miércoles, 20 de agosto de 2014

El precio en el contrato público y el sobrecosto



Un sobrecosto, también conocido como un incremento de costo o sobrepasar el presupuesto, es un costo inesperado que se incurre por sobre una cantidad presupuestada debido a una subestimación del costo real durante el proceso de cálculo del presupuesto. (Enciclopedia Libre).

Es obligatorio para los servidores públicos, el establecer en las compras públicas, un buen precio, para lograr el mayor beneficio para el Estado, de acuerdo a lo que dispone la Constitución, en su artículo 266.

Establecer un precio inflado, es ilegal.

¿Cómo se establece generalmente, el precio de referencia, en un proyecto u obra?

Las unidades administrativas suelen buscar varios precios del producto, en el mercado, hacen una mediana y lo suben un poco, de manera responsable, (como buen padre de familia)  para alentar al oferente, a que participe en los actos públicos programados. Nunca debe inflarse desproporcionadamente un precio, pues sería un sobrecosto.

La Corte, dijo lo siguiente, sobre el tema de las adquisiciones públicas a buen precio:

 El mayor beneficio para el Estado debe ser apreciado no sólo desde la perspectiva del más bajo costo posible sino también de la mejor calidad en cuanto a la obra, bien o servicio de que se trate. Igualmente, ese mayor beneficio  que el Constituyente quiere que se alcance a través del trámite de selección de contratista, del cual, se repite, la licitación es sólo una de sus modalidades, debe permitir la escogencia objetiva de la mejor oferta, hecha por proponentes calificados con credenciales de seriedad y cumplimiento para asegurar las condiciones más beneficiosas al interés general.” Resolución del 27 de abril de 2009. Entrada No. 172-08.

La contratación directa, de ningún modo exime del cumplimiento de precisar de antemano, un buen precio, para el producto, que se pretende recibir de un particular.  Mismo que se debe hacer, de acuerdo a los valores reales del mercado, de manera referente.

Los funcionarios que incumplen su labor, sobre este tema,  podrían sufrir los rigores de un proceso administrativo, penal y patrimonial en su contra. Los particulares beneficiados, podrían estar obligados a devolverle al Estado el monto del sobrecosto, si media una sentencia en su contra, del Tribunal de Cuentas. 

La Contraloría debe negarle el refrendo a un contrato con sobrecosto. Si lo refrenda, los fiscalizadores serían solidariamente responsables, pues tienen que ejercer adecuadamente el control previo que está, en rango constitucional.

El concepto de control previo lo definió claramente la Contraloría mediante la Nota Núm.764-Leg. de 23 de mayo de 2000; en la misma, el Contralor General de la República, de la época, realizó algunas precisiones en torno al concepto de control previo. Seguidamente, reproducimos la parte medular de la citada nota. 


“Es importante hacer referencia a cada tipo o modalidad de Control, a saber: 

1. Control Previo: 

Las orientaciones y lineamientos que proporcionan los conocimientos y métodos científicos de las Ciencias Superiores de Fiscalización, permiten definir el Control Previo como la acción de fiscalización que ejerce el Ente Superior de Control de un país, sobre los actos administrativos que afecten o puedan afectar un patrimonio público, antes que tal afectación se produzca, con el propósito de que se realicen con corrección, dentro de los marcos legales y con razonabilidad económica.

Por otro lado, el concepto legal de Control Previo se precisa en el  Artículo Segundo de la Ley 22, del 9 de abril de 1976, que  preceptúa:
“ARTÍCULO SEGUNDO: Para los efectos de  esta Ley se entiende por Control Previo la  fiscalización y análisis de las actuaciones  administrativas que afecten un patrimonio  público, antes que tal afectación se produzca,  a fin de lograr que se realicen con corrección
y dentro de los marcos legales…”

Véase el comentario del artículo 11 de la Ley 32 de 1984, precisamente en la página web de la Contraloría General de la República en este link.


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