jueves, 31 de enero de 2013

Paro de los trabajadores de MI BUS




Medios de comunicación han informado que el Juzgado Tercero de Trabajo de la Primera Sección dictaminó que el paro de efectuado el pasado 26 de diciembre por los operadores de Mi BUS, fue ilegal.

Unas de las consecuencias de la ilegalidad de una huelga, conforme al artículo 507 del código laboral es la que libera de responsabilidad al empleador sobre el tema protestado  y  la que le otorga la potestad al empleador, para despedir sin responsabilidad alguna, a los trabajadores que hubiesen incurrido en actos  de violencia física en contra de personas y propiedades.

Sobre el paro del 31 de enero, hubo actos vandálicos contra algunos METRO BUSES, que obligan al Ministerio Público a iniciar ex oficio, unas sumarias en averiguación, al tenor de lo que dispone el código judicial. (Ver: artículos 1956 y 1951).

Pudiera investigarse para determinar si se configuró o no, alguno de los delitos precisados en el código penal patrio,  como por ejemplo: Delitos contra la Libertad de Reunión y de Prensa, de Daños o contra los Medios de Transporte.


Artículos del Código Penal             


Artículo 170. Quien, abusando de su derecho de reunión o manifestación, mediante uso de violencia, impida u obstaculice el libre tránsito de vehículos por las vías públicas del país y cause daños a la propiedad pública o privada será sancionado con prisión de seis meses a dos años.
                                                    

Artículo 230. Quien destruya, inutilice, rompa o dañe cosa mueble o inmueble que pertenezca a otro será sancionado con pena de uno a dos años de prisión o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana.
La sanción se aumentará de una cuarta parte a la mitad de la pena si el delito se comete:
1. En perjuicio de un servidor público, a causa del ejercicio de sus funciones.
2. Mediante intimidación o violencia contra tercero.
3. Con destrucción o grave daño en residencia, oficina particular, edificio o bien público, bien destinado al servicio público, edificio privado o destinado al ejercicio de algún culto, vehículo oficial, monumento público, cementerio o cosa de valor científico, cultural, histórico o artístico.
4. En una plantación, sementera o en las cercas protectoras de fundos agrícolas o pecuarios.
5. Mediante la utilización de sustancia venenosa o corrosiva.
6. Si el daño total ocasionado supera la suma de dos mil balboas
(B/.2,000.00),
7. independientemente del valor del bien que se haya afectado directamente con la acción.
Cuando el daño se ocasione utilizando instrumentos o medios informáticos, computadora, dato, red o programa de esa naturaleza, la pena será de dos a cuatro años de prisión.


Artículo 301. Quien ejecute cualquier acto que ponga en peligro real la seguridad de los medios de transporte terrestre, marítimo o aéreo será sancionado con prisión de tres a seis años.
Si se usa intimidación o violencia contra las personas para tomar el control del medio de transporte o se coloca en él un artefacto o una sustancia que pueda destruirlo, la prisión será de cinco a siete años.
Si del hecho resulta colisión, descarrilamiento u otro accidente grave, la sanción será de seis a diez años de prisión.
Si, a consecuencia de las conductas anteriores, se produce la muerte de una o más personas se aplicará la norma que tipifica el homicidio agravado.



Sanciones que caben por el vandalismo de los METRO BUSES



                                                                 Código Penal
               

                Delitos contra la Libertad de Reunión y de Prensa

Artículo 170. Quien, abusando de su derecho de reunión o manifestación, mediante uso de violencia, impida u obstaculice el libre tránsito de vehículos por las vías públicas del país y cause daños a la propiedad pública o privada será sancionado con prisión de seis meses a dos años.

                                                                           Daños

Artículo 230. Quien destruya, inutilice, rompa o dañe cosa mueble o inmueble que pertenezca a otro será sancionado con pena de uno a dos años de prisión o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana.
La sanción se aumentará de una cuarta parte a la mitad de la pena si el delito se comete:
1. En perjuicio de un servidor público, a causa del ejercicio de sus funciones.
2. Mediante intimidación o violencia contra tercero.
3. Con destrucción o grave daño en residencia, oficina particular, edificio o bien público, bien destinado al servicio público, edificio privado o destinado al ejercicio de algún culto, vehículo oficial, monumento público, cementerio o cosa de valor científico, cultural, histórico o artístico.
4. En una plantación, sementera o en las cercas protectoras de fundos agrícolas o pecuarios.
5. Mediante la utilización de sustancia venenosa o corrosiva.
6. Si el daño total ocasionado supera la suma de dos mil balboas
(B/.2,000.00),
7. independientemente del valor del bien que se haya afectado directamente con la acción.
Cuando el daño se ocasione utilizando instrumentos o medios informáticos, computadora, dato, red o programa de esa naturaleza, la pena será de dos a cuatro años de prisión.



Mi opinión jurídica es que el Ministerio Público debe iniciar una investigación de oficio, de manera inmediata, por el vandalismo perpetrado en el día 31 de enero de 2013,  contra los METRO BUSES, de acuerdo a lo que disponen los artículos 1956 y 1951 del código judicial patrio. Esto es independiente de que pudiera aflorar un acuerdo entre las partes.

Sanciones que caben por el vandalismo de los METRO BUSES




               

Delitos contra la Libertad de Reunión y de Prensa

Artículo 170. Quien, abusando de su derecho de reunión o manifestación, mediante uso de violencia, impida u obstaculice el libre tránsito de vehículos por las vías públicas del país y cause daños a la propiedad pública o privada será sancionado con prisión de seis meses a dos años.

                                                       Daños

Artículo 230. Quien destruya, inutilice, rompa o dañe cosa mueble o inmueble que pertenezca a otro será sancionado con pena de uno a dos años de prisión o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana.
La sanción se aumentará de una cuarta parte a la mitad de la pena si el delito se comete:
1. En perjuicio de un servidor público, a causa del ejercicio de sus funciones.
2. Mediante intimidación o violencia contra tercero.
3. Con destrucción o grave daño en residencia, oficina particular, edificio o bien público, bien destinado al servicio público, edificio privado o destinado al ejercicio de algún culto, vehículo oficial, monumento público, cementerio o cosa de valor científico, cultural, histórico o artístico.
4. En una plantación, sementera o en las cercas protectoras de fundos agrícolas o pecuarios.
5. Mediante la utilización de sustancia venenosa o corrosiva.
6. Si el daño total ocasionado supera la suma de dos mil balboas
(B/.2,000.00),
7. independientemente del valor del bien que se haya afectado directamente con la acción.
Cuando el daño se ocasione utilizando instrumentos o medios informáticos, computadora, dato, red o programa de esa naturaleza, la pena será de dos a cuatro años de prisión.



Mi opinión jurídica es que el Ministerio Público debe iniciar una investigación de oficio, de manera inmediata, por el vandalismo perpetrado en el día 31 de enero de 2013,  contra los METRO BUSES, de acuerdo a lo que disponen los artículos 1956 y 1951 del código judicial patrio. Esto es independiente de que pudiera aflorar un acuerdo entre las partes.

miércoles, 30 de enero de 2013

Los Símbolos de la Nación



Con la ley 2 de 23 de enero de 2011, se reformó la ley 34 de 1949, sobre los símbolos de la nación.

La ley está vigente, pero no se puede implementar hoy, eficazmente, cuenta habida, que no ha salido a la luz el Manual sobre el Procedimiento, Diseño y Uso de los Símbolos de la Nación, que debe ser aprobado mediante decreto ejecutivo, tal cual lo ordena el artículo 36 de la norma en cita. En tal sentido, no se debe sancionar a nadie, por un supuesto mal uso, del símbolo patrio.

La ley fue aprobada por todos los diputados del país y debidamente sancionada por el Presidente actual,  por lo que pregunto ¿Dónde estaban los asesores de los funcionarios en comentario, cuando se les necesitó?

Por otro lado, mal puede afligirse al ciudadano orgulloso de portar el emblema patrio, con los comentarios de algunos comisionados, si no exhortan primero al cumplimiento de la normativa, a las empresas, que en un gran número, incumplen la ley, específicamente en lo dispuesto en el artículo 16, que se transcribe a continuación.

La soga no debe romperse por el lado más débil.

Artículo 16. Es obligatorio para todas las plantas televisivas, radioemisoras y sistemas informativos por Internet que generen su señal en el territorio nacional difundir la letra y
música del Himno Nacional al iniciar y terminar su programación regular.
Las plantas televisivas y radioemisoras que funcionen de manera ininterrumpida deberán suspender momentáneamente su programación regular a las seis de la mañana, con el propósito de difundir la letra y música del Himno Nacional.
...

Los Símbolos de la Nación



Con la ley 2 de 23 de enero de 2011, reformó la ley 34 de 1949, sobre los símbolos de la nación.

La ley está vigente, pero no se puede implementar hoy, eficazmente, cuenta habida, que no ha salido a la luz el Manual sobre el Procedimiento, Diseño y Uso de los Símbolos de la Nación, que debe ser aprobado mediante decreto ejecutivo, tal cual lo ordena el artículo 36 de la norma en cita. En tal sentido, no se debe sancionar a nadie, por un supuesto mal uso, del símbolo patrio.

La ley fue aprobada por todos los diputados del país y debidamente sancionada por el Presidente actual,  por lo que pregunto ¿Dónde estaban los asesores de los funcionarios en comentario, cuando se les necesitó?

Por otro lado, mal puede afligirse al ciudadano orgulloso de portar el emblema patrio, con los comentarios de algunos comisionados, si no exhortan primero al cumplimiento de la normativa, a las empresas, que en un gran número, incumplen la ley, específicamente en lo dispuesto en el artículo 16, que se transcribe a continuación.

La soga no debe romperse por el lado más débil.

Artículo 16. Es obligatorio para todas las plantas televisivas, radioemisoras y sistemas informativos por Internet que generen su señal en el territorio nacional difundir la letra y
música del Himno Nacional al iniciar y terminar su programación regular.
Las plantas televisivas y radioemisoras que funcionen de manera ininterrumpida deberán suspender momentáneamente su programación regular a las seis de la mañana, con el propósito de difundir la letra y música del Himno Nacional.


lunes, 28 de enero de 2013

Compromiso sobre el pacto ético electoral.


El Monseñor José Domingo Ulloa realizó un llamado a la ciudadanía para que se comprometa con la iniciativa del pacto ético electoral que busca garantizar una buena contienda electoral.

Respetuosamente no me comprometo con toda la redacción del instrumento, por lo siguiente:

Lo que adverso:

1.       Pretende obligar a los partidos y a los candidatos, a que los informes de los gastos realizados sean de acceso público, mediante su publicación a través de diversos medios, cuando este punto no ha sido consagrado en el código electoral. (Punto II. 5)
2.       Pretende evitar el regalo de artículos a los electores y esto es irreal con la realidad electoral de nuestro pueblo que recibe lo que le dan y vota por quien desea. El delito electoral es otra cosa, cuya tipificación está regulada, en el código electoral vigente. (Punto II. 7)
3.       Pretende evitar que se metan en la vida privada y familiar del candidato cuando en la Convención Americana de los Derechos Humanos lo que se prohíbe son las injerencias arbitrarias o abusivas en la vida privada, que no es lo mismo. Debe ser un derecho del elector saber, si es el caso, si un candidato cumple o no, con sus deberes familiares. El candidato para mí, debiera ser un libro abierto. (Punto II. 1).
4.       El instrumento busca que la Comisión de Justicia y Paz sea la vigilante del cumplimiento del acuerdo y la faculta para realizar investigaciones por el incumplimiento del pacto y para imponer una sanción moral. Opino que el ente receptor, debiera salir del consenso de los actores, y lo de facultarla para sancionar, no me parece lo adecuado. El organismo lo que debiera hacer es publicar la presunta violación y nada más. (Punto V).

Compromiso sobre el pacto ético electoral

.

El Monseñor José Domingo Ulloa realizó un llamado a la ciudadanía para que se comprometa con la iniciativa del pacto ético electoral que busca garantizar una buena contienda electoral.

Respetuosamente no me comprometo con toda la redacción del instrumento, por lo siguiente:

Lo que adverso:

1.       Pretende obligar a los partidos y a los candidatos, a que los informes de los gastos realizados sean de acceso público, mediante su publicación a través de diversos medios, cuando este punto no ha sido consagrado en el código electoral. (Punto II. 5)
2.       Pretende evitar el regalo de artículos a los electores y esto es irreal con la realidad electoral de nuestro pueblo que recibe lo que le dan y vota por quien desea. El delito electoral es otra cosa, cuya tipificación está regulada, en el código electoral vigente. (Punto II. 7)
3.       Pretende evitar que se metan en la vida privada y familiar del candidato cuando en la Convención Americana de los Derechos Humanos lo que se prohíbe son las injerencias arbitrarias o abusivas en la vida privada, que no es lo mismo. Debe ser un derecho del elector saber, si es el caso, si un candidato cumple o no, con sus deberes familiares. El candidato para mí, debiera ser un libro abierto. (Punto II. 1).
4.       El instrumento busca que la Comisión de Justicia y Paz sea la vigilante del cumplimiento del acuerdo y la faculta para realizar investigaciones por el incumplimiento del pacto y para imponer una sanción moral. Opino que el ente receptor, debiera salir del consenso de los actores, y lo de facultarla para sancionar, no me parece lo adecuado. El organismo lo que debiera hacer es publicar la presunta violación y nada más. (Punto V).

Balance del anteproyecto de ley sobre el transporte pirata


El 16 de enero del año que decurre, se presentó en la Asamblea Nacional, un ante proyecto de ley que busca legalizar los denominados, transportes alternativos.

Aspectos positivos del mismo.


1.      Podrá combatir la piratería, en vista de que las personas no tendrán que esconderse o violar el reglamento de tránsito para transportar pasajeros.
2.      Le cambiará la condición de vida a un grupo de trabajadores que procuran llevar el sustento diario a sus hogares.
3.      Puede ayudar a un sector de la ciudanía, a llegar más temprano a sus hogares.

Aspectos negativos del mismo.

1.      No elimina el desorden que gravita en el servicio de taxis, por ejemplo, en donde el conductor del auto, va donde tiene a bien ir, a su prudente arbitrio, en perjuicio del usuario. Además de hecho, lo han convertido muchos; de un transporte selectivo, a uno semi colectivo, de manera arbitrara del conductor. Hoy la ATTT, no ha resuelto este desorden comentado, con las leyes existentes.
2.      Al establecerlo con un mínimo de dos años, (pudiendo ser hasta permanente, conforme reza el artículo 8) le da un derecho al propietario para exigir en el futuro, una indemnización a cargo del Estado, en caso de una concesión futura. Puede fomentar un negociado absurdo y descarado a favor de pocos.
3.      Al regularse la piratería de manera amplia, nada impide que se salgan a la luz, nuevos “piratas”, con el fin de apuntar hacia una  indemnización futura, conforme  a los términos antes expuestos.
4.      La idea puede entrar en conflicto con el contrato del METROBUS que debe respetar el Estado, por la seguridad jurídica.
5.   La idea contrasta con la tesis que el gobierno nos vendió sobre el cambio, en el sistema de transporte público, que culminó con la concesión harta conocida. Con el ante - proyecto en comento, se legalizarán (podría ser masivamente, pues no hay un censo) autobuses de hasta 16 pasajeros y hasta vehiculos sedanes de 5 pasajeros. 

Por lo antes expuesto, la idea de marras, debe fenecer en su cuna, pues a mi juicio, pesan más los aspectos negativos, sobre los positivos.
Saludos,

sábado, 26 de enero de 2013

En PANAMA todo se vende


Argentina ha limitado la compra de tierras por empresas y gobiernos extranjeros, inclusive

El Senado aprobó, casi por unanimidad, con el apoyo de la mayoría de la oposición, una ley que impedirá que los extranjeros posean más del 15% del territorio de Argentina, el octavo país más extenso del mundo y uno de los más ricos en producción de alimentos y reservas de aguas.

Un informe de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO, en sus siglas en inglés) había advertido hace unas semanas sobre la creciente concentración y extranjerización de las tierras en Latinoamérica.

El documento señalaba que China, Arabia Saudí, Catar y Corea del Sur, han empezado a comprar o alquilar propiedades en Argentina y Brasil para asegurarse la producción de alimentos.
Brasil ya había reaccionado ante esta situación con una ley que limitó la propiedad extranjera de tierras. Ahora lo hace Argentina.


Uruguay también analiza poner límites a la compra de tierras por parte de Estados extranjeros.


Canadá, y  EE.UU., ya han hecho lo propio.

Sin embargo en Panamá, no hay ninguna norma legal que limite la adquisición de tierras estratégicas, por lo que el gobierno permite la compra de todo, hasta de bienes inadjudicables, por limitación constitucional, como por ejemplo: los rellenos del lecho de mar.

Como país, no tenemos visión de futuro, en este sentido, como en otras latitudes, y no a muchos le interesa al parecer, el futro de nuestras generaciones que no tendrán, de seguir la política de venta abierta, la oportunidad de adquirir, a la postre, alguna porción de tierra para cultivar, para producir y hasta para vivir; ya que todo inmueble, podría estar en manos de los acaudalados de hoy.

viernes, 25 de enero de 2013

El Gobierno puede operar los METROBUSES, en caso extremo

El Gobierno puede operar los METROBUSES, en caso extremo


Un grupo de conductores del Metro Bus, han anunciado que no descartan la paralización total de sus labores sino llegan a cuadrar un arreglo con la empresa MI BUS.
El gobierno está haciendo bien en mediar en este conflicto,  para que las partes lleguen a un feliz arreglo. Esto yo lo llamo, el  Plan A.
Sin embargo, si planifican como buenos estrategas y sobre todo como buenos padres de familia, deberían ya estar preparando, como Plan B a un grupo de personas, que puedan conducir, momentáneamente, los METROBUSES, en caso de que los conductores decidan no laborar. Esto sustentado en Art. 2 numeral 10 de la ley 34 de 1999, que faculta a la ATTT a: Velar, intervenir y tomar las medidas necesarias para que el servicio público  de transporte de pasajeros se mantenga de forma ininterrumpida y eficiente.”
El contrato de concesión No. 21-10, no prohíbe esto.
El gobierno tiene la potestad de prevenir una interrupción del orden público y una gran afectación del interés general de la población que sería afectado por una paralización de labores. La medida extrema seria provisional hasta que las aguas tomen su nivel normal.
Finalmente concluyo que cualquier aumento salarial podría ser trasladado al usuario, salvo que la empresa desista de la aplicación de la clausula TRIGÉSIMA CUARTA del contrato de marras
Que reza así:
TRIGÉSIMA CUARTA: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO PARA MANTENER EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL
El riesgo que asume EL CONCESIONARIO, de conformidad con el objeto contractual, es el normal y predecible para la actividad económica de que trata este contrato; por lo tanto, EL CONCESIONARIO no está obligado a asumir las pérdidas o déficit producto de situaciones extraordinarias e imprevisibles que afecten el equilibrio financiero y económico del Contrato.
En beneficio de la continuidad, regularidad y eficiencia del servicio, y con fundamento en el Artículo 20 de la Ley No. 22 de 2006, el Estado, por medio de la ATTT y durante la vigencia del presente contrato, mantendrá el equilibrio contractual de la concesión existente en el momento de la celebración de este contrato, procediendo a restablecerlo cuando ocurra su ruptura en virtud de hechos extraordinarios e imprevisibles.
En ningún caso se podrá invocar equilibrio contractual, a consecuencia de errores, omisiones, defectos o cálculos adversos en los estudios realizados por EL CONCESIONARIO, que sirvieron de base para la presentación de su propuesta.
El equilibrio contractual a que se refiere esta clausula, no comprenderá en ningún caso las modificaciones de las clausulas del presente contrato para conseguir la equiparación de las condiciones y los términos de la contratación; en consecuencia, queda eliminada toda forma de equiparación para garantizar la competitividad y el desarrollo de las actividades de EL CONCESIONARIO, así como la prestación del servicio a través de normas uniformes, claras y transparentes, en concordancia con el equilibrio contractual.
Las partes se obligan de buena fe, y cuando ello proceda, a suscribir los acuerdos y pactos que resulten necesarios para mantener el equilibrio contractual.

La empresa, podría exigir la adenda del contrato a la ATTT, para ajustar la tarifa que pagaría directamente el usuario,  o el pueblo, a través del gobierno, en subsidio económico.

Promoción mediante la publicidad del Estado

Hay varios funcionarios que aspiran a diversos cargos de elección popular, por lo que gravita una preocupación ciudadana sobre la publicidad que se le harán a los programas de las instituciones, realizadas con los fondos públicos, ya que pudieran ser utilizados, para promocionar al servidor público, ya sea directa o indirectamente.

Las cuñas o propagandas se ejecutan a través de contratos u órdenes de compras.

¿Cómo se lleva a la vida jurídica, un contrato de publicidad por la vía normal?

La unidad gestora la proyecta (Ministerio, etc.) y se lo pasa a la SECRETARIA DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO para que lo apruebe.

La Contraloría General no refrenda normalmente, ningún pago sobre pautas publicitarias, sin que la Secretaria comentada haya dado su visto bueno; y su sustento legal radica en la Circular No. 44-2006-DC-DFG de 10 de julio de 2006, reiterada en la Circular No. 60-Leg de 26 de agosto de 2006, vigentes hoy; en las que se dice que: “toda publicidad del Estado que sea pautada en los medios de comunicación o de información a nivel nacional,  debe ser previamente aprobada por la Secretaría de Comunicación del Estado, con excepción de anuncios de edictos, licitaciones públicas y demás comunicados requeridos por ley.”

Aclaro que dentro del género de publicidad, se han incluido a las cuñas y las propagandas.

De manera anormal se puede llevar a cabo también, una publicidad y es cuando el ente público celebra un contrato de publicidad, sin el aval de la SECRETARIA DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO y la Contraloría lo paga. En este caso, el gestor junto con la Contraloría, serían los responsables por el gasto, ya que salió a la vida jurídica el contrato, sin que se honrara, el procedimiento previsto.

Por lo anterior, si un precandidato a cargos de elección popular, se promociona por medio de la publicidad del Estado, los responsables de este dislate serian: la SECRETARIA DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO, la Contraloría General de la República y el funcionario habilidoso,  de manera solidaria o individual, dependiendo de la participación de las personas en el acto administrativo que generó el contrato u orden de compra, por lo que tendrán que responder, por el uso adecuado del fondo público,  ante las autoridades competentes en la presente administración o en la futura, que se instale en el año 2014.

jueves, 24 de enero de 2013

Oposición firmaría pacto ético 2014


Medios de comunicación dicen que El 6 de marzo próximo se consignará el acuerdo. Panameñistas, PP y PRD dicen que es necesario. CD aún no confirma su apoyo

 
El pacto ético es Una propuesta de la Iglesia

La Conferencia Episcopal Panameña pondrá la propuesta sobre la mesa este 6 de marzo para que los partidos que concuerden con ella la consignen

Los dirigentes y principales aspirantes presidenciales por los partidos Revolucionario Democrático (PRD), Panameñista y Popular (PP) confirmaron ayer que suscribirán el acuerdo.

Ahora bien a este documento
no está bien elaborado y en parte pareciera que hubiese sido hecho por algún ciudadano que comulga con la oposición, por lo que, a mi juicio, merece su modificación antes de que se implemente.

1. Motivan a la firma sólo a los representantes de los partidos y los de libre postulación reconocidos por el Tribunal Electoral para presidentes. Esto es un error debido a que deja por fuera a los candidatos por la libre en los otros cargos de elección popular, por un lado, y por el otro, afirmo que un independiente se considerará candidato hasta después del 4 de septiembre del 2013, de acuerdo al Acuerdo 19 del tribunal electoral, por lo que resulta intranscendente, esta firma. Debiera suscribirse por los independientes que hayan solicitado el uso de hojas membretadas para recoger firmas de respaldo.

2. Pretende obligar a los partidos a que los informes de los gastos realizados sean de acceso público, mediante su publicación a través de diversos medios, cuando este punto no ha sido consagrado en el código electoral. No se debe utilizar un pacto ético para consagrar un concepto que el legislador no contempló, aunque parezca bueno. El pacto debe considerarse como un apoyo, no un elemento integrador o modificador de un código.

3. Pretende que los partidos velen para que las instituciones judiciales o policiales y otras, no sean utilizadas como mecanismo de coacción, persecución etc. contra ciudadanos. Esto es irregular, ya que no le es dable a los partidos jugar este papel.

4. Al gobierno se le insta a respetar la autonomía de las autoridades electorales. De la redacción se infiere que el gobierno pudiera estar incumpliendo con esto, de acuerdo con la conferencia episcopal.

5. Al gobierno se le insta a garantizar y respetar la independencia de las instituciones judiciales y a impedir que estas sean utilizadas para persecución, represión e intimidación. Interpreto de la redacción, que hoy el gobierno, no lo está haciendo, cuando se le insta a hacerlo. Por otro lado, el gobierno no puede entrometerse en otro órgano del Estado, para pretender evitar una supuesta intimidación. Violaría la Constitución si lo hiciera.

6. El instrumento busca que la Comisión de Justicia y Paz sea la vigilante del cumplimiento del acuerdo y la faculta para realizar investigaciones por el incumplimiento del pacto y para imponer una sanción moral. Opino que el ente receptor, debiera salir del consenso de los actores, y lo de facultarla para sancionar, no me parece lo adecuado. El organismo lo que debiera hacer es publicar la presunta violación y nada más.

7. El instrumento busca que la Comisión de Justicia y Paz y un organismo consultivo, elabore su reglamento y su metodología para actuar, sobre las investigaciones y denuncias, etc., empero, integran a representantes de medios de comunicación social, dentro del organismo consultivo, que no se hizo en el pacto ético electoral de 1998 y no sabemos el por qué del cambio. El organismo consultivo lo forman: 5 por el que hizo este documento; 5 por los medios; 1 por cada partido y los candidatos presidenciales por la libre postulación, nada más.

miércoles, 23 de enero de 2013

Normas Migratorias Panameñas

 

Panamá le ha abierto las puertas a muchas nacionalidades, apasionadamente, no obstante las autoridades, no han invertido tiempo ni esfuerzo para explicarles a los nacionales, el por qué de las mismas, ni mucho menos, sobre cuál es el camino a tomar, en materia de extranjerización, hacia el futuro.

Normas aprobadas, que ameritan, al menos, una explicación a la ciudadana.

  1. Decreto Ejecutivo No. 804 de 2012, que crea la residencia permanente en calidad de extranjero profesional, para el que aporte copia del diploma o título universitario, licenciatura, maestría o doctorado, siempre que la profesión no esté limitada por Constitución a los panameños. Para esta residencia no es necesario que el que aporte el titulo, ejerza la profesión del diploma o que cuente con mayores recursos. ¿Cómo nos explicamos esto? ¿Es eso indispensable para el país?

  1. Decreto Ejecutivo No. 547 de 2012, que establece los requisitos de los procesos de regularización migratoria extraordinaria, para los extranjeros que no cuentan con recursos propios y que se encuentran ilegales en Panamá. ¿Alguien podrá garantizarnos, que los mismos no afectarán en el futuro a los panameños ni a otros extranjeros con estabilidad propia en el país?

  1. Decreto Ejecutivo No. 380 de 2012 que permite, que nacionales de 39 países entren, a sus anchas, sin visa a Panamá, independientemente, de que tengan o no, recursos económicas para invertir.

  1. Decreto Ejecutivo No. 2 de 2013 que permite la residencia permanente a aquellos extranjeros que el presidente de la república recomiende, por razones de interés nacional o de prestación de algún servicio al Estado.


No percibo una definición clara en materia migratoria en Panamá.

Esta falta de definición migratoria, podría producir a corto o a mediano plazo, lo siguiente:

  • Que colapse el sistema de salud, por la atención a los menesterosos foráneos.

  • Que haya una competencia desleal laboral del extranjero, hacia el nacional panameño.

  • Que nuestras tradiciones se vayan perdiendo, para abrirle paso a las fiestas y costumbres extranjeras.

  • Que se vayan practicando, nuevas figuras delictivas.

  • Que se vaya aumentando el alto costo de la vida, producto de servicios, que el panameño no podrá pagar, fácilmente, pero algunos extranjeros sí. Ejemplo. El empleo doméstico.

  • Que muchas tierras vayan siendo de propiedad de extranjeros, sin limitación alguna. Argentina, Brasil etc., ya han puesto límites para la extranjerización de tierras, por efecto del agro, ganadería y otras actividades.

  • Que aumente la población en el país, pero no por los nacimientos de nativos, sino por la afluencia extranjera.

Por lo antes expuesto, urge una definición seria y clara sobre lo que queremos como país, misma que debiera ser explicada, y hasta consultada con los nacionales panameños.

martes, 22 de enero de 2013

Los conductores del Metro Bus no descartan irse a paro



Un grupo de conductores del Metro Bus,  no descarta la paralización total de sus labores la próxima semana de no aprobarse su salario base de 800 dólares.
Y la pregunta es ¿quiénes serán los que terminarán pagando, el aumento salarial a los trabajadores?
Respuesta. El pueblo.
La respuesta se deduce del contenido de la cláusula trigésima cuarta del contrato de concesión No. 21-10 que habla del equilibrio contractual. O sea, que la empresa puede exigir una adenda contractual para evitar las pérdidas económicas producidas por el aumento salarial de los obreros.  Hecho que no había sido previsto, al momento de la firma del contrato.

Transcripción.
TRIGÉSIMA CUARTA: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO PARA MANTENER EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL
El riesgo que asume EL CONCESIONARIO, de conformidad con el objeto contractual, es el normal y predecible para la actividad económica de que trata este contrato; por lo tanto, EL CONCESIONARIO no está obligado a asumir las pérdidas o déficit producto de situaciones extraordinarias e imprevisibles que afecten el equilibrio financiero y económico del Contrato.
En beneficio de la continuidad, regularidad y eficiencia del servicio, y con fundamento en el Artículo 20 de la Ley No. 22 de 2006, el Estado, por medio de la ATTT y durante la vigencia del presente contrato, mantendrá el equilibrio contractual de la concesión existente en el momento de la celebración de este contrato, procediendo a restablecerlo cuando ocurra su ruptura en virtud de hechos extraordinarios e imprevisibles.
En ningún caso se podrá invocar equilibrio contractual, a consecuencia de errores, omisiones, defectos o cálculos adversos en los estudios realizados por EL CONCESIONARIO, que sirvieron de base para la presentación de su propuesta.
El equilibrio contractual a que se refiere esta clausula, no comprenderá en ningún caso las modificaciones de las clausulas del presente contrato para conseguir la equiparación de las condiciones y los términos de la contratación; en consecuencia, queda eliminada toda forma de equiparación para garantizar la competitividad y el desarrollo de las actividades de EL CONCESIONARIO, así como la prestación del servicio a través de normas uniformes, claras y transparentes, en concordancia con el equilibrio contractual.
Las partes se obligan de buena fe, y cuando ello proceda, a suscribir los acuerdos y pactos que resulten necesarios para mantener el equilibrio contractual.

La empresa, salvo que sea muy altruista, podría exigir la adenda del contrato a la ATTT, para ajustar la tarifa que pagaría directamente el usuario,  o el pueblo, a través del gobierno, en subsidio económico.

¿Para eso querían  sindicalizarse?