jueves, 31 de julio de 2014

¿Se debe anular de oficio un contrato público?



A raíz de que la compra de equipos de seguridad, a un costo de $125 millones a la italiana Selex Sistemi Integrati –filial de Finmeccanicca–  no están cumpliendo su función; analizan algunos, según medios de comunicación, la posibilidad de revocar el contrato en cuestión.

La revocatoria del contrato público, refrendado por Contraloría, de oficio, no puede darse a lo legal, pues se estaría violando el principio de legalidad.

 ¿Qué ha dicho la Corte sobre la fuerza de los contratos?

“Transcrito lo anterior debemos exponer que en nuestro derecho positivo se reconoce el derecho a pactar con fuerza de ley interpartes situaciones específicas dentro de un acuerdo, derecho reconocido en el artículo 976 del Código Civil, el cual es señalado como violado por parte del demandante. Dicho artículo indica que, "Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos”.  (Sentencia  del 6 de mayo de 2010, de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia).

¿Cuál es el mecanismo apropiado para poder anular un contrato según la Corte?

“El mecanismo apropiado para discutir el tema atinente a la celebración, incumplimiento o extinción de los contratos administrativos, es la proposición de una acción autónoma con esa finalidad concreta, para la cual es competente la Sala.
En esa acción el interesado deberá indicar las declaraciones que solicita (Vgr. la declaratoria de resolución o rescisión del contrato, etc.) y los motivos en que pretende apoyarse para solicitar las mismas”. (Resolución de 5 de junio de 2006, Mgdo. Ponente Adán Arnulfo Arjona de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia).

El código judicial, le da competencia a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, para anular un contrato público.
Artículo 97.

A la Sala Tercera le están atribuidos los procesos que se originen por actos, omisiones, prestaciones defectuosas o deficientes de los servidores públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos o autoridades nacionales, provinciales, municipales y de las entidades públicas autónomas o semiautónomas.
En consecuencia, la Sala Tercera conocerá en materia administrativa de lo siguiente:
5. De las cuestiones suscitadas con motivo de la celebración, cumplimiento o extinción de los contratos administrativos.



La vía penal también queda abierta, para presentar las denuncias que el caso pudiera ameritar.

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