domingo, 30 de septiembre de 2012

PROYECTO DE LEY DE DERECHO DE AUTOR


Pendiente de la sanción presidencial, está el proyecto de ley 510  sobre derecho de autor y derechos conexos. El instrumento lo veo positivo en su estructura, no obstante, hay artículos en él que me resultan muy preocupantes. Estos son como siguen:

1. Obras periodísticas. Cuando los artículos u otras obras periodísticas sean realizados por autores sin relación de dependencia laboral con el medio de comunicación social, se presume, salvo pacto expreso en contrario, que solo se confiere al medio de comunicación el derecho de publicarlos o comunicarlos por una vez. (Art. 38).

Por lo tanto el medio, para evitar problemas con el autor, debe procurar contar con el aval de rigor, para publicarlo por varias veces.

2. Obras periodísticas. Si el editor o propietario del medio de comunicación modifica sin el consentimiento del autor, un artículo cedido, este puede pedir la inserción íntegra y fiel del artículo cedido, sin perjuicio del derecho a reclamar indemnización. (Art. 39).

No comparto la tesis de hacer viable, una indemnización contra el medio, en este sentido, pues a veces la modificación es producto de la edición, por cuestiones de espacio.

3. Ni una persona natural o jurídica podrá prestar su apoyo para reproducir una obra, en todo o en parte, si el usuario no cuenta con la autorización previa y escrita del titular del respectivo derecho, ya que seria solidariamente responsable. (Art. 56 y 57).

Esto le da la carga a una empresa de hacer investigaciones y de hasta de exigir documentación previa al cliente, para realizar un trabajo. La carga debiera estar en el que pide el trabajo, únicamente.

4. Es ilícito vender, arrendar o distribuir un dispositivo o sistema tangible o intangible, sabiendo o teniendo razones para saber que el dispositivo o sistema sirve primordialmente para decodificar una señal de satélite codificada portadora de programas sin la autorización del distribuidor legítimo de dicha señal. (Art. 147).

Esto compele al empresario que comercia un equipo, a investigar con profundidad, las cualidades del bien que pone a disposición del público; asunto que antes no era  obligante.

5.  No hay una gradación en las sanciones que la Autoridad General de Derecho de Autor pueda imponer a las entidades de gestión colectiva, que infrinjan sus normas.

Puede imponerse libremente, desde una amonestación, hasta la cancelación de la autorización. Se han redactado, perversamente las normas, debido a que no se detalla el concepto de gravedad de la falta. (Art.  156 y 155)

6. La Dirección General de Derecho de Autor, puede sancionar a los infractores por infracciones particularmente leves y hasta graves, sin embargo, no se han definido cuales son éstas, para mayor claridad. (Art. 157)

sábado, 29 de septiembre de 2012

¿Por que no se deben vender los terrenos de la Zona Libre de Colón?

 

 

Es harto conocido que la mayoría de los terrenos, en donde están las empresas de la Zona Libre de Colón, son rellenos hechos sobre lecho de mar, en consecuencia, se encuentran insertos, en cuanto a su apropiación privada, dentro de la prohibición constitucional que reza el artículo 258 de la Constitución Política panameña y sabido es, que lo accesorio, sigue la suerte de lo principal.


Ha trascendido que se pretende presentar en la Asamblea Nacional, en los próximos días, un proyecto de ley que hace viable la venta de los terrenos de la zona libre de colón, a través de la figura de la desafectación.

La figura de la desafectación sobre terrenos de dominio público, permite que los mismos puedan formar parte del dominio privado y opera por voluntad del Estado, a través de un acto público, que pueda desafectar un bien de dominio público y convertirlo a la postre, en bien patrimonial o fiscal del Estado, y por ende, susceptible de enajenación.

No obstante, la desafectación debe aplicarse emitiendo los actos administrativos, que afectaron un bien, es decir, si una ley afecto un bien en dominio público, otra ley podría desafectarlo. Decir que una ley puede desafectar a un bien de dominio público establecido por la Carta Magna, no solo sería contra natura, sino que atentaría groseramente, contra la jerarquización de las normas que privan en Panamá.


De lo expuesto se afirma que una ley no puede derogar lo precisado por la Constitución, pues sería, inconstitucional, el hecho arbitrario.

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, en el caso ICA, en sentencia de 30 de diciembre de 2004, resolvió un tema parecido profiriendo que: “Si se está rellenando un bien de dominio público como lo es el lecho marino, no es coherente indicar que estos rellenos automáticamente se transforman en bienes patrimoniales. De ser así, el Estado perdería una de sus más importantes potestades, como lo es la disposición que tiene el anterior con respecto a los bienes de dominio público.


Si el Estado permite que los rellenos que se hagan sobre bienes de dominio público sean propiedad privada, estará perdiendo parte del patrimonio y de los elementos constitutivos del Estado, como lo es el mar territorial, playas, el lecho marino, etc.”


Abanicar la idea de vender los terrenos, rellenados de la Zona Libre de Colón, por la figura de la desafectación, que no debiera aplicar, para los bienes de dominio publico que están bajo la prohibición, del Artículo 258 de la Carta Magna, podría a su vez, abrir la posibilidad de que en el futuro, con la promulgación de otra ley, cualquier gobierno, pudiera también vender, la plataforma continental, los ríos navegables, el espacio aéreo y demás bienes que están en el mismo artículo mencionado.


CONSTITUCIÓN

“ARTICULO 258. Pertenecen al Estado y son de uso público y, por consiguiente, no pueden ser objeto de apropiación privada:
1. El mar territorial y las aguas lacustres y fluviales, las playas y riberas de las mismas y de los ríos navegables, y los puertos y esteros. Todos estos bienes son de aprovechamiento libre y común, sujetos a la reglamentación que establezca la Ley.2. Las tierras y las aguas destinadas a servicios públicos y a toda clase de comunicaciones.
3. Las tierras y las aguas destinadas o que el Estado destine a servicios públicos de irrigación, de producción hidroeléctrica, de desagües y de acueductos.
4. El espacio aéreo, la plataforma continental submarina, el lecho y el subsuelo del mar territorial.
5. Los demás bienes que la Ley defina como de uso público. En todos los casos en que los bienes de propiedad privada se conviertan por disposición legal en bienes de uso público, el dueño de ellos será indemnizado.”

Sobra añadir que los Diputados, no deben siquiera abordar un tipo de ley como ésta, por que les está vedado el hacerlo, de acuerdo al Artículo 163 numeral 1 de la Constitución, que reza: “Es prohibido a la Asamblea Nacional:
1. Expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de ésta Constitución.


viernes, 28 de septiembre de 2012

CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON EL PAN


Se ha denunciado en los medios de comunicación que se está utilizando ‘una vía de escape’, de forma descontrolada, por parte de algunas entidades del gobierno, para impulsar sus proyectos, y es el utilizar el Programa de Ayuda Nacional (PAN) mediante la firma de ‘convenios de cooperación’, que les permitan realizar compras directas, evadiendo hacer llamados a licitación.

De ser cierta hoy esta afirmación,  se evidencia una violación directa a ley general de compras del Estado y entonces la Contraloría General esta siendo cómplice de este asunto, a mi juicio irregular.

La ley 22 de 2006 (de contratación pública) es clara cuando afirma en su Artículo 1 que  ésta ley establece las reglas y los principios básicos de obligatoria observancia que regirán los contratos públicos que realicen el Gobierno Central, las entidades autónomas y semi autónomas, los municipios, la Caja de Seguro Social, los intermediarios financieros y las sociedades anónimas en las que el Estado sea propietario del cincuenta y uno por ciento (51 %) o más de sus acciones o patrimonio; por lo tanto, no debieran avalarse, tales convenios, suscritos por entidades públicas con el PAN, si persiguen, en alguna medida, el eludir la ritualidad existente, en rango de ley (Ley 22), para acogerse a los beneficios del PAN (que tiene disposiciones libres para las compras).

Si las entidades no se sienten a gusto con la normativa, antes descrita,  deben impulsar un cambio legislativo en la Asamblea Nacional, para que se modifique la ley y ponerla mas tono con la realidad, pero nunca implementar “prácticas extrañas de juega vivo panameño”, con fondos públicos.

La Contraloría, debe jugar mejor su papel fiscalizador y parar, mediante la negación del refrendo,  los convenios de marras, si perciben en ellos, el soslayo de la Ley 22 de 2006.

miércoles, 26 de septiembre de 2012

El gas pimienta

El gas pimienta es un compuesto químico que irrita los ojos, puede causar lágrimas, dolor e incluso ceguera momentánea.

Usualmente se usa o para la defensa personal o para preservar el orden público.

La Comisión de Opciones Tecnológicas y Científicas del Parlamento Europeo (STOA) publicó en 1998 "Una evaluación de las tecnologías de control político", una extensa información del aerosol de pimienta y el gas lacrimógeno Escribieron:
"Los efectos del aerosol de pimienta son bastante más severos, incluyendo ceguera temporal con duraciones de 15-30 minutos, una sensación ardiente de la piel que dura de 45 a 60 minutos, espasmos de la parte superior del cuerpo que fuerzan a la persona a doblarse hacia delante y provoca una tos incontrolable dificultando la respiración y el habla de 3 a 15 minutos."

Según Wikipedia, para las personas que tienen asma, que están tomando medicamentos o son objeto de técnicas restrictivas que restringen la cantidad de aire al respirar, hay riesgos de muerte. El Los Angeles Times informó que al menos hay 61 muertes asociadas con el uso policial del aerosol de pimienta desde 1990 en EE.UU.

En Panamá no existe un instrumento jurídico, conocido por la población, sobre el uso de este gas; sobre quienes lo pueden usar (si por policía y particulares)  y bajo que condiciones, es permitido su aplicación.

En algunos países, si existe regulación al respecto.

Mi criterio es que debe existir una normativa promulgada,  que restrinja su uso sólo para la policía  y para cuando resulte imprescindible, porque ya se agotaron todos los medios no violentos para proteger el bien jurídico, que está a punto de ser lesionado o está siendo lesionado o porque no existe en el caso, una opción no violenta para protegerlo o restituirlo eficazmente.


La Censura del Internet en Panamá


En el mensaje del Presidente Martinelli, en la 67a Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre el uso del Internet dijo que Panamá estaba preparando un anteproyecto de ley para que se establezcan “regulaciones mínimas” dirigidas a la protección de nuestra niñez y adolescencia, frente a contenidos dañinos que se difundan por Internet y otros medios electrónicos.

Dijo el señor presidente que ya estaban trabajando para aprobarlo en consenso con toda la sociedad panameña. “Tenemos que aliarnos para “cerrar filas” en contra de los sitios de Internet que  promueven la pornografía en general y la infantil, en particular, la comunicación obscena y lasciva, la violencia física, sexual y emocional.”  

Como ciudadano muestro mi preocupación a todo deseo, que pudiera haber,  si es el caso, de restringir el uso del Internet en Panamá, debido a que abogo, por la neutralidad de la red.

Millones de personas han censurado la violación del principio de neutralidad de la red, en los casos conocidos como la ley SOPA, el ACTA, etc., pues entendían que la censura, era una privación a la intimidad del cibernauta.

El principio de neutralidad de la red, objeta la censura en el Internet y busca fortalecer la libertad de expresión.

En el medio oriente, en la primavera árabe,  los pueblos protestaban y se comunicaban por INTERNET, en las redes sociales, para objetar los actos arbitrarios de sus gobernantes, ¿y que hicieron algunos Mandatarios, al respecto?

Censuraron, el Internet.

Mañana pudieran cometer los gobernantes, un acto arbitrario o delictivo y ante la protesta ciudadana, nos pueden bloquear la red, como censura; como se hizo, en el medio oriente, en la primavera árabe.

La libertad de difusión de material y de comunicación por la red, no debiera ser negociable.


Fundamento legal de mi punto.

Constitución panameña

ARTICULO 37. Toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa; pero existen las responsabilidades legales cuando por alguno de estos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o el orden público.

Convención Americana sobre  Derechos Humanos

ARTÍCULO 13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión
 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
 a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
 b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.


¿Qué políticas se deben implementar para disminuir actos lascivos hacia menores, en el espacio cibernético?

Propongo:

  1. Profundizar la cultura y educación,  en los padres de familia, para que sean ellos los que tomen las medidas restrictivas en la red de sus hogares, en su libertad de disponer y no el Estado.
  2. Motivar a los medios de comunicación a que minimicen la difusión de telenovelas, ya que la mayoría de éstas, promueven antivalores en la sociedad.
  3. Incentivar la cultura y el deporte en la sociedad.
  4. Alentar a los cibernautas a que denuncien a las autoridades competentes, los supuestos casos de difusión pornográfica en Internet.
  5. Establecer una aplicación móvil de denuncias en donde se permita copiar el link del lugar que tiene el contenido ilegal, se abre la aplicación, se pega en el formulario el link y se le da a enviar a un lugar destinado para la investigación.
  6. Fortalecer nuestro sistema de justicia preventiva, a efecto de garantizar la efectividad de la acción  y hasta de la sanción, de nuestras autoridades, hacia el ilícito infantil.
  7. Crear un sistema adecuado para promover, fortalecer y proteger de manera mucho más eficaz los derechos de los menores. Aquí se involucraría a la sociedad civil.


lunes, 24 de septiembre de 2012

CRITERIO DEL SECTOR JURIDICO DEL PRD ESTA ERRADO


Medios de comunicación  le han informado al país que el Sector Jurídico del Partido Revolucionario Democrático (PRD) le preocupa que el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, resuelva los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley No. 54 luego de las elecciones de 2014.

Así lo informó Zulay Rodríguez, una de las abogadas que integran el Sector Jurídico del PRD, quien agregó que si se resuelve luego de 2014 se tendrían que anular las elecciones.

Agregó que esta situación provocaría que tendrían que repetirse las elecciones.

Esta tesis, a mi juicio esta completamente errada, ya que los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad de una ley, son hacia el futuro, por lo que no afectaría, ningún resultado de las elecciones celebradas.

La ley así lo establece.

Código Judicial

Artículo 2573.
Las decisiones de la Corte proferidas en materia de inconstitucionalidad son finales, definitivas, obligatorias y no tienen efecto retroactivo.


Por otro lado, el voto popular, jamás se podría desvirtuar por una sentencia, debido a que el poder público, emana del pueblo y la ciudadanía ejercerá su derecho al sufragio, de acuerdo a las disposiciones vigentes de la época.

Constitución

Articulo 2.
El Poder Público sólo emana del pueblo. Lo ejerce el Estado conforme esta Constitución lo establece, por medio de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración.
  
¿Puede una sentencia de inconstitucionalidad,  afectar actos del pasado?

Si, siempre que lo demandado, no haya sido una ley; así lo ha declarado la Corte Suprema, Pleno, por lo menos en el fallo del 17 de julio de 2007, cuya parte pertinente, transcribo:

“Con base en todo lo anotado, esta Superioridad se ve obligada a precisar que con la declaratoria de inconstitucionalidad del acto censurado, resulta oportuno aclarar los efectos que produce este pronunciamiento del Pleno de la Corte. En ese sentido, esta Corporación de Justicia ha señalado de manera uniforme, en los casos de jurisdicción constitucional objetiva en que lo que se demanda no es una norma legal, sino un acto de carácter individualizado, como ocurre en el presente caso, la posibilidad de otorgarle efectos retrospectivos o ex-tunc a la sentencia de inconstitucionalidad, con la finalidad que, efectivamente, puedan repararse los agravios causados. Así, la Corte ha indicado que:
"Si se permite que un acto jurisdiccional pueda ser demandado como inconstitucional, es obvio que puede ser declarado inconstitucional. Sostener que la decisión de la Corte en estos casos no produce efectos retroactivos y que sólo produce efectos hacia el futuro, traería como consecuencia que la declaratoria de inconstitucionalidad sea totalmente intrascendente, inocua" (Sentencia de 3 de agosto de 1990).”


Caso práctico.

Cuando la Corte Suprema, Pleno, en la sentencia del 21 de julio de 2009, declaro inconstitucional, la norma electoral que posibilitaba sólo a los partidos políticos, a postular candidatos a la presidencia, no invalidó, el resultado de las elecciones celebradas, debido a que se le habían afectado, los derechos a Juan Jované.

CRITERIO DEL SECTOR JURIDCO DEL PRD ESTA ERRADO


Medios de comunicación  le han informado al país que el Sector Jurídico del Partido Revolucionario Democrático (PRD) le preocupa que el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, resuelva los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley No. 54 luego de las elecciones de 2014.

Así lo informó Zulay Rodríguez, una de las abogadas que integran el Sector Jurídico del PRD, quien agregó que si se resuelve luego de 2014 se tendrían que anular las elecciones.

Agregó que esta situación provocaría que tendrían que repetirse las elecciones.

Esta tesis, a mi juicio esta completamente errada, ya que los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad de una ley, son hacia el futuro, por lo que no afectaría, ningún resultado de las elecciones celebradas.

La ley así lo establece.

Código Judicial

Artículo 2573.
Las decisiones de la Corte proferidas en materia de inconstitucionalidad son finales, definitivas, obligatorias y no tienen efecto retroactivo.


Por otro lado, el voto popular, jamás se podría desvirtuar por una sentencia, debido a que el poder público, emana del pueblo y la ciudadanía ejercerá su derecho al sufragio, de acuerdo a las disposiciones vigentes de la época.

Constitución

Articulo 2.
El Poder Público sólo emana del pueblo. Lo ejerce el Estado conforme esta Constitución lo establece, por medio de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración.
  
¿Puede una sentencia de inconstitucionalidad,  afectar actos del pasado?

Si, siempre que lo demandado, no haya sido una ley; así lo ha declarado la Corte Suprema, Pleno, por lo menos en el fallo del 17 de julio de 2007, cuya parte pertinente, transcribo:

“Con base en todo lo anotado, esta Superioridad se ve obligada a precisar que con la declaratoria de inconstitucionalidad del acto censurado, resulta oportuno aclarar los efectos que produce este pronunciamiento del Pleno de la Corte. En ese sentido, esta Corporación de Justicia ha señalado de manera uniforme, en los casos de jurisdicción constitucional objetiva en que lo que se demanda no es una norma legal, sino un acto de carácter individualizado, como ocurre en el presente caso, la posibilidad de otorgarle efectos retrospectivos o ex-tunc a la sentencia de inconstitucionalidad, con la finalidad que, efectivamente, puedan repararse los agravios causados. Así, la Corte ha indicado que:
"Si se permite que un acto jurisdiccional pueda ser demandado como inconstitucional, es obvio que puede ser declarado inconstitucional. Sostener que la decisión de la Corte en estos casos no produce efectos retroactivos y que sólo produce efectos hacia el futuro, traería como consecuencia que la declaratoria de inconstitucionalidad sea totalmente intrascendente, inocua" (Sentencia de 3 de agosto de 1990).”


Caso práctico.

Cuando la Corte Suprema, Pleno, en la sentencia del 21 de julio de 2009, declaro inconstitucional, la norma electoral que posibilitaba sólo a los partidos políticos, a postular candidatos a la presidencia, no invalidó, el resultado de las elecciones celebradas, debido a que se le habían afectado, los derechos a Juan Jované.

LEY QUE BENEFICIA A DIPUTADOS


Ha salido en la gaceta oficial No.  27127-A, la Ley No. 55 de 2012 que modifica el código procesal penal, en favor de los diputados.

A mi juicio esta ley es desacertada, debido a que establece beneficios excesivos en favor de los llamados, padres de la patria.

Estos beneficios, son como siguen:

  1. Establece un privilegio excesivo en cuanto al término, que tiene la Corte Suprema  para investigar a los diputados, que pudiera ser hasta dos meses, más una prórroga de un mes adicional y días, por la complejidad del caso, conforme al artículo 5 del instrumento, no obstante,  el mismo código precisa un término de investigación para todos los demás investigados (el resto de los mortales), de hasta seis meses, conforme reza el Artículo 291 del código procesal penal.  Veamos.

Artículo 291. Plazo de la fase de investigación. El Ministerio Público, a partir de la formulación de imputación, debe concluir la fase de investigación en un plazo máximo de seis meses, salvo el supuesto previsto en el artículo 502 de este Código.
Al concluir la investigación, el Fiscal deberá comunicar el cierre de esta al imputado, a su defensor y a la víctima y querellante si los hubiera. El incumplimiento de este plazo acarreará la sanción disciplinaria por parte del superior jerárquico, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar por su proceder.

  1. La ley de marras precisa que, se extingue la acción penal si no se honra el plazo que existe, para la investigación de los diputados, sin embargo, para el resto de las personas, la sanción por el exceso comentado, es de carácter disciplinario y podría hacer tránsito hacia una posible responsabilidad penal, pero no extingue la acción. Ver el Artículo 291 ut supra (antes citado).

Ley No. 55
Artículo 5. Se adiciona el artículo 491-A al Código Procesal Penal, así:
Artículo 491-A. Plazo de la investigación…
Si en un término de diez días el Magistrado que ejerza las funciones de Juez de Garantías no fija el plazo de finalización solicitado por el imputado o si el Magistrado Fiscal no remite a dicho Juez de Garantías la investigación en el plazo fijado, se tendrá por extinguida la acción penal, que será decretada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia a solicitud del imputado o de su defensor. La decisión que se adopte admite recurso de reconsideración.

  1. La ley deplorable obliga al denunciante a contar con un abogado, para accionar, contra los diputados (artículo 2), no así para las otras causas, incluyendo las denuncias contra el Presidente de la República, que no requieren de esta exigencia. Esto es un privilegio excesivo de los diputados, que pudiera rayar hasta en la inconstitucionalidad. Acto seguido, parte del artículo en mención

Artículo 2. El artículo 488 del Código Procesal Penal queda así:
Artículo 488. Requisitos de admisión. La querella o la denuncia deberá promoverse por escrito, a través de abogado



Aumentan permisos de trabajo para extranjeros


Según medios de comunicación, cerca de 5 mil 805 permisos de trabajo a extranjeros, que representan el 11.6% más que en igual periodo del año 2011, otorgó el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) entre enero a mayo del 2012, siendo las nacionalidades colombiana, venezolana, china y dominicana las mayormente beneficiadas.

El informe emitido por la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), apoyado en fuentes del Mitradel, muestra que las personas con nacionalidad colombiana (36.8%), venezolana (8.9%), china (6.4%) y dominicana (6.1%) fueron las que obtuvieron mayor cantidad de permisos para laborar en el país en forma definitiva.
En este sentido, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, hoy con la Resolución No. DM 182-2012 de 6 de septiembre de 2012 autorizó el inicio de trámites migratorios laborales a los extranjeros que participen del X proceso de regularización migratoria extraordinaria de extranjeros.

Por ello, se están otorgando permisos de trabajo, hasta por el término de dos años, prorrogables, hasta diez años, libremente, sin que se proteja, el porcentaje laboral del nacional.

No hay un respaldo jurídico serio, en esta medida. El código laboral,  marca otras pautas al respecto y se ha puesto de lado.


Código Laboral

Artículo 17.

Todo empleador mantendrá trabajadores panameños, o extranjeros de cónyuge panameño o con diez años de residencia en el país, en proporción no inferior al 90 por ciento del personal de trabajadores ordinarios, y podrá mantener personal extranjero especializado o técnico que no exceda del quince por ciento del total de los trabajadores.
En ningún caso los porcentajes de salarios o asignaciones en conjunto y por categoría, podrán ser menores que los fijados en el párrafo anterior.
No obstante lo anterior, se podrá permitir una proporción mayor de especialistas o técnicos extranjeros por tiempo definido, previa recomendación del Ministerio respectivo y aprobación del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.


Por su parte, muchos sindicatos en vez de apoyar las conquistas del trabajador nacional, se motivan más bien en hacer política. Han desviado su papel, sin duda; mientras que el gobierno está equivocando su derrotero y está perjudicando al nacional, por asuntos,  netamente empresariales, a mi parecer. Veremos si en el 2014 tendrá repercusión  en las urnas, está visión oficialista.


domingo, 23 de septiembre de 2012

La libre postulación y su desigualdad ante los partidos políticos


Todas las candidaturas, a los diversos cargos por la libre postulación, están ya reguladas en el código electoral patrio, no obstante, como existe hoy una desigualdad normativa, en beneficio de los partidos políticos, en detrimento de los independientes, debe el Tribunal Electoral ajustarla ya,  para que no se le endilguen cargos de complicidad.

  1. El Tribunal Electoral, no ha regulado aún, la formalidad que debe haber para que los aspirantes por la libre postulación,  puedan recoger sus adherentes iniciales, que los postulen. Para Presidente 5% del 1% de los adherentes y para el resto de las otras candidaturas, el 10% del 4%. En las elecciones del año 2009, se regulo esto faltando 8 meses para las elecciones; con el Decreto No. 16 de 4 de septiembre de 2008. Para las del 2014 no se puede espera tanto, ya que hay candidatos actualmente, de los partidos políticos, anunciándose como tales,  en los medios.
  2. El Decreto No. 14 de 16 de agosto de 2012, impide a los aspirantes de libre postulación, contratar propaganda política en los medios, hasta que sean considerados como candidatos, y esta condición  no se dará, hasta que el Tribunal Electoral los considere de ésta forma; sin embargo, los partidos políticos, tienen paso expedito para que puedan pautar propagandas, como les parece hoy.

¿Qué debiera hacer el Tribunal Electoral, de manera expedita?

Emitir un Decreto que reglamente las postulaciones por la libre postulación, en el cual se recogería, entre otros puntos, los siguientes:


  1. Como se debe presentar el memorial de inicio de trámite de los aspirantes  y ante que oficina se debe presentar.
  2. La autorización de la entrega de libros, para recoger las firmas iniciales de respaldo de adherentes.
  3. Que los que firman en respaldo de una candidatura, se considerarán, como adherentes de la misma.
  4. El procedimiento para la entrega de los libros, para el inicio de la inscripción de adherentes propiamente tales, luego de completada la cuota inicial de adherentes.
  5. Cuantos libros pueden retirarse por candidato.
  6. Cuales serán las causales de cierre, de libros estacionarios.
  7. Que la inscripción como adherente, a una candidatura por libre postulación de una persona inscrita en un partido político o en otra candidatura por la libre postulación del mismo cargo, constituye renuncia tácita a su inscripción anterior.


viernes, 21 de septiembre de 2012

Querella penal contra el Magistrado Erasmo Pinilla



Se vislumbra una querella penal contra el magistrado del Tribunal Electoral Erasmo Pinilla, por presuntamente haber ofendido el honor de un abogado de la localidad, en una declaración emitida.

Aunque existiese fundamento legal para el proceso, tal querella proyectada, no la considero apropiada, en estos momentos, por lo siguiente:

  1. Pudiera interpretarse que se hace para producir un cambio radical en la balanza de fuerzas del tribunal electoral, antes de que le finalice el periodo en el cargo de uno de sus magistrados.
  2. Es difícil desligar de la mente del ciudadano, la influencia del presidente de la república, que también funge como representante legal del partido, del que pretende accionar, para vindicar su honor afectado.
  3. La consecuencia que pudiera tener el resultado de ésta acción, podría producir una zozobra colectiva en la sociedad.
  4. No es prudente, a mi juicio, el accionar en contra de un magistrado del tribunal electoral, casi a la víspera de un torneo electoral, si pudieran activarse otros medios para contrarrestar, una declaración que se considera inadecuada, como por ejemplo: el ejercer el derecho a réplica; el aclarar conceptos, en una rueda de prensa; el dialogar con el magistrado declarante, en la medida de lo posible; etc.
  5. La tranquilidad de una nación y sobre todo, la imagen democrática de un país en el extranjero, debe privar, por encima de las afectaciones personales de un ciudadano; según mi parecer.



miércoles, 19 de septiembre de 2012

Las reformas electorales y sus efectos inconstitucionales



En algún sector de la ciudadanía, hay sembrada inquietud, sobre los efectos que podría haber en los resultados de las elecciones generales del 2014, si la Corte Suprema de Justicia, Pleno, declara después de los comicios celebrados, que la Ley No. 54 de 2012, que modifica el código electoral patrio, es inconstitucional, en un todo o en una parte, nada más.

No debe haber ningún tipo de zozobra, sobre el particular, ya que los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad de una ley, son hacia el futuro, por lo que no afectaría, ningún resultado de las elecciones celebradas.

La ley así lo establece.

Código Judicial

Artículo 2573.
Las decisiones de la Corte proferidas en materia de inconstitucionalidad son finales, definitivas, obligatorias y no tienen efecto retroactivo.


Por otro lado, el voto popular, jamás se podría desvirtuar por una sentencia, debido a que el poder público, emana del pueblo y la ciudadanía ejercerá su derecho al sufragio, de acuerdo a las disposiciones vigentes de la época.

Constitución

Articulo 2.
El Poder Público sólo emana del pueblo. Lo ejerce el Estado conforme esta Constitución lo establece, por medio de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración.
  
¿Puede una sentencia de inconstitucionalidad,  afectar actos del pasado?

Si, siempre que lo demandado, no haya sido una ley; así lo ha declarado la Corte Suprema, Pleno, por lo menos en el fallo del 17 de julio de 2007, cuya parte pertinente, transcribo:

“Con base en todo lo anotado, esta Superioridad se ve obligada a precisar que con la declaratoria de inconstitucionalidad del acto censurado, resulta oportuno aclarar los efectos que produce este pronunciamiento del Pleno de la Corte. En ese sentido, esta Corporación de Justicia ha señalado de manera uniforme, en los casos de jurisdicción constitucional objetiva en que lo que se demanda no es una norma legal, sino un acto de carácter individualizado, como ocurre en el presente caso, la posibilidad de otorgarle efectos retrospectivos o ex-tunc a la sentencia de inconstitucionalidad, con la finalidad que, efectivamente, puedan repararse los agravios causados. Así, la Corte ha indicado que:
"Si se permite que un acto jurisdiccional pueda ser demandado como inconstitucional, es obvio que puede ser declarado inconstitucional. Sostener que la decisión de la Corte en estos casos no produce efectos retroactivos y que sólo produce efectos hacia el futuro, traería como consecuencia que la declaratoria de inconstitucionalidad sea totalmente intrascendente, inocua" (Sentencia de 3 de agosto de 1990).”


Caso práctico.

Cuando la Corte Suprema, Pleno, en la sentencia del 21 de julio de 2009, declaro inconstitucional, la norma electoral que posibilitaba sólo a los partidos políticos, a postular candidatos a la presidencia, no invalidó, el resultado de las elecciones celebradas, debido a que se le habían afectado, los derechos a Juan Jované.

martes, 18 de septiembre de 2012

TEMAS ELECTORALES



Con la Ley No. 54 de 17 de septiembre de 2012, se han hecho una serie de modificaciones al código electoral panameño, que deberán honrarse para las próximas elecciones del año 2014.

Los temas de mayor importancia, a continuación.

1. Los miembros de los partidos políticos podrán aspirar a la postulación simultánea para más de un cargo de elección popular.

No le veo problema a eso, por que aunque lo considero caudillismo, el pueblo como soberano es el que elige y decide en democracia, y ya que en Panamá, hemos tenido a  personas, con varias credenciales decididas por el pueblo.

2. A cada candidato de libre postulación, reconocido formalmente por el Tribunal Electoral, se le entregará, dentro de los sesenta días calendario siguiente a dicho reconocimiento, una suma inicial de cincuenta centésimos de balboa (B/.0.50) por cada adherente que haya inscrito para su postulación.

Esto lo confiero positivo para la democracia, por que aumenta el apoyo oficial que otorga el Estado a los candidatos. Antes este era de (B/.0.30).

3. Se establece un procedimiento que limita la capacidad de suspensión instantánea del Tribunal, en la propaganda electoral tachada como sucia, ya que lo obliga  a buscar primero, la opinión de la fiscalía general electoral.

Esto lo veo aceptable, ya que ésta fiscalía por Constitución, tiene entre sus funciones la de salvaguardar los derechos políticos de los ciudadanos y la de perseguir los delitos y contravenciones electorales. (Artículo 144 numerales 1 y 3 de la Carta Magna).

4. Las postulaciones de candidatos para Presidente y Vicepresidente de la República, se podrán hacer por los partidos políticos reconocidos o mediante libre postulación.

Con esto se llena un vacío legislativo que existía en nuestra legislación, sobre la libre postulación; por lo que resulta saludable su incorporación.

5. Se establece una limitación de postulación del mismo candidato, por las alianzas adversas.

No le encuentro sentido filosófico serio a esta norma, ya que hoy, hay diputados beneficiados por la postulación de alianzas diversas, y si ayer esto era bueno, por que  hoy tiene que ser malo.

El impedir que una alianza postule a un candidato, podría ser inconstitucional, si avalamos la tesis que esgrimió la Corte Suprema de Justicia, Pleno en el sentencia de 21 de julio de 2009 cuando dijo que: “lo que importa determinar es si el o los requerimientos legales se  encuentran en concordancia con los principios reseñados en la Norma Fundamental. En este sentido debemos recordar, que las normas legales tienen como una de sus razones de ser, el desarrollar las ideas, conceptos, principios, garantías y criterios establecidos en la Constitución Nacional, pero ello debe realizarse en prefecta concordancia con los mismos”

Esta norma legal, para mi no tiene correspondencia con el Artículo 138 de la Carta Magna, debido a que restringe la participación política en un circuito, a un colectivo, al impedirle que postule a un candidato.

Constitución

ARTICULO 138. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamentales para la participación política, sin perjuicio de la postulación libre en la forma prevista en esta Constitución y la Ley. La estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos estarán fundados en principios democráticos.


6. En las elecciones internas de los partidos políticos y hasta las primarias, las postulaciones se harán garantizando que efectivamente, como mínimo, el cincuenta por ciento (50%) de las candidatas sea para mujeres.

Esto es beneficioso para las mujeres. Lo apoyo.


7. El porcentaje mínimo de adherentes a las candidaturas por libre postulación al cargo de Presidente y Vicepresidente para las elecciones generales del 2014 será del uno por ciento (1 %) de los votos válidos emitidos para el cargo de Presidente de la República en la última elección,  y para solicitar el inicio de recolección de firmas se necesitará un mínimo de cinco por ciento (5%) de los adherentes necesarios para dicha candidatura.


Creo aceptable la regulación, y digo que si un candidato no puede obtener este porcentaje, a mi juicio, mínimo de adherentes, no debiera correr, para la primera magistratura del país, sino para representante de corregimiento.

8. Se elimina el voto en plancha.

Esta disposición favorecerá a los partidos pequeños y a los de libre postulación, ya que al momento del residuo, no serán avasallados por la aplanadora de los partidos fuertes, que orientaban a sus electores, a votar por todos los de la lista, independientemente de las cualidades éticas y morales de los candidatos.

Ahora cada votante, tendrá la obligación de escudriñar los valores del candidato, por el cual votará.

Finalmente, en un balance imparcial, constato en estas reformas, que hay mas cosas positivas que negativas, por lo que no veo como puedan ser consideradas las mismas, como un atentado a la democracia; si finalmente será el pueblo, el que elegirá de manera directa, a sus gobernantes.

viernes, 14 de septiembre de 2012

Comentarios a la solicitud de veto del Tribunal Electoral



En carta del 14 de septiembre de 2012, el Tribunal Electoral le ha dicho al señor Presidente de la República, que las reformas electorales, pueden ser vetadas por inconvenientes.

Mis comentarios, de los puntos objetados por el Tribunal a las reformas, de acuerdo al orden en que fueron planteadas.


1 Que los partidos puedan postular candidatos a más de un cargo de elección popular, debido a que habrá conflictos de intereses y esto atenta contra el principio de la separación de los poderes; además dice que es inconstitucional, que los de libre postulación, no lo puedan hacer igual.

No comparto la tesis, ya que el punto nada tiene que ver con conflictos de intereses, de acuerdo a la definición del tema que existe ya en leyes. Un conflicto de interés nada tiene que ver con la separación de los poderes.

ARTÍCULO 39: CONFLICTO DE INTERESES. A fin de preservar la independencia de criterio y el principio de equidad, el servidor público no puede mantener relaciones ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo.  (Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos que laboran en las entidades del Gobierno Central)

Por otro lado, no es inconstitucional que el beneficio no rija para independientes en su totalidad, ya que la Corte lo que ha  objetado son los distingos.

Cito el fallo

“Aunado a lo anterior, es de lugar recalcar que no puede considerarse que la citada frase es inconstitucional, ya que no existe fuero, privilegio o discriminación alguna, porque con ella no se está favoreciendo a alguna persona en específico. Tal y como se desprende de lo indicado por el Dr. César Quintero, quien entre otros, nos brinda una guía para entender el correcto sentido de los artículos 19 y 20 de la Constitución Nacional. El ilustre jurista indicó:

"... La Corte ha sostenido de manera uniforme que esta norma sólo puede ser atacada de inconstitucional si favorece a determinada persona, a título personal e individual. La Corte en sentencia del 28 de diciembre de 1993, al analizar el artículo 19, se refiere a la obra del Doctor César Quintero, Derecho Constitucional, y en su parte medular expone lo siguiente:
Todo lo expuesto indica que la Constitución no prohíbe que haya o se establezcan distinciones entre los habitantes del Estado. Lo que prohíbe, pues, es que haya distingos. (Sentencia del Pleno del 30 de Julio de 2003)


De lo anterior, sería inconstitucional que a ciertos candidatos por la libre se les permita, y a otros no.

2. Que  a lo interno de los partidos un miembro pueda postularse a más de un cargo partidario debido a que la propuesta atenta contra la autonomía de los partidos.

Como no se esbozó ningún criterio jurídico, o norma constitucional conculcada, no le veo mayor sustento, solo el filosófico.

3. Que se establece que en los estatutos no pueden exigir la renuncia previa de un directivo para poder postularse, por que por analogía  los funcionarios se deben separar del cargo, con antelación. Se dice que lo que se debe es obligar a los partidos a establecer en sus estatutos que quienes tengan cargos directivos, deban renunciar antes del evento eleccionario.

Veo esto incongruente con el punto anterior, ya que se objetaba la injerencia en la autonomía de los partidos y ahora se pide que se metan en los estatutos de los partidos, la prohibición en cita.

4. Se establece un procedimiento que limita la capacidad de intervención del Tribunal, en la propaganda electoral,  ya que la medida precautoria de suspensión, no está sujetas a traslado.

En el contencioso administrativo, la medida cautelar, los magistrados, en la práctica, la trasladan previamente al afectado, por un lado y por el otro,  no se le esta restringiendo la facultad, de suspender la cuña, solo que se exige una vista previa del fiscal.

5. Se abre la posibilidad para que un candidato presidencial, de libre postulación, sea postulado por un partido y el código electoral prohíbe esto para los otros cargos.


No veo problema alguno en eso,  ya que la regulación presidencial es diferente, a la de los otros cargos, incluso en la cantidad de adherentes que deben buscar para firmar.

6. Limitación de postulación del mismo candidato, por las alianzas adversas, ya que raya en lo inconstitucional. Coincido con el criterio expuesto por el Tribunal Electoral en este punto.

7. El tema de género del 50% de las mujeres, hasta las primarias, por que no hace justicia de las aspiraciones de las mujeres sobre el tema, consensuado en la CNRE.

Si lo que desea es la paridad en las elecciones generales, se requiere primero de un cambio constitucional, de otra forma se violaría la Carta Magna.

8. Omisión de normas al eliminar el voto en plancha.

Aquí se podrían llenar los vacíos, por un reglamento del Tribunal Electoral, sin problema, siempre que no se desvirtúe la ley.


9. Se objeta la eliminación del voto en plancha, debido a que a la mayoría de los electores se les estaría privando de una de las dos opciones históricas de voto.

El voto en plancha aniquila a los partidos pequeños y a los de libre postulación,  en beneficio de la partidocracia. La verdad no entiendo la objeción.


A mi juicio, el señor Presidente deberá, ponderar, si por un punto bien sustentado,  vale la pena vetar todo el proyecto de ley, aprobado en tercer debate, o por el contario, lo avala, o sólo lo objeta en parte.