lunes, 31 de diciembre de 2012

10 principales logros del gobierno, en el año 2012


Según mi criterio, como ciudadano he ponderado los siguientes 10 (principales) logros de la presente administración, como aspecto muy positivo.



1.      Hacer que la economía sea una de las más estables de América.
2.      Permitir el desarrollo emocional de los ciudadanos, que consolidó a Panamá, como el  país más feliz del mundo, según encestadora.
3.      El Proyecto Curundú.
4.      La disminución de casos de homicidios en comparación al mismo período de 2011, según las estadísticas del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC).
5.      La entrega de apartamentos del proyecto Irving Saladino
6.      El mejoramiento de calles importantes, como las que conducen a la importante zona comercial de Colón, Panamá Viejo y otras.
7.      La reforma al código electoral que permite la libre postulación, para el cargo presidencial y con la eliminación del voto en plancha, posibilita la candidatura independiente, con opción de triunfo, en los circuitos plurinominales.
8.      Las nuevas tasas de salario mínimo, que comenzaron a regir desde enero de este año.
9.      La repartición de más de 93 mil computadoras a estudiantes de secundaria a lo largo y ancho del país.
10.  La disminución de la tasa del desempleo en Panamá.

domingo, 30 de diciembre de 2012

Los Colmos del 2012


1.       Pretender  vender los terrenos de la zona libre de Colón, de manera inexplicable.
2.       Nombrar unos magistrados para la sala v, que no pudieron tomar posesión de sus cargos por la objeción popular.
3.       Los diputados hacer una ley, para blindarse procesalmente asimismo.
4.       Pretender beneficiar a una empresa con unas cámaras boleteras.
5.       Hacer una ley de agencias de seguridad, en donde se beneficiaban, sólo las grandes compañías.
6.       Tener un gobierno en donde el vicepresidente es de oposición.
7.       Tener un vicepresidente que cobra sueldo pero que no va, inexplicablemente, ya al gabinete.
8.       Tener  4 procuradores generales en esta nación tan pequeña.
9.       Nombrar magistrados en contra de la filosofía prometida en campaña.
10.   Conformar un frente por la democracia en donde sus principales activistas, son políticos de oposición.
11.   Censurar por  simple política, nuestro alto crecimiento económico.
12.   Abrirle las puertas de residencia a un extranjero,  con tan solo acreditar un título universitario.
13.   Tratar infructuosamente de defender la adquisición de un auto  4 x  4, para una cacica que vive en medio de gente en pobreza extrema.
14.   Ver gente a menudo en los medios, que no quieren pagar sus impuestos.
15.   Oír de los buenos negocios de muchos políticos.
16.   Tener a una Contralora que no explica bien, lo que esta haciendo con la fiscalización de la cosa pública.
17.   Pretender meter un gol  de cancha entera, con las ventas de las acciones de algunas empresas públicas.
18.   Permitir que un trabajador de la empresa adjudicataria del suministro de 30,000 jamones  formara parte de la comisión verificadora que opinó,  dentro del proceso de compra,  a favor de esa venta.

sábado, 29 de diciembre de 2012

Principales leyes del año 2012, según mi criterio.



1.      LEY 2 De 23 de enero de 2011, Que reforma la Ley 34 de 1949, que adopta como Símbolos de la Nación la Bandera, el Himno y el Escudo y reglamenta su uso. Excelente ley por su contenido patriótico.
2.      LEY 13 De 3 de Abril de 2012 Que restablece la vigencia de artículos del Código de Recursos Minerales. Elemento importante para la industria de la minería en Panamá.
3.      LEY 37 De 1 de junio de 2012 Que suspende  por 9 meses la vigencia de la Ley 56 de 2011, Que regula los servicios privados de seguridad y dicta otras disposiciones. La ley 56 había sido mal elaborada.
4.      LEY 38 De 5 de junio de 2012 Que crea el Fondo de Ahorro de Panamá.
5.      LEY 42 De 7 de agosto de 2012 General de Pensión Alimenticia, vital para la familia.
6.      LEY 53 De 30 de agosto de 2012 Que deroga la Ley 32 de 1999, Por la cual se crea la Sala Quinta de Instituciones de Garantía. A mi juicio ésta, no fortalece la administración de justicia.
7.      Ley 54 de 17 de septiembre de 2012 que reforma el código electoral. Fortalece la democracia. Por ella muchos independientes podrán competir con opciones en los próximos comicios.
8.      LEY 55 De 21 de septiembre de 2012 Que modifica y adiciona artículos al Código Procesal Penal, relativos a los procesos contra los miembros de la Asamblea Nacional. Es una ley blinda diputado.
9.      LEY 64 de 10 de octubre de 2012 sobre derecho de autor. Beneficia altamente a los mismos.
10.  LEY 70 De 12 de octubre de 2012 De protección a los animales domésticos.
11.  LEY 73 De 28 de octubre de 2012 Que deroga la Ley 72 de 2012, que subrogó el Decreto Ley 18 de 17 de junio de 1948, que creó la Zona Libre de Colón, y restablece la vigencia de este Decreto Ley. Hasta ahora no se ha solucionado  el problema que trajo la ley 72 impopular.
12.  LEY 78 De 2 de noviembre de 2012 que establece el segundo viernes de septiembre  como el Día del Perdón en la República de Panamá.
13.  LEY 83 De 9 de noviembre de 2012 Que regula el uso de medios electrónicos para los trámites gubernamentales.

jueves, 27 de diciembre de 2012

EL CONTRATO DE LAS CÁMARAS BOLETERAS




                                   
La Concesión No. 40-11 en donde la ATTT le concede a la empresa TRAFFIC SAFETY DE PANAMA, S.A., el suministro, la instalación y operación del servicio de cámara de vigilancia para la seguridad vial en la República de Panamá, se consolidó con la Adenda No. 01- 12.

Comentarios



  1. El objeto del contrato es a nivel nacional.
  2. El particular deberá invertir como mínimo, 3 millones de dólares, durante el periodo de la concesión.
  3. Le endosa el deber de notificar a los infractores, al concesionario, lesionando la Ley 38 de 2,000, que le da esta potestad al secretario o a los funcionarios administrativos del Estado. (Artículo 201 numeral 102 de la Ley 38 de 2000)
  4. La manera de notificar al afectado, no es la que consagra la ley 38 de 2000.
  5. El contrato pudiera afectar el interés público ya que se posibilita un contrato, hasta por 20 años (10 años del contrato más la prórroga) dando beneficios al particular del 35% de la multa impuesta, incluyendo  el desacato; los beneficios por el suministro de información estadística a terceros y otros, que sean informados al Estado.
  6. La ATTT permitirá darle la base de datos sensitiva de los usuarios al concesionario, para que trabaje con ella.
  7. Le permite al concesionario, acudir a los juzgados, para que pueda defender la infracción que puso, contra el usuario.
  8. Se le permite al concesionario cobrar intereses moratorios por la demora en el pago por parte del Estado.
  9. Las multas impuestas anteriormente, por la cámara conocida, no se anulan, sino que se ajustarán al nuevo porcentaje.
  10. El Estado, durante el contrato, no podrá rebajar los montos en concepto de multa por las infracciones de tránsito.
  11. Ningún otro contratista, durante el término del contrato, podrá prestar un servicio similar  o conexo con el Estado.







 





miércoles, 26 de diciembre de 2012

Caso del Metro Bus y Caso de los Jamones

Caso del Metro Bus

La empresa colombiana Mi Bus, administradora del servicio de transporte Metro Bus, comunicó que llegó a un acuerdo preliminar con los operadores en huelga, que permite levantar el paro que inició desde la madrugada de este miércoles 26 de diciembre.
No obstante, a mi juicio, la empresa en mención debe ser sancionada por la ATTT, conforme a lo que dispone el Anexo B del instrumento, por la violación del contrato de concesión No. 21-10, específicamente en las clausulas decima octava y vigésima cuarta en su inciso e, cuenta habida que el servicio, fue interrumpido.
La huelga no puede considerarse como de fuerza mayor, eximente de sanción a la empresa por qué se pudo prevenir, debido a que los trabajadores expresaron que hubo varias reuniones previas, con representantes de la empresa, por los motivos que originaron la huelga y la empresa no resolvió nada. Hubo por la huelga, afectaciones en el comercio, gobierno y usuarios, por una mala administración empresarial, que no puede ponerse de lado.


Caso de los Jamones

En el link http://ernestocedeno.com/Denuncia_Jamones.pdf reposa copia de la denuncia penal que interpuse hoy en la procuraduría general de la nación, por el caso de los jamones, que se explica por sí sola. El Ministerio Público es competente para investigar, toda vez, que en el expediente virtual del caso, en PanamaCompra, no existe vinculación de diputado alguno, al momento.

Pistolas eléctricas


La Policía Nacional (PN) compró de manera directa 150 pistolas de electrochoque para frenar la delincuencia, comentan los medios de comunicación.
Aunque parezca loable la adquisición de equipo para reducir la delincuencia, para la utilización sensitiva de éstos instrumentos, a mi juicio, debe establecerse una regulación, en donde se precise lo concerniente a su aplicación, las responsabilidades del que las porte y  especialmente, que se usarán,  únicamente para reducir a individuos peligrosos atrincherados en el interior de domicilios o comercios, pero no en manifestaciones callejeras ni en labores de seguridad ciudadana.
Conforme al principio de estricta legalidad que impera en el derecho público, los funcionarios sólo pueden hacer lo que la ley prevé, por lo que resulta necesario determinar regulaciones y controles, al menos en una  legislación administrativa.
La utilización de una descarga eléctrica para reducir a una persona no puede ser considerada inofensiva. Tiene dos riesgos: primero las condiciones físicas del sujeto, que se ignora y, por tanto, no se podrá vaticinar los resultados físicos sobre el mismo; y segundo, la situación psicológica del policía que usa el arma, que si mantiene un equilibrio en todo momento, podrá reprimir un uso abusivo de la herramienta.

martes, 25 de diciembre de 2012

El periodismo y la doctrina de la real malicia

Conforme a la teoría se exige que el afectado por una crítica periodística relativa a los actos oficiales, públicos o de interés público desplegado por sujeto público, por una noticia falsa, lesiva o abusiva, para su honor, consideración pública o intimidad; pruebe que el medio periodístico actuó con real malicia, es decir con dolo o culpa grave.


El Tribunal Constitucional Español, en fallo del 19 de abril de 1993, estableció que “el requisito de la veracidad condiciona el ejercicio de la libertad de información, imponiendo al comunicador un deber de diligencia: la comprobación razonable de la veracidad, que no se cumple con alusiones indeterminadas o fuentes genéricas”.

Lo cierto es que en Panamá no se ha incluido en ninguna norma la doctrina de la real malicia, y a mi juicio debiera hacerse, para preservar el derecho de la libre información.

Los gremios periodísticos debieran caminar en este sentido y unirse para promover esta iniciativa legislativa, ante la Dirección Nacional para la Promoción de la Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional de Diputados.

Como quiera que no se sabe, la línea de pensamiento de la nueva procuradora en torno al tema de la libertad de expresión en el periodismo, no sería ocioso luchar cívicamente, para que se legisle en ese sentido.

domingo, 23 de diciembre de 2012

La promesas de campaña y la selección de magistrados


En el diario La Prensa, se lee el 18 de febrero de 2009, en el siguiente el link:
http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2009/02/18/hoy/panorama/1699155.asp que el otrora y hoy Presidente de la República Ricardo Martinelli, en torno a la administración de Justicia, planteó la siguiente promesa de campaña. El diario refiere sobre él que: “fue insistente al señalar su interés en cambiar la forma de seleccionar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Dijo que el Ejecutivo debe ceder la gracia constitucional para que puedan intervenir otros sectores de la sociedad en el escogimiento de estos jueces. Prometió devolver la investigación criminal, hoy en manos de la Policía Nacional, al Ministerio Público.”
La pregunta que me hago es “ porqué no se cumplió, con lo que en tiempo oportuno se prometió?
El quid del asunto no está en cuestionar la legitimidad jurídica del nombrado, pues se pudiera afirmar que todos los nominados cumplieron, con los requisitos legales, para tal fin y es más, todos los demás presidentes en democracia,  junto a su gabinete, aplicaron la misma prerrogativa constitucional; sino que está en explicar, el por qué no se cumplió con lo prometido, que animó a muchos ciudadanos panameños y les dio un aliento de esperanza, hacia la justicia terrenal criolla. Nada se le ha comunicado a la población, sobre el porqué de la necesidad del cambio en el  derrotero prometido.
El problema serio, a mi juicio, lo tendrán ahora, los candidatos a presidentes para las elecciones del año 2014, pues sobre el tema de la justicia,  poco o nada se les creerá, cuando aborden el tema, ya que muchos dudaremos de que cumplirán, con lo prometido cuando accedan al poder, y degusten el placer de gobernar a sus anchas, conforme al presidencialismo.
Amanecerá y veremos.

sábado, 22 de diciembre de 2012

Interrogantes legales sobre la compra de jamones



Recientemente la Junta Comunal del Chorrilo adquirió 30,000 JAMONES DE CERDO AHUMADO TIPO PICNIC CON HUESO DE DIEZ (10) PARA SER DISTRIBUIDAS ENTRE LAS FAMILIAS DE LOS SECTORES MAS NECESITADOS DEL CIRCUITO 8-7.
Del evento me surgen las siguientes interrogantes.

1.     Por qué razón la Contraloría, con la Resolución No. 374-2010-DMySC de 11 de mayo de 2010, ha exceptuado del control previo, las adquisiciones de los programas sociales de las Juntas Comunales, permitiéndose hacerles únicamente el control posterior, sobre los actos de manejo. No encuentro explicación lógica, sobre las razones y del porque, a un ente dirigido por un político, como las juntas comunales, no se les está haciendo el control previo, antes de que los actos se ejecuten, y casi que al resto del país, sí.

2.     Porque para soportar el gasto, se utilizó la partida presupuestaria No. 0.16.1.8.001.23.50.716, de la Junta Comunal del Chorrillo para abastecer a otras juntas del circuito 8-7. Lo jurídicamente viable era que la Alcaldía hubiese hecho el acto público en cuestión. Por otro lado, no encuentro en PanamaCompra autorización del MEF, para este gasto abarcador de otras juntas comunales.

3.     Porque la administradora de la Junta Comunal del Chorrillo, la H.R. representante Keira Navarro, permitió que Omar Guerra formara parte de la comisión verificadora del acto celebrado, siendo el mismo, representante del proveedor.  (Ver en el portal electrónico, la resolución verificadora del 28 de noviembre de 2012 y la propuesta del proponente, del 27 de noviembre de 2012, en donde se designa al prenombrado como representante de la empresa).  Por su puesto que los comisionados vieron bien todo.  Esto es viola el principio de transparencia, rector, de la ley 22 de 2006.

4.     Porque la administradora de la Junta Comunal del Chorrillo, la H.R. representante Keira Navarro, adjudicó el acto público, haciéndole caso al informe de una comisión verificadora, mal conformada.

5.     Porque la administradora de la Junta Comunal del Chorrillo, la H.R. representante Keira Navarro, no subió en PanamaComrpa la resolución donde designaba previamente a los comisionados, como lo ordenaba el artículo 54 de la ley 22 de 2006.

6.     Porque la administradora de la Junta Comunal del Chorrillo, la H.R. representante Keira Navarro, no ha subido en PanamaComrpa el contrato celebrado, como lo ordena el artículo 74 de la ley 22 de 2006.
Ojala las autoridades pertinentes, y dentro de un término perentorio,  le  rindan cuenta al país, sobre lo comentado, para permitir que salga a la luz, la verdad material sobre este asunto.

viernes, 21 de diciembre de 2012

Necesidad del Pacto ético electoral




El magistrado del tribunal electoral, Erasmo Pinilla acaba de conversar con  los medios de comunicación social, sobre la necesidad de firmar un pacto ético electoral en Panamá. Al respecto comparto su inquietud y pienso que los actores, podrían ser:


Los medios de comunicación.

Para que difundan programas que promuevan valores.
Para que otorguen, igualdad de condiciones, a todas las corrientes políticas.
Para que los periodistas difundan las noticias políticas con objetividad.


El gobierno.

Para que no utilice, directa o indirectamente, los recursos del Estado a favor de Partidos Políticos y/o candidatos.
Para que no ejerza presión sobre las personas y/o instituciones que no le sean afines.
Para que no utilice las propagandas sobre sus obras y/o programas, para promover sus candidatos.


Fiscalía Electoral

Para que cumpla su misión con imparcialidad y dentro de los términos que el derecho dispone.


Tribunal Electoral.

Para que cumpla su papel con transparencia y rectitud.


Los partidos políticos y los precandidatos por la libre postulación, acreditados en el Tribunal Electoral.

Para que no difundan directamente o por interpuestas personas o agrupaciones, mensajes, que ofendan la dignidad humana; incurran en uso de diatribas, irrespeto, calumnia, injuria, violencia o atente contra las leyes de la República.

Para centrar las campañas electorales, al debate de las ideas y programas a implementarse, para solucionar problemas detectados.

Para promover, dentro de los colectivos mismos, (según se al el caso) la realización de sus campañas internas, en la que predomine, el respeto recíproco entre los candidatos y sus equipos de trabajo.

No hay militarización en el país

El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, aprovechó el acto de bautizo de la bandera nacional y el aniversario de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá para negar que se esté militarizando el país.

Sin embargo sería bueno que le explicara el señor ministro a los panameños, de ser posible, y de no existir resabios del militarismo en nuestro país, el por qué la ley 18 de 1997, modificada por la ley 74 de 2010, consagra un régimen procesal a los miembros, que no lo tiene el común de las personas, que les permite hasta el soslayar la suspensión de su cargo y la detención preventiva, hasta que se concluya el proceso penal, con sentencia en firme y de igual manera, por que la ley 15 de 2010 que crea el Ministerio de Seguridad Pública, liga a todos los estamentos de la seguridad pública, en sus artículos 4 y 11, a un ministro de Estado, en contraposición de lo que dice el artículo 310 constitucional, que determina la sujeción al Presidente de la Republica. Adicional, se instala un organismo permanente para la defensa de la soberanía nacional y eso lo veda el mismo artículo supremo.

jueves, 20 de diciembre de 2012

Defensores de la Dictadura

Muchos vivimos los acontecimientos  que iniciaron el 19 de diciembre del año 1989 y que se acrecentaron, un 20 de diciembre de esa misma época.
Por integridad algunos nos privamos de adquirir hasta de bienes provenientes de delitos (saqueo) aunque nos costó el no poder alimentarnos bien;  pero nos abstuvimos,  para preservar los  valores y principios adquiridos.
Hoy nuestra juventud sabe poco de la historia patria y algunos de nuestros políticos, no contribuyen para forjarle  valores,  ya que premian en plena democracia,  a los ciudadanos acólitos del régimen dictatorial, que flageló nuestro histórico estado de derecho; llevando un mensaje directo de antivalor, cual es. “Tu caminar integro,  no cuenta para nada;  sino el contacto”.
Debe ser prohibido olvidar acciones que afectaron el orden constituido y las personas que contribuyeron para tal fin, no se les debiera beneficiar, con los dineros del Estado.
Dejo claro que el perdón, que es interno y se le debe prodigar a todo ser humano,  se debe practicar, no obstante, esto, es diferente,  de las  consecuencias que tienen las malas acciones ejecutadas por el hombre. Estas últimas, conllevan rechazo y sanción y por tanto, jamás se deberán olvidar.

martes, 18 de diciembre de 2012

Contraloría no auditara la compra de Gálvez


Ante el panorama de los jamones, el excontralor Alvin Weeden opinó que ya la Contraloría debió abrir una investigación a Gálvez porque, dijo, está claro que ha utilizado recursos del Estado de manera política.
Desde el punto de visto jurídico es errado afirmar que la Contraloría puede auditar a un diputado por que lo prohíbe la Constitución nacional.

Afirmar lo contrario es simplemente un morbo y un desconocimiento de la ley.

Los diputados solo pueden ser investigados por la Corte.

Constitución

ARTICULO 206. La Corte Suprema de Justicia tendrá, entre sus atribuciones constitucionales y legales, las siguientes:
3. Investigar y procesar a los Diputados. Para efectos de la investigación, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia comisionará a un agente de instrucción.

¿Habrá peculado  por destino, en esto?
Medios de comunicación informan que conforme a los Documentos disponibles en la página web de PanamáCompra dan cuenta de que la junta comunal de El Chorrillo, a cargo de Keira Navarro, suplente de Gálvez, a través de un proceso de licitación abreviada compró 30 mil jamones a Proveedora Táchira, S.A. para ser distribuidos en el circuito 8-7 [San Felipe, Santa Ana, Calidonia, Curundú, Ancón, Bella Vista, Betania y Pueblo Nuevo].

Si esto es así, tampoco habría méritos para el peculado, a mi juicio,  ya que se hizo un acto público, para la adquisición de los jamones,  del que  salió un contrato público que debió ser refrendado por Contraloría, que debió verificar antes de firmarlo, los costos de los jamones y el procedimiento legal que se utilizó.

Existe un principio de presunción de legitimad en el derecho público que reza que un acto administrativo es válido hasta que la corte diga lo contrario. En tal sentido, todo lo ejecutado en torno a los jamones, es correcto, toda vez que no gravita tacha ante la corte. Mal puede investigarse a un diputado  por un acto público realizado de acuerdo a la ley 22 de 2006 y es más, existe un contrato refrendado por Contraloría, que nadie a demandado por ilegal ante la Corte.  Tampoco consta que se haya demando el acto público, por lo que hoy se imputa.

Lo que si me inquieta a mí, es que una junta comunal tenga la capacidad económica para hacer tal adquisición y otras no; porque les faltó el recurso económico para ello; pero en este caso, los que deben rendir cuenta sobre esto, son los que asignan las partidas presupuestarias y no el que hizo el acto público. Debe haber justicia en la distribución de los haberes estatales.

sábado, 15 de diciembre de 2012

Estacionamientos de cinco niveles en el Órgano Judicial

Algunas personas se han mostrado en desacuerdo con el edificio de estacionamientos de cinco niveles  que se construirá en el Órgano Judicial por $6.9 millones.

La queja principal del reducido grupo de manifestantes es la tala de 34 árboles, hecho que debe concretizarse, para beneficiar a muchos usuarios del órgano judicial, que nos afectamos a diario,  por la falta de estacionamientos en ese órgano del Estado.

Quien suscribe se manifiesta a favor de este proyecto de construcción, por considerarlo conveniente no solo para los abogados, sino para todo aquella persona, que de alguna u otra forma, deba hacer algún trámite en esa institución.

Corolario de lo anterior, conforme a la información que reposa en el portal electrónico de PanamaCompra  No. 2012-0-30-0-08-AV-003862 se nota que se cumplieron todas las fases del proceso  y hasta se firmó el contrato de obra No.  114-2012 el
4 de mayo de 2012 y hasta se subió el mismo, en PanamaCompra el 11 de diciembre de 2012, sin que ningún quejoso demandara nada,  en tiempo oportuno, como bien se pudo haber hecho, antes de que se firmara el contrato público.

Todo el ritual fue publicado y fue visto por todos.

Se deja claro que el contrato firmado y refrendado, es un acto administrativo en firme y se debe cumplir, por seguridad jurídica; por lo que  la Corte per se, no lo puede anular, sino mediante demanda, que se le presente por ilegal y esto, mediante resolución.

Jurisprudencia
“…Debe pues, la Administración recurrir a la vía jurisdiccional ordinaria, a fin de anular sus propios actos que confieren esos derechos. Jaime Vidal Perdomo al respecto nos ilustra cuando sostiene que “el respeto a las situaciones jurídicas creadas o definidas por los actos administrativos puede ser tal que se hagan irrevocables aunque sean ilegales. En el derecho Español se denomina recurso de lesividad el que puede interponer la Administración ante los jueces contra sus propios actos que declaran derechos ante la imposibilidad que encuentra de revocarlos directamente… (Sentencia de 27 de abril de 2010 de la Sala Tercera)

Es inadmisible que la preocupación de muy pocos pretenda afectar el beneficio de miles. Esto debe cesar y quien se crea afectado, las herramientas legales tiene para utilizarlas.

¿Por qué no demandó en tiempo oportuno, el reducido grupo de manifestantes?

lunes, 10 de diciembre de 2012

Observaciones al borrador del pacto ético preparado por la Conferencia Episcopal Panameña


En el link  http://ernestocedeno.com/PactoEtico.pdf se encuentra el borrador del pacto ético electoral, preparado por el organismo en mención.
Mis observaciones, sobre algunos puntos:
1.      Motivan  a la firma sólo a los representantes de los partidos y los de libre postulación reconocidos por el Tribunal Electoral para presidentes. Esto es un error  debido a que deja por fuera a los candidatos por la libre en los otros cargos de elección popular, por un lado, y por el otro, afirmo que un independiente se considerará candidato  hasta después del  4 de septiembre del 2013, de acuerdo al Acuerdo  19 del tribunal electoral, por lo que resulta intranscendente, esta firma. Debiera suscribirse por los independientes que hayan solicitado el uso de hojas membretadas para recoger firmas de respaldo.
2.      Pretende obligar a los partidos a que los informes de los gastos realizados sean de acceso público, mediante su publicación a través de diversos medios, cuando este punto no ha sido consagrado en el código electoral. No se debe utilizar un pacto ético para consagrar un concepto que el legislador no contempló, aunque parezca bueno. El pacto debe considerarse como un apoyo, no un elemento integrador o modificador de un código.
3.      Pretende que los partidos velen para que las instituciones judiciales o policiales y otras, no sean utilizadas como mecanismo de coacción, persecución etc. contra ciudadanos. Esto es irregular, ya que no le es dable a los partidos jugar este papel.
4.      Al gobierno se le insta a respetar la autonomía de las autoridades electorales. De la redacción se infiere que el gobierno pudiera estar incumpliendo con esto, de acuerdo con la conferencia episcopal. Interesante tesis.
5.      Al gobierno se le insta a garantizar y respetar la independencia de las instituciones judiciales y a impedir que estas sean utilizadas para persecución, represión e intimidación. Interpreto de la redacción, que hogaño el gobierno, no lo está haciendo, cuando se le insta a hacerlo. Por otro lado, el gobierno no puede entrometerse en otro órgano del Estado, para pretender evitar una supuesta intimidación. Violaría la Constitución si lo hiciera.
6.      El instrumento busca que la Comisión de Justicia y Paz sea la vigilante del cumplimiento del acuerdo y la faculta para realizar investigaciones por el incumplimiento del pacto y  para imponer una sanción moral. Opino que el ente receptor, debiera salir del consenso de los actores, y lo de facultarla para sancionar, no me parece lo adecuado. El organismo lo que debiera hacer es publicar la presunta violación y nada más.
7.       El instrumento busca que la Comisión de Justicia y Paz y un organismo consultivo, elabore su reglamento y su metodología para actuar,  sobre las investigaciones  y denuncias, etc., empero,  integran a representantes de medios de comunicación social, dentro del organismo consultivo, que no se hizo en el pacto ético electoral de 1998 y no sabemos el por que. El organismo consultivo lo forman: 5 por el que hizo este documento; 5 por  los medios; 1 por cada partido y los candidatos presidenciales por la libre postulación, nada más.

sábado, 8 de diciembre de 2012

Borrador del pacto ético electoral

Representantes de la Iglesia Católica elaboraron un borrador del pacto ético electoral con miras al proceso de elecciones del 2014 y lo han presentado a los medios de comunicación social.
El documento para que tenga algún grado de utilidad, a mi juicio,  debe incorporar a los medios de comunicación social no solamente para contribuir a crear un clima electoral de confianza, de seguridad y de transparencia. “En el que impere el más estricto respeto a la dignidad de las personas”, sino también para que permitan en sus programas de opinión, la igualdad de condiciones, a todas las corrientes políticas;  a difundir las noticias políticas con objetividad y sin favoritismo y a promover el debate democrático de ideas entre los actores.
Respecto del gobierno; para que no utilice los recursos del Estado en promoción y/o cuñas, propagandas y programas, que pudieran proyectar a funcionarios aspirantes a cargos de elección popular y para que no utilice, los actos de inauguración de obras públicas, para propaganda política, entre otros tópicos.

No tan solo los partidos deben firmarlo, sino los candidatos por la libre postulación, para que no difundan directamente o por interpuestas personas o agrupaciones, mensajes, que ofendan la dignidad humana; no incurran en uso de diatribas, irrespeto, calumnia, injuria, violencia o atente contra las leyes de la República y para que centren las campañas electorales, al debate de las ideas y programas a implementarse, para solucionar problemas detectados.

Ahora bien, no debe imponerse a ningún estamento propuesto por el clero, para que sea el tercero imparcial receptor del pacto y capacitado por las partes, para llamar al orden a los infractores del compromiso, debido a que no estamos en la edad media, sino que debiera ser del consenso de los actores, de donde surja el ente competente para tal fin