viernes, 30 de agosto de 2013

Medida cautelar contra el exalcalde de la ciudad de Panamá

Analizando en frío, la medida cautelar de secuestro, que se emitió contra el otrora alcalde capitalino, su exsecretario general  y contra tres empresas privadas, manifiesto que me parece sensata y acorde con el derecho positivo, tal decisión tomada por el Tribunal de Cuentas.

Explico.

1.       El secuestro no lo pidió la Contraloría General, sino el Fiscal de Cuentas, de acuerdo con el auto de secuestro  No. 268-13 de 2 de agosto de 2013.

2.      El Fiscal pidió la medida al Tribunal por que pesaban, a su juicio, serios hallazgos en el informe de auditoría especial No. 035-576-2012 de 4 de octubre de 2012, realizado por la Contraloría General, relacionados con el cumplimiento de varios contratos hechos. El Tribunal accedió a lo pedido, pues lo halló adecuado y conforme a derecho.

3.       Los principales hallazgos encontrados son: no se realizaron evaluaciones para establecer el grado de necesidad institucional, que justificaran los servicios de consultorías formalizados; entrega de cheque a proveedor, por una sección administrativa no autorizada; contratos innecesarios de consultorías, cuyos resultados no son funcionales a la Alcaldía; ausencia de manuales para el manejo de las consultorías;   el informe final de la ejecución de un contrato no reposa en el expediente; consultorías realizadas sin la participación de las unidades administrativas que establecían los contratos;  contratos ejecutados sin emitirse la orden de proceder y se detectaron fallas en el control interno.

4.       Afirmo que si el Tribunal de Cuentas, no hubiera decretado el secuestro rogado por el Fiscal de Cuentas, entonces la decisión si hubiese sido considerada como política, ya que los que litigamos en la jurisdicción de cuentas, hemos visto secuestros de bienes a personas, por menos hallazgos encontrados, que los que reposan en el informe de Contraloría, antes citado.

Debe quedar claro que el secuestro no implica la culpabilidad de los investigados, eso está por definirse en el proceso en sí; pues la medida tomada, es sólo para que el proceso instaurado, no se haga ilusorio, en caso de hallarse culpables, a la postre, por una lesión patrimonial infligida contra el Estado.

¿Qué esperamos que siga haciendo la Contraloría General?

Las auditorías especiales sobre todos los contratos cuestionados en la sociedad, hoy en día.

El hecho de que los resultados de éstas últimas, en el evento de que se estén haciendo, demoraran, tal tardanza, no debiera deslegitimar el secuestro decretado bajo examen, a mi juicio;  en base los términos ya expuestos. 



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