jueves, 24 de julio de 2014

Un contrato que pudiera no refrendarse



El MEF informó de la convocatoria a una licitación abreviada para contratar auditorías especializadas que permitan esclarecer la ruta del dinero e identificar el uso que se le dio a cada dólar de los fondos públicos, y los posibles responsables de las irregularidades cometidas entre el 1 de julio de 2009 y el 30 de junio de 2014.

El contrato que devenga del acto público de marras, a mi juicio, no debiera ser refrendado por la Contraloría General, ya que la Ley No. 32 de 1984, publicada en la Gaceta Oficial Nº 20188 del 20 de noviembre de 1984, desarrolla las funciones de la Contraloría General y entre las cuales, está la siguiente:

“Realizará inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos y, en su caso, presentará las denuncias respectivas. Estas investigaciones pueden iniciarse por denuncia o de oficio, cuando la Contraloría lo juzgue oportuno.

Al instruir una investigación, la Contraloría practicará las diligencias tendientes a reunir los elementos de juicio que esclarezcan los hechos, pudiendo recibir testimonios, designar peritos, realizar inspecciones y practicar cualesquiera otras pruebas instituidas por la ley.”

No puede una empresa privada quitarle las funciones de un ente estatal, con rango constitucional. Lo que debe hacer el MEF, a mi criterio, es solicitarle la auditoría a la Contraloría, y con el resultado de la investigación, proceder penalmente, si corresponde.

Por la experiencia que tengo en estos casos (17 años como ex –asesor legal de la Contraloría), comento que el Ministerio Público, si se le llegara a presentar una denuncia por un mal manejo de fondos públicos, lo que hará sería pedir un informe- auditoría de la Contraloría, sobre el particular. O sea, se estaría erogando una suma innecesaria en un contrato público, que pudiera ser objeto de análisis inclusive, en el Tribunal de Cuentas.

En el evento de que la Contralora, se niegue a hacer la auditoria que pudiera ser pedida por el MEF, lo que hay que hacer sería, denunciar a la Contralora ante la Corte.

Hipótesis.

¿Qué pasaría si ya la Contraloría estuviera investigando o iniciase una investigación oficiosa, sobre el hallazgo del MEF y por otro lado, el MEF estuviere gestionando una auditoria privada, sobre el mismo caso?

Ante la ley, la auditoria de la Contraloría es la que pesaría, por mandato constitucional. (Artículo 279 y 280). La auditoría privada, no tendría ninguna validez legal.

¿Qué pasaría si la Contraloría refrenda el contrato del MEF, bajo comentario?

Le estuviera diciendo al país, que transita por el camino de la ineptitud y de la violación manifiesta de la ley, que le ha encomendado funciones que no puede delegar.

Dura es la ley pero es la ley.







1 comentario:

  1. Estoy de acuerdo con usted, pero aquí lo que está pesando es la gran desconfianza que se le tiene a una entidad que precísamente no ha honrado ese mandato legal conferido por la Constitución y la Ley 32. Lo que ud plantea se apega totalmente al derecho, pero no siempre apegarse al derecho implica que se haga justicia. De allí que no podemos esperar una auditoria objetiva por parte de la Contraloría.
    Gracias por este espacio de docencia. Siempre he pensado que los ciudadanos debemos involucrarnos más en los asuntos de gobierno y del Estado.

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