lunes, 9 de diciembre de 2013

El sistema ‘Pele- Police’





Si bien la Corte Suprema de Justicia, en dos sentencias  del PLENO, con números de entradas  972-11 y 951-11, ha dicho que el uso del Pele Police no es inconstitucional, lo hizo argumentando que el Pele Police no hace más que simplificar un procedimiento que es habitual entre las tareas propias de la Policía Nacional, pues mientras otrora se tenía que mantener a las personas retenidas hasta que el agente policial llamara a las respectivas sedes de los estamentos de seguridad, de investigación, a fin que se verificase en la base de datos, ahora con esta herramienta, se agiliza dicho trámite.

No obstante, ahora se pretende incluir en la base de datos, asuntos relacionados con los seguros de autos, y en esa misma línea podría en un futuro incluirse hasta a los deudores con del fisco, de los municipios, de la CSS y así sucesivamente, hasta convertirnos en un estado policíaco y ese no es el sentido de la herramienta tecnológica que se diseñó para luchar contra la delincuencia.

Es inadmisible tratar de ampliar la base de datos para el pólice, sin haber reglamentado primero el uso de la herramienta.

La Corte Suprema de Justicia, Pleno, en el expediente con entrada No. 972-11, recomendó establecerse una reglamentación que de manera específica detalle cómo debe usarse el “pele police” por los miembros de la Policía Nacional, las consecuencias de su uso y las responsabilidades por el mal uso del mismo, entre otros. Ello en atención a los compromisos internacionales ratificados por Panamá, en materia de libertad de una persona o personas producto de un retén policial, sin una orden escrita y sin formalidades legales y constitucionales.

Dijo la Corte, que la utilización de la herramienta denominada “pele police” para verificar datos o información personal más allá de los permitidos y para los cuales se ha implementado su uso, constituyen actos autónomos que pueden reñir con derechos fundamentales constitucionales y legales, que pueden ser impugnados por quien se considere afectados y por las vías, mecanismos, remedios o acciones legales



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