martes, 30 de abril de 2013

Nuestro país no puede ser sancionado por la FIFA

Algunos han pensado que la FIFA pudiera sancionaros, por el tuit del señor presidente y esto es un error, a mi juicio, ya que conforme al criterio que tiene la Comisión de Asociaciones de la FIFA, que se encarga de las relaciones entre la FIFA y sus miembros, la injerencia política sancionable,  se da cuando un gobierno cree que el Comité Ejecutivo de la asociación nacional no funciona como debiera, y decide intervenir. A menudo, cuando una selección nacional pierde demasiados partidos, su gobierno decide que se deben efectuar cambios e intenta colocar a alguien en concreto al frente de la asociación. Aparte de esto, se pueden dar multitud de casos diferentes. Por ejemplo, se produce una injerencia cuando un gobierno organiza su propia competición al margen de la asociación nacional, o bien cuando un gobierno decide cambiar el resultado de una liga, porque quiere favorecer a un equipo en detrimento del resto. (No es el caso de Panamá).

Las sanciones de la FIFA, en el peor de los casos, no se imponen inmediatamente, según el ente en cuestión, que plantea su procedimiento e indica que el primer paso consiste en tratar de que la asociación se ponga en contacto con el gobierno o la parte involucrada en el caso, y discutan el asunto. Entonces, mediante comunicaciones oficiales, la FIFA va informando progresivamente del riesgo de que se produzca la suspensión de la asociación nacional.
No obstante, sin contextualizar un caso, la FIFA intentará impedir que surja una crisis mediante seguimiento, comunicación y reacción.

lunes, 29 de abril de 2013

Pedido del presidente



El Presidente de Panamá posteó en su cuenta de twitter: “Le pido respetuosamente a la Cerv Panamá que retire YA la demanda a Fepafut. La pelea de ellos es contra todo Panamá y ahora es conmigo”

A mi criterio esta solicitud, esta fuera de contexto jurídico, ya que una persona con mando y jurisdicción,  no debe tener la facultad para abogar a favor de una de las partes, en un litigio anunciado,  por virtud de un contrato; toda vez que el contrato, es ley entre las partes y por lo tanto, se debe honrar.
Se podría interpretar, como que el Estado que él representa, tiene favoritismo en un país y esto, en un estado de derecho, es mortal; amén de que mañana le podrían, estar pidiendo a él, que abogue por el retiro de la demanda que miembros de su gabinete y/o familiares de él, pudieran  tener  o interponer, en los tribunales, de igual modo.
Lo que pudiera proceder a mi juicio, es la solicitud, del retiro del SECUESTRO que no es lo mismo a la del retiro de la Demanda, argumentado lo siguiente:
1.      Que Pandeportes y el Estado panameño,  no avalará  ningún desvió de donaciones, que se le quiera hacer a la FEPAFUT,  a través de ningún otro ente o fundación, para eludir el pago de sus responsabilidades.
2.      Que la empresa cervecera, tiene medios expeditos para cobrar sin trauma, lo que afirma que le adeudan, una vez finiquite el proceso arbitral, iniciado a través de una demanda formal.
Finalmente, argumento que cualquier accionista foráneo, de la empresa cervecera, pudiera pedir el auxilio diplomático de su embajada, si cree que las autoridades de Panamá, están violentando la seguridad jurídica, de un nacional extranjero.

Campaña sucia contra periodistas y medios



Medios y periodistas se quejan porque al parecer ha iniciado una especie de campaña de desprestigio en su contra, a través de lo que yo intitulo, un libertinaje en la libertad de expresión.

La liberated de expression es el derecho que tiene la persona para emitir opiniones y expresiones diversas. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.  Artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Ahora  bien, el libertinaje de expresión, es el derecho de todo individuo a emitir expresiones diversas y opiniones sobre ideas, desenfrenadamente, es decir, sin importarle lo que dicen, como lo dicen y en qué momento lo dicen.
Hoy por hoy, galopan algunos sobre la cabalgadura del libertinaje de expression, cuando se percata uno, que se utilizan Medios de Comunicación Social, Internet y hasta Redes Sociales,  para denigrar la imagen y la honra de otros congéneres, sin remordimiento alguno, y peor aún, sin contar, en algunas ocasiones, con las pruebas que corroboren sus dichos; violando con ello, la Convención Americana de los Derechos Humanos que reza que: “No se debe irrespetar los derechos o a la reputación de los demás”. (Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos).
Ésta práctica es corrupta, no edifica y la empresa privada y/o el gobierno, que pauta, en estos segmentos, si fuere el caso, debe comprender que se hace partícipe del abuso del comunicador, por lo que debe estimar que los ciudadanos honestos repeleremos, en su justa dimensión, tales actos, en el momento dado y sin contemplación alguna.

Un reto para los candidatos: el establecer una política migratoria consensuada con los panameños



 

Mientras que Brasil, inspirada en el modelo que aplican Canadá y Australia, adopta una política de inmigración selectiva, para los profesionales extranjeros, altamente calificados, propiciando así una “fuga de cerebros”; en Panamá, no se ha explicado al pueblo, nuestro derrotero sobre este tema.

Panamá le ha abierto las puertas a los menesterosos foráneos, para luego regularizarlos extraordinariamente, en donde ni siquiera, tienen que probar per se, su solvencia económica, porque no la tienen. Ejemplo los  procesos denominados “Panamá Crisol de Razas”.

De igual forma está permitiendo, que nacionales de 39 países entren, a sus anchas, sin visa a Panamá entren, independientemente, de que tengan o no, recursos económicas para invertir. Ejemplo. Decreto Ejecutivo No. 380 de 2012. Sin embargo, también impulsa que extranjeros con recursos de 22 o más países se establezcan aquí, para invertir. Ejemplo. Decreto Ejecutivo No. 343 de 2012. Adicional, nuestras leyes migratorias, en sentido general, es de puertas abiertas al extranjero.

Esta falta de definición migratoria, producirá a corto o a mediano plazo, lo siguiente:

1. Que colapse el sistema de salud, por la atención a los menesterosos foráneos.

2. Que haya una competencia desleal laboral del extranjero, hacia el nacional panameño.

3. Que nuestras tradiciones se vayan perdiendo, para abrirle paso a las fiestas y costumbres extranjeras.

4. Que se vayan practicando, nuevas figuras delictivas.

5. Que se vaya aumentando el alto costo de la vida, producto de servicios, que el panameño no podrá pagar, fácilmente, pero algunos extranjeros sí. Ejemplo. El empleo doméstico.

6. Que muchas tierras vayan siendo de propiedad de extranjeros, sin limitación alguna. Argentina, Brasil etc., ya han puesto límites para la extranjerización de tierras, por efecto del agro, ganadería y otras actividades.

7. Que aumente la población en el país, pero no por los nacimientos de nativos, sino por la afluencia extranjera.


Por lo anterior,  los candidatos presidenciales, debieran explicarles a los nacionales votantes, si van  seguir con esta misma indefinición, que llamo yo, o por el contrario, trazarán otro rumbo, sobre el particular.

Reto para los candidatos: Una legislación sobre las ventas de tierras a extranjeros.

 

Argentina ha limitado la compra de tierras por empresas y gobiernos extranjeros, inclusive



El Senado aprobó, casi por unanimidad, con el apoyo de la mayoría de la oposición, una ley que impedirá que los extranjeros posean más del 15% del territorio de Argentina, el octavo país más extenso del mundo y uno de los más ricos en producción de alimentos y reservas de aguas.


Un informe de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO, en sus siglas en inglés) había advertido hace unas semanas sobre la creciente concentración y extranjerización de las tierras en Latinoamérica.

El documento señalaba que China, Arabia Saudí, Catar y Corea del Sur, han empezado a comprar o alquilar propiedades en Argentina y Brasil para asegurarse la producción de alimentos.
Brasil ya había reaccionado ante esta situación con una ley que limitó la propiedad extranjera de tierras. Ahora lo hace Argentina.
Uruguay también analiza poner límites a la compra de tierras por parte de Estados extranjeros.

Canadá, y  EE.UU., ya han hecho lo propio.

Sin embargo en Panamá, no hay ninguna norma legal que limite la adquisición de tierras estratégicas, por lo que se puede comprar de todo

Como país, no tenemos visión de futuro, en este sentido, como en otras latitudes, y a nadie le interesa al parecer, el futro de nuestras generaciones que no tendrán, de seguir la política de venta abierta, la oportunidad de adquirir, a la postre, alguna porción de tierra para cultivar, para producir y hasta para vivir; ya que todo inmueble, podría estar en manos de los acaudalados de hoy.

domingo, 28 de abril de 2013

Incumplimiento de la empresa MI BUS, en torno a la administración del METROBUS


  • Incumplimiento de la frecuencia nocturna.

 

 

Mediante el presente contrato, EL CONCESIONARIO se obliga a prestar los servicios de transporte público de pasajeros en el área objeto de la concesión, conforme a las rutas establecidas por la ATTT en la Cláusula DÉCIMA QUINTA de este Contrato y las nuevas rutas propuestas por EL CONCESIONARIO, servicio que será expedito, ininterrumpido las 24 horas del día, los 365 días del año, durante el plazo de la vigencia de la concesión.

 

EL CONCESIONARIO deberá proveer los buses destinados a cubrir las rutas mínimas conforme fue detallado en la cláusula DÉCIMA QUINTA de este Contrato. La ATTT, mediante solicitud debidamente justificada del CONCESIONARIO, podrá disminuir la frecuencia nocturna y servicio nocturno de los recorridos que tenga que realizar, siempre que dicha medida no afecte la prestación adecuada del servicio.


  • Incumplimiento en el tiempo de espera. Ya que por virtud del literal c de la cláusula DÉCIMA OCTAVA DEL CONTRATO  este no podrá ser superior a los 15 minutos en los periodos pico, en día hábil.

  • Falta de información al usuario y/o cliente,  sobre las rutas e itinerarios. Literal d de la cláusula DÉCIMA OCTAVA DEL CONTRATO.

  • Algunos aires acondicionados, en algunas unidades, ya sea por la cantidad de gente que transporta, u otros aspectos,   no enfría;  en violación a lo que se obligaron en el Pliego de Cargos en la página 67, punto 1.13.5.

  • En algunas unidades se infracciona, las disposiciones del reglamento de tránsito, ya que llevan exceso de pasajero, hasta las puertas. Infracción 32. A los diablos rojos, se les multaba por eso

 

¿Qué está provocando, las violaciones de la empresa MI BUS?

  • El debilitamiento en la calidad de vida, de muchos usuarios y/o clientes.
 
  • Que la empresa privada  e instituciones públicas, se vean  perjudicadas,  por las tardanzas de sus colaboradores.

  • Que haya gente que anhele, la vuelta en acción de los diablos rojos, que per se, eran trampa de muerte.

  • Que graviten cuestionamientos hacia el gobierno, por parte de personas afectadas por el mal servicio brindado.

  • Que políticos electoreros,  utilicen la problemática existente, como principal bastión de lucha y oportunismo.

  • Que las prioridades de muchas personas, se hayan volcado hacia la consecución de un auto propio.

  • Que personas del mal vivir, estén aprovechándose de las aglomeraciones espontáneas, para cometer actos impropios.

  • Que algunas reglas de urbanidad, se hayan puesto al soslayo. Eso de que las damas son primero y lo de la deferencia hacia el adulto mayor y los niños,  ha quedado en un mito.

sábado, 27 de abril de 2013

La problemática legal de nuestro fut


En el link  http://ernestocedeno.com/archivos/ContratoDepatrocinio.pdf    se puede observar el contrato de patrocinio entre la FEPAFUT y la empresa cervecera, siendo un hecho público y notorio, la medida cautelar (secuestro) que pesa sobre la organización panameña de futbol, que pudiera afectar el sueño de todo un país: “el ir a nuestro primer mundial, en la selección mayor”.
¿Quiénes podrían ser los responsables, según mi óptica estrictamente legal?
El grado de responsabilidad o no de cada cual, queda a criterio del lector.

1.       La Junta Directiva del 2010, de la FEPAFUT por pautar un contrato de patrocinio, con poca equidad, debido a que son grandes los beneficios del patrocinador, pero pocos lo del ente deportivo, en mi concepto. El patrocinador obtiene: el derecho a la primera opción sobre la prórroga del contrato; el derecho a cobrar en caso de ser contratista afectado, por el valor global del contrato, más lo correspondiente a las pérdidas, daños y lucro cesante y el más importante: los 16 derechos que se listan en la cláusula quinta del contrato; mientras que la FEPAFUT, solo percibe 120,000.00 anual, por cuatro años, (480,000.00 en total) pero dentro de un periodo de clasificación mundialista, en donde gravita la bonanza económica.
2.       La Junta Directiva Actual, por rescindir unilateralmente el contrato firmado, a sabiendas que podría afrontar un proceso legal en su contra, con las implicaciones que todo buen padre de familia, debió prever. La ignorancia es inexcusable y la falta de previsión es censurable.
3.       La empresa secuestrante, toda vez que bien pudo iniciar primero, el arbitraje y en firme el laudo arbitral (la sentencia de los árbitros) pudiera haber ejercido su derecho al cobro, y si fuera el caso, a través del embargo, inclusive. La FEPAFUT es un ente registrado a nivel local e internacional, por lo que no debiera, a lo legal, canalizar sus donaciones oficiales del Estado, la de los organismos internacionales y la de sus patrocinadores por medio de fundaciones, en fraude del acreedor, salvo que existiese la complicidad corrupta de los donantes. (Los bienes de las fundaciones son inembargables). La premisa difiere a la del común deudor, que puede hacer transacciones amarillas, para afectar y engañar a los que le debe. En un país ideal, los donantes serios y honestos, no se prestan para actos de corrupción.
Mi deseo es que se dirima voluntariamente el conflicto contractual consabido, para el beneficio  absoluto de nuestro futbol nacional.

La problemática legal de nuestra fut


En el link  http://ernestocedeno.com/archivos/ContratoDepatrocinio.pdf    se puede observar el contrato de patrocinio entre la FEPAFUT y la empresa cervecera, siendo un hecho público y notorio, la medida cautelar (secuestro) que pesa sobre la organización panameña de futbol, que pudiera afectar el sueño de todo un país: “el ir a nuestro primer mundial, en la selección mayor”.
¿Quiénes podrían ser los responsables, según mi óptica estrictamente legal?
El grado de responsabilidad o no de cada cual, queda a criterio del lector.

1.       La Junta Directiva del 2010, de la FEPAFUT por pautar un contrato de patrocinio, con poca equidad, debido a que son grandes los beneficios del patrocinador, pero pocos lo del ente deportivo, en mi concepto. El patrocinador obtiene: el derecho a la primera opción sobre la prórroga del contrato; el derecho a cobrar en caso de ser contratista afectado, por el valor global del contrato, más lo correspondiente a las pérdidas, daños y lucro cesante y el más importante: los 16 derechos que se listan en la cláusula quinta del contrato; mientras que la FEPAFUT, solo percibe 120,000.00 anual, por cuatro años, (480,000.00 en total) pero dentro de un periodo de clasificación mundialista, en donde gravita la bonanza económica.
2.       La Junta Directiva Actual, por rescindir unilateralmente el contrato firmado, a sabiendas que podría afrontar un proceso legal en su contra, con las implicaciones que todo buen padre de familia, debió prever. La ignorancia es inexcusable y la falta de previsión es censurable.
3.       La empresa secuestrante, toda vez que bien pudo iniciar primero, el arbitraje y en firme el laudo arbitral (la sentencia de los árbitros) pudiera haber ejercido su derecho al cobro, y si fuera el caso, a través del embargo, inclusive. La FEPAFUT es un ente registrado a nivel local e internacional, por lo que no debiera, a lo legal, canalizar sus donaciones oficiales del Estado, la de los organismos internacionales y la de sus patrocinadores por medio de fundaciones, en fraude del acreedor, salvo que existiese la complicidad corrupta de los donantes. (Los bienes de las fundaciones son inembargables). La premisa difiere a la del común deudor, que puede hacer transacciones amarillas, para afectar y engañar a los que le debe. En un país ideal, los donantes serios y honestos, no se prestan para actos de corrupción.
Mi deseo es que se dirima voluntariamente el conflicto contractual consabido, para el beneficio  absoluto de nuestro futbol nacional.

viernes, 26 de abril de 2013

Comentario al contrato de patrocinio de la FEPAFUT


He leído el contrato de patrocino de la federación panameña de futbol y me merece los siguientes comentarios.
1.      Es un contrato mal hecho y negociado por la FEPAFUT y el señor ARIEL ALVARADO, a mi juicio, ya que otorga muchos beneficios al patrocinador por solo B/ 480,000.00., por 4 años. (Cláusula 4). Esto para mi es inexplicable.
2.      El contrato es exclusivo por 4 años y se le da la primera opción al patrocinador por dos años adicionales COMO MÍNIMO, o sea el perjudicado pudiera alegar derechos por 6 años O MÁS. (Cláusula 3).
3.      La rescisión unilateral del contrato sin causa justificada obliga a pagar a la otra parte, no solo el valor global del contrato, sino el pago por pérdidas, daños y lucro cesante. (Cláusula 8).
La Junta directiva de la FEPAFUT, de la época (2010),  debiera rendirle cuenta a la fanaticada, a todos sus patrocinadores y al país y pedirle perdón, por el mal contrato que firmaron.

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información


 

Con la Ley 33 de 2013, publicada en la gaceta oficial No. 27275-A,  se creó la autoridad en cita. Balance objetivo de la ley.

Aspectos Positivos

 

1.      La entidad por definición, actuará con plena autonomía funcional, administrativa e independiente, en el ejercicio de sus funciones, sin recibir instrucción de ninguna autoridad, órgano del Estado o persona.

 

2.      El ente velará por el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución Política de la República de Panamá en el tema de Derecho Constitucional de petición y de acceso a la información, así como por los derechos previstos en los convenios, acuerdos, tratados, programas internacionales y nacionales en materia de prevención contra la corrupción.

 

3.      La autoridad examinará de oficio, por denuncia pública o anónima, la gestión administrativa en las dependencias del Gobierno Central, instituciones autónomas o semiautónomas, municipios, juntas comunales y locales y empresas públicas y mixtas, a efecto de identificar la comisión de hechos que puedan ser considerados actos de corrupción.

4.      El ente atenderá los reclamos, quejas y situaciones que afecten el derecho de petición, el derecho de acceso a la información pública, la transparencia, la ética y lucha contra la corrupción, y promoverá ante la institución respectiva que se subsanen las condiciones que impidan a las personas el pleno ejercicio de sus derechos.

 

5.      Toda persona puede recurrir ante la Autoridad creada, por el incumplimiento de los procedimientos y términos establecidos para el efectivo ejercicio del derecho de petición y derecho de acceso a la información pública en poder del Estado, previstos en las disposiciones legales, dentro de los treinta días a partir de la fecha en que se demuestre se incurrió en el incumplimiento.

 

6.      Los reclamos ante la Autoridad no impiden el legítimo derecho para promover la acción de hábeas data con miras a promover el derecho a la información.

 

7.      La Autoridad podrá aplicar multas a los servidores públicos hasta por un monto que no supere el 50% de su salario mensual, siempre que se compruebe incumplimiento de la Ley de Transparencia y de la Ley 33.

 

Aspectos Negativos

 

1.      La ley no le da estabilidad jurídica a los trabajadores de planta de la autoridad.

 

2.      La remuneración del representante legal será la de un ministro de Estado, cuando en otras latitudes internacionales no se emulomenta al más alto nivel.

 

 

3.      La ley no exige ningún requisito académico para el representante legal de la entidad.

 

4.      La ley no establece quien suplirá las ausencias del titular, en las faltas temporales.

 

 

5.      Establece un privilegio exorbitante para el director general y sus delegados, ya que  ninguna demanda en contra de estos, por razón de su actuación, implicará la separación de sus cargos, hasta que no se decida la causa.

6.      Se privilegia al director general, así como cualquier otro funcionario de la Autoridad, cuando sean objeto de acciones, procesos, juicios o demandas, toda vez que tendrán derecho a que la Autoridad cubra los gastos y costas que sean necesarios para su  defensa, aun después de haber cesado en sus funciones y si son hallados responsables, no tienen que reembolsarle nada al Estado por el apoyo.

 

7.      No establece un procedimiento administrativo para la imposición de la multa al funcionario infractor de la ley.

miércoles, 24 de abril de 2013

Privilegio de MI BUS


¿Que tiene la empresa MI BUS que la favorecen tanto?
Por razones que desconozco, la empresa administradora del transporte masivo de Panamá, no esta ejecutando su papel como buen padre de familia y aun así, no se le pone en cintura y es más, se ejecutan acciones estatales que parecieran se concretan para beneficiarla.
1.       Inspección de los diputados a un sector específico de circulación del transporte, pero mediando el anuncio previo de la medida. Esto trajo un equívoco resultado que favorece a MI BUS en el respeto de la frecuencia horaria en ese sector. Esto lo catalogo, como una burla al usuario del transporte.
2.       El anuncio de los diputados sobre la próxima sugerencia que harán al Ejecutivo, para que escalone el horario de entrada en las entidades, para aliviar en alguna medida,  el colapso en el transporte. Esto favorecerá a MI BUS, que no encontrará el congestionamiento en algunas paradas.
3.       La idea de la alcaldesa capitalina de querer alquilar 50 buses metropolitanos, para cumplir con una función que debe acatar MI BUS, conforme reza el contrato que firmó.
4.       La falta de acción contundente contra MI BUS, que hoy por hoy, sigue deshonrando la frecuencia horaria en algunos sectores.

¿Qué debiera hacer el Estado ya?
1.       Publicar el listado  del los accionistas de MI BUS, para que el pueblo conozca los verdaderos propietarios y salga de las conjeturas que privan hoy sobre el particular. Fundamento legal: Artículo 26 de la ley 22 de 2206, de contratación pública.


Artículo 26.   Requisitos de participación para personas jurídicas.   
Todo acto de selección de contratista y procedimiento excepcional de contratación, cuya cuantía exceda de tres millones de balboas (B/.3,000,000.00) en el que participen personas jurídicas, las acciones de estas deben ser en su totalidad nominativas. Se exceptúan los actos de selección de contratista para convenio
marco.
Independientemente de que las acciones nominativas sean emitidas a favor de otra persona jurídica, se deberá conocer con claridad la identidad de cada persona natural que sea directa o indirectamente el  beneficiario  final de  por  lo  menos el  cinco  por ciento (5%)  del  capital accionario emitido y en circulación. Se exceptúan las personas jurídicas cuyas acciones comunes se coticen públicamente en bolsas de valores de una jurisdicción reconocida por la Comisión Nacional de Valores de Panamá. La falta de la documentación pertinente será impedimento para la participación de la persona jurídica como proponente en el acto de selección de contratista.
En el mismo sentido, será causal de incumplimiento aunque no se exprese en el contrato cualquier cambio en la composición accionaria de la sociedad contratista, concesionaria o inversionista, que no sea debidamente notificado a la entidad contratante o que impida conocer en todo momento quién es la persona natural que es finalmente el beneficiario de tales acciones, tomando en consideración que esta persona sea directa o indirectamente el beneficiario final de por lo menos el cinco por ciento (5%) del capital accionario emitido y en circulación.

En concordancia con el principio de transparencia, el contratista, concesionario o inversionista está obligado a presentar y publicar sus estados financieros, reservándose el Estado el derecho de publicarlos y darlos a conocer ampliamente, así como la lista de las personas naturales accionistas de la persona jurídica.

El Estado podrá requerir en los actos de selección de contratista   mencionados,   cuya  cuantía   no   exceda   de   los   tres   millones   de   balboas (B/.3,000,000.00), las mismas condiciones contenidas en este artículo.


2.       Obligar a MI BUS a cumplir el contrato, so pena de resolverle el contrato público en base a lo que dispone la ley 22 de 2006 (de contratación pública) y el contrato de concesión No. 21-10, en sus cláusulas trigésima y trigésima primera. La causal para iniciar el proceso podría ser; la del incumplimiento de las cláusulas del contrato y/o, la reiteración de faltas graves.


lunes, 22 de abril de 2013

Paternalismo estatal hacia SONDA


Por razones que desconozco la ATTT no se pone firme contra SONDA
Exabrupto.
Habiendo impuesto una multa a SONDA le da un periodo de gracia, de 30 días calendarios, para subsanar el incumplimiento en torno a los puntos de recarga, luego de haber decretado una multa previa. Este periodo de gracia, no existe ni en la ley 22 de 2006 (sobre contratación pública) ni en la cláusula  vigésima del contrato en mención.
Transcribo la cláusula pertinente del contrato con SONDA, para fines didácticos y nótese que no existe la posibilidad de otorgar periodos de gracia, luego de impuesta una multa.
VIGÉSIMA. MULTA.
20.1 Multa por Demora imputable a EL CONCESIONARIO.
Sin perjuicio de lo dispuesto en este Contrato y la legislación aplicable, en caso de que el Plazo del Contrato no se cumpla, EL CONCESIONARIO pagará a EL ESTADO una multa por las afectaciones derivadas de dicho incumplimiento, como se establece a continuación:
La Multa se calculara aplicando una tasa de cuatro por ciento (4%), dividida entre treinta (30), por cada día de atraso del valor equivalente a la porción dejada de entregar o ejecutar por EL CONCESIONARIO, hasta alcanzar un máximo equivalente al diez por ciento (10%) del Precio Contractual.
20.2. Pago de la Malta.
En caso que sea procedente EL CONCESIONARIO pagará la Multa señalada anteriormente a EL ESTADO dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al recibo por EL CONCESIONARIO de la notificación escrita de EL ESTADO a tales efectos. El pago de la Multa se efectuará en la moneda de curso legal en la República de Panamá y se tramitara conforme a la Ley 22 de 2006 En caso que un pago o cualquier parte del mismo se haga líquido y exigible sin que EL ESTADO haya recibido el pago de conformidad con esta Cláusula, los mismos generarán intereses de mora desde la fecha en que dicho pago es exigible hasta la fecha efectiva del pago, conforme a las disposiciones legales que rigen la materia.

La ATTT debió haber multado a SONDA diariamente, hasta tanto se subsanara el incumplimiento, al tenor de la cláusula, antes citada.
En contratación pública, la exoneración del pago de una multa, se otorga sólo antes de imponerse la sanción y por causas no imputables al contratista, que no es el caso que nos ocupa, toda vez que se impuso una multa en firme, por incumplimiento de contrato.

¿Qué dice la ley 22 de 2006, sobre contratación pública, sobre la multa?

Artículo 110.   Multa. Las  solicitudes de  prórrogas que  se  presenten después  de  la  fecha de vencimiento del plazo para la entrega del suministro o servicio o para la ejecución de la obra serán objeto de multas.  La multa que se impondrá será entre el uno por ciento (1%) y el cuatro por ciento (4%) dividido entre treinta por cada día calendario de atraso del valor equivalente a la porción dejada de entregar o ejecutar por el contratista.   El valor total de la multa no será en ningún caso superior al diez por ciento (10%) del valor del contrato y deberá  ingresar al Tesoro Nacional.

Por lo expuesto , no tiene asidero legal lo que hizo la ATTT.

domingo, 21 de abril de 2013

Demanda contra las reformas electorales



Se está anunciando que se desea demandar presuntamente por inconstitucionales, las últimas reformas electorales, tan pronto salgan en gaceta oficial, como ley de la república.

Esta demanda seria intranscendente, por que los efectos de una sentencia en contra de una ley por inconstitucional, sólo surte efectos hacia el futuro y no hacia el pasado, por lo que no afectaría el proceso electoral ya iniciado y mucho menos finiquitado, bajo el imperio de la ley demandada. (La práctica enseña, que un proceso de inconstitucionalidad demora más de año y medio, como mínimo)

Fundamento legal; el artículo 2573 del código judicial patrio, que lee de la siguiente forma:

Artículo 2573.
Las decisiones de la Corte proferidas en materia de inconstitucionalidad son finales, definitivas, obligatorias y no tienen efecto retroactivo.

La Corte Suprema de Justicia Pleno, le ha dado efectos retroactivos a demandas de inconstitucionalidad, pero sólo cuando lo que se demanda, son actos individuales jurisdiccionales y no contra leyes, como dice el código judicial citado.

Por demás esta decir, que la demanda de inconstitucionalidad anunciada, sólo serviría como buena promoción mediática, pero sin mayor efecto legal serio, en el tiempo.