sábado, 16 de noviembre de 2013

Inquietudes electorales



En las inauguraciones de obras públicas o en actos oficiales no se debe hablar de candidatos.





Es un hecho público y notorio que en las inauguraciones de obras del Estado, o en actos oficiales, algunos funcionarios con mando y jurisdicción emiten frases en contra de partidos y/o candidatos y hasta en favor de algunos. Esta práctica parece ser censurada por la legislación electoral, precisamente en el Decreto No. 20 de 23 de 2003 del Tribunal Electoral, por lo que por salud democrática, la misma debiera cesar, para evitar problemas legales.



La norma reza así.

Decreto No. 20 de 23 de junio de 2003


Artículo 3 Fuera de su horario de servicio, todo funcionario público es libre de hacer, campaña a favor o en contra de los partidos o candidatos, siempre que no sea con ocasión de la inauguración de obras públicas ni en actos de carácter oficial, aunque sean velados los medios empleados a tal fin.


Artículo 4. Los funcionarios públicos que han accedido a su posición por mandato popular, tienen plena libertad de activarse a favor o en contra de los partidos o candidatos, a cualquier hora, siempre que no sea durante la inauguración de obras públicas y demás actos de carácter oficial, aunque fueren velados los medios empleados a tal fin.


La anterior regulación, se desprende del artículo 136 del texto constitucional patrio.



Constitución




ARTICULO 136. Las autoridades están obligadas a garantizar la libertad y honradez del sufragio. Se prohíbe:

1. El apoyo oficial, directo o indirecto, a candidatos a puestos de elección popular, aun cuando fueren velados los medios empleados a tal fin.

...


Erasmo Pinilla, Magistrado del Tribunal Electoral, comete indiscreción parcializada.


Conforme a algunas críticas por la presencia de candidatos en actos oficiales, debido a las invitaciones del Primer Mandatario de la República,

La iniciativa del mandatario también fue cuestionada por el magistrado Pinilla, quien lamentó que las autoridades del gobierno intenten adaptar la Constitución ‘a martillazos a su conveniencia políticas’.

El magistrado presidente del Tribunal Electoral (TE), Erasmo Pinilla, advirtió ayer que el fiscal electoral, Eduardo Peñaloza, no cumple sus funciones constitucionales de investigar transgresiones legales de los candidatos a puestos de elección popular.

El magistrado, conforme a medios de comunicación, fue tajante al plantear que los candidatos no debieran asistir a estos actos públicos, ya que su participación viola la Constitución.

Las aseveraciones del magistrado Pinilla, pudieran catalogarse como un pre-juzgamiento y la emisión de un juicio de valor previo, ante quien debe juzgar los delitos electorales, debilitando a mi criterio, la imparcialidad que debe ponderar, conforme al art. 31 del código electoral y la independencia, que reza en el artículo 142 de la Carta Magna.

Esto es inadmisible.

El lector no encontrará a ningún magistrado de la sala penal de la corte, manifestando que alguien ha cometido un delito y que la procuradora general de la nación, debe investigar; pues esto sería una parcialidad violatoria del debido proceso constitucional.

Vale la pena destacar que si el magistrado Pinilla, decide declararse, a la postre, impedido de juzgar uno de estos casos aludidos, para que lo atienda su suplente, se destaca que todos los suplentes de los magistrados del tribunal electoral, son funcionarios de ese ente y no tienen estabilidad laboral, por lo tanto, son de libre nombramiento y remoción, por tanto, difícilmente un suplente podría ir en contra de un criterio expuesto por un magistrado titular, que lo pudiera cesar en el puesto en un futuro.



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