sábado, 2 de agosto de 2014

La doble nacionalidad en Panamá



La doble nacionalidad de un panameño por adquisición libre, provoca que se le suspendan sus derechos ciudadanos, más no, la pérdida de su nacionalidad natal, pues nunca la podrá perder,  por derecho constitucional.

¿Qué dice nuestra Constitución Política, al respecto?

ARTICULO 13. La nacionalidad panameña de origen o adquirida por el nacimiento no se pierde, pero la renuncia expresa o tácita de ella suspenderá la ciudadanía.
La nacionalidad panameña derivada o adquirida por la naturalización se perderá por las mismas causas.
La renuncia expresa de la nacionalidad se produce cuando la persona manifiesta por escrito al Ejecutivo su voluntad de abandonarla; y la tácita, cuando se adquiere otra nacionalidad o cuando se entra al servicio de un Estado enemigo.


Los cargos públicos con jerarquía de jurisdicción, solo lo pueden ejercer los ciudadanos activos.

Constitución

ARTICULO 132. Los derechos políticos y la capacidad para ejercer cargos públicos con mando y jurisdicción, se reservan a los ciudadanos panameños.

¿Por qué causales se suspenden los derechos ciudadanos?

Constitución

ARTICULO 133. El ejercicio de los derechos ciudadanos se suspende:
1. Por causa expresada en el artículo 13 de esta Constitución.
2. Por pena conforme a la Ley.


¿Qué ente suspende la ciudadanía?

Conforme al Texto Único de la ley del Registro Civil del Tribunal Electoral, en su artículo107, la Dirección Nacional del Registro Civil, es la única habilitada para ordenar la suspensión de los derechos ciudadanos.

¿Qué ente puede rehabilitar los derechos ciudadanos?
Conforme a la Carta Magna, la Asamblea Nacional es el único organismo hoy, que puede decretar la rehabilitación de la ciudadanía.


Constitución

ARTICULO 161. Son funciones administrativas de la Asamblea Nacional:
10. Rehabilitar a los que hayan perdido derechos inherentes a la ciudadanía.



Ejemplo de la rehabilitación de la ciudadanía por la Asamblea Nacional; la de Bosco Ricardo Vallarino. La Corte Suprema, Pleno, en sentencia de 24 de enero de 2012 dictaminó que la rehabilitación efectuada era válida, pero  desde el momento en que se dictaminó por la Asamblea Nacional el 3 de julio de 2009 y no desde el momento en que supuestamente el prenombrado cambió su domicilio aparente en Panamá, en el año 2,000. 

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