domingo, 30 de marzo de 2014

El valor de las encuestas


La encuesta es un instrumento de medición, de un momento determinado.

Hay un hecho público y notorio en el resultado de todas las encuestas y es que la oposición en su conjunto, tiene al menos al día de hoy, el mayor nivel de aceptación de la ciudadanía, no obstante, cuando vamos al desglose individual porcentual de los candidatos, el que encabeza las encuestas, es el candidato del oficialismo.

¿Por qué se está dando este hecho, si se percibe que la presente administración, ha hecho dentro de su quinquenio, una gran cantidad de obras?

Algunas hipótesis.

1. Porque el candidato del oficialismo, no es lo suficientemente convincente, dentro de la ciudadanía, y es por eso que no ha logrado obtener hoy en día, la aceptación que tiene el Presidente de la República en la población.

2. Porque la ciudadanía no ve a los diversos candidatos, con el empuje necesario para liderar la oposición.

3. Porque para la ciudadanía, los diversos candidatos que han sido funcionarios, no han sobresalido en su gestión; de allí los resultados estrechos en las encuestas, para los primeros puestos. (La mayoría de los candidatos a presidentes, han sido servidores públicos: Arias, Varela, Navarro, Barroso y Jované)

4. Porque a un buen sector de la ciudadanía, les agrada votar por la oposición; avalando la alternancia en el poder.

5. Porque algunos de los funcionarios de la presente administración, no han rendido satisfactoriamente, las cuentas en el ejercicio del cargo.

6. Porque los voceros del gobierno, no han contado con la absoluta aceptación de la población, cuando exponen sus ideas en los medios de comunicación social.

7. Porque en varios medios de comunicación social, se resaltan más los aspectos negativos del gobierno, que los aciertos que realiza.

8. Porque un sector importante de la ciudadanía percibe, que no se han seguido los pasos adecuados que el derecho dispone, para llevar a cabo las decisiones del gobierno.

9. Porque algunos perciben, que la administración presente, no ha solucionado eficazmente por lo menos, algunos problemas básicos de la población, como por ejemplo; el alto costo de la vida y el trasporte público.



Finalmente hago hincapié que el ciudadano, debiera votar el 4 de mayo, no de acuerdo al dictamen de las encuestas, que son hechas por el ser humano, que a veces se equivoca, sino en base a su criterio libre e informado, debido a que es así, como se hará patria.

sábado, 29 de marzo de 2014

El deber del periodista



La libertad de expresión no es un derecho absoluto. El artículo 13.2 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa, también prevé la posibilidad de exigir responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho. Estas restricciones tienen carácter excepcional y no deben limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el pleno ejercicio de la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa.

En tal sentido, el periodista conforme lo ha dicho la Corte Interamericana de los Derechos Humanos tiene deberes que debe honrar, para no abusar del ejercicio de la libertad de expresión e irrespetar por tanto, a las personas que reciben la información del comunicador.

Cita textual del fallo de la Corte.

“De otro lado, en el marco de la libertad de información, el Tribunal considera que existe un deber del periodista de constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en que fundamenta sus opiniones. Es decir, resulta válido reclamar equidad y diligencia en la confrontación de las fuentes y la búsqueda de información. Esto implica el derecho de las personas a no recibir una versión manipulada de los hechos.  En consecuencia, los periodistas tienen el deber de tomar alguna distancia crítica respecto a sus fuentes y contrastarlas con otros datos relevantes”.
(CASO KIMEL VS. ARGENTINA, página 279)

Pregunto: ¿En Panamá todos los periodistas cumplen el deber citado, por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos?

El libertinaje de expresión en Panamá


La libertad de expresión es el derecho que tiene la persona para emitir opiniones y expresiones diversas. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.  Artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Ahora  bien, el libertinaje de expresión, es la facultad que tiene todo individuo de emitir expresiones diversas y opiniones sobre ideas, desenfrenadamente, es decir, sin importarle lo que dicen, como lo dicen y en qué momento lo dicen.

En mi país, galopan algunos sobre la cabalgadura del libertinaje de expresión, cuando a menudo, se percata uno, en los diversos medios de comunicación social, que hay personas, que por medio de éstos, denigran la imagen y la honra de otros congéneres, sin remordimiento alguno, y peor aún, sin contar, en algunas ocasiones, con las pruebas que corroboren sus dichos; violando con ello, la Convención Americana de los Derechos Humanos que reza que: “No se debe irrespetar los derechos o a la reputación de los demás”. (Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos).

Ésta práctica es corrupta, no edifica y debiera cesar.

viernes, 28 de marzo de 2014

Movimiento pro voto útil


En los medios de comunicación está saliendo un comunicado de una agrupación que dice llamarse MOVIMIENTO NUEVA REPÚBLICA, que promueve lo que llaman el voto útil contra Martinelli. Ellos manifiestas que recomendarán, sobre la base de encuestas, cual de los candidatos de oposición, tiene mayor aceptación pública.

Esta filosofía que propugna este movimiento, es absurda a mi juicio, por lo siguiente.

1. Piensan hacer recomendaciones en base a encuestas, cuando en algunos países del área, ciertas casas encuestadoras han fallado.

2. Va en contra de la filosofía del pacto ético electoral que sugiere el voto no en contra de, sino en favor de las propuestas. Eso es lo que debemos impulsar como ciudadanos serios, “el voto informado”.

3. Promueve el clientelismos, ya que por un lado busca que el elector vote solo a ganador, y no en base a valores, y por el otro, puede propiciar el amañamiento de las encuestas, para que se obtengan beneficios directos.

4. Afecta la democracia electoral, debido a que los partidos han definido una propuesta electoral espontanea que merece respeto, al igual que algunos que corren a la libre postulación, para presidentes. Son sólo ellos, los postulados en el proceso electoral, los que debieran decidir si se alían o no.

5. Define absurdamente lo que para ellos, es el voto útil, cuando el significado que dan no existe. El voto útil debiera entenderse que es el que sufraga el elector a su conveniencia de manera libre, por el que ha tenido a bien hacer.

6. Establece una camisa de fuerza para el candidato a presidente que gane, hasta el punto de obligarlo a hacer una asamblea constituyente, entre otros puntos, y hasta nombrar a un Contralor sin afiliación política, por lo menos con tres años de antelación a su postulación, cuando a este último, no lo nombra el presidente, sino la Asamblea Nacional de Diputados, en separación de poderes.



El precio en el contrato público y el sobrecosto





Un sobrecosto, también conocido como un incremento de costo o sobrepasar el presupuesto, es un costo inesperado que se incurre por sobre una cantidad presupuestada debido a una subestimación del costo real durante el proceso de cálculo del presupuesto. (Enciclopedia Libre).

Es obligatorio para los servidores públicos, el establecer en las compras públicas, un buen precio, para lograr el mayor beneficio para el Estado, de acuerdo a lo que dispone la Constitución, en su artículo 266.

Establecer un precio inflado, es ilegal y delictivo.

¿Cómo se establece generalmente, el precio de referencia, en un proyecto u obra?

Las unidades administrativas suelen buscar varios precios del producto, en el mercado, hacen una mediana y lo suben un poco, de manera responsable, (como buen padre de familia)  para alentar al oferente, a que participe en los actos públicos programados. Nunca debe inflarse desproporcionadamente un precio, pues sería un sobrecosto.

La Corte, dijo lo siguiente, sobre el tema de las adquisiciones públicas a buen precio:

 El mayor beneficio para el Estado debe ser apreciado no sólo desde la perspectiva del más bajo costo posible sino también de la mejor calidad en cuanto a la obra, bien o servicio de que se trate. Igualmente, ese mayor beneficio  que el Constituyente quiere que se alcance a través del trámite de selección de contratista, del cual, se repite, la licitación es sólo una de sus modalidades, debe permitir la escogencia objetiva de la mejor oferta, hecha por proponentes calificados con credenciales de seriedad y cumplimiento para asegurar las condiciones más beneficiosas al interés general.” Resolución del 27 de abril de 2009. Entrada No. 172-08.

La contratación directa, de ningún modo exime del cumplimiento de precisar de antemano, un buen precio, para el producto, que se pretende recibir de un particular.  Mismo que se debe hacer, de acuerdo a los valores reales del mercado, de manera referente.


Los funcionarios que incumplen su labor, sobre este tema,  podrían sufrir los rigores de un proceso administrativo, penal y patrimonial en su contra. Los particulares beneficiados, podrían estar obligados a devolverle al Estado el monto del sobrecosto, si media una sentencia en su contra, del Tribunal de Cuentas. 

martes, 25 de marzo de 2014

Un contrato que genera derechos subjetivos, no puede ser desconocido, de forma arbitraria ni unilateral por el Estado.



Por seguridad jurídica, en rango constitucional, un contrato refrendado por Contraloría, no puede ser anulado por el Estado, salvo que se demande su nulidad ante los tribunales.
Una acción en contrario, no se sustentaría en el derecho positivo panameño ya que flagelaría además, el Principio de Irrevocabilidad de los Actos Administrativos.
 Jurisprudencia.
“Así los hechos, claramente evidencia que al existir un derecho subjetivo conferido por un acto administrativo, como lo fue el acto por el cual se concedió el Certificado de Operación para la prestación del servicio del transporte terrestre en la ruta Vacamonte-Panamá en la Provincia de Panamá, a la sociedad X, en el año 1998, mediante la Resolución No. 004296 de 214 de septiembre de 1998, el Administrado adquiere un derecho que crea una situación de exclusividad que podrá oponer contra la Administración cuando se exceda en sus facultades. Debe, pues, la Administración recurrir a la vía jurisdiccional ordinaria, a fin de anular sus propios actos que confieren esos derechos. Por las consideraciones anotadas, no cabe duda que lo actuado por la A.T.T.T.), con los actos demandados, evidentemente vulnera el Principio de irrevocabilidad de los Actos Administrativos, uno de los Principios Generales del Derecho que rige el Derecho Administrativo, y que fue invocado por el demandante… ”
Sentencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia del 27 de abril de 2010. 
  
  



El Tránsfuga



El nombre del  “Tránsfuga” en la política panameña, se le endilga a aquella persona, que abandona un ideal profesado, por una canonjía o por un beneficio prometido, y en tal sentido, pacta con otras fuerzas políticas del momento, ya sea para coadyuvar o con la fuerza gobernante o con el brazo opositor que procure dificultar la labor del que gobierna.

El transfuguismo tiene lugar no solo dentro de los partidos políticos, cuando uno emigra de un colectivo a otro, sino también cuando un independiente, se alinea con un partido político constituido.

Es un asunto de valores y suele ubicarse al tránsfuga, dentro del ejercicio de la traición.

Existen varias circunstancias por las que motivan a los políticos, el abandonar una causa defendida por otra nueva;  y no todo cambio debe considerarse censurable. Ejemplo, discordia con la jefatura de un partido, asunto de discriminación etc.; es cuando la dimisión se da por motivo fútil, cuando se convierte en objetable el mismo, al menos dentro de una parte de la sociedad, que percibe la mudanza, por la simple recepción de un beneficio particular.

Es el elector, es el que valorará si le da el espaldarazo a un tránsfuga o no, y como sociedad debemos respetar la voluntad popular que ha elegido a quien quiso que lo gobernara.

(Un traidor es un hombre que dejó su partido para inscribirse en otro. Un convertido es un traidor que abandonó su partido para inscribirse en el nuestro. Georges Clemenceau (1841-1929) Político y periodista francés).


lunes, 24 de marzo de 2014

La libertad de expresión en la política




El irrespeto campea en nuestra política criolla de parte y parte y eso no es bueno, no hace patria ni mucho menos fomenta la cultura de la paz, en medio de un proceso electoral que debe llevarse con tranquilidad, en la medida de lo posible.

La libertad de expresión, tiene limitaciones que deben ponderar los políticos al momento de pensar ejecutar y cualesquiera acciones, pues los ciudadanos honestos no se merecen el escuchar ni el leer, el vocabulario desproporcionado, ni tampoco la agresión verbal o el insulto.

Limitaciones legales que existen.

1. No se debe afectar la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. (Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos).

2. No se debe irrespetar los derechos o la reputación de los demás. (Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos).

3. No se debe promover la guerra. (Artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

4. No se debe hacer una apología al odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. (Artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

5. No se debe atacar de manera abusiva, la vida privada y familiar de un individuo. (Artículo V de la Declaración Americana de los Derechos Humanos).

6. No se debe atacar la vida privada, familiar, domicilio o correspondencia de un niño. (Artículos 15 y 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño).


El que afecte las disposiciones transcritas, podría afrontar, las consecuencias ulteriores de sus decisiones y/o acciones, ante los tribunales pertinentes, independientemente de que se haga llamar político.

jueves, 20 de marzo de 2014

Comentarios a la denuncia del Tribunal Electoral (SVI)




El 7 de marzo del año en curso el Tribunal Electoral denunció ante el Ministerio Público, un uso supuestamente ilegal, de una base de datos por parte del equipo de José Domingo Arias.

1.      De la lectura del documento presentado, en el hecho 5 y en los párrafos finales de la denuncia, en el numeral IV, se extrae que lo que se denuncia es el presunto uso ilegal del Servicio de Verificación de Identidad, conocido por sus siglas como  SVI, debido a que desde la  página web del candidato presidencial oficialista, http://www.josedomingoarias.org, se incluyó información contenida o proveniente  del sistema.

Siendo esto así, debió la denuncia contener, a mi criterio, todo el listado de las entidades y empresas privadas a las que el Tribunal Electoral les ha dado el libre acceso al SVI, que son muchas. El Tribunal dice casi al final de la denuncia interpuesta: “Frente al escenario de los avances tecnológicos, es de suma importancia la protección de los datos de carácter personal para las libertades individuales, y que el sistema informático que brinda el SVI no sea ilegalmente o espuriamente utilizados para otros fines distintos…”

El Tribunal Electoral suministra el acceso a la base de datos del SVI, a particulares, inclusive, por un pago monetario, conforme lo posibilita la ley del Registro Civil en su artículo 83. A manera de ejemplo exteriorizo, que en el Acuerdo de Sala 67-2 del Tribunal Electoral, se le autorizó la renovación del contrato de afiliación para el acceso al SVI, a 28 empresas privadas.

La información que se observa en el SVI, es el acceso a los nombres, número de cédula de identidad personal, fecha y lugar de nacimiento, nombres de los padres, así como la foto y firma cuando estén disponibles. (Artículo 4 del Decreto 28 del TE)

2.    En el hecho séptimo de la denuncia, se enuncia,  de manera poco comprensible, que sólo 6 entidades tienen acceso a la información del árbol genealógico,  (Fiscalía Electoral, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Gobierno, Ministerio Público, Policía Nacional y la Contraloría) pero no se aclara si lo del árbol genealógico, es otra base de datos diferente a la del SVI que se denuncia, y tampoco se adjunta como prueba ante el Ministerio Público, la normativa de su existencia. Si esta es otra base de datos diferente a la del SVI, debió especificarse en que consiste la exactitud de la forma del árbol genealógico, con la que se encontró en la páginaweb.www.josedomingoarias.org.

Un árbol genealógico, según Wikipedia, es una representación gráfica que enlista los antepasados y los descendientes de un individuo en una forma organizada y sistemática, sea en forma de árbol o tabla.

3.      El Ministerio Público no puede investigar al representante legal del CD, porque es el señor Presidente de la República y por ende, no tiene competencia para ello. De igual forma, está impedido para investigar al Ministerio de la Presidencia, por igual criterio y al candidato presidencial oficialista, porque tiene fuero penal electoral.

4.      Se entiende  que las 6 entidades aludidas, pudieron haber filtrado la base de datos del Tribunal Electoral, de manera ilegal, y siendo esto así, debió aportarse entonces, la prueba sumaria del caso, como lo manda el código judicial y a mi criterio, las copias simples que se adjuntaron con la denuncia y los diarios, no llenan tal cometido.

5.      Por último manifiesto que la presente denuncia, nos abre el entendimiento para objetar las disposiciones que permiten al Estado, el suministro de la base de datos de los ciudadanos, a los particulares, sin el consentimiento del propietario de la información. Rechazo de plano que algún partido pueda tener mi data, sin mi aval y las entidades sólo la debieran tener por asuntos de seguridad nacional.

Los diputados debieran legislar adecuadamente, la intimidad de la data  del ciudadano, para honrar lo que dispone el artículo 42 de nuestra Constitución.


Carta Magna

ARTICULO 42. Toda persona tiene derecho a acceder a la información personal contenida en bases de datos o registros públicos y privados, y a requerir su rectificación y protección, así como su supresión, de conformidad con lo previsto en la Ley.
Esta información sólo podrá ser recogida para fines específicos, mediante consentimiento de su titular o por disposición de autoridad competente con fundamento en lo previsto en la Ley.



Censura de la propaganda electoral



Con asombro he visto como el Tribunal Electoral, de oficio, y sin permitirle la participación al fiscal general electoral,  ha ordenado sacar de los medios de comunicación, algunas propagandas electorales, y eso a mi juicio está al margen de la ley.

El código electoral es claro en exigir el ruego de la persona afectada o de la fiscalía general electoral, para proceder con la suspensión de la propaganda y esto se ha puesto al soslayo, en algunas ocasiones. En mi concepto se está violando la libertad de expresión, en rango constitucional.

Veamos.

Código Electoral.

Artículo 207. Las violaciones a las disposiciones sobre propaganda electoral  serán de competencia privativa del Tribunal Electoral. A tal efecto, la Fiscalía  General Electoral o quien se considere afectado por la difusión de la propaganda  electoral, personalmente o mediante apoderado legal, podrá presentar la denuncia  respectiva ante el Tribunal Electoral.
Cuando la denuncia sea presentada por quien se considere afectado, el Tribunal  Electoral dará traslado inmediato a la Fiscalía General Electoral para que emita  concepto dentro de un término no mayor de quince días.

Recibido el concepto emitido por la Fiscalía General Electoral, el Tribunal  Electoral podrá ordenar la suspensión provisional de la propaganda que haya  sido demandada por violatoria de la Ley Electoral.

Durante el tiempo en que se permita la propaganda electoral, el Tribunal Electoral y  la Fiscalía General Electoral, sesionarán permanentemente para acoger las denuncias  respectivas, tomando las medidas necesarias a fin de agilizar el trámite de éstas.

Las responsabilidades penales y civiles por calumnia e injuria, cometidas en  propaganda electoral, se exigirán ante la jurisdicción ordinaria.

No encuentro ninguna norma en el código electoral, que haga viable la censura de la propaganda electoral en los medios de comunicación de oficio,  por parte del Tribunal Electoral.  Esto es peligroso, ya que no estamos hablando de colocación propaganda electoral fija, en lugares prohibido por la ley. Lo risible del punto es que el artículo 198 del código electoral,  reza que la propaganda electoral, no está sujeta a censura previa.

Corolario de lo anterior, afirmo como delicado, que la corporación electoral en cita, a mi manera de ver, desbordando su función privativa, haya limitado, en el Decreto No. 14 de 2012,  la contratación de la propaganda electoral, solo a los candidatos, a los partidos y a las ONGs, y en tal forma, ningún  ciudadano puede ejercitar su derecho a la libertad de expresión, pautando en los medios propaganda electoral, como lo facilita la constitución patria.

Mi deseo es que toda la normativa del país, se adecua a lo que dice la Carta Magna.


Constitución


Artículo 37. Toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa; pero existen las responsabilidades legales cuando por alguno de estos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o el orden público.

martes, 18 de marzo de 2014

Acción contra el Tribunal Electoral, no debe ser viable en el Ministerio Público



  
Un grupo de personas han presentado acciones penales contra los magistrados del Tribunal Electoral, por la venta de la base de datos del SVI. Se depreca inclusive,  la separación de los cargos de los mismos.

Aunque soy del sentir que debe respetarse la intimidad de las personas, en base a lo que dispone el artículo 42 de la Carta Magna patria, la acción ensayada  a mi juicio, es improcedente, porque los magistrados actuaron por la permisibilidad que les dispensó, la ley del registro civil.

Carta Magna

Artículo 42. Toda persona tiene derecho a acceder a la información personal contenida en bases de datos o registros públicos y privados, y a requerir su rectificación y protección, así como su supresión, de conformidad con lo previsto en la Ley.
Esta información sólo podrá ser recogida para fines específicos, mediante consentimiento de su titular o por disposición de autoridad competente con fundamento en lo previsto en la Ley.

Texto Único del Registro Civil

Artículo 83. El Tribunal Electoral, a través de la Dirección Nacional del Registro Civil, podrá brindar por Internet u otros sistemas de comunicación, servicios de verificación y consulta de identidad ciudadana, de conformidad con las tarifas y la reglamentación aprobada al efecto por los magistrados del Tribunal Electoral.


Se aclara que el Tribunal Electoral en ningún momento ha vendido ni ha cedido la administración de la base de datos del SVI, ni muchos menos la ha dado en concesión a terceros, ya que la administra, la misma corporación electoral, que lo que permite es su acceso; por lo que no ha flagelado tampoco, el artículo 84 de la ley del registro civil.

Lo que procedería en este caso a lo legal es, o la interposición de una acción de inconstitucionalidad contra la ley del registro civil o una modificación a la ley en cita, por parte de los padres de la patria (los diputados).

Flaco favor le hace al devenir democrático electoral, la acción de marras.


Acción contra el Tribunal Electoral, no debe ser viable en el Ministerio Público



    
Un grupo de personas han presentado acciones penales contra los magistrados del Tribunal Electoral, por la venta de la base de datos del SVI. Se depreca inclusive,  la separación de los cargos de los mismos.

Aunque soy del sentir que debe respetarse la intimidad de las personas, en base a lo que dispone el artículo 42 de la Carta Magna patria, la acción ensayada  a mi juicio, es improcedente, porque los magistrados actuaron por la permisibilidad que les dispensó, la ley del registro civil.

Carta Magna

Artículo 42. Toda persona tiene derecho a acceder a la información personal contenida en bases de datos o registros públicos y privados, y a requerir su rectificación y protección, así como su supresión, de conformidad con lo previsto en la Ley.
Esta información sólo podrá ser recogida para fines específicos, mediante consentimiento de su titular o por disposición de autoridad competente con fundamento en lo previsto en la Ley.

Texto Único del Registro Civil

Artículo 83. El Tribunal Electoral, a través de la Dirección Nacional del Registro Civil, podrá brindar por Internet u otros sistemas de comunicación, servicios de verificación y consulta de identidad ciudadana, de conformidad con las tarifas y la reglamentación aprobada al efecto por los magistrados del Tribunal Electoral.


Se aclara que el Tribunal Electoral en ningún momento ha vendido ni ha cedido la administración de la base de datos del SVI, ni muchos menos la ha dado en concesión a terceros, ya que la administra, la misma corporación electoral, que lo que permite es su acceso; por lo que no ha flagelado tampoco, el artículo 84 de la ley del registro civil.

Lo que procedería en este caso a lo legal es, o la interposición de una acción de inconstitucionalidad contra la ley del registro civil o una modificación a la ley en cita, por parte de los padres de la patria (los diputados).

Flaco favor se le hace al devenir democrático electoral, la acción de marras.

Es prohibido hablar de política, en las inauguraciones de obras




En las inauguraciones de obras públicas o en actos oficiales, no se debe hablar de asuntos políticos electorales, por prudencia y para cumplir con el ordenamiento legal vigente.

Algunos funcionarios con mando y jurisdicción, se les ha visto emitiendo frases en contra o en favor de partidos y/o candidatos, pero esto no debe practicarse, pues pudiera considerarse violatoria de la ley patria.

¿Qué dicen las normas?

Decreto No. 20 de 23 de 2003 del Tribunal Electoral.

La norma reza así.

Decreto No. 20 de 23 de junio de 2003


Artículo 3 Fuera de su horario de servicio, todo funcionario público es libre de hacer, campaña a favor o en contra de los partidos o candidatos, siempre que no sea con ocasión de la inauguración de obras públicas ni en actos de carácter oficial, aunque sean velados los medios empleados a tal fin.


Artículo 4. Los funcionarios públicos que han accedido a su posición por mandato popular, tienen plena libertad de activarse a favor o en contra de los partidos o candidatos, a cualquier hora, siempre que no sea durante la inauguración de obras públicas y demás actos de carácter oficial, aunque fueren velados los medios empleados a tal fin.


La anterior regulación, se desprende del artículo 136 del texto constitucional patrio.


Constitución


ARTÍCULO 136. Las autoridades están obligadas a garantizar la libertad y honradez del sufragio. Se prohíbe:

1. El apoyo oficial, directo o indirecto, a candidatos a puestos de elección popular, aun cuando fueren velados los medios empleados a tal fin.

...


domingo, 16 de marzo de 2014

La necesaria regulación del uso de la base de datos estatal



Entidades del Estado están suministrando la base de datos de los ciudadanos a particulares, violando la intimidad de las personas, en rango constitucional.

Carta Magna

ARTICULO 42. Toda persona tiene derecho a acceder a la información personal contenida en bases de datos o registros públicos y privados, y a requerir su rectificación y protección, así como su supresión, de conformidad con lo previsto en la Ley.
Esta información sólo podrá ser recogida para fines específicos, mediante consentimiento de su titular o por disposición de autoridad competente con fundamento en lo previsto en la Ley.


Por ejemplo, el Tribunal Electoral la vende a particulares mediante un precio, porque lo posibilito de manera absurda, la ley del Registro Civil, en su artículo 83.

La norma dice así: “El Tribunal Electoral, a través de la Dirección Nacional del Registro Civil, podrá brindar por Internet u otros sistemas de comunicación, servicios de verificación y consulta de identidad ciudadana, de conformidad con las tarifas y la reglamentación aprobada al efecto por los magistrados del Tribunal Electoral”.

A mi juicio esto afecta la intimidad de las personas  y pocos conocían este detalle.

De igual forma, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) retomará el proyecto de cámaras de videovigilancia en un futuro, que inspeccionarán la velocidad de los vehículos en la ciudad. Eso se sustenta en  la Concesión No. 40-11 en donde la ATTT le concede a la empresa TRAFFIC SAFETY DE PANAMA, S.A., el suministro, la instalación y operación del servicio de cámara de vigilancia para la seguridad vial en la República de Panamá, y se consolidó con la Adenda No. 01- 12.  La ATTT permitirá darle la base de datos sensitiva de los usuarios al concesionario, para que trabaje con ella,  y así sucesivamente.

Creo que los legisladores deben ajustar las normas legales a la Constitución, al punto de permitir solo el suministro de la base de datos del Estado, para aspectos de seguridad nacional y del orden público.


sábado, 15 de marzo de 2014

Radiografía de algunos políticos panameños




Viendo y oyendo a nuestros políticos del patio, ésta es la radiografía de algunos de ellos.


1. El político Serrucho. Es el que le pone la zancadilla hasta a su propia madre, para escalar el.

2. El político Novelista. Es el que promete las estrellas, el sol y el cielo al elector y nunca podrá cumplir.

3. El político Santa Claus. Es el que regala y regala, para procurarse los votos.

4. El político Boxeador. Es el que quiere obtener un buen puesto, por medio de la fuerza física y bruta.

5. El político Amoroso. Es el que besa y aprieta a cuantos niños y adultos mayores vea por la ciudad.

6. El político Alzheimer. Es el que se le olvida, las cosas malas que hizo en el pasado.

7. El político Walt Disney. Es el que divulga una clase de planes para gobernar, que entran dentro del género de la fantasía.

8. El político mal clon de Martin Luther King. Es el que se la pasa soñando y diciendo que sueña cosas, para procurar acceder a un puesto y no despierta a la realidad.

9. El político Pacman. Es el que recoge plata de donde sea, para sus intereses propios, sin importarle la ilicitud del mismo.

10. El político Tutankamón. Es el político que vive como faraón, pensando que estará en un puesto a perpetuidad, por lo que nunca piensa y estará de acuerdo con el relevo generacional.

11. El político Envenenado. Es el político que siempre habla mal de todo y no ve nada bueno en el país.

12. El político Estadista. Es el político que trabaja con una visión de futuro para su país.

13. El político Laborioso. Es el político que trabaja por el bien del país, por vocación.

jueves, 13 de marzo de 2014

SVI


El Servicio de Verificación de Identidad (SVI), es una base de datos administrada por el Tribunal Electoral, relativas al estado civil de las personas.

Las empresas privadas, vía contrato de afiliación y pagando un precio, y las entidades estatales, vía convenio de afiliación, tienen acceso libre a esta base de datos sensitiva. (Decreto No. 28 del Tribunal Electoral)

Conforme al Acuerdo de Sala 67-2 del 2012 (Boletín del TE 3,313, de acceso público) son 28 empresas privadas las que el Tribunal Electoral, autorizo la renovación de sus respectivos contratos y esto es preocupante, pues el titular de la información, - que es el ciudadano- no ha dado su consentimiento para ello-.

Los convenios de afiliación del Estado suelen ser por tres años. Los contratos de afiliación de las empresas, no aparecen en la web del tribunal, dentro del ítem del SVI, para la verificación de rigor, por lo que no pude confirmar el término de los contratos.

Empresas Privadas autorizadas para acceder al SVI, según el acuerdo de Sala de marras.

1. CROWN CASINOS

2. BAC

3. BANCO DE BOGOTA

4. BICSA

5. BCT BANK

6. CLARO PANAMA

7. COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS

8. CORPORACION LA PRENSA

9. GLOBAL BANK

10. BANCO PANAMÁ

11. HSBC

12. 8 NOTARIAS

13. PAN AMERICNA LIFE

14. TELECARRIER

15. TELEFONICAS MOVILES PANAMA

16. UNIBANK

17. FERTILIZANTES DE CENTROAMERICA

18. DESARROLLO GOLF CORONADO

19. TOWER BANK

20. INVERSIONES VISMAR

21. ST. GEORGES BANK



Como ciudadanos creo que nos merecemos una explicación seria del Tribunal Electoral, del por qué nuestra información, estuvo o está en manos privadas, por el sólo hecho de haberse pagado un precio a ese ente y si estos contratos están vigentes al día de hoy y cuando expiran para siempre los mismos.



La base de datos de los partidos políticos



No hay ninguna norma legal que prohíba a un partido político, crear una base de datos; es más, hasta las empresas privadas con proyecciones lo tienen.

El Tribunal Electoral ha creado el SVI, que significa el Servicio de Verificación de Identidad, que puede ser utilizado por las personas que autoriza esa corporación electoral. (Fundamento legal: Ley 18 de 2005, Ley 31 de 2006, Decreto 28 de 2006 y Decreto 15 de 2013).

Si un partido político utiliza mal la herramienta del SVI autorizada, conlleva como sanción es lo que transcriben los decretos de marras, del Tribunal Electoral y cito: “La violación a estas normas dará potestad al Tribunal Electoral a cancelar de manera inmediata, la prestación del SVI”.  (Artículo 5 del Decreto 28 de 2006, modificado mediante Decreto 15 de 2013).

Recientemente el Tribunal Electoral denunció el supuesto uso irregular del SVI por el CD, y la denuncia la hizo de manera singular, ya que por un lado, dice que los partidos políticos tienen el acceso al SVI, si lo autoriza ese organismo (página 4 de la denuncia), pero por el otro, no afirma si autorizo o no al CD para el uso del SVI y esto debía considerarse de importancia, para el progreso de la investigación.

En la denuncia de manera curiosa enuncia las entidades del Estado que tienen el acceso al SVI, para que se investiguen si ellas le dieron  o no la información al partido en cuestión, (Fiscalía Electoral, Ministerio de la Presidencia - anoto yo que el Ministerio Público no es competente para investigar al Presidente -,  Ministerio público, la Policía y la Contraloría, pero no especifica y desconozco las razones, el nombre de los bancos, de los partidos y de las demás corporaciones privadas a las que por convenios por pagos, se les ha dado la información. (Ver pág. 4 Ibídem).

Esta denuncia, ha sido mal estructurada.

Quien suscribe no está de acuerdo en que las instituciones del Estado, les este dando a terceros, la base de datos de los ciudadanos, sin el consentimiento  previo del titular de la información,  y peor aún, mediando en algunos casos, pago de por medio; por lo que reza la Carta Magna en su artículo 42.

Carta Magna
ARTICULO 42. Toda persona tiene derecho a acceder a la  información personal contenida en bases de datos o registros públicos y privados, y a requerir su rectificación y protección, así  como su supresión, de conformidad con lo previsto en la Ley.
Esta información sólo podrá ser recogida para fines específicos, mediante consentimiento de su titular o por disposición de autoridad competente con fundamento en lo previsto en la Ley

Pero lo más preocupante es que con la denuncia presentada, pareciera advertirse que existen diferencias entre algunos actores electorales y esto es delicado, en pleno proceso electoral.

Pienso que hay situaciones que con el avenimiento se pudieran dirimir, para contribuir con la paz social.

lunes, 10 de marzo de 2014

La reforma constitucional




Se requiere una reforma constitucional, pues la Constitución en Panamá, es de corte militarista con acopio de varias reformas.

La reforma empero, debe hacerse de manera integral y no particularizada, de manera sui generis, porque podría mal interpretarse, el objeto del trabajo.

Cuál es el método que sugiero para tal propósito.

Por un Acto Constitucional aprobado en tres debates por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, en una legislatura, y aprobado, igualmente, en tres debates, por mayoría absoluta de los miembros de la mencionada Asamblea, en la legislatura inmediatamente siguiente y sometido a la postre, a consulta popular directa mediante referéndum del pueblo. Artículo 313, numeral 2 de la Constitución.

Descarto la Asamblea Constituyente Paralela, debido a que para ello, se tendría que hacer una elección previa para elegir a 60 constituyentes, que por las naturaleza del proceso eleccionario en Panamá, se percibe que serían los partidos políticos los que arrasarían con los espacios, y luego de concluido el trabajo, tendría que ser sometido el trabajo, a un referéndum.

Económicamente el gasto seria alto, primero por el costo de la elección para los constituyentes, en donde los independientes difícilmente podrán vencer a la maquinaria partidista y por el otro, lo que costaría el referéndum con posterioridad. (Ver el artículo 314 constitucional).

El método de la aprobación del texto reformado, por dos asambleas nacionales distintas, lo descarto por lo de la lejanía de su implementación. Artículo 313, numeral 1 Ibídem.

La prudencia aconseja que sean los nuevos diputados electos para el 2014, los que trabajen el tema, utilizando como insumo, el trabajo hecho por los notables, con la participación, claro está, de la ciudadanía que podría aportar sugerencias libremente, en el palacio legislativo. 



jueves, 6 de marzo de 2014

El negocio de los estacionamientos



Hay una nueva forma que utiliza el empresario para meterle la mano en el bolsillo al pobre y es a través del cobro de los estacionamientos.

La paradoja es que el usuario utiliza el local comercial, le paga al empresario por un bien o servicio que presta, pero también paga por el estacionamiento que utiliza.

Esta práctica abusiva se ve en los hospitales, restaurantes, centros comerciales etc., sin que se proteja al consumidor adecuadamente por esto.

En la Asamblea Nacional reposa el anteproyecto de ley  No. 072 que dicta medidas sobre el derecho de los consumidores al uso de estacionamientos en locales y centros comerciales, que pretende en alguna medida disipar esta medida empresarial desproporcionada y usurera, pero como fue presentado por diputados de la oposición, está durmiendo el sueño de los justos.

En inadmisible que los diputados de la asamblea actual, que en el periodo electoral vigente, son pocos productivos, por los deseos re-eleccionarios, pretendan seguir cobrando un salario sin cumplir adecuadamente la principal función inherente al cargo, cual es; la de producir leyes.

La discusión del presente proyecto urge,  ya que el pueblo se siente abusado por los empresarios inescrupulosos.




martes, 4 de marzo de 2014

La sanción del pacto ético



El organismo consultivo permanente del pacto ético electoral, recientemente condenó el intercambio de insultos acaecido, entre el Presidente de la República y el Diputado José Luis Varela, porque a su juicio, se violó con ello, el pacto ético electoral firmado.

¿Qué caso se le quedó por fuera atender al comentado organismo?

El caso del magistrado Erasmo Pinilla por haber emitido un juicio de valor anticipado que pudiera considerarse parcializado, en el ámbito de la política criolla.

El magistrado dijo, referente a una cuña de la primera dama, lo que sigue:

"Es absolutamente innecesario que se usen cosas como imágenes y como la inauguración de obras públicas, etc.; para mandar un mensaje equivocado a la ciudadanía…pudiera estar riñendo con el espíritu, la norma y la letra de la Constitución de la República".

Este mensaje constituye un juicio adelantado de valor sobre un tema de competencia exclusiva del Tribual Electoral, de acuerdo al artículo 143 constitucional y al código electoral en su artículo 207.

¿Qué dice el pacto ético electoral en torno al Tribunal Electoral?

“El Tribunal Electoral es responsable de la organización y realización de los procesos electorales y la verificación de la corrección de sus resultados, y junto a los Juzgados Penales Electorales, la Fiscalía General Electoral y las Fiscalías Electorales, tiene como obligación el dictado de la justicia electoral. De ahí que es imperativo de esas instancias: 

1. Proceder con absoluta objetividad, imparcialidad, probidad y eficiencia en todas las etapas del proceso electoral, garantizando el principio del debido proceso”…

Quien suscribe manifiesta que los magistrados deben apegarse a la imparcialidad y están obligados a ser prudentes en su accionar, para mantener el equilibrio independiente en los procesos,  que la patria demanda, de allí que esa declaración dada por el aludido magistrado, junto a otras emitidas en relación a actuaciones de otros políticos, debieron haber sido consideradas con la misma prominencia, por el organismo consultivo permanente de marras, para mandar un mensaje a la sociedad de que actúan con completa independencia e imparcialidad.

Todas las violaciones al pacto ético electoral, deben ser condenadas, sin excepción alguna, y no solo unas, en contraposición de otras; para descartar con ello, que existen actores privilegiados en el proceso electoral.