miércoles, 31 de octubre de 2012

¿ES NECESARIA LA INDEMNIZACIÓN PARA LOS DEUDOS DE COLÓN?



Con la Resolución No. 15 de 28 de octubre de 2012, localizable en    http://www.ernestocedeno.com/Principal.html, la Asamblea Nacional de Diputados, dispuso crear una Comisión de Investigación, acerca de los hechos ocurridos en la provincia de Colón.

Hay un aspecto intrigante en la misma y es que se esta facultando a la comisión para realizar las diligencias necesarias, con el apoyo de las entidades públicas, que conduzcan a esclarecer la circunstancias que condujeron a la pérdida de vidas y para establecer las indemnizaciones que puedan corresponder a los deudos, según lo determine la ley, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Creo que la mejor figura para un resarcimiento debía ser la COMPENSACIÓN y no la INDEMNIZACIÓN, ya que esta última confirma la responsabilidad directa de una persona, (en este caso el Estado), hacía la comisión de un hecho arbitrario, y me parece que sería apresurado de afirmar esto hoy, si el Ministerio Público no ha terminado su labor investigativa y por otro lado, los tribunales de justicia, tampoco han fallado el caso en consecuencia.

En la Indemnización se paga por daño emergente, lucro cesante y daño moral, principalmente, mientras que en la Compensación se afronta una remuneración, a prudente arbitrio o consensuada,  de carácter general, con contenido social, aunque no sea uno culpable, de un hecho acaecido.

Lo cierto es que si el gobierno acepta indemnizar deberá honrar su palabra hacia los deudos de las muertes en Colón, de acuerdo al Principio de Buena Fe, mismo que ha sido honrado por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en reiterados pronunciamientos.

Reglamento de la Libre Postulación


El día 31 de octubre del año 2012, se emitió el Decreto No. 19  que reglamenta el uso de hojas membretadas para recoger firmas de respaldo para la libre postulación, para todos los cargos de elección popular.

Aspectos sobresalientes

  1. Los precandidatos por la libre postulación, podrán presentar un memorial diseñado por el TE comunicando su decisión de aspirar a un cargo. Entre lo aspectos más relevantes, que contendrá el memorial, esta un adjunto de su ideario o concepción ideológica, el cual es obligatorio, sólo para el cargo presidencial; la lista de sus activistas y el nombre de su suplente si lo tiene, entre otros requisitos.
  2. Recibido el memorial, se tendrá hasta 3 días hábiles, para la verificación de rigor, vencido el término sin que haya un pronunciamiento, se entenderá autorizada la petición.
  3. La hoja membretada para buscar firmas, la elaborará el TE para el precandidato.
  4. Las firmas que hayan sido aprobadas en la pre-revisión, no se  calificará como firmas de adhesión a la candidatura hasta después del 4 de septiembre de 2013.
  5. El adherente que firme como respaldo de un precandidato, no podrá firmar como respaldo de otro, para el mismo cargo.
  6. Un  ciudadano podrá dar su firma de respaldo a un precandidato siempre que sea para cargos diferentes.
  7. La regulación rige a partir del 12 de noviembre del 2012.

martes, 30 de octubre de 2012

Comisión de Investigación para Colón


Con la Resolución No. 15 de 28 de octubre de 2012, localizable en    http://www.ernestocedeno.com/Principal.html, la Asamblea Nacional de Diputados, dispuso crear una Comisión de Investigación, acerca de los hechos ocurridos en la provincia de Colón.

Mis comentarios sobre el instrumento en mención.

  1. Se enuncia que se crea la comisión en cuestión, para recabar toda la información que contribuya a aclarar los hechos acaecidos en los cuales perdieron la vida varias personas y en los que tomaron parte (se dice expresamente) las fuerzas de control de multitudes, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras.

Comentario. Por razones que desconozco se soslaya la participación de particulares en los hechos bajo comentario, (sin saberse esto, en estos momentos) como si los muertos fueran el resultado directo, de los estamentos del orden público. No se debió redactar de esta forma

  1. Se faculta a la comisión para realizar las diligencias necesarias, con el apoyo de las entidades públicas, que conduzcan a esclarecer la circunstancias que condujeron a la pérdida de vidas y para establecer las indemnizaciones que puedan corresponder a los deudos, según lo determine la ley, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Comentario. La indemnización en derecho, no se determina por un informe de una Comisión. Conforme al artículo 254 de la Ley 74 de 2011, la misma se concretiza por un fallo de un tribunal. Son  las sentencias las que obligan al Estado a cumplirlas.

Es mas, la Constitución les prohíbe a los diputados, el reconocer indemnización sin que han sido declaradas, previamente, por las autoridades competentes. Veamos

Constitución

ARTICULO 163. Es prohibido a la Asamblea Nacional:
3. Reconocer a cargo del Tesoro Público indemnizaciones que no hayan sido previamente declaradas por las autoridades competentes y votar partidas para pagar becas, pensiones, jubilaciones, gratificaciones o erogaciones que no hayan sido decretadas conforme a las leyes generales preexistentes


Por lo anterior considero que lo viable es emitir una ley sobre este particular, pero no circunscribiéndola para los deudos de Colón, sino, que luego del resultado final de la investigación, en donde arroje, si es el caso,  que el Estado es responsable, por las pérdidas,  el beneficio se concretice y se extienda,  no solo para Colón, sino para los deudos de los muertos de Bocas del Toro y  por los fallecidos del dietinel glicol. Limitarlo para el caso de Colón, sería un tipo de privilegio especial, que no lo tienen los otros deudos.

Afirmo que el gobierno puede también indemnizar, sin sentencia tribunalicia, si el Ejecutivo a instancia propia, lo acuerda así, en la mesa de dialogo, por la validez que tiene el Principio de Buena Fe, mismo que ha sido honrado por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en reiterados pronunciamientos.


domingo, 28 de octubre de 2012

Notas propias sobre discurso presidencial sobre la ZLC


Leí  con detenimiento el discurso presidencial y a continuación, hago mi balance propio. 
(http://presidencia.gob.pa/noticia-presidente-numero-4015.html.)

Puntos Buenos

  1. Se aceptó que la ley no fue bien consultada.
  2. Buscarán otras alternativas para sacar a Colón del abandono.
  3. A la final del gobierno invertirán muchos millones en Colón.
  4. Se procesará a  los responsables de los hechos trágicos.
  5. Pronto se sentarán como gobierno, en la mesa del diálogo. 


Puntos Preocupantes.

  1. Cuando dijo que los intereses políticos debían quedar por fuera de este diálogo.  Se puede interpretar que se va a soslayar a los partidos políticos, en la mesa de trabajo. Si esto es así, sería un error porque ellos son actores en el país por Constitución.  Lo que hay es que ponerles pautas.
  2. Que no pidieron perdón como gobierno. La humildad le agrada a Dios.
  3. No se afirmó que hubo una equivocación en la ley, solo se concluyó que se  equivocaron al pensar que la normativa estaba consensuada. Se debió aceptar que hay tierras, que por virtud constitucional,  jamás se venderán.

sábado, 27 de octubre de 2012

Balance de los disturbios por la ley 72 de la ZLC


POSITIVO

1.     Que hay necesidad de dialogar más con el pueblo, en torno a los proyectos de Estado. Un buen proyecto poco consultado, puede tener un efecto negativo en la comunidad.
2.     Que es necesario que los medios de transporte y comunicación no estén en manos de un solo concesionario o propietario. Esto puede desestabilizar el orden público y la seguridad del Estado, a instancia de un solo sujeto. Ejemplo el Metrobus en la capital, que escaseó en medio de la crisis, por orden de su dueño.
3.     Que un gran sector de la comunidad, muestra su unidad y apoyo solidario, en contra de las medidas, que considere adversas.

NEGATIVO
1.     Que en medio de la crisis hubo políticos que emitían, mensajes tipo “apología del delito”, cuando se sabe que todo gobierno debe concluir su mandato dentro del término constitucional para lo cual fue electo. Avalar lo contrario, además de ser contrario a derecho, difunde la semilla del anarquismo.
2.     Que hubo dirigentes que no saben controlar a sus agremiados.
3.     Hay falta de valores éticos y morales, dentro de la sociedad panameña. Poco, es lo que se invierte en este tópico, en Panamá.
4.     Que hubo una especie de estratagema política utilizada, por algunos, para propiciar el caos, en medio de las protestas, sin medir las consecuencias funestas que traería para la economía e imagen internacional del país, semejante iniciativa.
5.     Que hay ciudadanos dispuestos a realizar cualesquiera acciones, para satisfacer sus necesidades propias, sin importarle en lo más mínimo, el bien común.

Posibles delitos cometidos en las manifestaciones




De las manifestaciones del día viernes 26 de octubre de 2012 en Panamá, se pudieron haber cometido los siguientes delitos, que deben ser motivo, de investigación oficiosa por parte del Ministerio Público.

Figuras del Código Penal

  1. Robo; ya que  hubo personas que, mediando violencia o intimidación sobre personas, se apoderaron de cosa mueble ajena (celular etc.). (Art. 218 y 219).
  2. Hurto; debido a que gravitó apoderamiento de cosas muebles ajenas, por parte de muchos sujetos. (Art. 213).
  3. Asociación ilícita para delinquir; toda vez  que se percibió que mas de tres personas, se concertaron para vandalizar locales y otros bienes. (Art. 329).
  4. Daños; cuenta habida, de que hubo quien destruyó, inutilizó, rompió y dañó, cosa mueble y/o inmueble que pertenecían a otros. (Art. 230).
  5. Recepción de cosas proveniente de delitos; ya que hubo gente que sin haber tomado parte en el delito de vandalismo, etc., adquirieron,  y/o recibieron  valores u objetos que sabían o se presumía que provenían del vandalismo etc., (Art. 392)

El Ministerio Público debe recabar los videos publicados, en los medios de comunicación social, y llamar en primera instancia, a los dirigentes del SUNTRACS, para que depongan en el proceso y aclaren sobre los hechos investigados, conforme a su conocimiento.

De salir alguna persona culpable en la vía penal, ésta tendría que indemnizar a los afectados particulares.

Huelga añadir que las aseguradoras no se hacen responsables por los saqueos, salvo que en las pólizas, se hubiesen obligado expresamente a ello.

jueves, 25 de octubre de 2012

Comentarios sobre la posible derogatoria de la Ley 72




El legislativo no puede derogar la estructura orgánica del ejecutivo, sin el aval de éste, como contrariamente lo han hecho creer, algunos políticos en algunos medios de comunicación, en torno a la derogatoria de la Ley 72 de la Zona Libre de Colón.

¿Que dice la Constitución?

ARTICULO 159. La función legislativa, es ejercida por medio de la Asamblea Nacional y consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado declaradas en esta Constitución y en especial para lo siguiente:
12. Determinar, a propuesta del Órgano Ejecutivo, la estructura de la administración nacional mediante la creación de Ministerios, Entidades Autónomas, Semiautónomas, Empresas Estatales y demás establecimientos públicos, y distribuir entre ellos las funciones y negocios de la Administración, con el fin de asegurar la eficacia de las funciones administrativas.


Ahora bien ¿que puede hacer el legislativo en torno a la estructura orgánica creada en el ejecutivo?

La Corte lo ha definido con buen tino, diciendo que la puede modificar.


"La estructuración de la administración pública, por lo tanto, establece el Órgano Legislativo, pero sobre la base de un proyecto de ley cuya iniciativa le corresponde en forma privativa al Órgano Ejecutivo. No obstante, estima el Pleno que tal monopolio de la iniciativa legislativa de este tipo de leyes, alcanza solamente al acto inicial de creación, y, por lo tanto, no impide que una entidad pública, ya creada, pueda ser modificada a iniciativa del Órgano Legislativo, precisamente para que este reordenamiento de las funciones, asegure la eficacia de la administración pública, ya creada, cuyo establecimiento le corresponde al Órgano Legislativo, por cuanto la restricción en la limitación constitucional a la iniciativa legislativa, se refiere al acto fundacional de una entidad pública, sin que, una vez creada, se considere oportuno realizarle cambios y también, la de distribuir (o redistribuir) entre ellos las funciones y negocios de la administración.”  (Criterio recogido en sentencia del cinco (5) de junio de mil novecientos noventa y siete (1997) del Pleno de la Corte.

Ahora bien, ¿puede el Legislativo eliminar una estructura administrativa del Ejecutivo, sin la aquiescencia  de éste?

No, lo puede hacer, a mi juicio, pues sería atentar contra de la separación de los poderes del Estado. Decir lo contrario, abriría las puertas para que mañana, al cambiar la composición de fuerzas del legislativo, pudiera éste, por política, eliminar, mediante una ley, todas las entidades creadas a favor del Poder Ejecutivo.

En ese sentido, el artículo 2 de la Constitución Política establece lo siguiente:
"Artículo 2. El Poder Público sólo emana del pueblo. Lo ejerce el Estado conforme esta Constitución lo establece, por medio de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración".

La norma constitucional citada establece y señala adecuadamente el principio de separación de poderes del Estado.
La armónica colaboración de los Órganos del Estado se reglamenta precisamente en las leyes que sean expedidas por la Asamblea Nacional, pero no puede perderse de vista que este principio opera como un factor equilibrante de las funciones de gobierno, instituido sabiamente por el constituyente, mediante la separación de los poderes públicos.
En ese sentido, el Órgano Legislativo no puede exceder los límites que le ha impuesto el poder constituyente; lo mismo ocurre con el Órgano Ejecutivo y el Órgano Judicial.

Por otro lado, la Corte ha sentado un precedente, en torno a la no eliminación de estructuras de otros órganos del Estado, por parte del Legislativo, cuando declaró inconstitucional la ley que derogo la Sala V; y al respecto dijo.

“…lo cual reafirma, una vez más, que la Constitución Política en ningún momento le otorga atribución al Órgano Legislativo para suprimir ni para derogar ninguna de las Salas de la Corte Suprema de Justicia, ni tampoco para dejar sin efecto el nombramiento de los Magistrados que la integran. De esta forma, la Corte considera necesario establecer de forma categórica, y sin lugar a dudas, que no es posible que por Ley se pueda derogar una o más Salas de la Corte Suprema de Justicia, porque tal hecho - evidentemente contrario a la Constitución - atentaría, además, contra la estabilidad judicial e independencia de uno de los tres Órganos del Estado, en este caso, de la Corte Suprema de Justicia. (Sentencia del Pleno de la Corte del martes, 25 de enero de 2011).


Por lo antes expuesto, afirmo que el paso adecuado para derogar la Ley de la Zona Libre de Colón debe nacer del Poder Ejecutivo, el cual a su vez determinaría cual es el ordenamiento de la estructura orgánica que reemplazará a la derogada.



miércoles, 24 de octubre de 2012

Los diputados no pueden derogar, motu proprio, la Ley de la ZLC


Existe un deseo de algunos legisladores, de presentar un proyecto de ley que derogue la Ley 72 que subrogó en todos sus partes la ley de la Zona Libre de Colón.

Esto constitucionalmente no se puede hacer, ya que la estructura administrativa de una entidad, el legislativo no lo puede eliminar, salvo que existe una propuesta del Ejecutivo, tal como se extrae del artículo 159 numeral 12 de la Carta Magna.

ARTICULO 159. La función legislativa, es ejercida por medio de la Asamblea Nacional y consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado declaradas en esta Constitución y en especial para lo siguiente:
12. Determinar, a propuesta del Órgano Ejecutivo, la estructura de la administración nacional mediante la creación de Ministerios, Entidades Autónomas, Semiautónomas, Empresas Estatales y demás establecimientos públicos, y distribuir entre ellos las funciones y negocios de la Administración, con el fin de asegurar la eficacia de las funciones administrativas.

Creo que la política partidista, esta sacando un alto grado de provecho, de una lucha social sana, como es la del pueblo de Colón.

Por otro lado afirmo que hoy, no se puede derogar la ley 72, de un plumazo, por que sería dejar sin estructura administrativa, a la Zona Libre de Colón.

¿Cuál debiera ser el procedimiento a seguir, en este caso?

  1. El Consejo de Gabinete debe reunirse para tocar el tema, pero no lo puede hacer al momento,  por que el Presidente, que lo preside, no está en el País y no se ha designado un Encargado de la Presidencia.

ARTICULO 188. El Presidente de la República podrá ausentarse del territorio nacional, en cada ocasión, sin pedir licencia de su cargo:
1. Por un periodo máximo de hasta diez días, sin necesidad de autorización alguna.
2. Por un periodo que exceda de diez días y no sea mayor de treinta días, con autorización del Consejo de Gabinete.
3. Por un periodo mayor de treinta días, con la autorización de la Asamblea Nacional.
Si el Presidente se ausentara por más de diez días, se encargará de la Presidencia el Vicepresidente y, en defecto de este, lo hará un Ministro de Estado, según lo establecido en esta Constitución.
Quien ejerza el cargo tendrá el título de Encargado de la Presidencia de la República. (Constitución).

ARTICULO 199. El Consejo de Gabinete es la reunión del Presidente de la República, quien lo presidirá, o del Encargado de la Presidencia, con el Vicepresidente de la República y los Ministros de Estado. (Constitución).

  1. Si se acuerda en Gabinete, derogar del todo, la Ley 72, tiene que revivirse, por ley,  la normativa  vetusta  de la Zona Libre de Colón, que ya no existe.

Constitución

ARTICULO 165. Las leyes serán propuestas:
1. Cuando sean orgánicas:
a. Por Comisiones Permanentes de la Asamblea Nacional.
b. Por los Ministros de Estado, en virtud de autorización del Consejo de Gabinete.
  1. Si se acuerda en Gabinete, derogar en parte la Ley 72, la Asamblea podría cumplir el cometido, eliminando lo objetado y modificando lo propio.


Mi deseo es que haya la reunión entre los ministros de Estado y las fuerzas vivas de Colón, y demás, con tolerancia, para llegar a acuerdos, mismos que a la postre, los podría prohijar el Consejo de gabinete, y ratificarse en ley de la República.







Los diputados no pueden derogar, motu propio, la Ley de la ZLC


Existe un deseo de algunos legisladores, de presentar un proyecto de ley que derogue la Ley 72 que subrogó en todos sus partes la ley de la Zona Libre de Colón.

Esto constitucionalmente no se puede hacer, ya que la estructura administrativa de una entidad, el legislativo no lo puede eliminar, salvo que existe una propuesta del Ejecutivo, tal como se extrae del artículo 159 numeral 12 de la Carta Magna.

ARTICULO 159. La función legislativa, es ejercida por medio de la Asamblea Nacional y consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado declaradas en esta Constitución y en especial para lo siguiente:
12. Determinar, a propuesta del Órgano Ejecutivo, la estructura de la administración nacional mediante la creación de Ministerios, Entidades Autónomas, Semiautónomas, Empresas Estatales y demás establecimientos públicos, y distribuir entre ellos las funciones y negocios de la Administración, con el fin de asegurar la eficacia de las funciones administrativas.

Creo que la política partidista, esta sacando un alto grado de provecho, de una lucha social sana, como es la del pueblo de Colón.

Por otro lado afirmo que hoy, no se puede derogar la ley 72, de un plumazo, por que sería dejar sin estructura administrativa, a la Zona Libre de Colón.

¿Cuál debiera ser el procedimiento a seguir, en este caso?

  1. El Consejo de Gabinete debe reunirse para tocar el tema, pero no lo puede hacer al momento,  por que el Presidente, que lo preside, no está en el País y no se ha designado un Encargado de la Presidencia.

ARTICULO 188. El Presidente de la República podrá ausentarse del territorio nacional, en cada ocasión, sin pedir licencia de su cargo:
1. Por un periodo máximo de hasta diez días, sin necesidad de autorización alguna.
2. Por un periodo que exceda de diez días y no sea mayor de treinta días, con autorización del Consejo de Gabinete.
3. Por un periodo mayor de treinta días, con la autorización de la Asamblea Nacional.
Si el Presidente se ausentara por más de diez días, se encargará de la Presidencia el Vicepresidente y, en defecto de este, lo hará un Ministro de Estado, según lo establecido en esta Constitución.
Quien ejerza el cargo tendrá el título de Encargado de la Presidencia de la República. (Constitución).

ARTICULO 199. El Consejo de Gabinete es la reunión del Presidente de la República, quien lo presidirá, o del Encargado de la Presidencia, con el Vicepresidente de la República y los Ministros de Estado. (Constitución).

  1. Si se acuerda en Gabinete, derogar del todo, la Ley 72, tiene que revivirse, por ley,  la normativa  vetusta  de la Zona Libre de Colón, que ya no existe.

Constitución

ARTICULO 165. Las leyes serán propuestas:
1. Cuando sean orgánicas:
a. Por Comisiones Permanentes de la Asamblea Nacional.
b. Por los Ministros de Estado, en virtud de autorización del Consejo de Gabinete.
  1. Si se acuerda en Gabinete, derogar en parte la Ley 72, la Asamblea podría cumplir el cometido, eliminando lo objetado y modificando lo propio.


Mi deseo es que haya la reunión entre los ministros de Estado y las fuerzas vivas de Colón, y demás, con tolerancia, para llegar a acuerdos, mismos que a la postre, los podría prohijar el Consejo de gabinete, y ratificarse en ley de la República.





martes, 23 de octubre de 2012

PANAMA SIN POLITICA SOBRE VENTAS DE TIERRAS

Argentina ha limitado la compra de tierras por empresas y gobiernos extranjeros, inclusive

El Senado aprobó, casi por unanimidad, con el apoyo de la mayoría de la oposición, una ley que impedirá que los extranjeros posean más del 15% del territorio de Argentina, el octavo país más extenso del mundo y uno de los más ricos en producción de alimentos y reservas de aguas.


Un informe de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO, en sus siglas en inglés) había advertido hace unas semanas sobre la creciente concentración y extranjerización de las tierras en Latinoamérica.

El documento señalaba que China, Arabia Saudí, Catar y Corea del Sur, han empezado a comprar o alquilar propiedades en Argentina y Brasil para asegurarse la producción de alimentos.
Brasil ya había reaccionado ante esta situación con una ley que limitó la propiedad extranjera de tierras. Ahora lo hace Argentina.


Uruguay también analiza poner límites a la compra de tierras por parte de Estados extranjeros.


Canadá, y  EE.UU., ya han hecho lo propio.

Si embargo en Panamá, no hay ninguna norma legal que limite la adquisición de tierras estratégicas, por lo que el gobierno permite la compra de todo, hasta de bienes inadjudicables, por limitación constitucional, como por ejemplo: los rellenos de la zona libre de colón, etc.

Como país, no tenemos visión de futuro, en este sentido, como en otras latitudes, y a nadie le interesa al parecer, el futro de nuestras generaciones que no tendrán, de seguir la política de venta abierta, la oportunidad de adquirir, a la postre, alguna porción de tierra para cultivar, para producir y hasta para vivir; ya que todo inmueble, podría estar en manos de los acaudalados de hoy.

lunes, 22 de octubre de 2012

Contratos sobre áreas de fondo de mar

 
En el pasado se ha contratado como Estado, sobre áreas de fondo de mar, pero se ha optado por la modalidad del contrato de concesión, porque la venta no está permitida por virtud de lo que dispone el artículo 258 de la Constitución.
En el año 2008 se dio en concesión un área de relleno de fondo de mar, con una superficie de 9,410 Mts2, para que la empresa MIRAMAR  construyera 331 estacionamientos y le diera mantenimiento, por un periodo de 20 años.
El contrato No. 095 dice en su cláusula cuarta que al final de los 20 años, la concesionaria tendría el derecho a la primera opción para que se le otorgue una nueva concesión sobre ésta área, previo cumplimiento de  las formalidades de ley.
¿Por qué no se explora esta posibilidad o en su defecto, sólo se deja un aumento previsto en la Ley No. 72 para el arriendo, en el caso de la Zona Libre de Colón?
Huelga añadir que el Estado en las concesiones, recibe un canon mensual por esto.
La Corte Suprema de Justicia, avaló la concesión del MIRAMAR en la sentencia de la Sala Tercera de la Corte de 28 de agosto de 2012, con la ponencia del magistrado Luis Ramón Fábrega.


sábado, 20 de octubre de 2012

El fideicomiso para las obras sociales de Colon



La Ley 72 sobre la zona libre de Colón, establece la figura del fideicomiso para un porcentaje de las ventas de los terrenos de ésta zona.

¿Qué es un fideicomiso?

El fideicomiso es un acto jurídico en virtud del cual una persona llamada fideicomitente transfiere bienes a una persona llamada fiduciario para que los administre o disponga de ellos en favor de un fideicomisario o beneficiario, que puede ser el propio fideicomitente

¿Cómo pretende aplicarse para lo de Colón?

De los ingresos por las ventas que perciba la Zona Libre de Colón, el 35% será destinado para el desarrollo de proyectos de interés social en la provincia de Colón, el cual será depositado en el fideicomiso creado para tales efectos. Los fondos restantes deberán ingresar a la cuenta del Tesoro Nacional.

Los fondos del fideicomiso solo podrán ser utilizados para el desarrollo de proyectos de interés social en la provincia de Colón aprobados por la Comisión de Evaluación de Proyectos de Colón y no podrán ser desarrollados por la modalidad llave en mano. El fideicomiso será de carácter irrevocable, se escogerá a un fiduciario que cuente con la licencia respectiva emitida por la Superintendencia de Bancos de Panamá. El fideicomitente será la Zona Libre de Colón y el Ministerio de Economía y Finanzas.

Todos los pagos de los proyectos serán ejecutados por medio de instrucción de orden de pago al fiduciario, previa aprobación de la entidad técnica y ejecutora a la que le corresponda el proyecto y del Ministerio de Economía y Finanzas y el refrendo de la Contraloría General de la República. Dentro de las responsabilidades que serán irrevocables para el fiduciario estarán la verificación de los documentos necesarios para cada pago, la administración y fiscalización de los activos.

Los proyectos a ser financiados a través de los fondos en fideicomiso deberán ser seleccionados previamente por la Comisión de Evaluación de Proyectos de Colón, a través de un acta debidamente motivada. El quorum mínimo requerido para sesionar será del 75% de la totalidad de los miembros que lo conformen. Cada miembro tendrá derecho a un voto y podrá delegar a un suplente para que lo represente ante la Comisión. Para seleccionar un proyecto, se deberá contar, como mínimo, con la aprobación del 75% de la totalidad de los miembros.

Los contratistas deberán ser escogidos de conformidad con los procesos de selección de contratista que establece la legislación vigente en materia de contratación pública.

Para mí esta estructura para las obras sociales de Colón, no es la mejor fórmula, por lo siguiente:

  1. Por que hay que pagarle un porcentaje al fiduciario, en concepto de honorario, por el manejo del fondo, tal cual lo establece el artículo 8 de la ley 1 de 1984

“Todo fideicomiso será considerado oneroso, salvo que en el instrumento de fideicomiso se establezca expresamente que el fiduciario no recibirá remuneración por sus servicios.
La remuneración del fiduciario será la que señala el instrumento de fideicomiso y, a falta de ellos, será igual a la que se pague usualmente en el domicilio donde se constituye el fideicomiso.” (Art. 8 ut supra).



  1. La aplicación de la Ley 22 de 2006, sobre contratación pública para llevar a cabo las obras sociales, de una provincia, cuasi en ruinas, no es la mejor decisión por la burocracia administrativa, que campea en este procedimiento. Se debió haber creado un procedimiento especial allí mismo, para tal fin; respetando el principio de licitación pública, en rango constitucional.


La experiencia que tengo en compras del Estado, me informa que el fideicomiso es una figura típica del derecho privado y en el Estado (derecho público) se ha visto, mas bien para el manejo de bienes inmuebles del  y/o para el Estado, pero lo de Colón será un manejo de un bien mueble activo (dinero). Pienso que pudo haberse destinado el dinero, en una cuenta especial de Estado, que no sea de manejo general del gobierno central, e idónea,  solo para ser utilizado en el fin ideado y con la contrafirma de la Contraloría, y bajo la fiscalización ciudadana, hasta  en línea, del manejo mensual del gasto.

Amanecerá y veremos.

viernes, 19 de octubre de 2012

Constitucionalmente no se pueden vender los terrenos de la Zona Libre de Colón


Ningún relleno de fondo de mar, se puede dar en venta, por un impedimento constitucional. Ha trascendido que los terrenos de la a Zona Libre de Colón, son rellenos de fondo de mar, por lo tanto no se deben vender.


CONSTITUCIÓN

“ARTICULO 258. Pertenecen al Estado y son de uso público y, por consiguiente, no pueden ser objeto de apropiación privada:

1. El mar territorial y las aguas lacustres y fluviales, las playas y riberas de las mismas y de los ríos navegables, y los puertos y esteros. Todos estos bienes son de aprovechamiento libre y común, sujetos a la reglamentación que establezca la Ley.

2. Las tierras y las aguas destinadas a servicios públicos y a toda clase de comunicaciones.

3. Las tierras y las aguas destinadas o que el Estado destine a servicios públicos de irrigación, de producción hidroeléctrica, de desagües y de acueductos.

4. El espacio aéreo, la plataforma continental submarina, el lecho y el subsuelo del mar territorial.

5. Los demás bienes que la Ley defina como de uso público. En todos los casos en que los bienes de propiedad privada se conviertan por disposición legal en bienes de uso público, el dueño de ellos será indemnizado.”


JURISPRUDENCIA


El Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, en el caso ICA, en sentencia de 30 de diciembre de 2004, resolvió un tema parecido profiriendo que: “Si se está rellenando un bien de dominio público como lo es el lecho marino, no es coherente indicar que estos rellenos automáticamente se transforman en bienes patrimoniales. De ser así, el Estado perdería una de sus más importantes potestades, como lo es la disposición que tiene el anterior con respecto a los bienes de dominio público.


Si el Estado permite que los rellenos que se hagan sobre bienes de dominio público sean propiedad privada, estará perdiendo parte del patrimonio y de los elementos constitutivos del Estado, como lo es el mar territorial, playas, el lecho marino, etc.”

En Sentencia de la Sala Tercera de la Corte de 28 de agosto de 2012, en el caso del Hotel Miramar y los estacionamientos soterrados,  que fueron rellenos de fondo de mar, como parte de los terrenos de la Zona Libre de Colón, dijo que si es viable contratar en CONCESIÓN, los rellenos, (no se habló de VENTA).



El proyecto de Ley 529, hace viable la venta de los terrenos de la Zona Libre de Colón, a través de la figura de la desafectación.

La figura de la desafectación sobre terrenos de dominio público, permite que los mismos puedan formar parte del dominio privado y opera por voluntad del Estado, a través de un acto público, que pueda desafectar un bien de dominio público y convertirlo a la postre, en bien patrimonial o fiscal del Estado, y por ende, susceptible de enajenación.


No obstante, la desafectación debe aplicarse emitiendo los actos administrativos, que afectaron un bien, es decir, si una ley afectó un bien en dominio público, otra ley podría desafectarlo. Decir que una ley o peor, aún el Consejo de Gabinete,  puede desafectar a un bien de dominio público establecido por la Carta Magna, no solo sería contra natura, sino que atentaría groseramente, contra la jerarquización de las normas que privan en Panamá.

De lo expuesto se afirma que una ley no puede derogar lo precisado por la Constitución, pues sería, inconstitucional, el hecho arbitrario.


Abanicar la idea de vender los terrenos, rellenados de la Zona Libre de Colón, por la figura de la desafectación, que no debiera aplicar, para los bienes de dominio publico que están bajo la prohibición, del Artículo 258 de la Carta Magna, podría a su vez, abrir la posibilidad de que en el futuro, con la promulgación de otra ley, cualquier gobierno, pudiera también vender, la plataforma continental, los ríos navegables, el espacio aéreo y demás bienes que están en el mismo artículo mencionado.

jueves, 18 de octubre de 2012

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DOMÉSTICOS


La ley 70 de 2012, salió a la vida jurídica en Panamá, en la Gaceta Oficial No. 27145-A de 18 de octubre de 2012, para proteger a los animales domésticos. Los puntos más relevantes:

El animal doméstico que el hombre haya escogido como mascota tendrá derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural, mediante su atención, cuidado y protección; en consecuencia, no deberá ser sometido a malos tratos ni a actos de crueldad.

En caso de que resulte necesaria la muerte de un animal, esta medida deberá ser aplicada por un médico veterinario idóneo utilizando un método instantáneo, indoloro y no generador de angustia.

Obligaciones del propietario

l. Recolectar el excremento del animal doméstico cuando este defeque en la vía pública
o predios privados.
2. Mantener libre el acceso al agua y alimentos a los animales dentro del hogar o sitio donde se destinen.
3. Cuando el animal esté amarrado por razones de seguridad, mantener la cadena o soga a una distancia prudencial que le permita moverse, acceder a su fuente de alimentación, descansar y defecar sin tener contacto directo con las heces.
4. Mantener al día ya la vista su registro de vacunación o control veterinario.
5. Disponer de manera higiénica del cadáver de su animal cuando este muera.
6. Los propietarios de perros y gatos deberán identificarlos con placas o cualquier elemento distintivo, que incluyan el nombre del animal y el número de teléfono del propietario.


Constituyen faltas o delitos contra los animales domésticos las siguientes conductas:

l.  Causar lesiones o la muerte a un animal doméstico.
2. Practicar o propiciar actos de zoofilia.
3. Abandonar a un animal doméstico.
4. No proveer alimento o agua a un animal doméstico o proveerle poca cantidad y baja
calidad.
5. Mantener a un animal doméstico, deliberada o negligentemente, en condiciones higiénicas sanitarias inadecuadas, no proveerle tratamiento médico veterinario en caso de ser necesario, y no protegerlo contra las inclemencias del tiempo.
6. Mantener a los animales domésticos enjaulas inadecuadas según su especie y tamaño.
7. Contravenir el propietario o responsable del animal doméstico las disposiciones de esta Ley.

Las faltas se sancionan con multa y con trabajo comunitario

Corresponderá a las autoridades de policía aplicar las sanciones previstas en esta Ley.