jueves, 20 de marzo de 2014

Comentarios a la denuncia del Tribunal Electoral (SVI)




El 7 de marzo del año en curso el Tribunal Electoral denunció ante el Ministerio Público, un uso supuestamente ilegal, de una base de datos por parte del equipo de José Domingo Arias.

1.      De la lectura del documento presentado, en el hecho 5 y en los párrafos finales de la denuncia, en el numeral IV, se extrae que lo que se denuncia es el presunto uso ilegal del Servicio de Verificación de Identidad, conocido por sus siglas como  SVI, debido a que desde la  página web del candidato presidencial oficialista, http://www.josedomingoarias.org, se incluyó información contenida o proveniente  del sistema.

Siendo esto así, debió la denuncia contener, a mi criterio, todo el listado de las entidades y empresas privadas a las que el Tribunal Electoral les ha dado el libre acceso al SVI, que son muchas. El Tribunal dice casi al final de la denuncia interpuesta: “Frente al escenario de los avances tecnológicos, es de suma importancia la protección de los datos de carácter personal para las libertades individuales, y que el sistema informático que brinda el SVI no sea ilegalmente o espuriamente utilizados para otros fines distintos…”

El Tribunal Electoral suministra el acceso a la base de datos del SVI, a particulares, inclusive, por un pago monetario, conforme lo posibilita la ley del Registro Civil en su artículo 83. A manera de ejemplo exteriorizo, que en el Acuerdo de Sala 67-2 del Tribunal Electoral, se le autorizó la renovación del contrato de afiliación para el acceso al SVI, a 28 empresas privadas.

La información que se observa en el SVI, es el acceso a los nombres, número de cédula de identidad personal, fecha y lugar de nacimiento, nombres de los padres, así como la foto y firma cuando estén disponibles. (Artículo 4 del Decreto 28 del TE)

2.    En el hecho séptimo de la denuncia, se enuncia,  de manera poco comprensible, que sólo 6 entidades tienen acceso a la información del árbol genealógico,  (Fiscalía Electoral, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Gobierno, Ministerio Público, Policía Nacional y la Contraloría) pero no se aclara si lo del árbol genealógico, es otra base de datos diferente a la del SVI que se denuncia, y tampoco se adjunta como prueba ante el Ministerio Público, la normativa de su existencia. Si esta es otra base de datos diferente a la del SVI, debió especificarse en que consiste la exactitud de la forma del árbol genealógico, con la que se encontró en la páginaweb.www.josedomingoarias.org.

Un árbol genealógico, según Wikipedia, es una representación gráfica que enlista los antepasados y los descendientes de un individuo en una forma organizada y sistemática, sea en forma de árbol o tabla.

3.      El Ministerio Público no puede investigar al representante legal del CD, porque es el señor Presidente de la República y por ende, no tiene competencia para ello. De igual forma, está impedido para investigar al Ministerio de la Presidencia, por igual criterio y al candidato presidencial oficialista, porque tiene fuero penal electoral.

4.      Se entiende  que las 6 entidades aludidas, pudieron haber filtrado la base de datos del Tribunal Electoral, de manera ilegal, y siendo esto así, debió aportarse entonces, la prueba sumaria del caso, como lo manda el código judicial y a mi criterio, las copias simples que se adjuntaron con la denuncia y los diarios, no llenan tal cometido.

5.      Por último manifiesto que la presente denuncia, nos abre el entendimiento para objetar las disposiciones que permiten al Estado, el suministro de la base de datos de los ciudadanos, a los particulares, sin el consentimiento del propietario de la información. Rechazo de plano que algún partido pueda tener mi data, sin mi aval y las entidades sólo la debieran tener por asuntos de seguridad nacional.

Los diputados debieran legislar adecuadamente, la intimidad de la data  del ciudadano, para honrar lo que dispone el artículo 42 de nuestra Constitución.


Carta Magna

ARTICULO 42. Toda persona tiene derecho a acceder a la información personal contenida en bases de datos o registros públicos y privados, y a requerir su rectificación y protección, así como su supresión, de conformidad con lo previsto en la Ley.
Esta información sólo podrá ser recogida para fines específicos, mediante consentimiento de su titular o por disposición de autoridad competente con fundamento en lo previsto en la Ley.



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