jueves, 31 de julio de 2014

¿Se debe anular de oficio un contrato público?



A raíz de que la compra de equipos de seguridad, a un costo de $125 millones a la italiana Selex Sistemi Integrati –filial de Finmeccanicca–  no están cumpliendo su función; analizan algunos, según medios de comunicación, la posibilidad de revocar el contrato en cuestión.

La revocatoria del contrato público, refrendado por Contraloría, de oficio, no puede darse a lo legal, pues se estaría violando el principio de legalidad.

 ¿Qué ha dicho la Corte sobre la fuerza de los contratos?

“Transcrito lo anterior debemos exponer que en nuestro derecho positivo se reconoce el derecho a pactar con fuerza de ley interpartes situaciones específicas dentro de un acuerdo, derecho reconocido en el artículo 976 del Código Civil, el cual es señalado como violado por parte del demandante. Dicho artículo indica que, "Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos”.  (Sentencia  del 6 de mayo de 2010, de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia).

¿Cuál es el mecanismo apropiado para poder anular un contrato según la Corte?

“El mecanismo apropiado para discutir el tema atinente a la celebración, incumplimiento o extinción de los contratos administrativos, es la proposición de una acción autónoma con esa finalidad concreta, para la cual es competente la Sala.
En esa acción el interesado deberá indicar las declaraciones que solicita (Vgr. la declaratoria de resolución o rescisión del contrato, etc.) y los motivos en que pretende apoyarse para solicitar las mismas”. (Resolución de 5 de junio de 2006, Mgdo. Ponente Adán Arnulfo Arjona de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia).

El código judicial, le da competencia a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, para anular un contrato público.
Artículo 97.

A la Sala Tercera le están atribuidos los procesos que se originen por actos, omisiones, prestaciones defectuosas o deficientes de los servidores públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos o autoridades nacionales, provinciales, municipales y de las entidades públicas autónomas o semiautónomas.
En consecuencia, la Sala Tercera conocerá en materia administrativa de lo siguiente:
5. De las cuestiones suscitadas con motivo de la celebración, cumplimiento o extinción de los contratos administrativos.



La vía penal también queda abierta, para presentar las denuncias que el caso pudiera ameritar.

COMENTARIOS SOBRE El METROBUS




El transporte masivo que reemplazó a los diablos rojos, por la inadecuada administración que vemos en el METRO BUS hoy; esta opacando, algunos beneficios que le ha traído a los ciudadanos, el nuevo sistema, como son:
·               Traslados con mayor confort y seguridad.
·               Mejora en la imagen urbana.
·               Eliminación del secretario de los conductores, que no beneficiaba el servicio.
·               Eliminación de los conductores irresponsables.
·               Les da estabilidad laboral a los trabajadores del volante.
·               Otorga seguro de asiento al usuario.
·               Otorga seguro por responsabilidad civil y daños contra la propiedad de terceros.
·               Otorga un servicio las 24 horas al día, los 365 días del año.
·               El usuario paga una solo tarifa para realizar su viaje en un sentido, hasta 2 trasbordos,   mientras los realice consecutivamente en un lapso máximo de 150 minutos dentro de las rutas troncales y transversales.

¿Qué se puede hacer hoy sobre el tema?

Se le puede resolver el contrato a la empresa


La posibilidad de resolverle el contrato a la empresa, es  en base a lo que dispone la ley 22 de 2006 (de contratación pública) y el contrato de concesión No. 21-10, en sus cláusulas trigésima y trigésima primera.

El concesionario no ha puesto de su parte y un sector importante de la población, sufre inmisericordemente a diario.
La causal para iniciar el proceso podría ser; la del incumplimiento de las cláusulas del contrato y/o, la reiteración de faltas graves.

¿Este proceso de resolución (extinción) traumaría el sistema?

En lo más mínimo, ya que la cláusula trigésima primera ibídem, reza que todos los bienes, buses y demás, revertirán al Estado a fin de mantener la continuidad de la prestación del servicio público de transporte. El Estado, por justicia,  le pagaría por los bienes revertidos, al concesionario, mediando un proceso de liquidación de contrato público y en los términos que subyacen en la adenda 2.

El Estado podría administrar el sistema per se, o mediante la creación de una empresa mixta, como hizo con los corredores, o podría llamar, a un proceso de libre concurrencia, a otros operadores.


Se deja claro que la fiadora del contrato, antes de hacer efectivo su fianza, por el monto de B/. 46, 250,000.00 y antes de que todos los bienes pasen al Estado,  podría sustituir o subrogarse, si lo quisiera, de todos los derechos del concesionario, pudiendo efectuar el contrato a sus expensas.

¿Qué no se debiera hacer hoy sobre el tema?

Aplicar el rescate administrativo del METROBUS

Esta idea la veo descabellada y fuera de orden. ¿El porqué de mi afirmación?

Debido a que el rescate administrativo, lleva aparejado la obligación de indemnizar al afectado.

Esta figura lo contempla la ley de contrataciones públicas en su artículo 114, y permite al Estado, por razones de interés público, el rescate de los bienes y las obras dadas en concesión, previa autorización del Consejo de Gabinete.

El mismo artículo obliga a indemnizar y/o compensar al contratista –concesionario. Esto quiere decir, que sería un beneficio para el contratista que se aplique el rescate administrativo, pues nunca perderá su inversión, ni su ganancia proyectada en el tiempo.

Recordemos el pago millonario que tuvo que hacer el Estado, cuando pretendió rescatar los corredores.

¿Qué dice el contrato de Concesión No. 21-10, (METROBUS) sobre el rescate administrativo?

En su Cláusula Trigésima Tercera, reza que en caso de producirse el rescate administrativo de la concesión, el concesionario recibirá del Estado por concepto de indemnización, un monto que será determinado por la vía de la valoración de la empresa, a partir de todos los parámetros que sea necesario considerar.

Concluyo que con el rescate administrativo, se beneficiaría a la concesionaria, de manera integral en una proyección de ganar-ganar y esto sería inadmisible, por el mal servicio que muchos pensamos que está dándole a los ciudadanos.


Se aclara que si el gobierno no pone coto al transporte pirata, el concesionario podría alegar el incumplimiento de la cláusula vigésima sexta, inciso a) del contrato, que obliga al Estado a permitirle al concesionario, el desarrollo, implementación, administración y explotación de los servicios otorgados en concesión, correcta y pacíficamente, según los términos del contrato.


miércoles, 30 de julio de 2014

Proyecto legislativo electoral inconstitucional e inconveniente

Unas reformas al Código Electoral, relativa al proceso de impugnación, fueron prohijadas en la Comisión de Gobierno.

Esta instancia aprobó por unanimidad darle curso para el primer debate a dicha propuesta.

Sumario

1. Un artículo propuesto reza en términos generales, que en los circuitos plurinominales, solo se dejara de entregar la credencial al candidato que afecte la causal de impugnación invocada y deberá entregarse la misma a los demás candidatos que hubieren participado de la elección y que hayan sido previamente proclamados.


2. Promueve que en caso de que se convoque a nuevas elecciones se otorgue un subsidio económico a los partidos y a los candidatos independientes de dicha circunscripción. Esto lo veo inconveniente desde el punto de vista presupuestario. Es más, ni siquiera la ciudadanía sabe de la rendición de cuentas que hacen los partidos y candidatos, sobre el uso del subsidio electoral. Es un exabrupto.

3.  Busca evitar que se haga una nueva elección, si se anula una, por la causal  consistente en la celebración de las elecciones sin las garantías requeridas en la Constitución  Política y en el Código Electoral (es la principal casual que privó, en las impugnaciones de las   elecciones del 4 de mayo).  Se proclamarán los candidatos más votados, en su defecto, pues se anula la participación de los candidatos impugnados en el proceso.  

Desean ganar por forfait. Esto es increíble, lo que se hace para favorecer a una facción partidaria.

4. Se consignó que esta ley es de orden público y tiene efectos retroactivos en relación a las demandas de nulidad de elección y proclamación interpuesta con motivo de las elecciones generales del 4 de mayo de 2014.

Las leyes electorales afirmo, rigen hacia el futuro y no para el pasado. Huelga añadir, que el proyecto planteado no es de orden público, a lo legal,  pues no alude a la seguridad y buen funcionamiento del Estado, a la seguridad personal y colectiva de los asociados en general.  Es una idea hecha a la medida de algunos candidatos, para favorecerlos.


Mi criterio es que debe esperarse el análisis integral de las reformas al código electoral, que se han anunciado que vienen en el futuro.



La Constitución dice en su artículo 163, que es prohibido a la Asamblea Nacional, el expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de esta Constitución.

martes, 29 de julio de 2014

Exabrupto legislativo




Una reforma al Código Electoral relativa al proceso de impugnación fue prohijada en la Comisión de Gobierno, este martes.

En su primera sesión, esta instancia aprobó por unanimidad darle curso para el primer debate a dicha propuesta.

El anteproyecto 32 del diputado Pedro Miguel González busca reformar el artículo 347 del Código Electoral a fin de que los candidatos en circuitos plurinominales, que son proclamados y que no tengan ninguna relación con las demandas de nulidad, reciban sus credenciales.


El artículo propuesto reza en términos generales, que en los circuitos plurinominales, solo se dejara de entregar la credencial al candidato que afecte la causal de impugnación invocada y deberá entregarse la misma a los demás candidatos que hubieren participado de la elección y que hayan sido previamente proclamados.


Esta iniciativa debe objetarse, por lo siguiente:


1. Al debatirse el anteproyecto de marras, abre el compás para que se incluya un aparte que le dé, de manera INCONSTITUCIONAL, el efecto retroactivo que necesitan, para ayudar a sus copartidarios impugnados; violentándose así de manera directa, el artículo 46 de la Carta Magna que dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o de interés social cuando en ellas así se exprese. En materia criminal, la Ley favorable al reo tiene siempre preferencia y retroactividad, aun cuando hubiese sentencia ejecutoriada. Las leyes electorales afirmo, rigen hacia el futuro y no para el pasado. Huelga añadir, que el anteproyecto planteado no puede ser de interés social, porque no toca a la protección de los sectores desvalidos, a la asistencia y ayuda de las clases necesitadas ni al bienestar social, ni mucho menos es de orden público, pues no alude a la seguridad y buen funcionamiento el Estado, a la seguridad personal y colectiva de los asociados en general. 


2. Debe esperarse el análisis integral de las reformas al código electoral, que se han anunciado que vienen en el futuro.

3. Pareciera ser una iniciativa particular, para favorecer solo a un sector definitivo, a manera de privilegio especial.

4. La Constitución dice en su artículo 163, que es prohibido a la Asamblea Nacional, el expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de esta Constitución.



sábado, 26 de julio de 2014

Los delitos contra la administración pública no admiten desistimiento



Es un hecho público y notorio que el Consejo de Gabinete, en la Resolución No. 140 de 22 de julio de 2014, autorizó el desistimiento de la querella interpuesta, otrora, en favor de algunos dirigentes sindicales, por la comisión del supuesto delito contra la administración pública.

El fundamento para el desistimiento de marras, lo precisaron en el artículo 1092 del código judicial, que es una norma general, que reza así:


Artículo 1092.
Los representantes del Estado, de los Municipios y de cualquiera otra institución descentralizada, autónoma o semiautónoma, no pueden desistir de los procesos o de las pretensiones que hayan entablado o ejercitado o de la oposición a la demanda que contra dichas entidades se haya entablado o ejecutado, sin autorización del Consejo de Gabinete, del Consejo Municipal, o del organismo o corporación que deba darla según la Ley.


No obstante, la norma ut supra (antes descrita) no aplica para el caso en cuestión, a mi criterio, por la interpretación a contrario sensu del artículo 1965 Ibídem, que es especial.

Es decir, como el siguiente artículo especial del código judicial, no contempla el delito contra la administración pública, no le debe ser dable al juez, el admitir un desistimiento, por ese delito, (delito contra la administración pública) ya que los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley prevé. (Principio de estricta legalidad, en rango constitucional).


Artículo 1965.
Podrá terminarse el proceso y ordenarse su archivo por desistimiento de la pretensión punitiva en los delitos de hurto; lesiones y homicidio por imprudencia; lesiones personales; estafa; apropiación indebida; usurpación, siempre que en su ejecución no hubiere violencia, amenazas, abuso de confianza o clandestinidad; daños; incumplimiento de deberes familiares; expedición de cheques sin suficiente provisión de fondos; calumnia e injuria; inviolabilidad de domicilio, salvo los ejecutados con violencia sobre las personas, con armas o por dos o más personas; contra la inviolabilidad del secreto y otros fraudes contemplados en el Capítulo IV, Título IV, Libro II del Código Penal. El desistimiento podrá realizarse por la persona ofendida, su heredero declarado o representante legal, si el imputado no registra antecedentes penales y se hubiere convenido en la reparación del daño.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no podrá aplicarse en el caso del delito de homicidio culposo cuando concurran las siguientes circunstancias:
1. Cuando el causante se encontrare bajo los efectos de bebidas embriagantes, de drogas o sustancias que produzcan dependencia física o psíquica;
2. Cuando el agente abandone, sin justa causa, el lugar de la comisión de los hechos; y
3. Cuando la persona hubiere sido favorecida con este beneficio dentro de los cinco años anteriores.


Amanecerá y veremos como decide el juez de la causa, finalmente el pedido.

UN ACTO PÚBLICO DEL MEF QUE NO TIENE FUNDAMENTO LEGAL




El MEF informó de la convocatoria a una licitación abreviada para contratar auditorías especializadas que permitan esclarecer la ruta del dinero e identificar el uso que se le dio a cada dólar de los fondos públicos, y los posibles responsables de las irregularidades cometidas entre el 1 de julio de 2009 y el 30 de junio de 2014.


El acto público anunciado a mi juicio podría considerarse desde ya, sin sustento legal, debido a que la contralora Gioconda Torres de Bianchini giró instrucciones en esos instantes, para auditar las juntas comunales y alcaldías desde el periodo de 2004 al 2014, previa solicitud de la procuradora general de la nación, Ana I. Belfon. Informaron los medios.



Con el inicio de esta auditoría se da respuesta a la solicitud que realizó Belfon el 16 de junio, cuando abrió de oficio una investigación penal por la utilización de fondos del Estado en las juntas comunales, municipios y alcaldías del país por un periodo de 2004 a 2009 y 2009 a 2014.



La Ley No. 32 de 1984, publicada en la Gaceta Oficial Nº 20188 del 20 de noviembre de 1984, desarrolla las funciones de la Contraloría General y entre las cuales, está la siguiente:



“Realizará inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos y, en su caso, presentará las denuncias respectivas. Estas investigaciones pueden iniciarse por denuncia o de oficio, cuando la Contraloría lo juzgue oportuno.


Al instruir una investigación, la Contraloría practicará las diligencias tendientes a reunir los elementos de juicio que esclarezcan los hechos, pudiendo recibir testimonios, designar peritos, realizar inspecciones y practicar cualesquiera otras pruebas instituidas por la ley.”




No puede una empresa privada entrometerse en las funciones de un ente estatal, con rango constitucional, que ya está investigando un caso, en acatamiento de lo que le pidió, el Ministerio Público.

El contrato que devenga del acto público anunciado por el MEF, NO DEBE SER REFRENDADO POR CONTRALORIA, por razones obvias.



Lo que debe hacer el MEF de manera inmediata, a mi criterio, es cancelar el acto público anunciado.





El rescate administrativo del METRO BUS




El gobierno está analizando la posibilidad de aplicar la figura del rescate administrativo, en la concesión de la empresa TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A. y el Metro Bus. Esto se ha dicho en los medios.

Esta idea la veo descabellada y fuera de orden. ¿El porqué de mi afirmación?

Debido a que el rescate administrativo, lleva aparejado la obligación de indemnizar al afectado.

Esta figura lo contempla la ley de contrataciones públicas en su artículo 114, y permite al Estado, por razones de interés público, el rescate de los bienes y las obras dadas en concesión, previa autorización del Consejo de Gabinete.

El mismo artículo obliga a indemnizar y/o compensar al contratista –concesionario. Esto quiere decir, que sería un beneficio para el contratista que se aplique el rescate administrativo, pues nunca perderá su inversión, ni su ganancia proyectada en el tiempo.

Recordemos el pago millonario que tuvo que hacer el Estado, cuando pretendió rescatar los corredores.

¿Qué dice el contrato de Concesión No. 21-10, (METRO BUS) sobre el rescate administrativo?

En su Cláusula Trigésima Tercera, reza que en caso de producirse el rescate administrativo de la concesión, el concesionario recibirá del Estado por concepto de indemnización, un monto que será determinado por la vía de la valoración de la empresa, a partir de todos los parámetros que sea necesario considerar.

Concluyo que con el rescate administrativo, se beneficiaría a la concesionaria, de manera integral en una proyección de ganar-ganar y esto sería inadmisible, por el mal servicio que muchos pensamos que está dándole a los ciudadanos.

Lo que hay que hacer a mi juicio, es exigirle de manera severa a la empresa el férreo cumplimiento de los términos del contrato, y si fuere el caso, o el pactar una adenda, sin costo para el Estado, que permita la incorporación de nuevos buses para cubrir la demanda efectiva o la resolución del contrato pertinente.

Se aclara que si el gobierno no pone coto al transporte pirata, el concesionario podría alegar el incumplimiento de la cláusula vigésima sexta, inciso a) del contrato, que obliga al Estado a permitirle al concesionario, el desarrollo, implementación, administración y explotación de los servicios otorgados en concesión, correcta y pacíficamente, según los términos del contrato.



jueves, 24 de julio de 2014

Un contrato que pudiera no refrendarse



El MEF informó de la convocatoria a una licitación abreviada para contratar auditorías especializadas que permitan esclarecer la ruta del dinero e identificar el uso que se le dio a cada dólar de los fondos públicos, y los posibles responsables de las irregularidades cometidas entre el 1 de julio de 2009 y el 30 de junio de 2014.

El contrato que devenga del acto público de marras, a mi juicio, no debiera ser refrendado por la Contraloría General, ya que la Ley No. 32 de 1984, publicada en la Gaceta Oficial Nº 20188 del 20 de noviembre de 1984, desarrolla las funciones de la Contraloría General y entre las cuales, está la siguiente:

“Realizará inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos y, en su caso, presentará las denuncias respectivas. Estas investigaciones pueden iniciarse por denuncia o de oficio, cuando la Contraloría lo juzgue oportuno.

Al instruir una investigación, la Contraloría practicará las diligencias tendientes a reunir los elementos de juicio que esclarezcan los hechos, pudiendo recibir testimonios, designar peritos, realizar inspecciones y practicar cualesquiera otras pruebas instituidas por la ley.”

No puede una empresa privada quitarle las funciones de un ente estatal, con rango constitucional. Lo que debe hacer el MEF, a mi criterio, es solicitarle la auditoría a la Contraloría, y con el resultado de la investigación, proceder penalmente, si corresponde.

Por la experiencia que tengo en estos casos (17 años como ex –asesor legal de la Contraloría), comento que el Ministerio Público, si se le llegara a presentar una denuncia por un mal manejo de fondos públicos, lo que hará sería pedir un informe- auditoría de la Contraloría, sobre el particular. O sea, se estaría erogando una suma innecesaria en un contrato público, que pudiera ser objeto de análisis inclusive, en el Tribunal de Cuentas.

En el evento de que la Contralora, se niegue a hacer la auditoria que pudiera ser pedida por el MEF, lo que hay que hacer sería, denunciar a la Contralora ante la Corte.

Hipótesis.

¿Qué pasaría si ya la Contraloría estuviera investigando o iniciase una investigación oficiosa, sobre el hallazgo del MEF y por otro lado, el MEF estuviere gestionando una auditoria privada, sobre el mismo caso?

Ante la ley, la auditoria de la Contraloría es la que pesaría, por mandato constitucional. (Artículo 279 y 280). La auditoría privada, no tendría ninguna validez legal.

¿Qué pasaría si la Contraloría refrenda el contrato del MEF, bajo comentario?

Le estuviera diciendo al país, que transita por el camino de la ineptitud y de la violación manifiesta de la ley, que le ha encomendado funciones que no puede delegar.

Dura es la ley pero es la ley.







miércoles, 23 de julio de 2014

El METRO BUS



El transporte masivo que reemplazó a los diablos rojos, por la inadecuada administración que vemos en el METRO BUS hoy; esta opacando, algunos beneficios que le ha traído a los ciudadanos, el nuevo sistema, como son:
·               Traslados con mayor confort y seguridad.
·               Mejora en la imagen urbana.
·               Eliminación del secretario de los conductores, que no beneficiaba el servicio.
·               Eliminación de los conductores irresponsables.
·               Les da estabilidad laboral a los trabajadores del volante.
·               Otorga seguro de asiento al usuario.
·               Otorga seguro por responsabilidad civil y daños contra la propiedad de terceros.
·               Otorga un servicio las 24 horas al día, los 365 días del año.
·               El usuario paga una solo tarifa para realizar su viaje en un sentido, hasta 2 trasbordos,   mientras los realice consecutivamente en un lapso máximo de 150 minutos dentro de las rutas troncales y transversales.


Sería irresponsable tachar los METRO BUSES, por la mala administración que gravita hoy en el sistema; lo que hay que hacer a mi juicio, es exigirle de manera severa a la empresa MI BUS el férreo cumplimiento de los términos del contrato, y si fuere el caso, o el pactar una adenda, sin costo para el Estado, que permita la incorporación de nuevos buses para cubrir la demanda efectiva o la resolución del contrato pertinente.

Se aclara que si el gobierno no pone coto al transporte pirata, el concesionario podría alegar el incumplimiento de la cláusula vigésima sexta, inciso a) del contrato,  que obliga al Estado a permitirle al concesionario, el desarrollo, implementación, administración y explotación de los servicios otorgados en concesión, correcta y pacíficamente, según los términos del contrato.


martes, 22 de julio de 2014

El Contralor Municipal




El presidente de la Asamblea Nacional de Diputados, Adolfo Valderrama, propuso el 22 de julio, la creación de la figura de Contralor Municipal.

Según Valderrama se debe evaluar la creación del cargo de contralor para los gobiernos locales como parte del proceso de descentralización del país.

Esta idea de materializarse en ley, seria abiertamente inconstitucional, pues la Carta Magna en su artículo 279, determina que solo habrá un organismo estatal independiente, denominado Contraloría General de la República, cuya dirección estará a cargo de un funcionario público que se denominará Contralor General, secundado por un Subcontralor, quienes serán nombrados para un periodo igual al del Presidente de la República.



Por su parte, el artículo 280 del mismo texto reza que es la Contraloría la única que tendría la función de fiscalizar y regular, mediante el control previo o posterior, todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, de todas las entidades públicas, sin excepción.



Si se duda de la transparencia y efectividad del trabajo de un Contralor, la Asamblea lo que podría hacer es citarlo para que rindiera cuentas, mas no, el crear un cargo paralelo a la de la Contraloría General.





domingo, 20 de julio de 2014

El voto en plancha o voto por lista



La figura arriba descrita, está contenida en el proyecto de reformas electorales, aprobado por la Comisión Nacional de Reformas Electorales en 2010, otrora y que se ha dicho que será presentado a la Asamblea Nacional de Panamá, los próximos días. El voto en plancha o voto por lista, fue eliminado del escenario electoral, en la última elección.

Erasmo Pinilla, magistrado presidente del TE, manifestó a los medios de comunicación social, que “el voto selectivo genera una carnicería interna dentro de los partidos”. De su declaración se concluye, que él aboga por el voto en plancha o voto por lista.

Quien suscribe, adversa acremente el voto en plancha o voto por lista, por los siguientes motivos:

1. Podría impedir el voto directo del electorado, de manera inconstitucional, al candidato de su predilección, en los circuitos plurinominales, si se deja incólume la reforma electoral del 2010, (Proyecto No. 192 original), ya que los obligaría, a votar por la lista del partido, que impone su orden de elegibles en la papeleta.

2. Esto favorece a los partidos grandes, pues arrasarían, con los residuos electorales, como era la costumbre cuando existía la figura.

3. Rompe con la sana filosofía electoral, que reza que cada votante solo debe tener derecho a un voto.

4. Rompe con el discernimiento que debe tener el elector en los comicios, pues el voto selectivo, le exige escoger al candidato de su predilección, luego de un profundo análisis de su perfil.

5. Con el voto selectivo se procura, en alguna medida, que las curules las ocupen, los que obtuvieron la mayor cantidad de votos a su haber, sin herencia alguna de un colectivo y esta figura, se contrapone en consecuencia, con la del voto en plancha o voto por lista.







Los memoriales petitorios no deben timbrarse, en la administración pública




El Pleno  de la Corte Suprema de Justicia de Panamá,  en sentencia  de 28 de mayo de 2014, declaró inconstitucional, el numeral 1 del  artículo 960 del código fiscal.

Artículo 960

Se extenderán en papel simple habilitado, en los términos señalados por el artículo 962-A del Código Fiscal:
1. Los memoriales, escritos o peticiones que se dirijan o presenten a cualquier funcionario, autoridad o corporación públicos. Se exceptúan los que se presentan ante las autoridades fiscales.



Razones que dio la Corte: El Estado tiene la obligación de establecer un procedimiento libre de toda limitación o condición que dificulte u obstaculice  a los administrados su acceso ante las diferentes instancias del poder púbico, ya sean administrativas o jurisdiccionales;  en consecuencia, se impone la eliminación del impuesto de timbre en todas las actuaciones a través de los cuales se accede a los servidores o autoridades púbicas y de ese modo puedan ejercerse de forma efectiva, el derecho de petición y el derecho a la tutela judicial efectiva

sábado, 19 de julio de 2014

Los memoriales petitorios no deben timbrar, en la administración pública





El Pleno  de la Corte Suprema de Justicia de Panamá,  en sentencia  de 28 de mayo de 2014, declaró inconstitucional, el numeral 1 del  artículo 960 del código fiscal.

Artículo 960

Se extenderán en papel simple habilitado, en los términos señalados por el artículo 962-A del Código Fiscal:
1. Los memoriales, escritos o peticiones que se dirijan o presenten a cualquier funcionario, autoridad o corporación públicos. Se exceptúan los que se presentan ante las autoridades fiscales.



Razones que dio la Corte: El Estado tiene la obligación de establecer un procedimiento libre de toda limitación o condición que dificulte u obstaculice  a los administrados su acceso ante las diferentes instancias del poder púbico, ya sean administrativas o jurisdiccionales;  en consecuencia, se impone la eliminación del impuesto de timbre en todas las actuaciones a través de los cuales se accede a los servidores o autoridades púbicas y de ese modo puedan ejercerse de forma efectiva, el derecho de petición y el derecho a la tutela judicial efectiva. 

Los contratos públicos leoninos



¿Qué se debe hacer si se encuentra un contrato público leonino?

Demandar su nulidad ante la Sala Tercera, debido a que un acto administrativo que genera derechos subjetivos, como lo sería el contrato estatal, no puede ser desconocido, de forma arbitraria ni unilateral por el Estado.

Jurisprudencia.

“Así los hechos, claramente evidencia que al existir un derecho subjetivo conferido por un acto administrativo, como lo fue el acto por el cual se concedió el Certificado de Operación para la prestación del servicio del transporte terrestre en la ruta Vacamonte-Panamá en la Provincia de Panamá, a la sociedad X, en el año 1998, mediante la Resolución No. 004296 de 214 de septiembre de 1998, el Administrado adquiere un derecho que crea una situación de exclusividad que podrá oponer contra la Administración cuando se exceda en sus facultades. Debe, pues, la Administración recurrir a la vía jurisdiccional ordinaria, a fin de anular sus propios actos que confieren esos derechos.

Por las consideraciones anotadas, no cabe duda que lo actuado por la A.T.T.T.), con los actos demandados, evidentemente vulnera el Principio de irrevocabilidad de los Actos Administrativos, uno de los Principios Generales del Derecho que rige el Derecho Administrativo, y que fue invocado por el demandante… ” Sentencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia del 27 de abril de 2010.”



Los particulares también podrían demandar la nulidad del contrato oscuro, ante la Corte, Sala Tercera, a través de un recurso contencioso administrativo de nulidad.



¿Puede el Estado anular per se, un contrato público refrendado por la Contraloría?

Respuesta: No puede a lo legal, si lo hace, esa acción podría ser desvirtuada, por la Corte. No hay ley que permita esto y sabido es, que los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley prevé. (Principio de estricta legalidad).



La vía penal también queda abierta para denunciar los abusos y/o corrupción, en los contratos públicos, en detrimento del Estado.

viernes, 18 de julio de 2014

Los Ministros Consejeros, no son Ministros de Estado: LA CORTE


En reciente decisión del 3 de julio de 2014, dentro de una denuncia que interpuse, contra el MOP, a la sazón dirigido por el ingeniero FEDERICO SUAREZ, por haber pagado el MOP 30 millones, para la reparación de daños materiales a la vía próxima al puente Centenario, el Pleno acaba de declinar el caso a un juez de circuito, pero dijo en el fallo, que la designación de SUAREZ como MINISTRO CONSEJERO, a la postre, no tiene sustento constitucional para ser llamado Ministro de Estado. El prenombrado era Ministro del MOP cuando denuncié, luego con el Decreto No. 138 de 2012 se le nombró MINISTRO CONSEJERO.

El PLENO de la Corte dijo lo que sigue.

“Como abono a lo anterior, y para despejar dudas sobre nuestra competencia privativa respecto a procesos penales, donde se involucre a un Ministro de Estado, consideramos oportuno realizar un análisis de las normas fundamentales que nos orientan sobre la creación, estructuración administrativa y funcionabilidad de los Ministros de Estado.



En primer orden, el artículo 183 constitucional establece como atribución del Presidente de la República, nombrar y separar libremente a los Ministros de Estado. No obstante, cuando ello implica la creación de nuevos ministerios nuestra Carta Fundamenta en el artículo 159, numeral 12, establece que ello se realizará a través de la intervención de otro Órgano del Estado, que en este caso lo es, la Asamblea Nacional.



“ARTÍCULO 159: La función legislativa, es ejercida por medio de la Asamblea Nacional y consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estados declarados en esta Constitución y en especial para lo siguiente:



12. Determinar, a propuesta del Órgano Ejecutivo, la estructura de la administración nacional mediante la creación de Ministerios, Entidades Autónomas, Semiautónomas, Empresas Estatales y demás establecimiento públicos, y distribuir entre ellos las funciones y negocios de la Administración, con el fin de asegurar la eficacia de las funciones administrativas ”.



En ese sentido, el artículo 194 de la Constitución Política define que los Ministros de Estado son los jefes de sus respectivos ramos y participan con el Presidente de la República en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con la Constitución y la ley, siendo que la distribución de sus respectivos negocios también se efectuaran de conformidad con la ley, como expone el artículo 195 lex cit.



Para esta Superioridad las normas citadas establecen los protocolos que se exigen para la constitución de un nuevo ministerio y sus atribuciones, siendo en consecuencia que concluimos que la designación del Ingeniero FEDERICO SUAREZ no reúne estas condiciones, siendo en consecuencia que se extravía nuestra competencia en este expediente penal, ya que es un hecho público y notorio que en la actualidad no ostenta el cargo de Ministro de Estado.”



Conclusiones propias:

1. Los ministros consejeros no son ministros de Estado, porque no tienen una cartera a su cargo, creada por el Legislativo.

2. Los ministros consejeros no deben tener los privilegios y las obligaciones, de los ministros de Estado, porque no lo son.

3. Los ministros de consejeros, no deben participar de las reuniones del Consejo de Gabinete, por lo antes expuesto.

jueves, 17 de julio de 2014

Habilidad legislativa del PRD



Un número plural de diputados del PRD, presentaron en la Asamblea, el anteproyecto de ley No. 032 que pretende modificar un artículo del código electoral, para resolver el problema que se ha generado en los circuitos plurinominales y las complicaciones que dichas impugnaciones han producido afectando de manera indirecta a quienes en su momento ganaron una elección y se encuentran limitados a la entrega de credenciales por la suspensión provisional que las mismas impugnaciones han ocasionado.

El artículo propuesto reza en términos generales, que en los circuitos plurinominales, solo se dejara de entregar la credencial al candidato que afecte la causal de impugnación invocada y deberá entregarse la misma a los demás candidatos que hubieren participado de la elección y que hayan sido previamente proclamados.

Esta iniciativa debe objetarse, por lo siguiente:

1. Al debatirse el anteproyecto de marras, abre el compás para que se incluya un aparte que le dé, de manera INCONSTITUCIONAL, el efecto retroactivo que necesitan, para ayudar a sus copartidarios impugnados; violentándose así de manera directa, el artículo 46 de la Carta Magna que dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o de interés social cuando en ellas así se exprese. En materia criminal, la Ley favorable al reo tiene siempre preferencia y retroactividad, aun cuando hubiese sentencia ejecutoriada. Las leyes electorales afirmo, rigen hacia el futuro y no para el pasado. Huelga añadir, que el anteproyecto planteado no puede ser de interés social, por que no toca a la protección de los sectores desvalidos, a la asistencia y ayuda de las clases necesitadas ni al bienestar social, ni mucho menos es de orden público, pues no alude a la seguridad y buen funcionamiento el Estado, a la seguridad personal y colectiva de los asociados en general.

2. Debe esperarse el análisis integral de las reformas al código electoral, que se han anunciado que vienen en el futuro.

3. Pareciera ser una iniciativa particular, para favorecer solo a un sector definitivo, a manera de privilegio especial.

4. La Constitución dice en su artículo 163, que es prohibido a la Asamblea Nacional, el expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de esta Constitución.

5. La idea presentada, no ha sido avalada aún, por ninguna Comisión Permanente, de la Asamblea, como lo exige el artículo 165 constitucional.

miércoles, 16 de julio de 2014

SEGURIDAD JURÍDICA DE UN FINIQUITO



Dictamen del Pleno de la Corte

“Aceptar una investigación por parte de la Contraloría General de la República sobre un finiquito  otorgado por ella misma, conllevaría al desconocimiento de aquella función constitucional privativa  de dicho ente público de fenecer las cuentas de los funcionarios públicos, establecida en el  numeral 3 del artículo 280 de la constitución.

Por tanto, resulta de importancia recordar que determinada cuenta luego de ser examinada a  satisfacción se le debe dar por terminada o concluida, es decir, se fenece la cuenta. La seguridad  jurídica que este proceso representa, debe ser preservada, máxime cuando proviene de una  facultad constitucional.

Aunado a ello, debe resaltarse que al expedirse un finiquito, se está emitiendo una especie de  certificación o constancia que las cuentas se encuentran a satisfacción.”  (Sentencia del pleno de  la Corte Suprema de Justicia de 27 de octubre de 2010)


Por lo antes expuesto, opino yo, es que cada Presidente de la República, le conviene tener a un CONTRALOR amigo, que le expida el finiquito de su gestión, pue una vez emitido el mismo, nadie lo puede investigar por un mal manejo de una partida etc..

lunes, 14 de julio de 2014

Las reformas electorales



El magistrado Erasmo Pinilla del Tribunal Electoral, hizo referencia a los medios de comunicación social, el deseo de implementar, el paquete de reformas electorales que estudio la Comisión Revisora del Código Electoral con las Magistrados del Tribunal Electoral, otrora.
A mi juicio tal determinación, es un error por lo siguiente:

1. Se requiere del concurso de la ciudadanía, en la discusión de las reformas y no sólo de un pequeño comité.

2. Esa reforma impide el voto directo del electorado, de manera inconstitucional, al candidato de su predilección, en los circuitos plurinominales, ya que los obliga a votar por la lista del partido, que impone su orden de elegibles en la papeleta.

3. Establece un privilegio exacerbado y desigual a los candidatos presidenciales, que serán los dos primeros en las listas de candidatos a Diputados del Circuito Nacional, de los partidos que los postulen, en el caso de que no ganen. Es una especie de premio de consolación. Es inaudita esta idea.

4. Permite la fiscalización del pueblo sobre el origen de las contribuciones privadas, pero luego de los sesenta días calendarios siguientes a la fecha en que se celebraron las elecciones. Esta información se verá de manera desfasada. Debe implementarse una adecuación que permita la fiscalización de los fondos de manera más inmediata, aunque fuese mes a mes.

En fin, el Proyecto No. 192 original, que contiene el paquete de reformas electorales, que presentaron los Magistrados del Tribunal Electoral, el 26 de enero de 2011, debe ser sujeto a un sereno debate, y adecuarse a los principios constitucionales, con la aquiescencia de la ciudadanía, antes de entrar a regir en Panamá.

Las reformas electorales



El magistrado Erasmo Pinilla del Tribunal Electoral, hizo referencia a los medios de comunicación social, al deseo de implementar, el paquete de reformas electorales que estudio la Comisión Revisora del Código Electoral con las Magistrados del Tribunal Electoral, otrora.
A mi juicio tal determinación, es un error por lo siguiente:

1. Se requiere del concurso de la ciudadanía, en la discusión de las reformas y no sólo de un pequeño comité.

2. Esa reforma impide el voto directo del electorado, de manera inconstitucional, al candidato de su predilección, en los circuitos plurinominales, ya que los obliga a votar por la lista del partido, que impone su orden de elegibles en la papeleta.

3. Establece un privilegio exacerbado y desigual a los candidatos presidenciales, que serán los dos primeros en las listas de candidatos a Diputados del Circuito Nacional, de los partidos que los postulen, en el caso de que no ganen. Es una especie de premio de consolación. Es inaudita esta idea.

4. Permite la fiscalización del pueblo sobre el origen de las contribuciones privadas, pero luego de los sesenta días calendarios siguientes a la fecha en que se celebraron las elecciones. Esta información se verá de manera desfasada. Debe implementarse una adecuación que permita la fiscalización de los fondos de manera más inmediata, aunque fuese mes a mes.

En fin, el Proyecto No. 192 original, que contiene el paquete de reformas electorales, que presentaron los Magistrados del Tribunal Electoral, el 26 de enero de 2011, debe ser sujeto a un sereno debate, y adecuarse a los principios constitucionales, con la aquiescencia de la ciudadanía, antes de entrar a regir en Panamá.

La Constituyente paralela en Panamá




La mencionada es una de las formas que existe en Panamá, para reformar la Constitución.

Como se adopta

Podrá adoptarse una nueva Constitución, a través de una Asamblea Constituyente Paralela, que podrá ser convocada por decisión del Órgano Ejecutivo, ratificada por la mayoría absoluta del Órgano Legislativo, o por el Órgano Legislativo con el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros, o por iniciativa ciudadana, la cual deberá ser acompañada por las firmas de, por lo menos, el veinte por ciento de los integrantes del Registro Electoral correspondiente al 31 de diciembre del año anterior a la solicitud.

Quien la convoca

Le corresponderá al Tribunal Electoral acoger la iniciativa propuesta y hacer la convocatoria a la elección de constituyentes, en un término no menor de tres meses ni mayor de seis meses desde la formalización de la solicitud de convocatoria.

Deliberaciones

Realizada la elección, la Asamblea Constituyente Paralela se instalará formalmente e iniciará sus deliberaciones por derecho propio, tan pronto el Tribunal Electoral entregue las credenciales  respectivas a sus integrantes.

Composición

La Asamblea Constituyente Paralela estará integrada por sesenta constituyentes, quienes deberán representar proporcionalmente a los panameños de todas las provincias y comarcas, de acuerdo con la población electoral, y se permitirá, además de la postulación partidaria, la libre postulación. Para estos efectos, el Tribunal Electoral deberá establecer en la convocatoria el sistema electoral aplicable a la elección de constituyentes.


Limitaciones

La Asamblea Constituyente Paralela podrá reformar la actual Constitución de forma total o parcial, pero en ningún caso las decisiones que adopte tendrán efectos retroactivos, ni podrán alterar los periodos de los funcionarios electos o designados, que estén ejerciendo su cargo al momento en que entre en vigencia la nueva Constitución.

Tiempo de funcionamiento

La Asamblea Constituyente Paralela tendrá un periodo no menor de seis meses ni mayor de nueve meses, para cumplir con su labor y entregar al Tribunal Electoral el texto de la Nueva Constitución Política aprobada, la cual será publicada de inmediato en el Boletín del Tribunal Electoral.


Obligación de hacer Referéndum

El nuevo Acto Constitucional aprobado con arreglo a este método será sometido a referéndum convocado por el Tribunal Electoral en un periodo no menor de tres meses, ni mayor de seis meses, contado a partir de la fecha de su publicación en el Boletín del Tribunal Electoral.

Cuando comienza a regir la nueva Constitución.


El Acto Constitucional aprobado empezará a regir desde su publicación en la Gaceta Oficial, la cual deberá hacerse por el Órgano Ejecutivo, dentro de los treinta días hábiles siguientes a su aprobación mediante referéndum, sin que la publicación posterior a dichos plazos sea causa de inconstitucionalidad.

El compromiso que violaron los partidos políticos en Panamá



Frente a los medios de comunicación social y a todo el país, los partidos políticos, firmaron el PACTO ÉTICO ELECTORAL, que contenía algunos compromisos, de forzoso cumplimento.

Uno de estos compromisos, era la divulgación de las donaciones y de sus gastos electorales, para el público, de la siguiente forma que transcribo del comentado PACTO,  porque debe quedar PROHIBIDO OLVIDAR.


 II. COMPROMISO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Los representantes de los Partidos Políticos y de los candidatos presidenciales de libre postulación reconocidos por el Tribunal Electoral abajo firmantes, suscribimos este compromiso por nuestra confianza en Panamá, y nos comprometemos públicamente, desde el momento de la firma a: 

1… 
2…
3…
4…
 5. Vigilar la legítima y lícita procedencia de los fondos o donaciones de personas naturales o jurídicas en beneficio de los partidos políticos, así como de los candidatos, para evitar el clientelismo; y que las donaciones y gastos realizados sean de acceso público, mediante su publicación a través de los medios impresos, radiales, televisivos e Internet, preferiblemente antes de las elecciones y a más tardar sesenta días después de ellas. 


Huelga añadir, que el plazo de los 60 días vencieron y nadie publicó lo prometido. Un descrédito más, de nuestra clase política, sin rendición de cuenta alguna