sábado, 30 de junio de 2012

INFORME DE LA COMISIÓN DE REFORMA ELECTORAL

              
En los últimos días del periodo legislativo, se elaboró en abril, el informe de la sub comisión de reforma electoral de la Asamblea Nacional, que no se pudo considerar, en segundo debate, en la Asamblea por el receso de dos meses (mayo y junio) que hubo. En julio se debiera atender este documento. Adjutno el link donde lo he subido para su conocimiento.

 http://www.ernestocedeno.com/publicaciones/InformeSubComision_Asamblea.pdf

COMENTARIOS AL INFORME DE LA COMISIÓN REPRESENTAITVA DE LAS BANCADAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN TORNO AL PROYECTO DE REFORMAS ELECTORALES.

Con fecha del 25 de abril los representantes de los partidos políticos, rindieron a la presidencia de la Asamblea Nacional un informe sobre el análisis del segundo bloque del paquete de reformas electorales. Acto seguido esbozo mis comentarios, sobre los temas más relevantes, a mi juicio, DE LOS ARTÍCULOS NUEVOS, NO INCLUIDOS EN EL PROYECTO DE LEY INICIAL.
 
1. Se está determinando que los ciudadanos se inscriban en los partidos políticos por una sola vez anualmente. Esto atenta contra la libertad de elegir y el libre albedrío del ciudadano. No tiene precedentes en la historia
 
2. Se establece que los partidos y candidatos registren sus contribuciones privadas, no obstante, su manejo será de acceso confidencial del Tribunal Electoral. Esto debilita el Artículo 7 de la Convención Contra La Corrupción, que ordena a hacer transparente el financiamiento. (Ley 15 de 2005)
 
3. Los partidos políticos reconocen a sus miembros el derecho a ser postulados hasta para tres cargos de elección popular. Esto fortalece el caudillismo.
 
4. Se autoriza a las autoridades de los partidos políticos, para no realizar primarias en algunas circunscripciones. Esto debilita la transparencia y fortalece la designación de a dedo.
 
5. Los candidatos a cargos de presidente y vicepresidente que hayan perdido en sus primarias, en un partido, podrían correr, luego por otro partido. Esto es avalar un anti-valor.
 
6. Se pretende que los representantes de partidos políticos, tengan dos días libres remunerados, al día siguiente de las elecciones o del día en que hubiesen cumplido con sus funciones. Esto debe asumirlo, los partidos, de su subsidio electoral o de otra forma, no el Estado ni la empresa privada. Fuera de lugar la idea.

EL VOTO EN PLANCHA

De las paabaras del diputado JOSE MUÑOZ del CD entendemos que en la Asamblea Nacional de Diputados se va a revivir el informe que dio la sub- comisión de ese ente, en torno al paquete de reformas electorales.
 
Aquí se había esbozado la decisión de eliminar el voto en plancha en los circuitos plurinominales, empujando en consecuencia, el principio de cada votante un voto.
 
No obstante, esta idea planteada en el documento del 25 de abril de 2012, no elimina toda la estructura electoral vigente, ya que deja incólume la figura del cociente, medio cociente y del residuo (este último elemento, como está hoy reglado, es una perversión del sistema), por lo que la idea en cuestión, solo sería aplicable para definir quien saldría electo pero dentro de la lista presentada por el partido o nómina independiente, por lo que no significa que saldrían electos, los candidatos más votados en el circuito electoral plurinominal.
 
¿Qué formula podría aprobarse (o al menos evaluarse), honrando el principio de representación proporcional de diputados, que reza el artículo 147 constitucional?
 
1. Dejar la figura del cociente, medio cociente, pero las adjudicaciones por residuo, solo se las asignen, a las listas más votadas, que no hayan obtenido curules ya.
 
2. Dejar la figura del cociente, medio cociente, pero las adjudicaciones por residuo, solo se las asignarán, primero a las listas que no tengan representación, (si hay mas curules) entonces, a la lista, más votada, que ya haya obtenido escaño, y así sucesivamente, hasta agotar las vacantes.
 
3. Escoger como ganador de las curules, a los candidatos más votados, de las listas propuestas, en general; pero definir, que una lista no puede obtener más de un porcentaje de las curules en el circuito y así sucesivamente, hasta agotar las curules.

jueves, 28 de junio de 2012

¿SE REQUIERE MODIFICAR EL CÓDIGO ELECTORAL PARA LA PRÓXIMA ELECCIÓN?



Diversos partidos dicen que si se van a modificar, grandes temas, de los consensuados por la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), se mantengan, entonces,  las reglas tal cual están, para los próximos comicios.

De quedarse las cosas así, a mi juicio, beneficiaría a la partidocracia, y por ende, a los partidos políticos grandes, como el CD, PRD y el Panameñismo, por lo siguiente:

¡Con el código electoral, como está hoy¡

1.     Los candidatos que opten al cargo de Diputados, por la libre postulación, deberán obtener como adherentes, únicamente electores no inscritos en partido político y esto es inadecuado.
2.     No existe regulación para la libre postulación para los cargos  de presidente y vice presidente. ¿Será que los partidos no quieren que corran los independientes?.
3.     No existe tope para  los gastos y para las donaciones; necesario, para evitar con ello, la intromisión de dinero ilegal en las campañas electorales.  
4.     No habrán muchas Facilidades para la Libre Postulación, en cuanto a la recepción de firmas, necesarias, para su postulación.
5.     No hay una fórmula amigable, para la revocatoria del mandato del elegido. Cómo esta la normativa electoral hoy en día, es casi imposible que haya la revocatoria del mandato, es más, la ley 14 de 2010 blindó a los tránsfugas.
6.     Se mantiene la fórmula para adjudicar la curul en los circuitos plurinominales, a través del Cociente, Medio Cociente y el Residuo, que es una aberración electoral, pues beneficia a los partidos grandes.

miércoles, 27 de junio de 2012

Convocatoria de la comisión nacional de reformas electorales (cnre)



Los magistrados del Tribunal Electoral han convocado  a la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), para atender el caso de las reformas electorales.
La convocatoria en ciernes, tiene aspectos positivos  y  aspectos negativos.
Aspecto Positivo-  Busca de alguna manera darle forma expedita al capítulo de las reformas electorales, que debe definirse, lo mas pronto posible,  para lograr fortalecer, con mayor ímpetu, nuestro proceso democrático electoral.
Aspectos Negativos-  El comunicado se sustenta, en varias premisas contradictorias.
1.       La decisión salió, según se argumenta, producto de una reunión con los partidos de la oposición sin escuchar asimismo, el parecer de los partidos de gobierno y del resto de la sociedad civil. Debió oírse, a mi juicio y en la medida de lo posible, a todas las partes.
2.      El Tribunal Electoral considera que en la Asamblea Nacional se ha traicionado lo acordado por la CNRE. Decir esto es delicado, por que menoscaba la facultad que la Constitución le ha dispensa a la Asamblea Nacional, para modificar  todo proyecto que llegue al hemiciclo legislativo.
3.       Se afirma que la iniciativa del proyecto de Reformas Electorales que llegó a Asamblea Nacional fue el producto  “de un acuerdo social”. Esto no es del todo cierto, ya que la sociedad panameña en pleno,  no eligió libremente a sus representantes, para que formaran parte en dicha comisión.
Por otro lado, no todo lo consensuado en la CNRE se adecuo, a lo que consagra la Carta Magna, conforme a mi opinión,  por lo que mal pudiera quedar inalterable, el proyecto, para los próximos comicios electorales.
Temas que podrían ser inconstitucionales.

  • El proyecto impide el voto directo del electorado, de manera inconstitucional, al candidato de su predilección, en los circuitos plurinominales, ya que los obliga a votar por la lista del partido, que impone su orden de elegibles en la papeleta.
  • Se establece un privilegio exagerado y desigual a los candidatos presidenciales, que serán los dos primeros en las listas de candidatos a Diputados del Circuito Nacional, de los partidos que los postulen, en el caso de que no ganen.
  • Los candidatos que opten a al cargo de Diputados, por la libre postulación, deberán obtener como adherentes, únicamente electores no inscritos en partidos políticos y esto es inadecuado.
  • Se establece el sistema de la Paridad de Género, que no tiene respaldo constitucional.
  • Consagra los diputados nacionales, que no se compadece con la costumbre constitución electoral
Adjunto el link del comunicado del Tribunal Electoral, para su lectura.

http://www.tribunal-electoral.gob.pa/html/index.php?id=126&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1073&tx_ttnews%5BbackPid%5D=49&cHash=3c3ef34b473503044adc5c9d9a54ec2e


martes, 26 de junio de 2012

INCONGRUENCIA DEL CONTRATO DE LAS CÁMARAS BOLETERAS


                                   
La Concesión No. 40-11 en donde la ATTT le concede a la empresa TRAFFIC SAFETY DE PANAMA, S.A., el suministro, la instalación y operación del servicio de cámara de vigilancia para la seguridad vial en la República de Panamá, no se ha extinguido; no hay evidencia que esto se haya dado. Por el contrario el contrato de marras esta refrendado y salvo que hay mutuo acuerdo para eliminarlo, el contrato seguirá rigiendo, hasta que la Corte Suprema pudiera anularlo. Lo que pareciera que gravita hoy, es que a la imposición de la multa, se le ha puesto en una especie de pausa momentánea.

INCONGRUENCIA


  1. Le endosa el deber de notificar a los infractores, al concesionario, lesionando la Ley 38 de 2,000, que le da esta potestad al secretario o a los funcionarios administrativos del Estado. (Artículo 201 numeral 102 de la Ley 38 de 2000)
  2. La manera de notificar al afectado, no es la que consagra la ley 38 de 2000 ni el reglamento de tránsito. Una cosa es la facultad de precisar un procedimiento para sancionar que tiene la ATTT y otra cosa es la de modificar el sistema de notificación, que una norma de mayor jerarquía ha dispuesto, para fortalecer el debido proceso. Cuando se ha querido modificar el sistema de notificación, es la ley, la que consagra la diferencia, como en el caso de la Ley 22 de 2006 (de contratación pública) que notifica a través de “PanamáCompra.”
  3. El contrato pudiera afectar el interés público ya que se posibilita un contrato, hasta por 20 años (10 años del contrato más la prórroga) dando beneficios que pudieran ser exorbitantes al particular, en detrimento del Estado. (65% de la multa impuesta sería para el concesionario, entre otros beneficios).
  4. No existe ley en la ATTT que le permita darle la base de datos sensitiva de los usuarios (la información debiera considerarse como de seguridad nacional), al concesionario, para que trabaje con ella. Podría ser esto violatorio del artículo 42 constitucional. (Cláusula 16)
  5. Le permite al concesionario, acudir a los juzgados, para que pueda defender la infracción que puso, contra el usuario. (Cláusula 6).

ACTOS QUE PUDIERAN DEMANDARSE POR ILEGALES ANTE LA SALA TERCERA

1.      La Resolución AL-No. 1717 de 22 de diciembre de 2011, publicada en la Gaceta Oficial No. 26940-B de 28 de diciembre de 2011, ya que interpreta erróneamente el reglamento de tránsito y hace válida la notificación, en el llamado de las llamadas telefónicas a celulares; la grabación respectiva, (a veces la gente ni la oye inmediatamente) en el caso del correo electrónico, su respectiva copia de envío (a veces por el volumen de los correos, no se ven en el acto) y en la notificación residencial o laboral, el acuse de recibo (no es obligatorio que firme el infractor que recibe, según la disposición). (Véanse los Artículos 8 y 10).
2.      El contrato de concesión en cuestión por las razones detalladas.

lunes, 25 de junio de 2012

Juan Hombrón, aún sin revertir

Hay gente esperando que las tierras de Juan Hombrón, que fueron adjudicadas y luego, algunas de ellas, enajenadas a terceros, reviertan al patrimonio estatal, sin embargo, lo que muchos desconocen, es que los susodichos bienes no pueden revertir, sin que medie un fallo tribunalicio, sobre el particular, salvo que medie un mutuo acuerdo entre las partes.

La Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera, expresó sobre, la revocatoria de un acto administrativo emitido, lo que sigue: “Debe pues, la Administración recurrir a la vía jurisdiccional ordinaria, a fin de anular sus propios actos que confieren esos derechos. Jaime Vidal Perdomo al respecto nos ilustra cuando sostiene que “el respeto a las situaciones jurídicas creadas o definidas por los actos administrativos puede ser tal que se hagan irrevocables aunque sean ilegales. En el derecho Español se denomina recurso de lesividad el que puede interponer la Administración ante los jueces contra sus propios actos que declaran derechos ante la imposibilidad que encuentra de revocarlos directamente… en algunos casos esos derechos son asimilables al derecho de propiedad y es dable exigir, para ser privado de ellos, ley que los declare de utilidad pública e indemnización; pero estos derechos pueden haberse adquirido de forma ilegal, por lo que se menciona que para que el acto sea irrevocable el beneficiario debe ser de buena fe” (Sentencia de 27 de abril de 2010)

No obstante lo antes descrito, existe, una posibilidad jurídica, para la anulación de un acto administrativo de oficio, obviando un proceso judicial, y es si el mismo se encuadra dentro de los supuestos que reza la Ley 38 de 2000, en su artículo 62.
Artículo 62. Las entidades públicas solamente podrán revocar o anular de oficio una resolución en firme en la que reconozcan o declaren derechos a favor de terceros, en los siguientes supuestos:
1. Si fuese emitida sin competencia para ello;
2. Cuando el beneficiario de ella haya incurrido en declaraciones o haya aportado pruebas falsas para obtenerla;
3. Si el afectado consiente en la revocatoria; y
4. Cuando así lo disponga una norma especial.
En contra de la decisión de revocatoria o anulación, el interesado puede interponer, dentro de los términos correspondientes, los recursos que le reconoce la ley.
La facultad de revocar o anular de oficio un acto administrativo no impide que cualquier tercero interesado pueda solicitarla, fundado en causa legal, cuando el organismo o funcionario administrativo no lo haya hecho." (Modificado por el artículo 3 de la ley 62 de 23 de octubre de 2009)

Por lo antes expuesto, los funcionarios públicos deben asesorarse mejor antes de emitir declaraciones sobre el sentido y alcance de la emisión de un acto administrativo, pues podría crear faltas expectativas a los oyentes.

sábado, 23 de junio de 2012

CONCESIÓN DEL SERVICIO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA




A la vida jurídica salió el contrato de Concesión No. 40-11 en donde la ATTT le concede a la empresa TRAFFIC SAFETY DE PANAMA, S.A., el suministro, la instalación y operación del servicio de cámara de vigilancia para la seguridad vial en la República de Panamá.

COMENTARIOS.

Si bien es cierto el contrato emerge a la luz, producto de un acto público lícito y transparente, en el que solo una persona acudió; surgen  las siguientes interrogantes que el gobierno debe aclararle al país.

  1. ¿Por que se hizo un pliego de cargos, estableciendo buenos beneficios a un concesionario? El contrato permite que la empresa cobre de la multa el 65% mientras que el Estado sólo un 35%.
  2. Pareciera no ser acorde con la  equidad, precisar en un contrato, un término para la concesión, para este caso, de hasta de 20 años. Parece inadmisible y  contrario al interés público. Son 10 años el término, más, la posibilidad de prorrogarlo por 10 años más. (Cláusula 5)
  3. No existe ley en la ATTT que le permita darle la base de datos sensitiva de los usuarios (de seguridad nacional), al concesionario, para que trabaje con ella. Podría ser esto violatorio del artículo 42 constitucional. (Cláusula 16)
  4. De manera inaudita, se permite al concesionario, acudir a los juzgados, para que pueda defender la infracción que puso, contra el usuario. (Cláusula 6)
  5. Además de los procesos arbitrales, regulados por ley, es la primera vez que yo veo, que un particular tenga la responsabilidad de notificar una actuación pública, al infractor del tránsito. Esto siempre lo ha hecho el Estado.
  6. Los ingresos del concesionario no solo sería el porcentaje de la multa antes descrita,  sino la venta de la información estadística a terceros y otros beneficios que autorice el Estado. (Cláusula 8).

Como el contrato de marras, posibilita que haya tantas cámaras, como las partes acuerden; en 20 años, no creo que se salve un solo propietario de auto, de la multa, pues es del resultado de esto, de lo que se va a beneficiar, principalmente, el concesionario que administra el sistema. Veo improbable que se le venza en un juicio de tránsito, que se haga por motivo de la multa impuesta.

¡A preparar la chequera!

Decisión de la concertación nacional sobre la Sala V



A raíz de los acontecimientos de todos conocidos en el país,  El Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, sobre la SALA V acordó diversos puntos, que admiten contradicción. Veamos.



1. Rechazar la rehabilitación de la Sala V de Garantías Constitucionales, toda vez que es una exigencia ciudadana y contraria al pacto de estado por la justicia.

Comentario propio. En este aparte se da a entender que existe, a manera de ley de la república,  el pacto de estado por la justicia, cuando no es así, y en tal sentido, se le podría exigir mañana al Ejecutivo a que lo honre y en tal sentido, aunque no lo exige la Constitución, se auto regule en el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Adjunto el Link con el contenido del  pacto en cuestión.


2. Solicitar a la directiva de la Corte Suprema de Justicia la elaboración de un proyecto de ley que derogue la Ley 32 de 1999, que aprueba la Sala V, para que sea presentado ante la Asamblea Nacional el próximo 2 de julio de 2012.

Comentario propio. Esto me parece una intromisión abierta en el ejercicio de un Órgano del Estado, tanto es así que le piden que mande una iniciativa legislativa,  hasta en una fecha cierta. Mañana le podrían sugerir, que hasta renuncien algunos magistrados, sin que hubiesen cometidos delitos.

3. Solicitar a las diferentes bancadas de diputados que conforman la Asamblea Nacional la consideración del mismo, a fin de que con la debida participación ciudadana y con urgencia notoria, se proceda a la consulta, debate y aprobación del proyecto de ley que presente el Órgano Judicial a fin de derogar la ley 32 de 1999.

Comentario propio. Esto me parece otra intromisión en el ejercicio de un Órgano del Estado ya que le sugiere como legislar, es decir que resuelvan en favor de lo que mande el órgano judicial, sin que pongan, obstáculo alguno.


viernes, 22 de junio de 2012

Reforma electoral y el frente por la democracia

Políticos ahora militando en el llamado Frente por la Defensa de la Democracia, le han manifestado al país, que estarán vigilantes “para que se cumpla lo acordado sobre las reformas electorales durante un año en la mesa de negociación.” Esta aseveración además de impedir el ejercicio constitucional que tiene la Asamblea Nacional de Diputados para legislar, pretende tratar de imponer un paquete de reformas electorales que estudio la Comisión Revisora del Código Electoral con las Magistrados del Tribunal Electoral, para que éste quede intacto y sin variante alguna.

A mi juicio tal determinación, es un error por lo siguiente:

1. Se requiere del concurso de la ciudadanía, en la discusión de las reformas y no sólo de un pequeño comité.

2. Esa reforma impide el voto directo del electorado, de manera inconstitucional, al candidato de su predilección, en los circuitos plurinominales, ya que los obliga a votar por la lista del partido, que impone su orden de elegibles en la papeleta.

3. Establece un privilegio exacerbado y desigual a los candidatos presidenciales, que serán los dos primeros en las listas de candidatos a Diputados del Circuito Nacional, de los partidos que los postulen, en el caso de que no ganen. Es una especie de premio de consolación. Es inaudita esta idea.

4. Permite la fiscalización del pueblo sobre el origen de las contribuciones privadas, pero luego de los sesenta días calendarios siguientes a la fecha en que se celebraron las elecciones. Esta información se verá de manera desfasada. Debe implementarse una adecuación que permita la fiscalización de los fondos de manera más inmediata, aunque fuese mes a mes.

5. Los candidatos que opten a al cargo de Diputados, por la libre postulación, deberán obtener como adherentes, únicamente electores no inscritos en partidos políticos y esto es inadecuado.

6. Establece el sistema de la Paridad de Género, que no tiene respaldo constitucional.

7. Consagra los diputados nacionales, que no se compadece con la costumbre constitución electoral.


En fin, el Proyecto No. 192 original, que contiene el paquete de reformas electorales, que presentaron los Magistrados del Tribunal Electoral, el 26 de enero de 2011, debe ser sujeto a un sereno debate, y adecuarse a los principios constitucionales, con la aquiescencia de la ciudadanía, antes de entrar a regir en Panamá.

miércoles, 20 de junio de 2012

LA CORTE SUPREMA NO TIENE COMPETENCIA PARA ELIMINAR SALAS



Se ha anunciado a la ciudadanía que de la mesa de concertación ha salido la idea de solicitarles a los magistrados de la Corte, que elaboren una iniciativa legislativa para eliminar la Sala V, mediante la proposición de una ley formal, por parte de ellos.

Jurídicamente la Corte no tiene competencia para ello, ya que la Carta Magna no le permite eliminar las Salas de la Corte, creadas por leyes.

Los que argumentan lo contrario, analizan erradamente el artículo 165 numeral 1 de la, Constitución, que dice así:


ARTICULO 165. Las leyes serán propuestas:
c. Por la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la Nación y el Procurador de la Administración, siempre que se trate de la expedición o reformas de los Códigos Nacionales.

Decir que la Corte pueda promover leyes que eliminen las salas creadas de manera inmediata, por que éstas, están definidas en los códigos, es tan absurdo, que permitiría, inclusive, que mañana 5 magistrados (la mayoría del Pleno) acordaran eliminar, por ley,  todas las salas de la Corte, inmediatamente, debido que las salas no están detalladas en la Constitución, si no en los códigos. Esto atentaría, además,  contra la misma estabilidad de la administración  de justicia, argumento que obstaculizo, a su vez el pase idóneo del proyecto MONCADA, en la Asamblea Nacional.
El Estatuto Fundamental, habla del Pleno y de la jurisdicción contenciosa, pero no detalla el número y la calidad de las salas de la Corte.

Finalmente digo que es falso que la Corte en el fallo, que declaro inconstitucional la ley que eliminó, la Sala V, dijera que ellos, (los magistrados) por ley, serían los únicos, que podrían eliminar salas de la Corte, ipso facto, por la emisión de una ley.

Transcribo el extracto de la sentencia para fines docentes

 
“De esta forma, la Corte considera necesario establecer de forma categórica, y sin lugar a dudas, que no es posible que por Ley se pueda derogar una o más Salas de la Corte Suprema de Justicia, porque tal hecho - evidentemente contrario a la Constitución - atentaría, además, contra la estabilidad judicial e independencia de uno de los tres Órganos del Estado, en este caso, de la Corte Suprema de Justicia. En este sentido, la Corte considera imprescindible determinar clara y categóricamente que el precitado artículo 203, tal cual está redactado, nos conduce a la lógica conclusión de que la Ley tiene la facultad de aumentar el número de Magistrados de la Corte, al poder crear Salas nuevas, pero de ninguna manera puede disminuir el número de Magistrados ni suprimir las Salas que ya han sido creadas, porque tal precedente sería pernicioso y perjudicial para la estabilidad jurídica de esta Corporación de Justicia. Visto desde una perspectiva constitucional, si se aceptara como válido que una Ley pudiera derogar una Sala de la Corte Suprema de Justicia y además dejar sin efecto el nombramiento de cualquiera de sus Magistrados, el precedente apuntaría a que, fácilmente y por medio de una Ley, en el futuro se pudiesen eliminar cualquiera de las Salas que actualmente existen en la Corte Suprema de Justicia y suprimir, eliminar o dejar sin efecto, determinado número de Magistrados. Por ello es que los conceptos y parámetros que sirvieron en determinado momento para fundamentar la derogatoria de la Sala Quinta de Instituciones de Garantía de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Ley N° 49 de 24 de octubre de 1999 - de aceptarse como buena - bien pudiera servir, de inaceptable fundamento, para derogar cualquiera de las actuales Salas de la Corte Suprema de Justicia que, a su vez, han sido creadas mediante sendas leyes tanto en su integración como en el procedimiento, atribuciones y funciones que cada una de éstas tienen delimitadas en leyes que integran el Código Judicial y otras leyes de la República de Panamá, en desarrollo de los principios constitucionales. Es por ello que esta Corporación reafirma que, si bien es cierto que el artículo 203 de la Constitución Política permite que por Ley se puedan crear nuevas Salas en la Corte Suprema de Justicia y nuevos Magistrados que la integren, no es menos cierto que la Constitución no autoriza al Órgano Legislativo para que, mediante otra Ley, se deroguen las Salas creadas por una Ley anterior y se proceda a suprimir y/o a dejar sin efecto el número de Magistrados.”  (Sentencia del martes, 25 de enero de 2011, del Pleno de la Corte)

La venta de las acciones y la derogatoria de la ley de la sala v


     Júbilo ha causado en un gran sector de la población, (me incluyo allí) que los temas de las ventas de las acciones de empresas mixtas, que se estaban debatiendo en sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional de Diputados, por mando del señor Presidente, se vayan a remitir a la mesa de la concertación nacional, para que se den los trámites de rigor.
No obstante jurídicamente, y dentro del plano de la legalidad, nada impide que un porcentaje de las acciones de las empresa eléctricas, pueda ser vendido ya, sin que haya una nueva ley para ello, por virtud de lo que dispuso la Ley 6 de 1997, en su artículo 37; norma promulgada en la administración  del P.R.D. y debidamente sancionada por Ernesto Pérez Balladares. Como moraleja hoy, ese partido, se opone a lo que ayer auspició.
Ley No. 6 de 1997
Artículo 37.  Venta de acciones remanentes. El remanente de las acciones  podrá ser vendido, por el Órgano Ejecutivo, mediante los procedimientos de bolsa de valores de Panamá o subasta pública, con un  límite de cinco por ciento (5%) de estas acciones por comprador.

Sería saludable incluir en la mesa de concertación la modificación, inmediata, del artículo en cuestión.

Respecto a una posible promulgación de una ley que deje sin efecto la Ley No. 32 de 1999, que creo la Sala V, esto no procede, debido a lo que se conoce como la cosa juzgada constitucional, toda vez que la derogatoria de esa ley, ya fue ventilada y procesada en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, otrora.

Jurisprudencia sobre el tópico, a continuación:

“El Pleno ha expuesto en circunstancias anteriores que la finalidad de la cosa juzgada es evitar que se produzcan sentencias contradictorias que afecten la seguridad del ordenamiento jurídico, lo que acarrea la imposibilidad de que esta Superioridad se pronuncie nuevamente sobre la materia previamente resuelta. Esta regla tiene su excepción en los llamados supuestos de relatividad o inestabilidad de la cosa juzgada, a saber: 1) Inconstitucionalidad sobreviniente como consecuencia de cambios o reformas constitucionales; 2) Demandas planteadas por vicios de forma de una ley o acto cuyo contenido material haya sido confrontado y declarado conforme al texto de la Carta Política por el tribunal constitucional, y 3) Casos en que plantean vicios de fondo completamente distintos a los previamente examinados. (Cfr. Sentencia del Pleno de 16 de diciembre de 1996. Ponente: Mgdo. Fabián Echevers).” (Sentencias de 01) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE (2009). PLENO)

martes, 19 de junio de 2012

¿COMO QUEDA LA SALA V?



En suspenso, debido a que no se han aprobados los magistrados nombrados por el Consejo de Gabinete, por parte de la Asamblea Nacional de Diputados, conforme lo ordena el artículo 200 de la Constitución Política de Panamá

¿PUEDE UN PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEROGAR LA SALA V MEDIANTE LA PROMULGACIÓN DE OTRA LEY?

No puede hacerlo, debido a que la Constitución no lo posibilita. Al respecto el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, se pronunció, sobre el tema, de la siguiente forma:

“Como podemos apreciar, el artículo 203 de la Constitución señala claramente la facultad que tiene la Ley para determinar y establecer el número de Magistrados que integrarán la Corte Suprema de Justicia, la cual se dividirá en Salas, cada una formada por tres (3) Magistrados permanentes. Sin embargo, en ningún momento el precitado artículo le da atribuciones al Legislador para suprimir o eliminar Magistrados de la Corte Suprema de Justicia ni para suprimir o eliminar alguna de sus Salas.” (Sentencia del PLENO de la Corte Suprema del martes, 25 de enero de 2011).

¿CÓMO SE PODRÍA ELIMINAR LA SALA V?

Solo vía, de una reforma constitucional.

¿CUÁL PODRIA SER EL FUTURO DE LA SALA V?

La de convertirse en un ripio legal, sino se aprueban los nombramientos de  los magistrados.

¿MITO DE LA SALA V?

  • Que esta Sala atendería las acciones de inconstitucionalidad. Esto es falso, ya que conforme al artículo 206 constitucional, sería el PLENO de la Corte Suprema,  el que lo haría.
  • Que esta Sala serviría para el tema de la reelección presidencial. Esto no es real ya que el Presidente no necesita de la conformación de esta Sala, para que sus nombrados hagan la mayoría en la Corte. Precisamente en los próximos meses estaría nombrando al 5 magistrado dentro de su mandato y el PLENO lo forman  9. Por otro lado, tal afirmación, le endilga una falta de carácter y de dignidad, a un operador de justicia.

jueves, 14 de junio de 2012

NO ES EL TIEMPO IDONEO PARA IMPLEMENTAR LA SALA QUINTA, EN PANAMÁ

Conforme a la ley actual, la Sala V en la Corte, tendrá solo 5 funciones para conocer.

  1. De la acción  de habeas corpus contra agente con mando y jurisdicción en toda la República o en dos o mas provincias.
  2. De la acción  de amparo de garantías, contra agente con mando y jurisdicción en toda la República o en dos o mas provincias.
  3. De la acción de habeas corpus y de amparo de garantías contra Magistrados Superiores y Fiscales de Distrito,
  4. De las apelaciones de habeas corpus y de amparo de garantías procedentes de los tribunales superiores.
  5. De las peticiones que haga el procurador general para las filmaciones y grabaciones.

¿Qué no verá la Sala V?

  1. De los recursos de inconstitucionalidad. Los verá el PLENO
  2. De los Habeas Data. Los verá el PLENO

¿Es conveniente la implementación de la Sala V hoy?

R: No. Debido a que no hay una ley que obligue a los magistrados a elaborar y/o revisar los diversos proyectos, dentro de un término perentorio cierto; no hay una ley, que faculte a la Sala V a ventilar los Habeas Data. No se le ha informado a la ciudadanía de manera clara, sobre las ventajas de la Sala V, para que comprenda sobre la necesidad de ésta.

VENTA DE LAS ACCIONES DE LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS DEL ESTADO





Preocupación ha causado en un sector de la comunidad, la inclusión en segundo debate de la posibilidad de vender las acciones de las empresas eléctricas del Estado, con un máximo de un uno por ciento de las acciones por comprador.



El artículo incluido, reza así:



Artículo 37.  Venta de acciones remanentes. El remanente de las acciones que pertenezcan al Estado podrá ser vendido mediante procedimiento en la bolsa de valores de Panamá, a través de la aprobación del Consejo de Gabinete, a personas naturales o jurídicas de nacionalidad panameña, con un máximo de un uno por ciento (1%) de las acciones por comprador, para efecto de masificar la tenencia de las acciones a la población.

El Estado incentivará la compra de acciones por parte de los empleados del sector público o privado.

La venta de las acciones de empresas eléctricas del Estado a que se refiere este artículo no causará el pago de ningún impuesto nacional o municipal.

El uso de los fondos provenientes de la venta de las acciones remanentes establecidas en este artículo será para inversiones públicas, desarrollo de proyectos de interés social, depósitos en el Fondo de Ahorro de Panamá y/o proyectos de interconexión internacional.









COMENTARIOS:



1.                          El artículo 37 del Texto Único de la Ley 6 de 1997, ya permitía, la venta de las acciones hasta por un límite del 5% de las acciones por comprador. Ya esto de la venta existía, hoy se descubre cuando se desea poner otro tope. Se podía vender otrora,  a propios y a extraños, con la sola autorización del Ejecutivo y nadie lo advirtió. Hoy la idea incluida, alarma.

2.                          Ahora bien, no se define en la norma propuesta hoy, con claridad meridiana, y eso es preocupante, que porcentaje de la venta, va a cada rubro en particular, es decir, a inversiones públicas, desarrollo de proyectos de interés social, depósitos en el Fondo de Ahorro de Panamá y/o proyectos de interconexión internacional.

3.                          El objeto del cambio de la norma, dice ser el de masificar la tenencia de las acciones a la población, sin embargo, no se ha explicado con certeza,  el por que se desea esta masificación.

4.                          No se le ha explicado a la población si las empresas en cuestión, son rentables o no, cuenta habida, de que no se ve potable que se pretenda vender ampliamente las acciones, de una empresa lucrativa, salvo que haya problema de liquidez en la misma.

5.                          Esta política aparente de nacionalización de las acciones de una empresa, hacia los nacionales, no guarda relación con la política de puertas abiertas, que priva para la propiedad de los bienes inmuebles, en donde no se le ha puesto restricciones, para que un extranjero se apodere de los terrenos que desee. En otros países se restringe esto, para asegura la nacionalización de los productos, entre otros aspectos.

6.                          La Asamblea Nacional, en base a lo que disponen los Artículos 242, numeral 5 y 248 de la Constitución, no es competente para eximir del pago de impuestos municipales. Esto es materia de los respectivos Consejos Municipales.




martes, 12 de junio de 2012

FERIA “PANAMA CRISOL DE RAZAS”

En los próximos días, se estará dando inicio, el proceso de regularización migratoria extraordinaria, para los extranjeros ilegales en Panamá. La actividad no tiene un basamento legal adecuado, por lo siguiente: 1. Se está interpretando erróneamente el artículo 171 del Decreto Ejecutivo No. 320 de 2008 que faculta a migración para tomar medidas humanitarias, excepcionalmente en algunos casos; no obstante, al programarse el IX proceso de regularización de este tipo, ha iniciarse próximamente en Panamá, el 18 de junio del año en curso, se está haciendo una regla la medida, más que una excepción, dejando al proceso en estudio de esta forma, huérfano de un sustento legal sano. 2. Se está permitiendo que extranjeros regularizados extraordinariamente tengan un mayor privilegio que los extranjeros que legamente arribaron a nuestro territorio para invertir y legalizarse, ya que no se les exige el cumplimiento de los requisitos que a los otros se les pide. 3. Se está fomentando que se pueble Panamá, con personas foráneas que no tienen los recursos per se, para poder subsistir. 4. Se le está privando a la Asamblea Nacional de Diputados, del derecho constitucional de legislar sobre esta materia. 5. Con la Resolución No. DM111-2012 de 29 de mayo de 2012, publicada en la Gaceta Oficial No. 27047 de 1 de junio de 2012, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral pretende otorgarle permisos de trabajo, por dos años, a éstos extranjeros, violándose con ello, el artículo 17 del código laboral, en cuanto al porcentaje de extranjeros, que debe haber en una empresa. Mi deseo es que las autoridades reflexionen, sobre las consecuencias de esta medida, y le pongan un alto, a esta costumbre peligrosa.

domingo, 10 de junio de 2012

¿SE REQUIERE LA SALA QUINTA, EN PANAMÁ?

Conforme a la sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de 25 de enero de 2011 se ha revivido la Ley No. 32 de 23 de julio de 1999, que creó la Sala Quinta de Instituciones de Garantía, mediante el fenómeno conocido como la reviviscencia de una ley derogada. Aunque algunas personas no están de acuerdo con este concepto, se aclara que las decisiones de la Corte Suprema, son finales, definitivas y obligatorias, por lo que no admiten, recursos en su contra. (Artículo 206 Constitucional) En el fallo en comentario la Corte dijo: “Con fundamento en todo lo anteriormente expuesto por esta Corporación de Justicia, y al declararse la inconstitucionalidad de las normas anteriormente indicadas, queda expresamente vigente la Ley N° 32 de 23 de julio de 1999, mediante la cual se creó la Sala Quinta de Instituciones de Garantía, en virtud de lo cual, dado el hecho de que los periodos constitucionales de los tres (3) primeros Magistrados, culminaron el último día de diciembre de los años 2004, 2006 y 2008, respectivamente, se pone en conocimiento de la autoridad nominadora que, puede proceder al nombramiento de los tres (3) nuevos Magistrados que han de integrar la Sala Quinta de Instituciones de Garantía de la Corte Suprema de Justicia, con sus respectivos suplentes, conforme a lo señalado en el parágrafo transitorio del artículo 23 de Ley N° 32 de 23 de julio 1999, que les fuera aplicado a los tres (3) primeros Magistrados integrantes de la Sala Quinta de Instituciones de Garantía, es decir, respetando el principio de nombramientos escalonados a que se refiere el último párrafo del artículo 203 de la Constitución Política.” Aunque en lo personal, veo con buenos ojos que haya una nueva Sala en la Corte, que pueda servir para la expedición de sentencias, en materia constitucional, la Sala Quinta, no debiera implementarse hoy, hasta tanto se tomen las siguientes medidas. 1. Se cree una ley que obligue a los magistrados a elaborar y/o revisar los diversos proyectos, dentro de un término perentorio cierto. Hay casos que tienen años en la Corte, sin embargo, no se emiten fallos al respecto. 2. Se incluya en una ley, la facultad de ventilar los Habeas Data, a la Sala Quinta. 3. Se converse, reposadamente, con la ciudadanía de manera clara, sobre las ventajas de la Sala Quinta, para que comprenda sobre la necesidad de ésta. Hasta ahora el comentario que ha salido en favor de esta Sala, es la que justifica la implementación expedita de la Sala, para evitar el deterioro de las estructuras en donde van a estar las oficinas de la Sala Quinta. El argumento adolece de sustento técnico. 4. Se establezcan perfiles técnicos, para los que hayan de ocupar los cargos de magistrados de la Sala Quinta. Si no se hace esto, un sector grande de la población creerá que los nombramientos obedecen solo para fortalecer el poder presidencialista.

sábado, 9 de junio de 2012

VETO DE LA LEY GENERAL DE CULTURA

Personas han cuestionado el veto presidencial sobre el Proyecto General de Cultura, que fue objetado, debido a que creaba un ministerio. Desde el punto de vista constitucional, la creación de un ministerio solo puede ser propuesto por el Órgano Ejecutivo, conforme reza el Artículo 159 constitucional. Acto seguido el artículo en cuestión. ARTICULO 159. La función legislativa, es ejercida por medio de la Asamblea Nacional y consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado declarados en esta Constitución y en especial para lo siguiente: … 12. Determinar, a propuesta del Órgano Ejecutivo, la estructura de la administración nacional mediante la creación de Ministerios, Entidades Autónomas, Semiautónomas, Empresas estatales y demás establecimientos públicos, y distribuir entre ellos las funciones y negocios de la Administración, con el fin de asegurar la eficacia de las funciones administrativas. … Por lo antes expuesto, el veto del señor presidente, se adecua a derecho, cuenta habida, que la idea de crear un ministerio, no salió del ejecutivo como debía hacerse. Los asesores de la Asamblea Nacional debieron haber presentado sus argumentos constitucionales sabedores sobre el particular y al parecer, no lo hicieron. ¿Qué debe hacer la Asamblea Nacional, sobre el tema, si lo desea? Cambiar la estructura organizativa del INAC pero no crear un ministerio; así lo ha posibilitado el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en el fallo del 24 de abril de 1996, cuyo concepto se mantiene hoy incólume. "La estructuración de la administración pública, por lo tanto, establece el Órgano Legislativo, pero sobre la base de un proyecto de ley cuya iniciativa le corresponde en forma privativa al Órgano Ejecutivo. No obstante, estima el Pleno que tal monopolio de la iniciativa legislativa de este tipo de leyes, alcanza solamente al acto inicial de creación, y, por lo tanto, no impide que una entidad pública, ya creada, pueda ser modificada a iniciativa del Órgano Legislativo, precisamente para que este reordenamiento de las funciones, asegure la eficacia de la administración pública, ya creada, cuyo establecimiento le corresponde al Órgano Legislativo, por cuanto la restricción en la limitación constitucional a la iniciativa legislativa, se refiere al acto fundacional de una entidad pública, sin que, una vez creada, se considere oportuno realizarle cambios y también, la de distribuir (o redistribuir) entre ellos las funciones y negocios de la administración, por cuanto, se repite, en apreciación de este Pleno, la limitación de la iniciativa legislativa que consagra el numeral 12 del artículo 153 (hoy 159) se refiere exclusivamente a la propuesta del acto fundacional de creación de entidades públicas, por parte del Órgano Ejecutivo." Si el tema de la creación del ministerio de la cultura, hubiese sido debatido en sesiones extraordinarias, (que no es el caso bajo análisis) la ley sería potable, aunque no hubiese sido propuesto por el ejecutivo, conforme al fallo de la Corte Suprema de Justicia Pleno del 5 de junio de 1997. La Corte sobre el tema, dijo que “si bien el proyecto de Ley Nº 28 "por el cual se modifican, derogan y adicionan algunos artículos de la Ley Nº 5 de 25 de febrero de 1993 (Por la cual se crea la Autoridad de la Región Interoceánica y se adoptan medidas sobre los bienes revertidos) fue presentado inicialmente por el Honorable Legislador Víctor López en sesiones ordinarias, fue el Ejecutivo quien convocó a sesiones extraordinarias a fin de que se sometiera a discusión- entre otros- el proyecto de ley Nº 28 antes aludido, de modo tal que prácticamente, fue el Ejecutivo quien puso en movimiento el proyecto en cuestión. De manera tal que los argumentos esgrimidos por los demandantes carecen de toda validez jurídica y por ende no logran demostrar la supuesta violación a las normas arriba mencionadas.”

viernes, 8 de junio de 2012

OBJECIONES TARDIAS HACIA EL MOP

Hoy personas cuestionan las licitaciones públicas por mejor valor, llevadas a cabo por el Ministerio de Obras Públicas, en obras viales. Este sistema de selección de contratista fue creado por la Ley No. 22 de 2006, de la administración anterior, y se permite cuando el objeto del contrato, reviste de un cierto grado de complejidad y se adjudica al que más punto tenga de un total del 100%. Aquí el precio se pondera, pero solo como uno de los componentes del acto. A mi juicio las objeciones, por presunto sobre costos, que se le endilgan a las obras viales, por algunos entendidos, son extemporáneas, por lo siguiente: 1. La licitación se anunció con tiempo en el sitio virtual, “PanamaCompra”. 2. El acta de la homologación, fue publicada en el sitio virtual, “PanamaCompra.” 3. El informe de la Comisión Evaluadora del acto público, se comunicó en el sitio virtual, “PanamaCompra.” 4. La descalificación de los proponentes, que no cumplieron con el pliego de cargos, se publicó, en el sitio virtual, “PanamaCompra.” 5. La adjudicación del acto se publicó, en el sitio virtual, “PanamaCompra. Se destaca que el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas le ha dado fuerza vinculante al informe de las comisiones, en base a la interpretación que le han dado al Artículo 54 de la ley 22 de 2006. En tal sentido, el MOP estaba obligado a adjudicarle al oferente ganador con más puntaje. En la Resolución No. 035- Pleno/TAdeCP de 11 de mayo de 2011, el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas dijo en la página 23: “la participación de las Comisiones ya sea Evaluadoras o Verificadoras como lo es en el caso sub júdice, que de conformidad al contenido normativo del artículo 48 (hoy 54) de la Ley de Contrataciones Públicas, el Informe generado por la misma tiene una fortaleza formal con carácter obligante, en las Entidades rectoras al anunciar su Acto de Adjudicación o de Declaratoria de Desierto, en pronunciarse y respetar dichas valoraciones de los informes de estas Comisiones…”” 6. El contrato público, de la obra mas promocionada, al menos, fue refrendado por la Contraloría General, por lo que no puede eliminarse hoy, por la seguridad jurídica. Lo que pareciera gravitar en mi concepto, es un componente político, en torno al ítem del sobre costo, mismo que existió otrora, cuando muchos políticos cuestionaron a la cinta costera, endosándole el mote de “cinta coimera” no obstante, hasta el momento, no han podido probar, con prueba fehaciente, que hubo sobre costo, en la prenombrada obra. ¿El MOP que debiera hacer, con urgencia hoy? Ir a todos los medios de comunicación, sin excepción, hasta donde le sea posible, para rendirle cuenta al país sobre este tema. ¡Cuentas claras, conservan la amistad ¡

BOLETAS DETECTADAS A TRAVES DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS.

Con los artículos 203 y 204 del Reglamento de Tránsito, se hace viable como prueba para el infractor del reglamento en cuestión, el registro de la cámara fotográfica y/o video. Reglamento de Tránsito Artículo 204. La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre queda facultada para establecer procedimientos que permitan sancionar las infracciones que sean registradas a través de cámaras fotográficas o de video o dispositivos electrónicos o similares, en donde estos registros se constituyen en prueba para la aplicación de la sanción correspondiente. Artículo 203. Todo conductor será responsable de cualquier infracción de tránsito que incurra al manejar un vehículo. Se exceptúa de lo anterior, aquellas faltas donde la infracción sea registrada al vehículo en cuyo caso el propietario del vehículo será responsable de la infracción. Para aplicar estas infracciones se identificará el vehículo por el número de placa única registrada por medio de cámaras fotográficas o de video, dispositivos electrónicos o similares, o boletas adhesivas de mal estacionado. Para tal fin, se ha publicado en la Gaceta Oficial No. 26940-B de 28 de diciembre de 2011, la Resolución AL-NO. No. 1717 de 22 de diciembre de 2011, que establece el mecanismo de notificación de las boletas mediante el procedimiento de detección electrónica, a través de cámara fotográfica y/o video. Lo contradictorio, es el mecanismo, que se esta validando para notificar estos tipos de boletas. Según la norma, es válida la notificación, en el llamado de las llamadas telefónicas a celulares; la grabación respectiva, (a veces la gente ni la oye inmediatamente) en el caso del correo electrónico, su respectiva copia de envío (a veces por el volumen de los correos, no se ven en el acto) y en la notificación residencial o laboral, el acuse de recibo (no es obligatorio que firme el infractor que recibe, según la disposición). (Véase el Artículo 10). Lo de la boleta de citación, adhesiva, al auto del infractor, no se contempla para este rubro. Esto pudiera estar lesionando la forma de notificación que reza la Ley 38 de 2000, que nos habla de la notificación personal o edictal del sujeto. Una cosa es la facultad de precisar un procedimiento para sancionar que tiene la ATTT y otra cosa es la de modificar el sistema de notificación, que una norma de mayor jerarquía ha dispuesto, para fortalecer el debido proceso. Cuando se ha querido modificar el sistema de notificación, es la ley, la que consagra la diferencia, como en el caso de la Ley 22 de 2006 (de contratación pública) que notifica a través de “PanamáCompra.” Ojala nunca escuchemos de las quejas de los usuarios, sobre este respecto.

miércoles, 6 de junio de 2012

NUEVO CENTRO DE CONVENCIONES

Los medios de comunicación, informan la futura creación del Centro de Convenciones en Amador que se pretende hacer mediante una licitación. Esto no corresponde con lo que dice el Plan Estratégico de Gobierno, publicado el 12 de enero de 2010, en la Gaceta Oficial No. 26445- A, en sus páginas 74 y 75 en donde se nos informa que la decisión del gobierno, era la de construir el nuevo centro de convenciones, mediante la modalidad de concesiones y asociaciones públicos- privadas, en donde el sector privado, invertiría con el capital por adelantado, cargando con casi la totalidad o la mayoría del riesgo. No comprendemos por que se ha cambiando el derrotero de manera rápida, sino se ha agotado la idea de impulsar un proyecto de la APP consensuado, con las empresas, para lograr el fin propuesto, máxime que el Nuevo Centro de Convenciones, podría estar valorado, más o menos, en 150 millones de dólares, conforme reza en la página 76 del documento publicado en Gaceta. Se ha publicado, finalmente, que se quiere vender el Centro de Convenciones ATLAPA, sin embargo, si parte de éste inmueble, hubiese sido construido sobre el lecho de mar, éste segmento, no podría ser vendido, pues violaría el artículo 258 de la Constitución Política.

lunes, 4 de junio de 2012

EL GOBIERNO DEBE REVELAR EL LISTADO DE lOS TRANSPORTISTAS COMPENSADOS

La Cámara Nacional de Transporte (CANATRA), a través de su presidente Dionisio Ortega, exigió este lunes 4 de junio al Gobierno Nacional que cumpla con el acuerdo de no dar a conocer al público en general el listado de los transportistas que están recibiendo las compensaciones tras la modernización del transporte público. Desconocemos a que arreglo llegó el gobierno con los transportistas, pero conforme al Artículo 8 de la Ley 6 de 2002 esos pagos son de acceso libre, cuenta habida de que son el producto de las actividades que desarrolla el gobierno, por lo que todo ciudadano debe conocerlo, como fiscalizador de la cosa pública. El Artículo 10 de la ley en mención obliga al Estado a informarle al que lo solicite, sobre las decisiones adoptadas, por el gobierno y en el Artículo 14 Ibid, que contiene la información de acceso restringido, que no debe darse, no contempla el pago de compensaciones con dineros del Estado. Es baladí el argumento de la omisión de la información, por la seguridad de los transportistas, debido a que tal tesis, no rige para todos los propietarios de bienes inmuebles, los cuales están expuestos, en la base de datos gratuita, del Registro Público de Panamá, que hasta por Internet, se puede investigar. URGE LA TRANSPARENCIA EN ESTOS PAGOS

Balance sobre el proyecto de ley del agua

Balance sobre el ANTE- PROYECTO DE LEY DE LA AUTORIDAD DEL AGUA El Ante- proyecto de ley, de 163 artículos, esta siendo consultado con diversos sectores de la sociedad y el mismo pretende reestructurar el marco legal e institucional del sector de agua potable y saneamiento de la República de Panamá. BALANCE POSITIVO 1. Se crea la Autoridad con fondos separados del gobierno central y derecho de administrarlo. 2. Se dota a la autoridad, facultad para proteger los recursos hídricos. 3. Se crea una unidad rural de agua potable y saneamiento, para las comunidades rurales. 4. Se crea un fiscalizador general, responsable por la realización y supervisión de auditorias e investigaciones, relacionadas con la operación de la autoridad. 5. El presupuesto de la Autoridad, no formará parte del presupuesto general del Estado. 6. La Asamblea Nacional no tiene facultad para modificar el presupuesto de la Autoridad, sólo puede aprobarlo o rechazarlo. 7. Los fondos de la Autoridad podrán ser colocados a corto plazo, en instrumentos de inversión. 8. El gobierno no podrá comprometer los ingresos brutos percibidos por la Autoridad. 9. Las entidades públicas, deberán pagar, la tarifa que les corresponda. 10. Se establecen derechos, para los usuarios del servicio. 11. Se permite recurrir a los usuarios ante la ASEP, cuando los niveles de servicio, sean inferiores a los establecidos. BALANCE NEGATIVO 1. No se detalla en que consisten las inversiones que tendrá la Autoridad, por el orden de los 800 millones, que se enuncia, en el considerando del ante-proyecto y como se van a obtener los ingresos. 2. La junta directiva de la de la Autoridad no la integran, ciudadanos de la sociedad civil, como fiscalizadores de la cosa pública. 3. La exigencia, del tiempo, para la renuncia del cargo, para los directores de la Autoridad, que desean optar a puestos de elección popular, NO coincide con lo que estipula el código electoral, para todas las demás personas. 4. El Ejecutivo tiene facultad plena de remover a los directores de la Autoridad, por comprobada incapacidad administrativa; esto es muy subjetivo. 5. No consta, como requisito para los administradores de la Autoridad, el que se tenga un título universitario de ingeniería o de alguna carrera a fin, al servicio que va a prestar. 6. El fiscalizador general de la Autoridad, sin ser abogado o CPA podrá, revisar las normas legales y hasta llevar a cabo auditorías. 7. No existe la estabilidad funcional, para el cargo de fiscalizador general. 8. No se incluye el principio de licitación pública, en las contrataciones de la Autoridad. Esto pudiera ser poco transparente. 9. La Autoridad no es responsable, ante terceros, como los demás entes públicos en el País, por las acciones abusivas de sus funcionarios. 10. No se incluye la función fiscalizadora previa de la Contraloría General, en las contrataciones y en el manejo de lo fondos públicos, de la Autoridad. Determina que la Contraloría llevará sólo la auditoria posterior. Esto es inconstitucional. 11. No se precisa para los funcionarios de la Autoridad, que se sujetarán, al régimen laboral y a los beneficios del código laboral. 12. No se le pone límites, a la contratación de extranjeros. 13. Se le pretende cobrar al pueblo, el costo de los medidores de consumo de agua y un cargo por su instalación. 14. Inconstitucionalmente se limita, a la CORTE Suprema de Justicia, en su función de suspender provisionalmente, los actos, de la Autoridad.