jueves, 31 de julio de 2014

COMENTARIOS SOBRE El METROBUS




El transporte masivo que reemplazó a los diablos rojos, por la inadecuada administración que vemos en el METRO BUS hoy; esta opacando, algunos beneficios que le ha traído a los ciudadanos, el nuevo sistema, como son:
·               Traslados con mayor confort y seguridad.
·               Mejora en la imagen urbana.
·               Eliminación del secretario de los conductores, que no beneficiaba el servicio.
·               Eliminación de los conductores irresponsables.
·               Les da estabilidad laboral a los trabajadores del volante.
·               Otorga seguro de asiento al usuario.
·               Otorga seguro por responsabilidad civil y daños contra la propiedad de terceros.
·               Otorga un servicio las 24 horas al día, los 365 días del año.
·               El usuario paga una solo tarifa para realizar su viaje en un sentido, hasta 2 trasbordos,   mientras los realice consecutivamente en un lapso máximo de 150 minutos dentro de las rutas troncales y transversales.

¿Qué se puede hacer hoy sobre el tema?

Se le puede resolver el contrato a la empresa


La posibilidad de resolverle el contrato a la empresa, es  en base a lo que dispone la ley 22 de 2006 (de contratación pública) y el contrato de concesión No. 21-10, en sus cláusulas trigésima y trigésima primera.

El concesionario no ha puesto de su parte y un sector importante de la población, sufre inmisericordemente a diario.
La causal para iniciar el proceso podría ser; la del incumplimiento de las cláusulas del contrato y/o, la reiteración de faltas graves.

¿Este proceso de resolución (extinción) traumaría el sistema?

En lo más mínimo, ya que la cláusula trigésima primera ibídem, reza que todos los bienes, buses y demás, revertirán al Estado a fin de mantener la continuidad de la prestación del servicio público de transporte. El Estado, por justicia,  le pagaría por los bienes revertidos, al concesionario, mediando un proceso de liquidación de contrato público y en los términos que subyacen en la adenda 2.

El Estado podría administrar el sistema per se, o mediante la creación de una empresa mixta, como hizo con los corredores, o podría llamar, a un proceso de libre concurrencia, a otros operadores.


Se deja claro que la fiadora del contrato, antes de hacer efectivo su fianza, por el monto de B/. 46, 250,000.00 y antes de que todos los bienes pasen al Estado,  podría sustituir o subrogarse, si lo quisiera, de todos los derechos del concesionario, pudiendo efectuar el contrato a sus expensas.

¿Qué no se debiera hacer hoy sobre el tema?

Aplicar el rescate administrativo del METROBUS

Esta idea la veo descabellada y fuera de orden. ¿El porqué de mi afirmación?

Debido a que el rescate administrativo, lleva aparejado la obligación de indemnizar al afectado.

Esta figura lo contempla la ley de contrataciones públicas en su artículo 114, y permite al Estado, por razones de interés público, el rescate de los bienes y las obras dadas en concesión, previa autorización del Consejo de Gabinete.

El mismo artículo obliga a indemnizar y/o compensar al contratista –concesionario. Esto quiere decir, que sería un beneficio para el contratista que se aplique el rescate administrativo, pues nunca perderá su inversión, ni su ganancia proyectada en el tiempo.

Recordemos el pago millonario que tuvo que hacer el Estado, cuando pretendió rescatar los corredores.

¿Qué dice el contrato de Concesión No. 21-10, (METROBUS) sobre el rescate administrativo?

En su Cláusula Trigésima Tercera, reza que en caso de producirse el rescate administrativo de la concesión, el concesionario recibirá del Estado por concepto de indemnización, un monto que será determinado por la vía de la valoración de la empresa, a partir de todos los parámetros que sea necesario considerar.

Concluyo que con el rescate administrativo, se beneficiaría a la concesionaria, de manera integral en una proyección de ganar-ganar y esto sería inadmisible, por el mal servicio que muchos pensamos que está dándole a los ciudadanos.


Se aclara que si el gobierno no pone coto al transporte pirata, el concesionario podría alegar el incumplimiento de la cláusula vigésima sexta, inciso a) del contrato, que obliga al Estado a permitirle al concesionario, el desarrollo, implementación, administración y explotación de los servicios otorgados en concesión, correcta y pacíficamente, según los términos del contrato.


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