martes, 25 de marzo de 2014

Un contrato que genera derechos subjetivos, no puede ser desconocido, de forma arbitraria ni unilateral por el Estado.



Por seguridad jurídica, en rango constitucional, un contrato refrendado por Contraloría, no puede ser anulado por el Estado, salvo que se demande su nulidad ante los tribunales.
Una acción en contrario, no se sustentaría en el derecho positivo panameño ya que flagelaría además, el Principio de Irrevocabilidad de los Actos Administrativos.
 Jurisprudencia.
“Así los hechos, claramente evidencia que al existir un derecho subjetivo conferido por un acto administrativo, como lo fue el acto por el cual se concedió el Certificado de Operación para la prestación del servicio del transporte terrestre en la ruta Vacamonte-Panamá en la Provincia de Panamá, a la sociedad X, en el año 1998, mediante la Resolución No. 004296 de 214 de septiembre de 1998, el Administrado adquiere un derecho que crea una situación de exclusividad que podrá oponer contra la Administración cuando se exceda en sus facultades. Debe, pues, la Administración recurrir a la vía jurisdiccional ordinaria, a fin de anular sus propios actos que confieren esos derechos. Por las consideraciones anotadas, no cabe duda que lo actuado por la A.T.T.T.), con los actos demandados, evidentemente vulnera el Principio de irrevocabilidad de los Actos Administrativos, uno de los Principios Generales del Derecho que rige el Derecho Administrativo, y que fue invocado por el demandante… ”
Sentencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia del 27 de abril de 2010. 
  
  



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