miércoles, 9 de abril de 2014

Censura de la propaganda electoral




Con asombro he leído y escuchado que algunos medios de comunicación social, han decidido no permitir la difusión de algunas propagandas electorales, catalogadas como sucias.

El código electoral es claro en exigir el ruego de la persona afectada o de la fiscalía general electoral, pero ante el TRIBUNAL ELECTORAL, y no ante el medio difusor, para proceder con la suspensión de la propaganda tachada por ilegal.

El ejercicio del prudente arbitrio del medio, para censurar una propaganda electoral, aunque se vea muy noble, debilita a mi juicio la libertad de expresión, en rango constitucional.

Veamos.

Constitución


Artículo 37. Toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa; pero existen las responsabilidades legales cuando por alguno de estos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o el orden público.

Código Electoral.

Artículo 197. En virtud del principio constitucional de la libre empresa con  responsabilidad social, los partidos políticos y candidatos tendrán derecho a contratar  anuncios políticos pagados, bajo los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades y condiciones.

Los medios de comunicación social y las empresas publicitarias tienen la obligación  de suministrar al Tribunal Electoral y a la Fiscalía General Electoral, la información  solicitada sobre los anuncios políticos pagados, en un término no mayor de tres días.

Durante los procesos electorales, el Tribunal Electoral realizará monitoreos de los  medios de comunicación social, para conocer el grado de cobertura que cada uno de  estos medios otorga a las nóminas presidenciales, independientemente de las cuñas o los espacios que hayan sido contratados por éstos.


El medio debe procurar un espacio para las cuñas y/o propagandas políticas pagadas, y si alega  que no tiene espacio para difundirlas, debiera por prudencia consultarle previamente al Tribunal Electoral, antes de la negación, quien tendría que decidir sobre este caso. El afectado pudiera denunciar al medio, inclusive, por su negación.


Artículo 207. Las violaciones a las disposiciones sobre propaganda electoral  serán de competencia privativa del Tribunal Electoral. A tal efecto, la Fiscalía  General Electoral o quien se considere afectado por la difusión de la propaganda  electoral, personalmente o mediante apoderado legal, podrá presentar la denuncia  respectiva ante el Tribunal Electoral.

Cuando la denuncia sea presentada por quien se considere afectado, el Tribunal  Electoral dará traslado inmediato a la Fiscalía General Electoral para que emita  concepto dentro de un término no mayor de quince días.

Recibido el concepto emitido por la Fiscalía General Electoral, el Tribunal  Electoral podrá ordenar la suspensión provisional de la propaganda que haya  sido demandada por violatoria de la Ley Electoral.

Durante el tiempo en que se permita la propaganda electoral, el Tribunal Electoral y  la Fiscalía General Electoral, sesionarán permanentemente para acoger las denuncias  respectivas, tomando las medidas necesarias a fin de agilizar el trámite de éstas.

Las responsabilidades penales y civiles por calumnia e injuria, cometidas en  propaganda electoral, se exigirán ante la jurisdicción ordinaria.


No encuentro ninguna norma en el código electoral, que haga viable la censura de la propaganda electoral de oficio, por parte de los medios de comunicación social, pues no son tribunales. 

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