comunicaciones personales, telefonía móvil celular, de transporte de telecomunicaciones, y de televisión pagada; pero sólo a los clientes, es decir al pueblo.

 El proyecto impone una carga a la clase popular y a la media, adicional al pago de los tributos, que están pagando en un País, en donde gravita, un alto costo de la vida.

 Se establece una tasa a perpetuidad, mientras que el soterramiento tiene un término para su conclusión.

 El proyecto no define, los beneficios que tendrán, los que tributarán por la tasa impuesta, ni por el soterrado proyectado.


Finalmente comento que de convertirse en ley de la República, el proyecto de marras, el PLENO de la Corte, tendrá que definir si es constitucional o no la norma, ante la demanda de inconstitucionalidad que interpondría, debido a que la Asamblea Nacional si puede establecer TASAS pero ésta solo se ha debe implementar como Tributo por el disfrute de ciertos servicios o por ejercicio de ciertas actividades, que no es el caso que nos ocupa.

sábado, 7 de abril de 2012

carta al director de tránsito

Lic. Juan Pablo Mora Panamá 9 de marzo de 2012
Director General
Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre

Señor Director:

Soy el Doctor en Derecho, ERNESTO CEDEÑO ALVARADO, abogado, panameño, mayor de edad, cedulado 8-229-2783, con oficinas profesionales en el corregimiento de Parque Lefevre, Avenida Central Santa Elena, frente al Jardín de Paz, chalet 3917, ciudad capital, lugar donde recibo notificaciones personales.

Acudo ante usted, respetuosamente, y le notifico que los medios de comunicación informan a la ciudadanía, con alguna frecuencia, que los usuarios del METRO BUS se quejan constantemente, por las intensas filas que tienen que hacer y por que los buses no llegan rápido a buscarlos en sus paradas.

No obstante, el contrato de Concesión No. 21-10 del METRO BUS, en la cláusula décima octava, en su literal c) reza que: “El tiempo de espera promedio para los usuarios en terminales o piqueras no podrá ser superior a los 15 minutos, en los períodos pico en día laborable, para ningún servicio, así mismo los tiempos de trasbordo en estaciones de transferencia con otros operadores o servicios no podrá ser mayor de 15 minutos en los periodos pico en día laborable. Salvo los casos donde la demora en los plazos antes señalados sea por causas no imputables a EL CONCESIONARIO.”

Es decir, que la empresa Mi BUS, al incumplir el contrato, por su ineficacia en el cumplimiento de esta cláusula, se hace merecedora a la sanción de rigor, que establece el contrato, y que a mi juicio se adecua a lo que se dispone para las infracciones medianas.

Huelga añadir, que la concesionaria jamás podría argumentar hoy, que no cumple el objeto contractual, por las tranques que gravitan en Panamá, debido a que el día, 5 de agosto de 2010 (fecha en que se firmó el contrato de marras) ya existían los mismos, en la ciudad capital y se sabía del reordenamiento vial, que impulsaba el gobierno.

Su entidad debe imponer la sanción en comento, a la luz de lo que dispone la Ley 22 de 2006 en su artículo 13 numeral 4.

Artículo 13. Obligaciones de las entidades contratantes. Son obligaciones de las entidades contratantes las siguientes:

4. Revisar periódicamente las obras ejecutadas, los servicios prestados o los bienes suministrados, a fin de verificar que cumplan las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, debiendo promover las acciones de responsabilidad contra ellos y/o sus garantes cuando dichas condiciones sean incumplidas, de conformidad con el contrato y el pliego de cargos.

Criterio similar reposa en la cláusula vigésima primera del contrato, sobre el deber de la fiscalización de la ATTT.

Si la entidad que usted dirige incumple con esto, la Dirección General de Contrataciones Públicas, podría sancionarlo, con una multa de hasta el 1% de su sueldo bruto, tal cual lo mandata la Ley 22 ibídem, en su artículo 10, numeral 13.

Artículo 10. Competencia. Son funciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas las siguientes:

13. Fiscalizar los procesos de selección de contratista que celebren las entidades públicas, en consecuencia estará facultada para imponer multas, por el equivalente al uno por ciento (1%) del salario bruto que devenguen los servidores públicos que violen los principios y las normas de contratación pública previstos en esta Ley. Las multas así impuestas serán notificadas a la Contraloría General de la República para el respectivo descuento, el cual será consignado en el fondo especial de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Esta sanción se impondrá luego del cumplimiento del Procedimiento Administrativo General. Los casos en que resulte posible la comisión de un hecho punible se pondrán en conocimiento del Ministerio Público.


Atentamente,




Dr. Ernesto Cedeño Alvarado

miércoles, 4 de abril de 2012

SE VIOLA A DIARIO EL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL METRO BÚS

Es harto conocido que los usuarios del METRO BUS se quejan a diario por las intensas filas que tienen que hacer y por que los buses no llegan rápido a buscarlos en sus paradas.
No obstante, leyendo el contrato de Concesión No. 21-10 del METRO BUS, me encuentro con una cláusula que la ATTT, la ha hecho letra muerta, al parecer en beneficio del concesionario. Es la cláusula décima octava, que en su literal c dice que “el tiempo de espera promedio para los usuarios en terminales o piqueras no podrá ser superior a los 15 minutos, en los períodos pico en día laborable, para ningún servicio; así mismo los tiempos de trasbordo en estaciones de transferencia con otros operadores o servicios no podrá ser mayor de 15 minutos en los periodos pico en día laborable…”
Por lo tanto, no me explico por que la ATTT, no impone la sanción de rigor que establece el contrato (y si la ha impuesto, no conocemos del detalle) y es más, participa en operativos, con frecuencia, y hasta llevando buses vacíos de la empresa MI BUS, para castigar y sacar de circulación a los taxis y buses piratas.

PREGUNTAS

¿Cuándo la ATTT rendirá cuenta al PAIS sobre el particular?

¿Será cierto que la ATTT, trabaja para el beneficio directo de los panameños y usuarios?

martes, 3 de abril de 2012

Ley incomprensible sobre cables soterrados

En la Asamblea Nacional de Diputados se encuentra radicado el proyecto de Ley No. 423 que establece una Tasa para cubrir los costos de soterramiento del cableado e infraestructura de los servicios de telecomunicaciones y de televisión pagada.


He leído el instrumento y ofrezco los siguientes comentarios en objeción del mismo.


1. Se establece una tasa de 0.5% aplicable en la facturación mensual de los servicios de telecomunicación básica y de televisión por cable pero sólo a los clientes. Las empresas millonarias, que ofrecen el servicio, pagarían una suma desconocida que la ASEP determinará en el futuro.
2. El instrumento impone una carga adicional al cliente de telefonía, a la que se le suma a la impuesta por la potabilidad numérica.
3. En el proyecto no se definen claramente, los beneficios que tendrán, los clientes por la tasa impuesta ni por el soterrado proyectado.
4. Se establece una tasa a perpetuidad, mientras que el soterramiento tiene un término para su conclusión.
5. Se grava a todo un País con una tasa, desnaturalizando el concepto de lo que significa esta palabra, que es “el Tributo que se impone al disfrute de ciertos servicios o al ejercicio de ciertas actividades.”
6. Esta idea, cambia todo el concepto de lo que se conoce como TASA y que está recogido en el código fiscal (en sus articulados) para el tributo que se paga como consecuencia de un servicio que se recibe del Estado.
7. Esta idea podría ser inconstitucional por que la Asamblea Nacional esta gravando con una Tasa a la población, sin que ésta obtenga el beneficio de un servicio.


CONSTITUCIÓN

ARTICULO 159. La función legislativa, es ejercida por medio de la Asamblea Nacional y consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado declarados en esta Constitución y en especial para lo siguiente:

11.Dictar las normas generales3 y específicas a las cuales deben sujetarse el Órgano Ejecutivo, las entidades autónomas y semiautónomas, las empresas estatales y mixtas cuando, con respecto a estas últimas, el Estado tenga su control administrativo, financiero o accionario, para los siguientes efectos: negociar y contratar empréstitos; organizar el crédito público; reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio; fijar y modificar los aranceles, tasas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas.


Proyectos como éste, en que para procurar remediar un aspecto principalmente estético, afectan impositivamente a los menos acaudalados económicamente; es objetable, censurable y repudiable.

domingo, 1 de abril de 2012

ACCIONES PARA CONTRARRESTRAR EL ALTO COSTO DE LA VIDA

En Panamá no se ha disipado el alto costo de la vida; en consecuencia, propongo la ejecución de las siguientes acciones inmediatas, que pudieran contrarrestar el alto costo de la vida:

1. Modificar las leyes 24 y 25 de 2001, que impulsa el beneficio de los productores patrios, para eliminar la excesiva burocracia que gravita en ellas y les pueda llegar por tanto la ayuda, a los necesitados, de manera expedita.

2. Debe descargarse el yugo que pesa hoy sobre la clase media a la que les asfixia el 7%, la ley de portabilidad numérica, el 911 y ahora pretenden cargarle el peso de la soterración de cables en Panamá.

3. Fijar los precios de los artículos de primera necesidad, como lo permite el artículo 284 constitucional.


4. Establecer una buena línea de crédito al productor nacional con préstamos blandos.

5. Como prioridad de Estado, hacer reuniones con los productores y comerciantes para poder recibir propuestas, sobre como bajar el alto costo de la vida en Panamá.

6. Nombrar gente eficiente que impulse con inteligencia, el proyecto de la cadena frío, idea que esta congelada en nuestro suelo patrio, hoy.

7. Proliferar pequeños mercados de abastos, en núcleos de corregimientos.