martes, 23 de septiembre de 2014

El tribunal administrativo de contrataciones públicas, constitucionalmente puede adjudicar un acto público impugnado.




En sentencia del PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, del 21 de mayo de 2014, esta corporación dijo que en virtud que la ley le ofrece al recurrente la posibilidad de interponer libelo impugnatorio contra la resolución administrativa que rechaza las propuestas presentadas; el  tribunal administrativo de contrataciones públicas adquirió competencia para pronunciarse sobre las pretensiones propuestas por el recurrente, prohibiéndosele, solamente, la reformatio in peius, en atención al principio de congruencia procesal.

Esto quiere decir, que si el impugnante pidió en su recurso, la adjudicación de un acto de selección de contratista, el tribunal administrativo de contrataciones públicas, es idóneo para adjudicar, accediendo a lo pedido, si lo tuviere a bien hacer.

El tribunal no puede resolver la causa, empeorando los términos en que fue dictada la primera decisión, para el recurrente.

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