lunes, 9 de diciembre de 2013

Proyectos inquietantes en las sesiones extraordinarias


La Asamblea se aboca a debatir varios temas en sesiones extraordinarias.

A continuaciones algunos de los que yo considero inquietantes, por lo cual la Asamblea deberá debatir con buen juicio y con sentido de patria, los mismos.

1.    Proyecto de ley 651.  Hay un artículo inexplicable en el mismo, que blinda a la fuerza pública más allá de todo sentido común y racional, de las amenazas y hasta de la intimidación.

Artículo 42. Se adiciona el artículo 388-B al Código Penal, así:

"Artículo 388-B. Quien mediante el uso de la fuerza física o intimidación, amenace  a testigos, peritos, jueces, fiscales o agentes de la fuerza pública, será sancionado  con prisión de ocho a doce años."

A mi juicio la intimidación, puede concretarse como amenaza física, miradas feas, manipulación emocional excesiva, malas palabras abusivas, humillación y hasta maltrato físico. Con ésta se pretende que los otros hagan lo que uno desea a través del temor.  

Mientras que la amenaza consistente en el anuncio de un mal por venirle al escucha.

2.       Proyecto de ley 387. Busca consolidar una base de datos sobre los seguros de vehículos.

Se pretende incluir en la base de datos, asuntos relacionados con los seguros de autos, y en esa misma línea podría en un futuro incluirse hasta a los deudores con del fisco, de los municipios, de la CSS y así sucesivamente, hasta convertirnos en un estado policíaco y ese no es el sentido de la herramienta tecnológica que se diseñó para luchar contra la delincuencia. Es más, el Ministerio de Trabajo ya ha creado su propio pele pólice para asuntos de extranjería laboral.

Es inadmisible tratar de ampliar la base de datos para el pele pólice, sin haber reglamentado primero el uso de la herramienta.


3.      Proyecto de ley 683 que posibilita al concesionario ceder en todo o parte de los derechos de relleno del lecho marino que se le hayan reconocido, sin que constituya limitación, a favor de acreedores, fiduciarios y/o agentes de garantía locales o internacionales, para garantizar el financiamiento de la construcción, expansión o mejoramiento de las obras públicas objeto de la concesión. Igualmente, el Ministerio de Obras Públicas, previa autorización del Consejo de Gabinete, podrá autorizar al concesionario la cesión de los derechos de relleno de lecho marino a favor de terceros, una vez el Consejo de Gabinete haya desafectado las mismas e inscritas como bienes patrimoniales de la Nación, como medio de pago por la ejecución de las obras y/o la prestación de los servicios correspondientes. 
    A mi juicio ese proyecto podría tener visos de inconstitucionalidad, porque ningún relleno de fondo de mar, se puede dar en venta, por un impedimento constitucional. (Art. 258)

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