miércoles, 10 de abril de 2013

La contratación de buses municipales, podría ser una lesión patrimonial



La LEY 67 de 14 de noviembre de 2008 “Que desarrolla la Jurisdicción de Cuentas y reforma la Ley 32 de 1984, Orgánica de la Contraloría General de la República” es clara cuando considera materia de juzgamiento del TRIBUNAL DE CUENTAS, los pagos indebidos por parte del MUNICIPIO. Veamos:

 

Artículo 3. La Jurisdicción de Cuentas se ejerce de manera permanente en todo el territorio

nacional para juzgar las causas siguientes:


5. Por menoscabo o pérdida de fondos o bienes públicos, mediante dolo, culpa o negligencia, o por uso ilegal o indebido de dichos fondos o bienes, en una empresa estatal o mixta o en cualquier empresa en la que tenga participación económica el Estado o una institución autónoma o semiautónoma, municipio o junta comunal.

 

 

A mi juicio, sería un pago indebido, el que se le pretende hacer a una empresa, por el monto de B/250,000.00 por el alquiler de 50 buses por 10 días hábiles, existiendo el contrato de concesión No. 21-10, que obliga a la empresa MI BUS, hoy, a transportar masivamente a pasajeros por las mismas rutas, en donde pretenden ubicar los buses, el Municipio de Panamá y en donde ya el usuario pagó por adelantado, inclusive.

 

En un hecho incomprensible que el ESTADO en vez obligar a MI BUS, a cumplir el objeto contractual, como buen padre de familia, permita otra contratación, que se pagará con fondos públicos, en beneficio de otra empresa, que no es la concesionaria, para que ayude a cumplir parte del mismo objeto contractual.  

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