miércoles, 10 de julio de 2013

Caso de la Defensora del Pueblo




Ya el miércoles 10 de julio de los corrientes,  se inició formalmente la investigación penal, por parte del Ministerio Público, contra la Defensora del Pueblo, en el caso de las contrataciones directas.
La Corte autorizo tal medida, en base a lo que dispuso el código procesal penal y la Ley 41 de 2005, corroborando, primas facie,  la prueba sumaria, para tal fin.
Lo lógico sería que la Asamblea Nacional, halle mérito para o iniciar una investigación administrativa, o determinar una responsabilidad administrativa contra la misma, que pudiera terminar con la suspensión y/o remoción del cargo, de la prenombrada, y para tales efectos, se requiere del voto de dos tercios de los miembros de la Asamblea Nacional. (Ley 41 de 2005, art. 7)
Si gravitan pruebas sobre un sobrecosto, acaecido en las contrataciones hechas, desde el punto de vista patrimonial, el Tribunal de Cuentas, podría ordenarles a la Defensora del Pueblo, y a los funcionarios de la Contraloría, que participaron en el refrendo de los contratos, que le devuelvan al erario, con sus propios recursos, el monto de los sobrecostos. (Ley 67 de 2008).
Finalmente comento, que a lo legal, la suerte de la Defensora del Pueblo, debiera ser la suerte de los funcionarios de la Contraloría General, que participaron en el refrendo, de los contratos cuestionados.


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