sábado, 26 de julio de 2014

Los delitos contra la administración pública no admiten desistimiento



Es un hecho público y notorio que el Consejo de Gabinete, en la Resolución No. 140 de 22 de julio de 2014, autorizó el desistimiento de la querella interpuesta, otrora, en favor de algunos dirigentes sindicales, por la comisión del supuesto delito contra la administración pública.

El fundamento para el desistimiento de marras, lo precisaron en el artículo 1092 del código judicial, que es una norma general, que reza así:


Artículo 1092.
Los representantes del Estado, de los Municipios y de cualquiera otra institución descentralizada, autónoma o semiautónoma, no pueden desistir de los procesos o de las pretensiones que hayan entablado o ejercitado o de la oposición a la demanda que contra dichas entidades se haya entablado o ejecutado, sin autorización del Consejo de Gabinete, del Consejo Municipal, o del organismo o corporación que deba darla según la Ley.


No obstante, la norma ut supra (antes descrita) no aplica para el caso en cuestión, a mi criterio, por la interpretación a contrario sensu del artículo 1965 Ibídem, que es especial.

Es decir, como el siguiente artículo especial del código judicial, no contempla el delito contra la administración pública, no le debe ser dable al juez, el admitir un desistimiento, por ese delito, (delito contra la administración pública) ya que los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley prevé. (Principio de estricta legalidad, en rango constitucional).


Artículo 1965.
Podrá terminarse el proceso y ordenarse su archivo por desistimiento de la pretensión punitiva en los delitos de hurto; lesiones y homicidio por imprudencia; lesiones personales; estafa; apropiación indebida; usurpación, siempre que en su ejecución no hubiere violencia, amenazas, abuso de confianza o clandestinidad; daños; incumplimiento de deberes familiares; expedición de cheques sin suficiente provisión de fondos; calumnia e injuria; inviolabilidad de domicilio, salvo los ejecutados con violencia sobre las personas, con armas o por dos o más personas; contra la inviolabilidad del secreto y otros fraudes contemplados en el Capítulo IV, Título IV, Libro II del Código Penal. El desistimiento podrá realizarse por la persona ofendida, su heredero declarado o representante legal, si el imputado no registra antecedentes penales y se hubiere convenido en la reparación del daño.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no podrá aplicarse en el caso del delito de homicidio culposo cuando concurran las siguientes circunstancias:
1. Cuando el causante se encontrare bajo los efectos de bebidas embriagantes, de drogas o sustancias que produzcan dependencia física o psíquica;
2. Cuando el agente abandone, sin justa causa, el lugar de la comisión de los hechos; y
3. Cuando la persona hubiere sido favorecida con este beneficio dentro de los cinco años anteriores.


Amanecerá y veremos como decide el juez de la causa, finalmente el pedido.

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