lunes, 11 de agosto de 2014

Valor de un audito privado en la junta comunal



El MEF realizó una licitación para auditar a 153 Juntas Comunales a nivel nacional. En este acto, conforme a los medios de comunicación,  participó únicamente Forero, Gordón & Asociados, que propusieron un millón 170 mil balboas con 45 centavos para realizar este trabajo.
El proponente que cumpla con todos los requisitos y obtenga el mayor puntaje, tendrá un plazo de seis meses para entregar los resultados que arrojen dichas auditorías.

¿Tiene algún valor jurídico esta auditoria privada a realizarse en las juntas comunales?

Para mi, ninguno, y si se eroga alguno dinero, por ello,  podría perpetrarse una lesión patrimonial, ya que la contralora Gioconda Torres de Bianchini giró ya instrucciones, para auditar las juntas comunales y alcaldías desde el periodo de 2004 al 2014, previa solicitud de la procuradora general de la nación, Ana I. Belfon. Informaron los medios.


Con el inicio de esta auditoría se da respuesta a la solicitud que realizó Belfon el 16 de junio, cuando abrió de oficio una investigación penal por la utilización de fondos del Estado en las juntas comunales, municipios y alcaldías del país por un periodo de 2004 a 2009 y 2009 a 2014.

La Ley No. 32 de 1984, publicada en la Gaceta Oficial Nº 20188 del 20 de noviembre de 1984, desarrolla las funciones de la Contraloría General y entre las cuales, está la siguiente:

“Realizará inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos y, en su caso, presentará las denuncias respectivas. Estas investigaciones pueden iniciarse por denuncia o de oficio, cuando la Contraloría lo juzgue oportuno.

Al instruir una investigación, la Contraloría practicará las diligencias tendientes a reunir los elementos de juicio que esclarezcan los hechos, pudiendo recibir testimonios, designar peritos, realizar inspecciones y practicar cualesquiera otras pruebas instituidas por la ley.”

No puede una empresa privada entrometerse en las funciones de un ente estatal, con rango constitucional, que ya está investigando un caso, en acatamiento de lo que le pidió, el Ministerio Público. 



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