martes, 9 de julio de 2013

Vertientes del caso de la Defensora del Pueblo



El caso de las contrataciones hechas por la Defensora del Pueblo, se le ha dado connotación primara, no por la cuantía de las mismas, sino porque están bajo cuestionamiento, unas de las cualidades, que según la ley, debe tener la Defensora del Pueblo; “la solvencia moral y el prestigio reconocido”.

Vertientes jurídicas del caso en cuestión.
1.                  Administrativa. Esta la va ejercer la Asamblea Nacional según potestad constitucional, (art. 161 de la Carta Magna) al citar a la Defensora del Pueblo, para que rinda cuenta sobre un cuestionario, previamente formulado y en donde, dependiendo de las resultas de caso y de las evidencias por ella presentadas, podría determinarse lo que sigue:
A)     Que todos los servicios fueron ejecutados en debida forma y por tal motivo, se cierra el caso.
B)      Que hubo en las contrataciones pretermisión del ordenamiento establecido, y por ende se le puede suspender del cargo, para que fluyan las investigaciones.
C)      Que hubo en las contrataciones pretermisión del ordenamiento establecido, que amerita la remoción del cargo, por haberse encontrado negligencia notoria en el cumplimiento de sus deberes.  Tanto para la suspensión como para la remoción del cargo, se requiere del voto de dos tercios de los miembros de la Asamblea Nacional. (Ley 41 de 2005, art. 7)
2.                  Penal. Esta la está llevando a cabo, según los medios de comunicación,  el Ministerio Público. Si éste ente prueba que hubo sobrecostos, podría llevar el caso ante la Corte Suprema, para el juzgamiento penal de la Defensora del Pueblo. En caso contrario, de no hallarse pruebas de sobrecostos,  pediría,  su sobreseimiento.  Dejo claro, que el Ministerio Público debe buscar la autorización previa de la Corte para perseguir penalmente a la Defensora, pues de lo contrario, el proceso es nulo.  Desconozco si esta autorización, al momento se ha obtenido de la Corte. (Ley 41 de 2005, art. 10). Anoto que los funcionarios de la Contraloría, que participaron en el refrendo de los contratos de marras, tendrán  su cuota de responsabilidad en tales actos.
3.                  Patrimonial. Ésta la inicia la Contraloría General en una auditoria. Si descubre hallazgos, lo lleva al Tribunal de Cuentas y éste  a su vez, lo pasa al Fiscal de Cuentas, para la investigación de rigor. Si hay un fallo desfavorable por sobrecostos, la Defensora del Pueblo, y los funcionarios de la Contraloría que participaron en el refrendo de los contratos, podrían pagar con sus propis recursos, los sobrecostos. (Ley 67 de 2008)

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