domingo, 24 de noviembre de 2013

La judicialización de decisiones del TE



El magistrado del Tribunal Electoral (TE) Eduardo Valdés Escoffery, se refirió en los medios, a la posibilidad de un resultado estrecho en la elección presidencial. Dijo que este resultado se podría “judicializar” ya que el perdedor presentaría un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para “pretender revertir el resultado electoral”.

El PLENO de la Corte Suprema de Justicia, en función de tribunal constitucional, le es dable juzgar, ante demanda de inconstitucionalidad que se le pudiera presentar, si esa decisión emitida por el Tribunal Electoral, se ha compadecido o no, con los lineamientos, de la Carta Magna y si es el caso, podrá revocar las decisiones electorales promulgadas.
Esta decisión el PLENO de la Corte, no debiera entenderse como pecaminosa, sino ajustada a los principios constitucionales y al estado de derecho, cuenta habida que el Tribunal Electoral, está sometido al control constitucional, en todos sus actos electorales.

Constitución

Artículo 143.

Las decisiones en materia electoral del Tribunal Electoral únicamente son recurribles ante él mismo y, una vez cumplidos los trámites de Ley, serán definitivas, irrevocables y obligatorias.
Contra estas decisiones solo podrá ser admitido el recurso de inconstitucionalidad.



ALGUNA JURISPRUDENCIA DE REVOCATORIA DE DECISIONES DEL TRIBUNAL ELECTORAL, POR CONSIDERARSE INCONSTITUCIONALES.

1. Sentencia del 19 de enero de 2009. Fallo unánime. Mag. Ponente JERÓNIMO MEJÍA. Se declaró inconstitucional el Decreto No. 19 de 2003, del Tribunal Electoral y demás actos que reconoció el acuerdo de alianza entre el PRD y el PP respecto de la adjudicación de legisladores por residuo en las elecciones del 2 de mayo de 2004. (Caso del DR. OSCAR AVILA).

La Corte dijo que le asistía la razón al ex Fiscal Electoral al plantear que al dictarse el Decreto N° 19 en contraposición con lo dispuesto en el Código Electoral, favoreciendo el interés privado de los partidos políticos de la alianza Patria Nueva en detrimento del interés de los electores se vulneró el principio de preminencia del interés público sobre el interés particular.

El Pleno encontró que el Decreto N° 19 de 17 de junio de 2003 vulneró el artículo 141, numeral 6 de la Constitución, pues creó la posibilidad de que efectivamente, en una elección de legisladores, exista una alianza electoral y el partido menos votado sea favorecido con una curul por declinación o renuncia previa del partido más votado, rebasando la letra y espíritu del texto constitucional. Al asignarse la curul por residuo al Partido Popular en lugar de al PRD como correspondía, se omitió la recta aplicación de lo dispuesto en el artículo 141, numeral 6 de la Constitución.

2. Sentencia del 16 de noviembre de 2009. Fallo unánime. Mag. Ponente ADÁN ARNULFO ARJONA. Se declaró inconstitucional la Resolución de 30 de marzo de 2009. (Caso PARLACEN-CD). 
La Corte dijo que la impugnación presentada en contra de la anulación de las credenciales fue extemporánea y el Tribunal Electoral la admitió y dijo la Corte, además, que el Tribunal Electoral no cumplió con la Constitución ni la ley, ni respeto el principio de estricta legalidad. (Pág. 20). 

3. Sentencia del 13  de mayo de 2010. Fallo unánime Mag. Ponente Alejandro Moncada. Se declaró inconstitucional el artículo 7 del Decreto No. 16 de 4 de septiembre de 2008, expedido por el Tribunal Electoral, que decía que el candidato que resultara ganador en más de un cargo de elección, debería optar por uno de ellos.

El Pleno estimó que la norma cuya inconstitucionalidad había sido demandada, había vulnerado la voluntad política del electorado, quien tiene el deber y derecho de elegir a una persona para determinados cargos políticos.

Dijo la Corte, que imponer a un candidato que resulte ganador a más de un cargo de elección, la obligación de optar por uno de ellos, dentro de un plazo específico, excede la potestad reglamentaria que le otorga la constitución al Tribunal Electoral, toda vez que crea una nueva causal, no contemplada en la ley (código electoral) que se reglamenta.



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