jueves, 28 de febrero de 2013

Por el apagón nacional la Asep podría sancionar


Tras concluir la investigación por el apagón nacional del pasado lunes, 25 de febrero, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) podría aplicar una multa, explicó la administradora general de la entidad, Zelmar Rodríguez., a los medios de comunicación.
Sin embargo, como ciudadano queremos oír igual disposición por parte del Ministerio Público, en iniciar de oficio una investigación sobre el particular, por lo menos por la presunta flagelación del artículo 298 del código penal patrio, que reza de la manera que sigue.

Artículo 298. Quien dañe o inutilice redes, canales u obras destinados a la irrigación, conducción de agua, producción, transmisión o transporte de energía eléctrica, señales de telecomunicaciones, gas o sustancias energéticas, cable de Internet o fibra óptica será sancionado con prisión de cinco a diez años.

Proyecto de ley No. 577 que regula las agencias y los servicios de seguridad privada.





A la Asamblea Nacional ha llegado para su discusión de rigor, el Proyecto de ley No. 577 que regula las agencias y los servicios de seguridad privada. El instrumento se observa útil, no obstante, muestro mi reparo al siguiente artículo.

Artículo 43. Los agentes de seguridad privada, debidamente autorizado y habilitado por la DIASP, solo podrán desempeñar las siguientes funciones:
2.      En caso de que le sea solicitado o necesario, coadyuvar con las actividades de la Fuerza Pública en la lucha contra la delincuencia, sin menoscabo de sus responsabilidades.


La redacción es peligrosa, pues podría permitir que particulares, a pedido de las autoridades gubernamentales, puedan contribuir con la represión de manifestantes, en la vía pública, so pretexto de mitigar los efectos de un acto ilícito, conforme a lo reglado en el código penal patrio. Esto debiera ponderarse mejor.

¿Qué dice el código penal, sobre delitos en manifestaciones?

Delitos contra la Libertad de Reunión y de Prensa

Artículo 170. Quien, abusando de su derecho de reunión o manifestación, mediante uso de violencia, impida u obstaculice el libre tránsito de vehículos por las vías públicas del país y cause daños a la propiedad pública o privada será sancionado con prisión de seis meses a dos años.

martes, 26 de febrero de 2013

Sentencia de la Corte sobre los medios


Sentencia de la Corte sobre los medios

En reciente sentencia del PLENO de la Corte Suprema de Justicia, en el caso de los periodistas de TVN, Canal 2, la Corte estableció algunos puntos, de significativa importancia para el suscrito, a saber:

1.      Cómo debe ser el accionar de un servidor público.

Precisamente, el servidor público debe actuar con pleno conocimiento en el ejercicio de la función pública inspirada en transparencia, respeto, probidad, justicia, que son algunos de los principios generales del Código de Ética de los servidores públicos que trabajan en las entidades del Gobierno. Así lo establece el Decreto Ejecutivo No. 246 de 16 de diciembre de 2004 (G. O. 25,199)”

2.      La libertad de prensa e información, está por encima de la protección  de la honra y la dignidad de un funcionario.

“Por lo tanto, la libertad de información y prensa, relacionado a un asunto de interés público desplaza la protección de la honra y la dignidad, sólo cuando se trata de situaciones, discusiones, críticas y opiniones, sobre los actos u omisiones de los servidores públicos, así como la crítica literaria, artística, histórica, científica o profesional; de allí, que esta excepción de responsabilidad no se aplica a las personas que no ostentan un cargo público.”

3.      Limitaciones al ejercicio de la libertad de prensa.

“Al respecto, nuestra Constitución Política en su artículo 37, así como en los Pactos y Convenios Internacionales sobre derechos humanos, imponen limitaciones al ejercicio de la libertad de prensa, que guardan relación con la protección de la Honra de la personas, entendiéndose que no se permite el ejercicio abusivo de las libertades de información y de prensa es decir, que es imprescindible considerar en cada Proceso si hubo una conducta desleal y abusiva, de parte del periodista…”

4.      La libertad de información y prensa, constituye un derecho fundamental.

“La libertad de información y prensa constituye un derecho fundamental, previsto en el artículo 37 de la Constitución, el cual reconoce la posibilidad que tiene toda persona de poder emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa, salvo que se atente contra la reputación o la honra, la seguridad social o el orden público.”

Ley que necesita consultarse primero con los padres


Acaba de salir en la gaceta oficial, No 27232, la  ley 6 de 2013, sobre el síndrome del alcoholismo fetal. No obstante,  se introduce en su artículo 3 que el MINSA, MIDES y el MEDUCA,  diseñaran programas y estrategias en los colegios, referente a la educación sexual en los menores de edad. Este punto es preocupante por que, a mi criterio, la implementación  del mismo, requiere del convencimiento previo de los padres de familia,  porque podría afectar la filosófica hogareña.
Quien suscribe, no cree en la entrega ni en la enseñanza sobre el uso de los preservativos en los niños ni en los menores de edad, como medida de prevención,  más bien abogo por el abstencionismo,  y como quiera que nuestras autoridades distribuyen  más bien condones en los carnavales sin limitación, me preocupa que los programas concebidos,  se orienten en este criterio que atenta, con lo que algunos le enseñamos  a nuestros hijos en el hogar.
Por lo antes expuesto, se requiere de una discusión previa, con los padres de familia, sobre el contenido del curso a impartir.

domingo, 24 de febrero de 2013

El pacto Ético

En el link  http://ernestocedeno.com/PactoEtico.pdf se encuentra el pacto ético electoral, preparado por la Conferencia Episcopal Panameña. Documento de que muchos políticos hablan, pero que la ciudadanía no conoce.
El documento aunque busca una contienda electoral futura de altura, contiene puntos inconsistentes con la realidad y con el derecho.
1.   Pretende obligar a los partidos y a los candidatos, a que los informes de los gastos realizados sean de acceso público, mediante su publicación a través de diversos medios, como los impresos, radiales, televisivos e Internet, cuando este punto no ha sido consagrado en el código electoral. (Punto II. 5)

2.   Pretende evitar el regalo de artículos a los electores (supuesto clientelismo) y esto es inconsistente  con la realidad electoral de nuestro pueblo, que recibe lo que le dan y vota por quien desea. El delito electoral es otra cosa, cuya tipificación está regulada, en el código electoral vigente. (Punto II. 7)

3.   Pretende evitar que se metan en la vida privada y familiar del candidato cuando en la Convención Americana de los Derechos Humanos lo que se prohíbe son las injerencias arbitrarias o abusivas en la vida privada, que no es lo mismo. Debe ser un derecho del elector saber, quien es su candidato. El candidato para mí, debiera ser un libro abierto. (Punto II. 1).

4.   El instrumento busca que la Comisión de Justicia y Paz sea la vigilante del cumplimiento del acuerdo y la faculta para realizar investigaciones por el incumplimiento del pacto y para imponer una sanción moral. Opino que el ente receptor, debiera salir del consenso de los actores, y lo de facultarla para sancionar, no me parece lo adecuado. El organismo lo que debiera hacer es publicar la presunta violación y nada más y además, ¿por qué debe ser ese organismo, y no otro, el que tenga tan alta responsabilidad? (Punto V).



sábado, 23 de febrero de 2013

Nueva Autoridad del Agua

Balance sobre el PROYECTO DE LEY No. 573, DE LA AUTORIDAD DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO que ha sido presentado para su discusión, en la Asamblea Nacional, el 21 de febrero del año en curso.
BALANCE POSITIVO

1. Se crea la Autoridad con fondos separados del gobierno central y derecho de administrarlo.
2. Se dota a la autoridad, facultad para proteger los recursos hídricos.
3. Se crea una unidad rural de agua potable y saneamiento, para las comunidades rurales.
4. Se crea un fiscalizador general, responsable por la realización y supervisión de auditorías e investigaciones, relacionadas con la operación de la autoridad.
5. El presupuesto de la Autoridad, no formará parte del presupuesto general del Estado.
6. La Asamblea Nacional no tiene facultad para modificar el presupuesto de la Autoridad, sólo puede aprobarlo o rechazarlo.
7. Los fondos de la Autoridad podrán ser colocados a corto plazo, en instrumentos de inversión.
8. El gobierno no podrá comprometer los ingresos brutos percibidos por la Autoridad.
9. Las entidades públicas, deberán pagar, la tarifa que les corresponda.
10. Se establecen derechos, para los usuarios del servicio.
11. Se permite recurrir a los usuarios ante la ASEP, cuando los niveles de servicio, sean inferiores a los establecidos.
12. La nueva institución no  podrá ser privatizada.
  BALANCE NEGATIVO
1.    La junta directiva de la de la Autoridad no la integran, ciudadanos de la sociedad civil, como fiscalizadores de la cosa pública.
2.    No establece que la Contraloría General pueda ejercer el control previo, sólo el posterior y esto es inconstitucional.   (Ver el artículo 50 del instrumento en cita y confróntelo, con el artículo 280 constitucional)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3.    Se permite que la nueva institución elabore su propio régimen de contrataciones públicas diferente al que existe para el resto  del gobierno, como si fuera una especie de república aparte y se hace énfasis a que puede contratar directamente y esto, se puede prestar,  para actos de corrupción.
4.    Libera al ente del pago de daños y perjuicios hacia los particulares,  si en materia de contratación, sus funcionarios actuaron con desviación de poder y esto es inexplicable,  ya que para el resto del Estado, opera otra filosofía.
5.    No consta, como requisito para los administradores de la Autoridad, el que se tenga un título universitario de ingeniería o de alguna carrera a fin, al servicio que va a prestar.
6.     Invade el ejercicio libre del poder judicial cuando afirma que en ningún caso, podrá decretarse la suspensión provisional de cualquier acto demandado de la AUTORIDAD, ni en la jurisdicción contenciosa administrativa (sala tercera) ni en los recursos de amparo de garantías constitucionales (pleno de la corte).

viernes, 22 de febrero de 2013

Nueva Autoridad del Agua

Balance sobre el PROYECTO DE LEY No. 573, DE LA AUTORIDAD DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO que ha sido presentado para su discusión, en la Asamblea Nacional, el 21 de febrero del año en curso.
BALANCE POSITIVO

1. Se crea la Autoridad con fondos separados del gobierno central y derecho de administrarlo.
2. Se dota a la autoridad, facultad para proteger los recursos hídricos.
3. Se crea una unidad rural de agua potable y saneamiento, para las comunidades rurales.
4. Se crea un fiscalizador general, responsable por la realización y supervisión de auditorías e investigaciones, relacionadas con la operación de la autoridad.
5. El presupuesto de la Autoridad, no formará parte del presupuesto general del Estado.
6. La Asamblea Nacional no tiene facultad para modificar el presupuesto de la Autoridad, sólo puede aprobarlo o rechazarlo.
7. Los fondos de la Autoridad podrán ser colocados a corto plazo, en instrumentos de inversión.
8. El gobierno no podrá comprometer los ingresos brutos percibidos por la Autoridad.
9. Las entidades públicas, deberán pagar, la tarifa que les corresponda.
10. Se establecen derechos, para los usuarios del servicio.
11. Se permite recurrir a los usuarios ante la ASEP, cuando los niveles de servicio, sean inferiores a los establecidos.
12. La nueva institución no  podrá ser privatizada.

 BALANCE NEGATIVO
1.     La junta directiva de la de la Autoridad no la integran, ciudadanos de la sociedad civil, como fiscalizadores de la cosa pública.
2.     No establece que la Contraloría General pueda ejercer el control previo, sólo el posterior y esto es inconstitucional.   (Ver el artículo 50 del instrumento en cita y confróntelo, con el artículo 280 constitucional)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3.     Se permite que la nueva institución elabore su propio régimen de contrataciones públicas diferente al que existe para el resto  del gobierno, como si fuera una especie de república aparte y se hace énfasis a que puede contratar directamente y esto, se puede prestar,  para actos de corrupción.
4.     Libera al ente del pago de daños y perjuicios hacia los particulares,  si en materia de contratación, sus funcionarios actuaron con desviación de poder y esto es inexplicable,  ya que para el resto del Estado, opera otra filosofía.
5.     No consta, como requisito para los administradores de la Autoridad, el que se tenga un título universitario de ingeniería o de alguna carrera a fin, al servicio que va a prestar.
6.     Invade el ejercicio libre del poder judicial cuando afirma que en ningún caso, podrá decretarse la suspensión provisional de cualquier acto demandado de la AUTORIDAD, ni en la jurisdicción contenciosa administrativa (sala tercera) ni en los recursos de amparo de garantías constitucionales (pleno de la corte).

Modificación a la ley del FAP


Con el proyecto de Ley No.  569 se pretende modificar artículos de la Ley 38 de 5 de junio de 2012, que crea el Fondo de Ahorro de Panamá.

Mi preocupación a esta normativa es que se hace referencia a la posibilidad  de vender en  un futuro,  las acciones de Cable & Wireless Panamá, entre otras, y el dinero de lo recaudado por la transacción,  no pasaría, eso sí, a la cuenta del gobierno central, sino al fondo FAP  y para mí esto es un error y no se compadece del discurso de personeros del gobierno que han manifestado que no se pretende vender tales acciones.

Transcribo parte del considerando del proyecto de ley de marras para fines didácticos y que reposa en el siguiente link:


“Por los eventos ocurridos en el año 2012, a raíz de la propuesta de venta de acciones de las empresas mixtas por parte del Gobierno Nacional, este entiende que para el pueblo panameño, la participación del Estado en las empresas mixtas es parte del patrimonio nacional.
Por lo tanto, el Gobierno Nacional ha decidido que en la eventualidad de venta de las acciones de las empresas mixtas, los fondos provenientes de dicha venta pasarán a formar parte de los activos del FAP, fortaleciendo dicho Fondo, y cumpliendo de esta manera con el objetivo de preservar el patrimonio del Estado en las empresas mixtas para generaciones futuras.”

De esta manera se pretende adicionar un aparte que dice cuales son las empresas mixtas.
Leamos

Artículo 1. Se adiciona un numeral 42 al artículo 2 de la Ley 38 de 2012, así:
"Artículo 2. Glosario. Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos se entenderán así:
l.
42. Empresas mixtas: Se consideran empresas mixtas las siguientes: AES Panamá, S.A., Bahía Las Minas Corp., Cable & Wireless Panamá, S.A., Elektra Noreste, S.A., Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A., Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A., Enel Fortuna, S.A., Energía y Servicios de Panamá, S.A., Panamá Ports Company y Petroterminal de Panamá, S.A."

Otra modificación

Artículo 2. El artículo 3 de la Ley 38 de 2012 queda así:
"Artículo 3. Regla de acumulación. El F AP se constituirá por la totalidad de los activos del FFD y se acumularán activos con los siguientes aportes:
1.      Toda contribución de la Autoridad del Canal de Panamá al Tesoro Nacional, superior al 3.5% del PIB nominal del año en curso, a partir del año fiscal 2015.
2.      Los fondos provenientes de la venta de las acciones de las empresas mixtas propiedad del Estado.
...

Afirmo que para mí, no es lo mismo que las acciones estén hoy en manos del Estado, que POSIBILITAR SU VENTA  para que el dinero de la transacción,  esté  en un FONDO FAP que se puede utilizar en  los siguientes casos, de acuerdo al artículo 5 de  la ley 38 de 2012.
“Estado de emergencia declarado, en un porcentaje; desaceleración económica a partir del año 2015 y  para apoyar el prepago de la deuda soberana, en otro porcentaje.”
Veremos cómo queda finalmente el instrumento en el Asamblea Nacional.

¿Se debe firmar el pacto ético electoral?

Representantes de la Iglesia Católica han elaborado un borrador del pacto ético electoral con miras al proceso de elecciones del 2014 y lo han presentado a los medios de comunicación social y a los partidos políticos, para su evaluación.
Considero que el documento busca una contienda electoral futura de altura, pero no es perfecto, debido a que fue hecho por el hombre y en tal sentido, debe buscar, hasta donde sea posible, el concurso de los principales actores en el proceso.
Ahora bien, las recomendaciones que se deben considerar para construir sobre el documento, deben ser acordes, con el ordenamiento jurídico existente,  para que tenga validez funcional en mi país.
Por lo expuesto, resulta preocupante, las condiciones, que conforme a los medios de comunicación social, ha presentado el partido político gobernante, a saber:
Se informó sobre una de las condiciones, en tales términos: “no firmarán el Pacto si no se incluye un compromiso de parte de los medios de comunicación para evitar la difamación de los funcionarios públicos.”
A mi juicio la sugerencia pudiera estar violando el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues un comunicador tiene el derecho de difundir libremente las informaciones que recibe, por cualquier medio de expresión.
A su vez  podría conculcar a mi juicio, el artículo 13 de la Convención Americana sobre  Derechos Humanos, que reza así:

ARTÍCULO 13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión
 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
 a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
 b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

Y  podría estar flagelando, al artículo 37 de la Carta Magna patria.
Constitución panameña

ARTICULO 37. Toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa; pero existen las responsabilidades legales cuando por alguno de estos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o el orden público.

Aclaro que si el comunicador y/o un entrevistado, difaman, deberán responder por la irresponsabilidad de su accionar, pero aún así, deben tener, conforme al plano legal, abierta la vía, para emitir sus conceptos. Lo otro, se ha de ventilar en los tribunales.
Otra condición: “Cambio Democrático pide que los medios de comunicación se abstengan de emitir o publicar declaraciones contra el Presidente de la República y funcionarios públicos, sin que antes se haya hecho la denuncia formal ante los tribunales de justicia.”
Esto para mi representa una especie de censura previa, objetada inclusive, por la Constitución y la Convención Americana de los Derechos Humanos, (en los artículos ya transcritos) por lo que no debe ser válida su consideración, en mi opinión.

¿Se debe formar el pacto ético electoral?

Representantes de la Iglesia Católica han elaborado un borrador del pacto ético electoral con miras al proceso de elecciones del 2014 y lo han presentado a los medios de comunicación social y a los partidos políticos, para su evaluación.
Considero que el documento busca una contienda electoral futura de altura, pero no es perfecto, debido a que fue hecho por el hombre y en tal sentido, debe buscar, hasta donde sea posible, el concurso de los principales actores en el proceso.
Ahora bien, las recomendaciones que se deben considerar para construir sobre el documento, deben ser acordes, con el ordenamiento jurídico existente,  para que tenga validez funcional en mi país.
Por lo expuesto, resulta preocupante, las condiciones, que conforme a los medios de comunicación social, ha presentado el partido político gobernante, a saber:
Se informó sobre una de las condiciones, en tales términos: “no firmarán el Pacto si no se incluye un compromiso de parte de los medios de comunicación para evitar la difamación de los funcionarios públicos.”
A mi juicio la sugerencia pudiera estar violando el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues un comunicador tiene el derecho de difundir libremente las informaciones que recibe, por cualquier medio de expresión.
A su vez  podría conculcar a mi juicio, el artículo 13 de la Convención Americana sobre  Derechos Humanos, que reza así:

ARTÍCULO 13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión
 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
 a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
 b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

Y  podría estar flagelando, al artículo 37 de la Carta Magna patria.
Constitución panameña

ARTICULO 37. Toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa; pero existen las responsabilidades legales cuando por alguno de estos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o el orden público.

Aclaro que si el comunicador y/o un entrevistado, difaman, deberán responder por la irresponsabilidad de su accionar, pero aún así, deben tener, conforme al plano legal, abierta la vía, para emitir sus conceptos. Lo otro, se ha de ventilar en los tribunales.
Otra condición: “Cambio Democrático pide que los medios de comunicación se abstengan de emitir o publicar declaraciones contra el Presidente de la República y funcionarios públicos, sin que antes se haya hecho la denuncia formal ante los tribunales de justicia.”
Esto para mi representa una especie de censura previa, objetada inclusive, por la Constitución y la Convención Americana de los Derechos Humanos, (en los artículos ya transcritos) por lo que no debe ser válida su consideración, en mi opinión.

jueves, 21 de febrero de 2013

CONVOCATORIA DEL COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS DE PANAMÁ


CONVOCATORIA DEL COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS DE PANAMÁ
ASAMBLEA GENERAL

FECHA:   Miércoles 27 de febrero de 2013

LUGAR: Auditorio Harmodio Arias del CNA

HORA:    5:30 p.m.

ORDEN DEL DIA:
1º  Aprobación del Orden del Día
2°  Posición del Colegio Nacional de Abogados de Panamá en torno al Proyecto de Ley “Por la
cual se adopta un régimen de custodia aplicable a las acciones emitidas al portador”

Podrán participar todos los miembros activos del Colegio Nacional de Abogados de Panamá.  Para los efectos del cumplimiento del quórum reglamentario, se aplicará lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto.

Lo anterior corresponde a decisión de la Junta Directiva,  el  día 8 de febrero de 2013.


César A. Ruiloba                                        Rodrigo Del Cid Núñez
Presidente                                                       Secretario de Actas

Panamá y su política migratoria

Mientras que Brasil, inspirada en el modelo que aplican Canadá y Australia, adopta una política de inmigración selectiva, para los profesionales extranjeros, altamente calificados, propiciando así una “fuga de cerebros”; en Panamá, no se sabe aún, a que estamos apostando.

Panamá le ha abierto las puertas a muchos extranjeros de escasos recursos, para luego regularizarlos extraordinariamente, en donde ni siquiera, tienen que probar per se, su solvencia económica, porque no la tienen. Ejemplo los  procesos extraordinarios denominados “Panamá Crisol de Razas”. (Decreto Ejecutivo No. 547 de 2012)

Para mayo se está anunciado un nuevo proceso de ésta índole. El proceso de conceder las citas para la jornada de mayo comenzará en el mes de marzo, según informó Migración.

De igual forma han facilitado la inmigración extranjera, permitiendo, que nacionales de 39 países entren, a sus anchas, sin visa a Panamá, independientemente, de que tengan o no, recursos económicas para invertir. Ejemplo. Decreto Ejecutivo No. 380 de 2012.

Por otro lado, también impulsa que extranjeros, esta vez con recursos, de 22 o más países se establezcan aquí, para invertir. Ejemplo. Decreto Ejecutivo No. 343 de 2012.


Igualmente el Decreto Ejecutivo No. 804 de 2012, crea la residencia permanente en calidad de extranjero profesional, para el que aporte copia del diploma o título universitario, licenciatura, maestría o doctorado, siempre que la profesión no esté limitada por Constitución a los panameños. Para esta residencia no es necesario que el que aporte el titulo, ejerza la profesión del diploma o que cuente con mayores recursos. ¿Cómo nos explicamos esto? ¿Es eso indispensable para el país?


Esta falta de definición migratoria, producirá a corto o a mediano plazo, lo siguiente:

1. Que colapse el sistema de salud, por la atención a los menesterosos foráneos.

2. Que haya una competencia desleal laboral del extranjero, hacia el nacional panameño.

3. Que nuestras tradiciones se vayan perdiendo, para abrirle paso a las fiestas y costumbres extranjeras.

4. Que se vayan practicando, nuevas figuras delictivas.

5. Que se vaya aumentando el alto costo de la vida, producto de servicios, que el panameño no podrá pagar, fácilmente, pero algunos extranjeros sí. Ejemplo. El empleo doméstico.

6. Que muchas tierras vayan siendo de propiedad de extranjeros, sin limitación alguna. Argentina, Brasil etc., ya han puesto límites para la extranjerización de tierras, por efecto del agro, ganadería y otras actividades.

7. Que aumente la población en el país, pero no por los nacimientos de nativos, sino por la afluencia extranjera.

Por lo antes expuesto, urge una definición seria y clara sobre lo que queremos como país.

miércoles, 20 de febrero de 2013

Autoridad Nacional de Ingresos Públicos


Con el proyecto de ley No. 566, que se presentó a la Asamblea Nacional, se pretende crear la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos como una institución autónoma del Estado, con competencia nacional, personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, funcional y financiera.


El proyecto se ve bueno para imprimirle el aval correspondiente,  no obstante, lo veo confuso y feo, en los siguientes puntos:



1. El artículo 14 plantea que el Administrador Nacional de Ingresos Públicos, ejercerá sus funciones por un periodo de siete (7) años, contados a partir de su toma de posesión y solo podrá ser removido del cargo por las siguientes causas:

a) Por impedimento físico o mental para ejercer el cargo.

b) Haber sido condenado por la Comisión de Hecho Punible Doloso."



Sin embargo, en la normativa no dice quien es la persona que lo puede remover ni quien es el ente que puede calificar el impedimento en cuestión.



2. El Artículo 21 dice que  La remuneración del Administrador Nacional de Ingresos Públicos consistirá de un salario mensual de B/ 6,000.000 (seis mil Balboas con 00/100) más gastos de representación mensuales de B/. 4,000.00 (cuatro mil Balboas con 00/100). 

Esto quiere decir que ganará más que un ministro de Estado y esto debiera ser inadmisible debido a que el Ministerio de Economía y Finanzas es el que representará a la ANIP, ante el Órgano Ejecutivo y como se explica que su ministro, va a ganar menos que su representado.

Por otro lado cuando el artículo 213 de la Constitución dice que los magistrados de la Corte no percibirán menor salario que los ministros de Estado, lo que está patentizando es que los salarios, van acorde con la jerarquía de los diversos poderes del Estado en donde los ministros de Estado tienen una mayor jerarquía.

Constitución

ARTICULO 213. Los sueldos y asignaciones de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia no serán inferiores a los de los Ministros de Estado. Toda supresión de empleos en el ramo Judicial se hará efectiva al finalizar el período correspondiente.



3. Del artículo 26 al final se infiere que personal simple de secretaría común y corriente serán de libre nombramiento y remoción y esto es un error. La norma debiera limitarse a los jefes de esas oficinas.



4. El artículo 28 dice  que todos los contratos que suscriba la ANIP, con terceros deberán efectuar mención expresa de una disposición en una sección denominada "Cláusula de Incumplimiento". En aquellos casos donde haya una contratación por algún servicio requerido por la ANIP, el incumplimiento de esta disposición será motivo suficiente para rescindir del contrato.



Esto es confuso pues no dice nada si se honrara un procedimiento para rescindir  el contrato, en beneficio del debido proceso, por lo que se podría INTERPRETAR que podría rescindirse de plano un contrato.



5. La normativa redactada, no permite identificar si al director actual, al momento de convertirse en ley, se le transforma su nombramiento en permanente por los 7 años.