domingo, 29 de junio de 2014

Lo feo de las partidas circuitales





Adverso la utilización de las partidas circuitales, llamadas popularmente así en Panamá, que corresponde al apoyo económico estatal, otorgado a los diputados, para proyectos sociales, ejecutados a través de las juntas comunales y/o municipios; debido a lo siguiente:



1. A mi juicio esto debilita el artículo 136 de la Carta Magna, que prohíbe, el apoyo oficial, directo o indirecto, a candidatos a puestos de elección popular, aun cuando fueren velados los medios empleados a tal fin. Con las mismas se beneficiaron a todos los diputados de Panamá, si bien unos con más apoyo que a otros, pero se les apoyó a todos, con recursos del Estado.

2. Estos recursos no se les da en igualdad de condiciones a todos los candidatos, que corren en un circuito, sino principalmente, a los diputados electos.

3. Esta ayuda crea un desbalance en la competencia entre los diversos candidatos.

4. Esta ayuda dada históricamente está corroyendo la democracia, sumiéndola al clientelismo absurdo.

5. Esto puede minar la voluntad del electorado que debiera votar producto de un sufragio libre y honrado.



El gran cambio que hará el nuevo gobierno, según POPI Varela a los medios,  es que el manejo de las mismas, las tendrá el Órgano Legislativo per se y no el Órgano Ejecutivo. Interesante cambio.

Lo feo de las partidas circuitales





Adverso la utilización de las partidas circuitales, llamadas popularmente así en Panamá, que corresponde al apoyo económico estatal, otorgado a los diputados, para proyectos sociales, ejecutados a través de las juntas comunales y/o municipios; debido a lo siguiente:



1. A mi juicio esto debilita el artículo 136 de la Carta Magna, que prohíbe, el apoyo oficial, directo o indirecto, a candidatos a puestos de elección popular, aun cuando fueren velados los medios empleados a tal fin. Con las mismas se beneficiaron a todos los diputados de Panamá, si bien unos con más apoyo que a otros, pero se les apoyó a todos, con recursos del Estado.

2. Estos recursos no se les da en igualdad de condiciones a todos los candidatos, que corren en un circuito, sino principalmente, a los diputados electos.

3. Esta ayuda crea un desbalance en la competencia entre los diversos candidatos.

4. Esta ayuda dada históricamente está corroyendo la democracia, sumiéndola al clientelismo absurdo.

5. Esto puede minar la voluntad del electorado que debiera votar producto de un sufragio libre y honrado.


El gran cambio que hará el nuevo gobierno, según POPI Varela a los medios,  es que el manejo de las mismas, las tendrá el Órgano Legislativo per


Lo feo de las partidas circuitales




Adverso la utilización de las partidas circuitales, llamadas popularmente así en Panamá, que corresponde al apoyo económico estatal, otorgado a los diputados, para proyectos sociales, ejecutados a través de las juntas comunales y/o municipios; debido a lo siguiente:



1. A mi juicio esto debilita el artículo 136 de la Carta Magna, que prohíbe, el apoyo oficial, directo o indirecto, a candidatos a puestos de elección popular, aun cuando fueren velados los medios empleados a tal fin. Con las mismas se beneficiaron a todos los diputados de Panamá, si bien unos con más apoyo que a otros, pero se les apoyó a todos, con recursos del Estado.

2. Estos recursos no se les da en igualdad de condiciones a todos los candidatos, que corren en un circuito, sino principalmente, a los diputados electos.

3. Esta ayuda crea un desbalance en la competencia entre los diversos candidatos.

4. Esta ayuda dada históricamente esta corroyendo la democracia, sumiéndola al clientelismo absurdo.

5. Esto puede minar la voluntad del electorado que debiera votar producto de un sufragio libre y honrado.
 

El gran cambio que hará el nuevo gobierno, según POPI Varela a los medios,  es que el manejo de las mismas, las tendrá el Órgano Legislativo per se y no el Órgano Ejecutivo. Increíble. Los diputados no desean eliminar las mieles de estas partidas. 

Lo feo de las partidas circuitales




Adverso la utilización de las partidas circuitales, llamadas popularmente así en Panamá, que corresponde al apoyo económico estatal, otorgado a los diputados, para proyectos sociales, ejecutados a través de las juntas comunales y/o municipios; debido a lo siguiente:



1. A mi juicio esto debilita el artículo 136 de la Carta Magna, que prohíbe, el apoyo oficial, directo o indirecto, a candidatos a puestos de elección popular, aun cuando fueren velados los medios empleados a tal fin. Con las mismas se beneficiaron a todos los diputados de Panamá, si bien unos con más apoyo que a otros, pero se les apoyó a todos, con recursos del Estado.

2. Estos recursos no se les da en igualdad de condiciones a todos los candidatos, que corren en un circuito, sino principalmente, a los diputados electos.

3. Esta ayuda crea un desbalance en la competencia entre los diversos candidatos.

4. Esta ayuda dada históricamente esta corroyendo la democracia, sumiéndola al clientelismo absurdo.

5. Esto puede minar la voluntad del electorado que debiera votar producto de un sufragio libre y honrado.
 

El gran cambio que hará el nuevo gobierno, según POPI Varela a los medios,  es que el manejo de las mismas, las tendrá el Órgano Legislativo per se y no el Órgano Ejecutivo. Increíble. Los diputados no desean eliminar las mieles de estas partidas. 

sábado, 28 de junio de 2014

Principales retos para el presidente 2014-2019 de Panamá y su nuevo gobierno




Que su gobierno,  cumpla con la mayoría de sus promesas de campaña.

Que ejecute planes que permita a Panamá seguir en el sitial que ostenta, a nivel internacional, en cuanto a bonanza financiera.

Que impulse restricciones gubernativas, a fin de que no se elaboren contratos directos, para favorecer exclusivamente a empresas  o a personas definidas.

Que administre los bienes del Estado, como buen padre de familia.

Que impulse normas para el fortalecimiento de la transparencia en el uso de la cosa pública y la consecuente rendición de cuenta de los funcionarios nombrados.

Que conjugue planes creíbles y prácticos para minimizar la desigualdad económica y de género.

Que nombre a personas íntegras, dentro de la administración de justicia,  que hagan viable que ésta cumpla su papel, con independencia, transparencia y eficacia.

Que permita el ejercicio sin censura, de la libertad de expresión, en todas sus facetas.

Que respete con sus acciones, la separación de los otros poderes del Estado.


Que impulse una política gubernamental que tienda a fortalecer a la familia, como el principal núcleo en la sociedad.

viernes, 27 de junio de 2014

Los principales retos de la nueva Asamblea de Diputados del 2014-2019





Nombrar a un contralor o contralora, no afín al ejecutivo con carácter y entereza, para que logre el cometido controlador que se debe, máxime que los padres de la patria desean seguir con el uso de las llamadas partidas circuitales.

Permitir la gobernabilidad del país, que será dirigido por un presidente electo democráticamente por el pueblo.

Apoyar los buenos proyectos que les mande el Órgano Ejecutivo.

Impedir iniciativas que atenten contra la Constitución y que desfavorezcan a las mayorías.

Nombrar a un magistrado del tribunal electoral imparcial y con credibilidad.

Nombrar a un defensor del pueblo capaz e independiente.

Implementar la rebaja del sueldo, a los diputados que no asistan a sesionar.

Modificar la ley del etanol, para que esto no sea obligatorio para los residentes, sino optativo.

Tramitar los casos que se presenten contra los magistrados de la corte suprema de justicia, apegados a la ley y sin agendas partidarias.

Requerir ante la Asamblea, la rendición de cuentas de todos los funcionarios, que nombre o que ratifique o que le corresponda, sobre las materias propias de su competencia.


martes, 24 de junio de 2014

Un Indulto no lo puede revocar el propio Ejecutivo



El indulto es una facultad que el constituyente le ha dispensado al Presidente de la República, para los delitos políticos.


El artículo constitucional que lo posibilita, reza lo que sigue:
Artículo 184- Son atribuciones que ejerce el Presidente de la República con la participación del Ministro respectivo:

...


12. Decretar indultos por delitos políticos, rebajar penas y conceder libertad condicional a los reos de delitos comunes.



El indulto se promulga por vía de un acto administrativo (decreto ejecutivo) y por lo tanto, al generar derechos subjetivos, no puede ser desconocido, de forma arbitraria ni unilateral por el mismo órgano que lo expidió.



¿Qué ha dicho la Corte sobre la irrevocabilidad del acto administrativo?



“Así los hechos, claramente evidencia que al existir un derecho subjetivo conferido por un acto administrativo, como lo fue el acto por el cual se concedió el Certificado de Operación para la prestación del servicio del transporte terrestre en la ruta Vacamonte-Panamá en la Provincia de Panamá, a la sociedad X, en el año 1998, mediante la Resolución No. 004296 de 214 de septiembre de 1998, el Administrado adquiere un derecho que crea una situación de exclusividad que podrá oponer contra la Administración cuando se exceda en sus facultades. Debe, pues, la Administración recurrir a la vía jurisdiccional ordinaria, a fin de anular sus propios actos que confieren esos derechos.

Por las consideraciones anotadas, no cabe duda que lo actuado por la A.T.T.T.), con los actos demandados, evidentemente vulnera el Principio de irrevocabilidad de los Actos Administrativos, uno de los Principios Generales del Derecho que rige el Derecho Administrativo, y que fue invocado por el demandante… ” Sentencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia del 27 de abril de 2010.



Afirmo que el ejecutivo nuevo, si quiere anular un acto administrativo de su antecesor, que produjo derechos subjetivos, debe demandar su nulidad ante la Corte, respetando el estado de derecho.


¿Cuándo un ente administrativo puede anular su propio acto de oficio?

Únicamente, cuando gravita el cumplimiento de alguna de las causales, que reza la Ley 38 de 2000, a saber:



Ley 38 de 2000

Artículo 62. Las entidades públicas solamente podrán revocar o anular de oficio una resolución en firme en la que reconozcan o declaren derechos a favor de terceros, en los siguientes supuestos:

1. Si fuese emitida sin competencia para ello;

2. Cuando el beneficiario de ella haya incurrido en declaraciones o haya aportado pruebas falsas para obtenerla;

3. Si el afectado consiente en la revocatoria; y

4. Cuando así lo disponga una norma especial.

En contra de la decisión de revocatoria o anulación, el interesado puede interponer, dentro de los términos correspondientes, los recursos que le reconoce la ley.

La facultad de revocar o anular de oficio un acto administrativo no impide que cualquier tercero interesado pueda solicitarla, fundado en causa legal, cuando el organismo o funcionario administrativo no lo haya hecho." (Modificado por el artículo 3 de la ley 62 de 23 de octubre de 2009)

Artículo 63. Tampoco podrán revocarse de oficio los actos administrativos emitidos para dar cumplimiento a una orden de un tribunal o de una agencia del Ministerio Público.



Sentencia de la Corte sobre el periodismo en Panamá




1.      Cómo debe ser el accionar de un servidor público.

“Precisamente, el servidor público debe actuar con pleno conocimiento en el ejercicio de la función pública inspirada en transparencia, respeto, probidad, justicia, que son algunos de los principios generales del Código de Ética de los servidores públicos que trabajan en las entidades del Gobierno. Así lo establece el Decreto Ejecutivo No. 246 de 16 de diciembre de 2004 (G. O. 25,199)”

2.      La libertad de prensa e información, está por encima de la protección  de la honra y la dignidad de un funcionario.

“Por lo tanto, la libertad de información y prensa, relacionado a un asunto de interés público desplaza la protección de la honra y la dignidad, sólo cuando se trata de situaciones, discusiones, críticas y opiniones, sobre los actos u omisiones de los servidores públicos, así como la crítica literaria, artística, histórica, científica o profesional; de allí, que esta excepción de responsabilidad no se aplica a las personas que no ostentan un cargo público.”

3.      Limitaciones al ejercicio de la libertad de prensa.

“Al respecto, nuestra Constitución Política en su artículo 37, así como en los Pactos y Convenios Internacionales sobre derechos humanos, imponen limitaciones al ejercicio de la libertad de prensa, que guardan relación con la protección de la Honra de la personas, entendiéndose que no se permite el ejercicio abusivo de las libertades de información y de prensa es decir, que es imprescindible considerar en cada Proceso si hubo una conducta desleal y abusiva, de parte del periodista…”

4.      La libertad de información y prensa, constituye un derecho fundamental.

“La libertad de información y prensa constituye un derecho fundamental, previsto en el artículo 37 de la Constitución, el cual reconoce la posibilidad que tiene toda persona de poder emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa, salvo que se atente contra la reputación o la honra, la seguridad social o el orden público.”


(Fuente. Sentencia del PLENO de la Corte Suprema de Justicia, en el caso de los periodistas de TVN, Canal 2)


lunes, 23 de junio de 2014

EL INDULTO PRESIDENCIAL EN PANAMÁ



El indulto es una facultad que el constituyente le ha dispensado al Presidente de la República, para los delitos políticos. 

El artículo constitucional que lo posibilita, reza lo que sigue:
Artículo 184- Son atribuciones que ejerce el Presidente de la República con la participación del Ministro respectivo:...
12. Decretar indultos por delitos políticos, rebajar penas y conceder libertad condicional a los reos de delitos comunes. 

Sabido es que el indulto extingue la pena. 

En sentencia de 30 de junio de 2008 El Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales, varios Decretos Ejecutivos, porque los indultos promulgados excedieron el mandato constitucional, al extender su aplicación a delitos comunes y porque los beneficiados, sin estar vinculados, muchos de ellos, y muchos menos condenados por la comisión de un delito de rasgo político, con la emisión de la medida resultan, en la realidad social, calificados como delincuentes políticos, violándose con esto la presunción de inocencia. 

En el fallo, a mi juicio excelente, determina que es lo que se considera delito político así. “esta Corporación de Justicia, en ausencia de una norma legal que desarrolle el conceptoconstitucional de delito político, interpreta que los delitos a los que hace alusión la frase “delitos políticos” en el numeral 12 del artículo 184 de la Constitución Política de la República de Panamá, se refiere a los delitos contra la personalidad interna del Estado y los delitos electorales.” 

Siguió planteando la Corte que solo se podría considerar dentro del rubro, de los delitos políticos, a los comunes, cuando en éstos “se acredite que la comisión del injusto penal es consecuencia de las circunstancias socio políticas del momento o que la intención del agente estuvo dirigida a transformar ideologías o prácticas afines a la política estatal.” 

Por lo anterior, afirmo que cualquier indulto promulgado por el Ejecutivo o que se llegare a promulgar en el futuro, que colisione con la definición jurisprudencial citada, podría considerarse con visos de inconstitucionalidad y contrario a derecho en Panamá.

El indulto en Panamá


EL INDULTO PRESIDENCIAL EN PANAMÁ
Por. DR. ERNESTO CEDEÑO ALVARADO

El indulto es una facultad que el constituyente le ha dispensado al Presidente de la República, para los delitos políticos.
El artículo constitucional que lo posibilita, reza lo que sigue:
Artículo 184- Son atribuciones que ejerce el Presidente de la República con la participación del Ministro respectivo:...
12. Decretar indultos por delitos políticos, rebajar penas y conceder libertad condicional a los reos de delitos comunes.
Sabido es que el indulto extingue la pena.
En sentencia de 30 de junio de 2008 El Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales, varios Decretos Ejecutivos, porque los indultos promulgados excedieron el mandato constitucional, al extender su aplicación a delitos comunes y porque los beneficiados, sin estar vinculados, muchos de ellos, y muchos menos condenados por la comisión de un delito de rasgo político, con la emisión de la medida resultan, en la realidad social, calificados como delincuentes políticos, violándose con esto la presunción de inocencia.
En el fallo, a mi juicio excelente, determina que es lo que se considera delito político así. “esta Corporación de Justicia, en ausencia de una norma legal que desarrolle el concepto constitucional de delito político, interpreta que los delitos a los que hace alusión la frase “delitos políticos” en el numeral 12 del artículo 184 de la Constitución Política de la República de Panamá, se refiere a los delitos contra la personalidad interna del Estado y los delitos electorales.” Siguió planteando la Corte que solo se podría considerar dentro del rubro, de los delitos políticos, a los comunes, cuando en éstos “se acredite que la comisión del injusto penal es consecuencia de las circunstancias socio políticas del momento o que la intención del agente estuvo dirigida a transformar ideologías o prácticas afines a la política estatal.”
Por lo anterior, afirmo que cualquier indulto promulgado por el Ejecutivo o que se llegare a promulgar en el futuro, que colisione con la definición jurisprudencial citada, podría considerarse con visos de inconstitucionalidad y contrario a derecho en Panamá.
Saludos,
Doctor Ernesto Cedeño Alvarado 

sábado, 21 de junio de 2014

Absurdos electorales



1. A raíz de las impugnaciones de los candidatos en las pasadas elecciones, se ha dicho que si el Tribunal Electoral llamase a nuevas elecciones en los circuitos plurinominales, todos tendrían que correr de nuevo. Esto es, los impugnados y hasta los ganadores que no fueron impugnados. Osman Valdés, director de Organización Electoral, explicó a los medios sobre el tema lo que sigue: “hay una respuesta y es tajante: ‘Todos corren’. Esto sería un absurdo electoral habida cuenta que si hubo un candidato que no se benefició de ningún recurso del Estado y/ o de artimaña legal y gano y no fue impugnado, ¿cómo se le va anular su proclamación, si triunfo en buen lid, contra todas las supuestas desventajas en los comicios? Lo justo sería, que fuera exonerado de participar de la nueva contienda.

2. Hay candidatos impugnantes, que se beneficiaron de partidas circuitales, pero impugnaron a otros, que también se beneficiaron de partidas circuitales, pero supuestamente, en mayor proporción que las de ellos. Esto es un tópico que denota, la poca moralidad de algunos de nuestros políticos criollos.

3. Los nuevos comicios, podrían beneficiar al ala gobernante, pues el pueblo como sabe quién será el nuevo presidente de la República, podría considerar sumarse al lado de los vencedores, para procurar obtener beneficios directos para su circuito o familia.


La cantidad de impugnaciones que se han presentado ante el Tribunal Electoral, por el resultado de las elecciones, es inédito y en la medida de que ésta institución, honre los postulados constitucionales, en sus decisiones; se vería imposibilitada la función de la Corte en materia de anulación de estos fallos, por la vía de la inconstitucionalidad.

miércoles, 18 de junio de 2014

El PAN en Panamá


El PAN es el Programa de Ayuda Nacional, adscrito al Ministerio de la Presidencia. Fue creado con el Decreto Ejecutivo No. 690 de 2010, con el propósito de:

· Concentrar los esfuerzos del Estado a la atención de las necesidades socioeconómicas de la población más necesitada, con el objetivo de lograr descender el nivel de pobreza,

· Lograr el desarrollo sostenible de las comunidades marginadas y rurales, que carecen de los servicios básicos,

· Brindar oportunidades de capacitación, con énfasis en grupos pobres y marginados, con el fin de satisfacer sus necesidades básicas,

· Fortalecer la capacidad de autogestión de sectores informales de la economía y de los grupos más necesitados,

· Contribuir a la expansión y al mejoramiento de la infraestructura económica y social,

· Promover y fortalecer la capacidad de gestión de los Organismos No Gubernamentales que tengan como objetivo la promoción social, deportiva, cultural y económica,

· Fortalecer las estructuras de los gobiernos provinciales, locales y de las agrupaciones naturales en las comunidades, para aumentar su capacidad de atender las necesidades de su población,

· Responder a las demandas de las poblaciones no resueltas por programas sociales vigentes e invertir en obras de interés social de los programas de la Presidencia de la República

· Promover y realizar proyectos de asistencia social, beneficencia y apoyo en las comunidades estimulando su organización y participación, y

· Promover la inversión en proyectos de interés social.

Este ente a mi juicio no es malo, otrora se llamaba FIS y antes el FES, en los gobiernos anteriores, y ha sido la punta de lanza para satisfacer las necesidades inmediata de los pobres.

No obstante, lo antes dicho, esta institución si hay que hacerle algunos ajustes, para eliminarle lo que yo denomino “los hallazgos históricos del Programa”.



Hallazgos históricos.

1. Ha servido para que algunas instituciones con el fin de eludir la ley de contratación pública, hagan convenios de administración con el PAN, para que este último, desarrolle sus proyectos.

2. Tiene un régimen de adquisición de bienes poco transparente, en donde se puede contratar, vía invitación directa, inclusive.

3. Sus adquisiciones no suben a “Panamá Compra” como el resto de las instituciones.

4. No se puede demandar la nulidad de las adquisiciones ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, como los demás entes de Estado.

5. Se ha utilizado en los procesos electorales, afectando su esencia normativa.


Los problemas del PAN no se resuelven con la eliminación del programa, sino adecuando el proyecto, al derrotero de la transparencia y uniformidad, en mi concepto.

domingo, 15 de junio de 2014

¿Se requiere una reforma constitucional?



Claro que sí, pues la Constitución en Panamá, es de corte militarista con acopio de varias reformas.

La reforma empero, debe hacerse de manera integral y no particularizada, de manera sui generis, porque podría mal interpretarse, el objeto del trabajo.

Cuál es el método que sugiero para tal propósito.

Por un Acto Constitucional aprobado en tres debates por la mayoría absoluta de los nuevos miembros de la Asamblea Nacional, en una legislatura, y aprobado, igualmente, en tres debates, por mayoría absoluta de los miembros de la mencionada Asamblea, en la legislatura inmediatamente siguiente y sometido a la postre, a consulta popular directa mediante referéndum del pueblo. Artículo 313, numeral 2 de la Constitución.

No es la panacea la Asamblea Constituyente Paralela, debido a que para ello, se tendría que hacer una elección previa para elegir a 60 constituyentes, que por las naturaleza del proceso eleccionario en Panamá, se percibe que serían los partidos políticos los que arrasarían con los espacios, y luego de concluido el trabajo, tendría que ser sometido el trabajo, a un referéndum.

Económicamente el gasto seria alto, primero por el costo de la elección para los constituyentes, en donde los independientes difícilmente podrán vencer a la maquinaria partidista y por el otro, lo que costaría el referéndum con posterioridad. (Ver el artículo 314 constitucional).

El método de la aprobación del texto reformado, por dos asambleas nacionales distintas, que permite la Constitución,  lo descarto por lo de la lejanía de su implementación. Artículo 313, numeral 1 Ibídem.

Se podría contar como insumo para la labor,  con el trabajo hecho por los notables, con la participación, claro está, de la ciudadanía que podría aportar sugerencias libremente, en el palacio legislativo.


jueves, 12 de junio de 2014

Las partidas circuitales



Adverso la utilización de las partidas circuitales, llamadas popularmente así en Panamá, que corresponde al apoyo económico estatal, otorgado a los diputados, para proyectos sociales, ejecutados a través de las juntas comunales y/o municipios; debido a lo siguiente:



1. A mi juicio esto debilita el artículo 136 de la Carta Magna, que prohíbe, el apoyo oficial, directo o indirecto, a candidatos a puestos de elección popular, aun cuando fueren velados los medios empleados a tal fin. Con las mismas se beneficiaron a todos los diputados de Panamá, si bien unos con más apoyo que a otros, pero se les apoyó a todos, con recursos del Estado.

2. Estos recursos no se les da en igualdad de condiciones a todos los candidatos, que corren en un circuito, sino principalmente, a los diputados electos.

3. Esta ayuda crea un desbalance en la competencia entre los diversos candidatos.

4. Esta ayuda dada históricamente esta corroyendo la democracia, sumiéndola al clientelismo absurdo.

5. Esto puede minar la voluntad del electorado que debiera votar producto de un sufragio libre y honrado.

miércoles, 11 de junio de 2014

El precio en el contrato público y el sobrecosto





Un sobrecosto, también conocido como un incremento de costo o sobrepasar el presupuesto, es un costo inesperado que se incurre por sobre una cantidad presupuestada debido a una subestimación del costo real durante el proceso de cálculo del presupuesto. (Enciclopedia Libre).

Es obligatorio para los servidores públicos, el establecer en las compras públicas, un buen precio, para lograr el mayor beneficio para el Estado, de acuerdo a lo que dispone la Constitución, en su artículo 266.

Establecer un precio inflado, es ilegal y delictivo.

¿Cómo se establece generalmente, el precio de referencia, en un proyecto u obra?

Las unidades administrativas suelen buscar varios precios del producto, en el mercado, hacen una mediana y lo suben un poco, de manera responsable, (como buen padre de familia)  para alentar al oferente, a que participe en los actos públicos programados. Nunca debe inflarse desproporcionadamente un precio, pues sería un sobrecosto.

La Corte, dijo lo siguiente, sobre el tema de las adquisiciones públicas a buen precio:

 El mayor beneficio para el Estado debe ser apreciado no sólo desde la perspectiva del más bajo costo posible sino también de la mejor calidad en cuanto a la obra, bien o servicio de que se trate. Igualmente, ese mayor beneficio  que el Constituyente quiere que se alcance a través del trámite de selección de contratista, del cual, se repite, la licitación es sólo una de sus modalidades, debe permitir la escogencia objetiva de la mejor oferta, hecha por proponentes calificados con credenciales de seriedad y cumplimiento para asegurar las condiciones más beneficiosas al interés general.” Resolución del 27 de abril de 2009. Entrada No. 172-08.

La contratación directa, de ningún modo exime del cumplimiento de precisar de antemano, un buen precio, para el producto, que se pretende recibir de un particular.  Mismo que se debe hacer, de acuerdo a los valores reales del mercado, de manera referente.


Los funcionarios que incumplen su labor, sobre este tema,  podrían sufrir los rigores de un proceso administrativo, penal y patrimonial en su contra. Los particulares beneficiados, podrían estar obligados a devolverle al Estado el monto del sobrecosto, si media una sentencia en su contra, del Tribunal de Cuentas. 

martes, 10 de junio de 2014

No a las partidas circuitales


Adverso la utilización de las partidas circuitales, llamadas popularmente así en Panamá, que corresponde al apoyo económico estatal, otorgado a través de las juntas comunales, a ciertos candidatos; debido a lo siguiente:



1. A mi juicio esto debilita el artículo 136 de la Carta Magna, que prohíbe, el apoyo oficial, directo o indirecto, a candidatos a puestos de elección popular, aun cuando fueren velados los medios empleados a tal fin. Con las mismas se beneficiaron a todos los diputados de Panamá, si bien unos con más apoyo que a otros, pero se les apoyó a todos, con recursos del Estado.

2. Estos recursos no se les da en igualdad de condiciones a todos los candidatos, que corren en un circuito, sino principalmente, a los diputados electos.

3. Esta ayuda crea un desbalance en la competencia entre los diversos candidatos.

4. Esta ayuda dada históricamente esta corroyendo la democracia, sumiéndola al clientelismo absurdo.

5. Esto puede minar la voluntad del electorado que debiera votar producto de un sufragio libre y honrado.

6. Se juega con la dignidad de los que menos tienen, por medio de la supuesta ayuda social entre los habitantes en áreas necesitadas.

jueves, 5 de junio de 2014

ATTT retomará la instalación de cámaras


Según medios de comunicación social, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) retomará el proyecto de cámaras de videovigilancia que inspeccionarán la velocidad de los vehículos en la ciudad. Eso se sustenta en  la Concesión No. 40-11 en donde la ATTT le concede a la empresa TRAFFIC SAFETY DE PANAMA, S.A., el suministro, la instalación y operación del servicio de cámara de vigilancia para la seguridad vial en la República de Panamá, y se consolidó con la Adenda No. 01- 12.


Aspectos interesantes de los instrumentos:

     1.     El objeto del contrato es a nivel nacional.
2.     El particular deberá invertir como mínimo, 3 millones de dólares, durante el periodo de la concesión.
3.     Le endosa el deber de notificar a los infractores, al concesionario, lesionando la Ley 38 de 2,000, que le da esta potestad al secretario o a los funcionarios administrativos del Estado. (Artículo 201 numeral 102 de la Ley 38 de 2000)
4.     La manera de notificar al afectado, no es la que consagra la ley 38 de 2000.
5.     El contrato pudiera afectar el interés público ya que se posibilita un contrato, hasta por 20 años (10 años del contrato más la prórroga) dando beneficios al particular del 35% de la multa impuesta, incluyendo  el desacato; los beneficios por el suministro de información estadística a terceros y otros, que sean informados al Estado.
6.     La ATTT permitirá darle la base de datos sensitiva de los usuarios al concesionario, para que trabaje con ella.
7.     Le permite al concesionario, acudir a los juzgados, para que pueda defender la infracción que puso, contra el usuario.
8.     Se le permite al concesionario cobrar intereses moratorios por la demora en el pago por parte del Estado.
9.     Las multas impuestas anteriormente, por la cámara conocida, no se anulan, sino que se ajustarán al nuevo porcentaje.
10. El Estado, durante el contrato, no podrá rebajar los montos en concepto de multa por las infracciones de tránsito.
11. Ningún otro contratista, durante el término del contrato, podrá prestar un servicio similar  o conexo con el Estado.

domingo, 1 de junio de 2014

La libertad de expresión



La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que “la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática.


Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-5/85, “La colegiación obligatoria de periodistas”, del 13 de noviembre de 1985, párrafo 70).

No obstante el planteamiento, la libertad de expresión, tiene limitaciones que se deben ponderar al momento de pensar ejecutar, cualesquiera acciones.


1. No se debe afectar la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. (Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos).


2. No se debe irrespetar los derechos o a la reputación de los demás. (Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos).


3. No se debe promover la guerra. (Artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).


4. No se debe hacer una apología al odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. (Artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).


5. No se debe atacar de manera abusiva, la vida privada y familiar de un individuo. (Artículo V de la Declaración Americana de los Derechos Humanos).


6. No se debe atacar la vida privada, familiar, domicilio o correspondencia de un niño. (Artículos 15 y 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño).


El que afecte las disposiciones transcritas, podría afrontar, las consecuencias ulteriores de sus decisiones, ante los tribunales pertinentes.


¿Qué supremo derecho tiene el comunicador de su expresión?
El de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el difundirlas, por cualquier medio de expresión. (Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos).


¿Que no deben hacer, los gobernantes?
El restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos. (Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos).


Mensajes ofensivos




Algunas personas políticas, están enviando, en las redes sociales y hasta en algunos medios de comunicación social, información ofensiva, vulgar, familiar-íntima, etc.

Lo anterior se debe considerar, como actos propios de un libertinaje de expresión, que no es más, que la facultad que tiene todo individuo de emitir expresiones diversas y opiniones sobre ideas, desenfrenadamente, es decir, sin importarle lo que dicen, como lo dicen y en qué momento lo dicen.

Estos actos, debilitan postulados fundamentales, ya que irrespetan los derechos o la reputación de los demás. (Véase el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos).         


El libertinaje es un abuso cruel del ejercicio de la libertad de expresión y debiera cesar, para procurar la paz social en el país

Labor de la Corte Suprema Pleno, en materia electoral en Panamá




Gravita en Panamá la idea, que el único ente idóneo para interpretar la ley electoral, es el Tribunal Electoral en Panamá.

En primera instancia es así, empero, el PLENO de la Corte Suprema de Justicia, le es dable juzgar, ante demanda de inconstitucionalidad que se le pudiera presentar, si esa decisión emitida por el Tribunal Electoral, se ha compadecido o no, con los lineamientos, de la Carta Magna y si es el caso, podrá revocar las decisiones electorales promulgadas.

Esto lo posibilita el Artículo 143, final, de la Constitución.

Constitución

Artículo 143.

Las decisiones en materia electoral del Tribunal Electoral únicamente son recurribles ante él mismo y, una vez cumplidos los trámites de Ley, serán definitivas, irrevocables y obligatorias.
Contra estas decisiones solo podrá ser admitido el recurso de inconstitucionalidad.


¿Qué efectos tienen las sentencias emitidas por la Corte en Pleno?

Para casos generales, las sentencias tendrán efectos hacia el futuro, pero para casos de asuntos subjetivos, podrían tener efectos retroactivos.


Veamos.

Código Judicial

Artículo 2573.

Las decisiones de la Corte proferidas en materia de inconstitucionalidad son finales, definitivas, obligatorias y no tienen efecto retroactivo.


Explico que para la mayoría de los casos demandados, se ha de aplicar la norma, ut supra (antes citada) sin embargo, la Corte Suprema ha posibilitado en Interpretación Constitucional, que para los casos en donde se estén violando derechos personales, los efectos podrían ser retroactivos.

Algunas Sentencias.

Sentencia de 3 de agosto de 1990.


“Si se emite que un acto jurisdiccional pueda ser demandado como inconstitucional, es obvio que puede ser declarado inconstitucional.

Sostener que la decisión de la Corte en estos casos no produce efectos retroactivos y que sólo produce efectos hacia el futuro, traería como consecuencia que la declaratoria de inconstitucionalidad sea totalmente intranscendente, inocua…”


Sentencia de 6 de diciembre de 1999.


“El artículo 2564 (hoy 2573) del Código Judicial establece, como regla general, que las sentencias en materia de inconstitucionalidad sólo tendrán efectos hacia el futuro (constitutivos). No obstante, en vía de excepción, la magistratura constitucional puede dotarla de efectos retrospectivos o ex tunc (declarativos) cuando exista una afectación actual de derechos subjetivos.”

De lo anteriormente expuesto afirmo que la función del PLENO de la Corte en materia electoral se ha vertido en materia de inconstitucionalidad, porque así lo definió el constituyente, por lo que debiera permanecer esta prerrogativa sin cuestionamiento, hasta que haya un cambio constitucional.

ALGUNOS PRECEDENTES DE REVOCATORIA DE FALLOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL POR PARTE DEL PLENO DE LA CORTE.


1. Sentencia del 19 de enero de 2009. Fallo unánime. Mag. Ponente JERÓNIMO MEJÍA. Se declaró inconstitucional el Decreto No. 17 de 2003, del Tribunal Electoral y demás actos que reconoció el acuerdo de alianza entre el PRD y el PP respecto de la adjudicación de legisladores por residuo en las elecciones del 2 de mayo de 2004. (Caso del DR. OSCAR AVILA).

2. Sentencia del 16 de noviembre de 2009. Fallo unánime. Mag. Ponente ADÁN ARNULFO ARJONA. Se declaró inconstitucional la Resolución de 30 de marzo de 2009. (Caso PARLACEN-CD). La Corte dijo que la impugnación presentada en contra de la anulación de las credenciales fue extemporánea y el Tribunal Electoral la admitió y dijo la Corte, además, que el Tribunal Electoral no cumplió con la Constitución ni la ley, ni respeto el principio de estricta legalidad. (Pág. 20). 


3. Sentencia  del 21 de julio de 2009, Mag. Ponente. ALBERTO CIGARRUISTA anuló un artículo del código electoral, que impedía la libre postulación para el cargo presidencial. (Caso Juan Jované).


Afirmo que, me inquieta la cantidad de impugnaciones que se han presentado ante el Tribunal Electoral, por el resultado de las elecciones, para mi inédito y en la medida de que ésta institución, honre los postulados constitucionales, en sus decisiones; se vería imposibilitada  la función de la Corte en materia de anulación de estos fallos, por la vía de la inconstitucionalidad.