domingo, 30 de noviembre de 2014

El ejercicio del periodismo


Solo hay una forma en que debiera ejercerse el periodismo en Panamá y es en absoluta libertad.

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sobre el tema dijo:

“El ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento” (Corte IDH. Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012 Serie C No. 248. Párr. 209.)


“Dichas acciones no solo vulneran de un modo especialmente drástico la libertad de pensamiento y expresión de la persona afectada, sino que además afectan la dimensión colectiva de este derecho. Los actos de violencia que se cometen contra periodistas (término entendido bajo una definición amplia, desde una perspectiva funcional) o personas que trabajan en medios de comunicación y que están vinculados con su actividad profesional, violan el derecho de estas personas a expresar e impartir ideas, opiniones e información y además, atentan contra los derechos de los ciudadanos y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo”. (Corte IDH. Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248. Párr. 142-149.)

sábado, 29 de noviembre de 2014

El deber del periodista



La libertad de expresión no es un derecho absoluto. El artículo 13.2 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa, también prevé la posibilidad de exigir responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho. Estas restricciones tienen carácter excepcional y no deben limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el pleno ejercicio de la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa.

En tal sentido, el periodista conforme lo ha dicho la Corte Interamericana de los Derechos Humanos tiene deberes que debe honrar, para no abusar del ejercicio de la libertad de expresión e irrespetar por tanto, a las personas que reciben la información del comunicador.

Cita textual del fallo de la Corte.

“De otro lado, en el marco de la libertad de información, el Tribunal considera que existe un deber del periodista de constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en que fundamenta sus opiniones. Es decir, resulta válido reclamar equidad y diligencia en la confrontación de las fuentes y la búsqueda de información. Esto implica el derecho de las personas a no recibir una versión manipulada de los hechos.  En consecuencia, los periodistas tienen el deber de tomar alguna distancia crítica respecto a sus fuentes y contrastarlas con otros datos relevantes”.
(CASO KIMEL VS. ARGENTINA, página 279)

sábado, 22 de noviembre de 2014

Campaña contra la corrupción



La gente decente de Panamá, está en contra de la corrupción, en todas sus facetas dentro de la sociedad.

Los diversos órganos del Estado, debieran tomar medidas inmediatas para mitigar, este flagelo que azota nuestro país.

      Órgano Ejecutivo.

A.      Ordenando a los ministro de Estado y a todos los directores y administradores de entidades, a hacer pública su declaración jurada de bienes patrimoniales, para que el pueblo las fiscalice.

B.      Restructurando o cerrando de inmediato el PAN


Órgano legislativo.

A.      Que modifique la ley 35 de 2013 que redujo los términos de prescripción para el enriquecimiento injustificado, peculado y los delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública.
B.      Que modifique la ley 59 de 1999 para que permita la fiscalización ciudadana, de las declaraciones jurada de bienes patrimoniales,  de todos los funcionarios con mando y jurisdicción.
C.      Que elimine las licencias con sueldo, otorgadas a algunos de sus diputados.
D.      Que le exija a todos los diputados, la rendición de cuenta al país, sobre el uso de las partidas circuitales. Nadie conoce a ciencia cierta en que se gastaron.

                      Administración de Justicia.

Órgano Judicial.

A.      Que por transparencia, suba a la web, la cantidad de los expedientes que estén en los despachos de los magistrados de la Corte Suprema, así como el tiempo en que están allí.

Ministerio Público.


A.      Que inicie investigaciones sobre posible enriquecimiento injustificado y peculado, a los ex funcionarios, de todos los gobiernos, respetando los diversos términos de prescripción, la presunción de inocencia y el debido proceso. 

miércoles, 19 de noviembre de 2014

La competencia de la Sala Tercera en los procesos electorales



Comentan los medios, que Miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en la tarde del 19 de noviembre de los corrientes, presentaron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sala Tercera,  una demanda contenciosa administrativa de protección de derechos humanos, con el propósito de que se declare nulo “por ilegal” el decreto 25 del 11 de noviembre de 2014 del Tribunal Electoral (TE), que deja por fuera en las nuevas elecciones en ese circuito a los candidatos del colectivo Denis Arce Morales y Gladys Novoa.

No obstante, esta acción invocada, a lo legal, no debiera ni siquiera admitirse, a mi juicio, debido a que el único ente que puede desvirtuar una decisión electoral tomada por el Tribunal Electoral, es el Pleno de la Corte que lo integran nueve magistrados.

Jurisprudencia. (Caso de Panamá Avanza): Fallo del doce (12) de noviembre de dos mil trece (2013). Sala Tercera

Transcripción literal

“En el sentido apuntado, la jurisprudencia reiterada y sostenida del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en aplicación de lo previsto en el artículo 143 de la Constitución Política de la República de Panamá, ha señalado, tal como hemos indicado en párrafos anteriores que las decisiones emitidas por el Tribunal Electoral en materia electoral, sólo son impugnables a través de la acción de inconstitucionalidad (V. Fallo de 19 de enero de 2009).

Luego de lo expuesto, la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, en Pleno,  administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la Demanda Contencioso Administrativa de Protección de Derechos Humanos presentada por el licenciado Teofanes López, actuando en nombre y representación de la ASOCIACIÓN PANAMÁ AVANZA, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución S/N de fecha 8 de octubre de 2013, emitida Sala Unitaria por el Magistrado Erasmo Pinilla, Presidente del Tribunal Electoral…”

Inferir, que una decisión de tres magistrados (Sala Tercera) puede invadir el terreno electoral, por pretender defender un derecho humano, es delicado y peligroso, pues se estaría trastocando el artículo 143 final de la Constitución.

Constitución

Artículo 143.

Las decisiones en materia electoral del Tribunal Electoral únicamente son recurribles ante él mismo y, una vez cumplidos los trámites de Ley, serán definitivas, irrevocables y obligatorias.
Contra estas decisiones solo podrá ser admitido el recurso de inconstitucionalidad.


Adicional, en sentencia del Pleno de la Corte del 31 de diciembre de 1993 se exteriorizó que las decisiones del Tribunal Electoral únicamente son recurribles ante él mismo, excepto lo referente al recurso de inconstitucionalidad…”




La corrupción




Dejar de luchar, por culpa de la corrupción que hay en tu alrededor, es como cortarte el cuello porque hay barro afuera. Nicolae Iorga

Para ir mitigando cada día más, el flagelo de la corrupción, pudiéramos hacer lo que sigue, en mi concepto:

1.       Una mejor rendición de cuenta de parte de los funcionarios que ejercen mando y jurisdicción.
2.       Una ideal política de transparencia en el uso de los fondos públicos y divulgación de esa información al ciudadano.
3.       Una mejor fiscalización de parte de la Contraloría, sobre los actos de manejo de fondos y bienes públicos.
4.       Una mejor política jurídica en cuanto a las adquisiciones de bienes y servicios.
5.       Una adecuada estrategia de información, sobre la necesidad de cultivar los valores, en la comunidad.
6.       Una política gubernamental que tienda a fortalecer a la familia, como el principal núcleo en la sociedad.
7.       Permitir en mejor medida a la sociedad, a que participe en calidad propositiva, en las políticas de estado.
8.       Incentivar al funcionario a que cumpla el código de ética de su entidad y a las empresas particulares a crearlo.
9.       Fortalecer las vías, para que los medios de comunicación social, puedan seguir divulgando, sin presión alguna,  los hallazgos que encuentre, de manera veraz y objetiva.
10.    Incentivar a las empresas a que premien, cada cierto tiempo, la bondad y la honradez de sus empleados.

El PAN como organismo en Panamá



El PAN es el Programa de Ayuda Nacional, adscrito al Ministerio de la Presidencia. Fue creado con el Decreto Ejecutivo No. 690 de 2010, con el propósito de:

· Concentrar los esfuerzos del Estado a la atención de las necesidades socioeconómicas de la población más necesitada, con el objetivo de lograr descender el nivel de pobreza,

· Lograr el desarrollo sostenible de las comunidades marginadas y rurales, que carecen de los servicios básicos,

· Brindar oportunidades de capacitación, con énfasis en grupos pobres y marginados, con el fin de satisfacer sus necesidades básicas,

· Fortalecer la capacidad de autogestión de sectores informales de la economía y de los grupos más necesitados,

· Contribuir a la expansión y al mejoramiento de la infraestructura económica y social,

· Promover y fortalecer la capacidad de gestión de los Organismos No Gubernamentales que tengan como objetivo la promoción social, deportiva, cultural y económica,

· Fortalecer las estructuras de los gobiernos provinciales, locales y de las agrupaciones naturales en las comunidades, para aumentar su capacidad de atender las necesidades de su población,

· Responder a las demandas de las poblaciones no resueltas por programas sociales vigentes e invertir en obras de interés social de los programas de la Presidencia de la República

· Promover y realizar proyectos de asistencia social, beneficencia y apoyo en las comunidades estimulando su organización y participación, y

· Promover la inversión en proyectos de interés social.

Otrora se llamaba FIS y antes el FES, en los gobiernos anteriores, y ha sido la punta de lanza para satisfacer las necesidades inmediata de los pobres.

No obstante, lo antes dicho, esta institución si hay que hacerle algunos ajustes, para eliminarle lo que yo denomino “los hallazgos históricos del Programa”.



Hallazgos históricos.

1. Ha servido para que algunas instituciones con el fin de eludir la ley de contratación pública, hagan convenios de administración con el PAN, para que este último, desarrolle sus proyectos.

2. Tiene un régimen de adquisición de bienes poco transparente, en donde se puede contratar, vía invitación directa, inclusive.

3. Sus adquisiciones no suben a “Panamá Compra” como el resto de las instituciones.

4. No se puede demandar la nulidad de las adquisiciones ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, como los demás entes de Estado.

5. Se ha utilizado en los procesos electorales, afectando su esencia normativa.


6. Se ha transformado en algunos periodos, como el bastión de la corrupción.

El PAN hay que  adecuarlo, al derrotero de la transparencia y uniformidad, en mi concepto.

El Tribunal Electoral ha perdido el norte



Recientes fallos del Tribunal Electoral me hacen pensar que el Tribunal Electoral como que ha perdido el norte, a lo mejor por asuntos filosóficos o por exceso de trabajo y es necesario que haga la reingeniería de rigor, por el bien de la democracia.



1. Sentencia del 15 de noviembre de 2014. (Caso de Ana Giselle Rosas de Vallarino).



El TE sanciona como falta el clientelismo, cuando el código electoral no dice esto.



Transcripción literal.



“Con base a los hechos denunciados y comprobados, se viola la libertad del sufragio cuando un candidato, precandidato o donante político le entrega a electores durante la celebración de las elecciones, bienes o recursos para atender sus necesidades personales y/o familiares de cara a un proceso electoral o dentro de él.

Ello es así, por cuanto que los bienes y recursos recibidos, condicionan al elector a tener que retribuir con su voto a la persona que les entregó los bienes o materiales, lo que no es necesario acreditar, porque precisamente lo que busca y pretende el donante es comprometer al receptor con un pago en votos el día de las elecciones.

Por ello, la entrega de bienes y/o recursos de manera selectiva y discrecional a electores en la campaña electoral, atenta contra la libertad del sufragio popular, dado que de una manera u otra condiciona esa voluntad del elector que se ve comprometida y que siente que debe retribuir con su voto, particularmente en aquellos corregimientos donde prevalecen muchas necesidades entre la población.”






Esta tesis no se compadece con nuestra historia electoral ni con la cultura política del electorado panameño, que en tiempos de elecciones, recibe lo que le regalan pero vota por quien desea.



El clientelismo político, si bien es un anti-valor, no está tipificado como falta ni delito, en el código electoral panameño.



Por otro lado, no todo el que regaló algo en campaña, ha salido triunfador en el torneo electoral acaecido.



2. Decreto 25 de 11 noviembre de 2014, que convoca para el domingo 14 de diciembre de 2014 la celebración de las elecciones parciales de diputados en el circuito 4-1, en la provincia de Chiriquí.



Según el documento, el Partido Revolucionario Democrático no puede participar con candidatos porque mediante un incidente de exclusión, se resolvió jurídicamente asignarle una curul al colectivo debido a que el 4 de mayo alcanzó el cociente, al obtener un total de 30,080 votos.


El TE les está violando el derecho político a los otros candidatos del PRD, protegido por la Convención Americana de los Derechos Humanos, en rango constitucional, de ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.





lunes, 17 de noviembre de 2014

Beneficio para el funcionario “ladrón”



El código procesal penal, había establecido en su artículo 116, un término amplio para la prescripción de los delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública; por aquello del combate contra la corrupción.

La acción penal otrora prescribía, al vencimiento del plazo igual al doble del máximo previsto en la ley.

Sin embargo, con la Ley No. 35 de 2013, la Asamblea Nacional de Diputados anterior, modifico el plazo antes descrito, reduciendo el plazo de prescripción, antes citado, a la mitad.

Hoy la acción penal prescribe, en un plazo igual al máximo de la pena de prisión prevista en la ley, para los delitos antes anotados.


Esta Ley No. 35 beneficia, sin lugar a dudas, al funcionario “ladrón” y por lo tanto, debe adecuarse de manera inmediata al término amplio, que antes existía.

sábado, 15 de noviembre de 2014

Limitaciones a la libertad de expresión





1. No se debe afectar la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. (Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos).


2. No se debe irrespetar los derechos o a la reputación de los demás. (Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos).


3. No se debe promover la guerra. (Artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).


4. No se debe hacer una apología al odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. (Artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).


5. No se debe atacar de manera abusiva, la vida privada y familiar de un individuo. (Artículo V de la Declaración Americana de los Derechos Humanos  y el Artículo 11 de la Convención Americana de los Derechos Humanos)


6. No se debe atacar la vida privada, familiar, domicilio o correspondencia de un niño. (Artículos 15 y 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño).


El que afecte las disposiciones transcritas, podría afrontar, las consecuencias ulteriores de sus decisiones, ante los tribunales pertinentes.





viernes, 14 de noviembre de 2014

Los invasores





Un grupo de personas de manera inexplicable, se han tomado varias calles de Panamá, exigiendo expropiaciones de propiedades privadas.

El gobierno debe poner orden ipso facto, sobre este punto, pues las leyes nacionales sancionan tales actos y no debe haber anarquía, en este sentido y mucho menos por cuestiones políticas, si fuere el caso.




Código penal

Delitos contra la Libertad de Reunión y de Prensa


Artículo 170. Quien, abusando de su derecho de reunión o manifestación, mediante uso de violencia, impida u obstaculice el libre tránsito de vehículos por las vías públicas del país y cause daños a la propiedad pública o privada será sancionado con prisión de seis meses a dos años.


Artículo 229-A. Quien, sin autorización, ocupe total o parcialmente un inmueble, terreno  o  edificación ajeno será sancionado con prisión de uno a tres años o su equivalente en  días-multa o arresto de fines de semana.

La sanción será de tres a seis años de prisión a quien promueva, patrocine,  induzca, financie, facilite, colabore o incite la ocupación del inmueble, terreno o  edificación ajeno.


Cuando el hecho se cometa en áreas colindantes con quebradas, ríos o fuentes de  agua o en zona declarada como área protegida, zona de preservación ambiental y  ecológica dotada de atributos excepcionales que tengan limitaciones y condiciones que justifiquen su inalienabilidad e indisponibilidad, áreas de reservas para la construcción de obras públicas, zonas de contaminación ambiental o zonas vulnerables a riesgo de  fenómenos naturales adversos u otros provocados por el hombre, la sanción se aumentará  de un tercio a la mitad. 

jueves, 13 de noviembre de 2014

Feliz día del Periodista.



 ¿Qué es un Periodista?  A continuación, la respuesta.                              


Persona dedicada a transmitir, una noticia imparcial y veraz.
Emprendedor laborioso  que procura difundir, la información oportuna.
Resuelto a vencer los obstáculos, para lograr el cumplimiento de sus metas.

Ingenioso en la defensa por los derechos humanos.

Objetivo en el análisis y en la elaboración de la noticia.

Decidido a luchar por el derecho que tiene toda persona a recibir información.

Idealista que procura trabajar en todo tiempo por una vocación.
Sabedor de que la independencia es transcendental para el buen desarrollo de la sociedad.
Tenaz fiscalizador del manejo de la cosa pública.
Abnegado servidor que cree que el derecho a la información, es necesario para el  fortalecimiento de la democracia.

Feliz día del Periodista.





 ¿Qué es un Periodista?  A continuación, la respuesta.                              

Persona dedicada a transmitir, una noticia imparcial y veraz.
Emprendedor laborioso  que procura difundir, la información oportuna.
Resuelto a vencer los obstáculos, para lograr el cumplimiento de sus metas.
Ingenioso en la defensa por los derechos humanos.
Objetivo en el análisis y en la elaboración de la noticia.
Decidido a luchar por el derecho que tiene toda persona a recibir información.
Idealista que procura trabajar en todo tiempo por una vocación.
Sabedor de que la independencia es transcendental para el buen desarrollo de la sociedad.
Tenaz fiscalizador del manejo de la cosa pública.
Abnegado servidor que cree que el derecho a la información, es necesario para el  fortalecimiento de la democracia.

miércoles, 12 de noviembre de 2014

Decisión Inconstitucional del Tribunal Electoral




El Tribunal Electoral, mediante decreto 25 de 11 noviembre de 2014, convoca para el domingo 14 de diciembre de 2014 la celebración de las elecciones parciales de diputados en el circuito 4-1, en la provincia de Chiriquí.



Según el documento, el Partido Revolucionario Democrático no puede participar con candidatos porque mediante un incidente de exclusión, se resolvió jurídicamente asignarle una curul al colectivo debido a que el 4 de mayo alcanzó el cociente, al obtener un total de 30,080 votos.



Esta decisión a mi juicio es inconstitucional por lo siguiente:



1. Les está violando el derecho a ejercer cargo público a los otros candidatos del PRD, en rango constitucional.



Constitución



ARTICULO 132. Los derechos políticos y la capacidad para ejercer cargos públicos con mando y jurisdicción, se reservan a los ciudadanos panameños.





2. Les está violando el derecho político a los otros candidatos del PRD, protegido por la Convención Americana de los Derechos Humanos, en rango constitucional.





Convención Americana de los Derechos Humanos





Artículo 23. Derechos Políticos



1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:



b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y







3. Esta violando el debido proceso en rango constitucional, debido a que conforme a la ley electoral, En los circuitos plurinominales (se escoge a dos o más diputados). La fórmula para determinar los diputados es así:



Cociente electoral, es el resultado de la suma de todos los votos válidos depositados en el circuito, dividido por el número de las curules, a asignarse a ciudadanos.



Medio cociente, es el resultado del cociente electoral, dividido entre dos.



1. La suma total de los votos selectivos de los candidatos, se le suman a la nómina del partido o de libre postulación, para ver si se llega al cociente electoral. Si así fuere, se le otorgarán las curules que correspondan, a la nómina o lista, del partido o libre postulación de rigor y se adjudicarán al o a los candidatos más votado de la nómina.

2. Si practicado lo anterior, quedaren curules por adjudicar, se otorgaran las curules, por medio cociente, a la nómina del partido o de libre postulación, de la misma forma explicada en el punto anterior. Las listas que hayan obtenido el cociente electoral, no pueden participar del medio cociente.

3. Si practicado todo lo antes expuesto, quedaren curules por adjudicar, se adjudicarán a los candidatos más votados, para esto se contarán los votos que provengan del partido que lo postuló, o de la libre postulación, o de todos los votos que provienen de los partidos que lo postularon, siempre que éstos participan, en alianza nacional.



Por consiguiente, si el PRD obtuvo 1 curul por cociente, se le debe permitir correr, pero sólo por el residuo o por el candidato más votado, impidiendo que ganara por cociente o medio cociente, pues ya tiene una curul.

Decisión Inconstitucional del Tribunal Electoral



El Tribunal Electoral, mediante decreto 25 de 11 noviembre de 2014, convoca para el domingo 14 de diciembre de 2014 la celebración de las elecciones parciales de diputados en el circuito 4-1, en la provincia de Chiriquí.



Según el documento, el Partido Revolucionario Democrático no puede participar con candidatos porque mediante un incidente de exclusión, se resolvió jurídicamente asignarle una curul al colectivo debido a que el 4 de mayo alcanzó el cociente, al obtener un total de 30,080 votos.



Esta decisión a mi juicio es inconstitucional por lo siguiente:



1. Les está violando el derecho a ejercer cargo público a los otros candidatos del PRD, en rango constitucional.



Constitución



ARTICULO 132. Los derechos políticos y la capacidad para ejercer cargos públicos con mando y jurisdicción, se reservan a los ciudadanos panameños.





2. Les está violando el derecho político a los otros candidatos del PRD, protegido por la Convención Americana de los Derechos Humanos, en rango constitucional.





Convención Americana de los Derechos Humanos





Artículo 23. Derechos Políticos



1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:



b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y







3. Esta violando el debido proceso en rango constitucional, debido a que conforme a la ley electoral, En los circuitos plurinominales (se escoge a dos o más diputados). La fórmula para determinar los diputados es así:



Cociente electoral, es el resultado de la suma de todos los votos válidos depositados en el circuito, dividido por el número de las curules, a asignarse a ciudadanos.



Medio cociente, es el resultado del cociente electoral, dividido entre dos.



1. La suma total de los votos selectivos de los candidatos, se le suman a la nómina del partido o de libre postulación, para ver si se llega al cociente electoral. Si así fuere, se le otorgarán las curules que correspondan, a la nómina o lista, del partido o libre postulación de rigor y se adjudicarán al o a los candidatos más votado de la nómina.

2. Si practicado lo anterior, quedaren curules por adjudicar, se otorgaran las curules, por medio cociente, a la nómina del partido o de libre postulación, de la misma forma explicada en el punto anterior. Las listas que hayan obtenido el cociente electoral, no pueden participar del medio cociente.

3. Si practicado todo lo antes expuesto, quedaren curules por adjudicar, se adjudicarán a los candidatos más votados, para esto se contarán los votos que provengan del partido que lo postuló, o de la libre postulación, o de todos los votos que provienen de los partidos que lo postularon, siempre que éstos participan, en alianza nacional.



Por consiguiente, si el PRD obtuvo 1 curul por cociente, se le debe permitir correr, pero solo sólo por el residuo o por el candidato más votado, impidiendo que ganara por cociente o medio cociente, pues ya tiene una curul.

Decisión Inconstitucional del Tribunal Electoral


El Tribunal Electoral, mediante decreto 25 de 11 noviembre de 2014, convoca para el domingo 14 de diciembre de 2014 la celebración de las elecciones parciales de diputados en el circuito 4-1, en la provincia de Chiriquí.



Según el documento, el Partido Revolucionario Democrático no puede participar con candidatos porque mediante un incidente de exclusión, se resolvió jurídicamente asignarle una curul al colectivo debido a que el 4 de mayo alcanzó el cociente, al obtener un total de 30,080 votos.



Esta decisión a mi juicio es inconstitucional pro lo siguiente:



1. Les está violando el derecho a ejercer cargo público a los otros candidatos del PRD, en rango constitucional.



Constitución



ARTICULO 132. Los derechos políticos y la capacidad para ejercer cargos públicos con mando y jurisdicción, se reservan a los ciudadanos panameños.





2. Les está violando el derecho político a los otros candidatos del PRD, protegido por la Convención Americana de los Derechos Humanos, en rango constitucional.





Convención Americana de los Derechos Humanos





Artículo 23. Derechos Políticos



1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:



b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y







3. Esta violando el debido proceso en rango constitucional, debido a que conforme a la ley electoral, En los circuitos plurinominales (se escoge a dos o más diputados). La fórmula para determinar los diputados es así:



Cociente electoral, es el resultado de la suma de todos los votos válidos depositados en el circuito, dividido por el número de las curules, a asignarse a ciudadanos.



Medio cociente, es el resultado del cociente electoral, dividido entre dos.



1. La suma total de los votos selectivos de los candidatos, se le suman a la nómina del partido o de libre postulación, para ver si se llega al cociente electoral. Si así fuere, se le otorgarán las curules que correspondan, a la nómina o lista, del partido o libre postulación de rigor y se adjudicarán al o a los candidatos más votado de la nómina.

2. Si practicado lo anterior, quedaren curules por adjudicar, se otorgaran las curules, por medio cociente, a la nómina del partido o de libre postulación, de la misma forma explicada en el punto anterior. Las listas que hayan obtenido el cociente electoral, no pueden participar del medio cociente.

3. Si practicado todo lo antes expuesto, quedaren curules por adjudicar, se adjudicarán a los candidatos más votados, para esto se contarán los votos que provengan del partido que lo postuló, o de la libre postulación, o de todos los votos que provienen de los partidos que lo postularon, siempre que éstos participan, en alianza nacional.



Por consiguiente, si el PRD obtuvo 1 curul por cociente, se le debe permitir correr, pero solo sólo por el residuo o por el candidato más votado, impidiendo que ganara por cociente o medio cociente, pues ya tiene una curul.



lunes, 10 de noviembre de 2014

La Ética en los Medios de Comunicación


El Papa Francisco dijo que los peores pecados de los medios de comunicación son la calumnia, la difamación, pero sobre todo, la desinformación. 

Sobre los principales y más graves pecados de los medios de comunicación, el Papa explicó que la "calumnia es pecado mortal, pero se puede llegar a conocer la verdad", al igual que con la difamación, se puede finalmente decir que fue "una injusticia" y "pedir perdón por ello". 

El Papa argentino aseguró que el peor de todos es la desinformación, "el decir las cosas a medias", lo que no permite a quien ve la televisión u oye la radio "hacerse un juicio de valor porque no tiene elementos, nadie se los ha dado". 

Respecto a la ética en el profesional de la comunicación, el prenombrado expreso: “La cualidad ética de la comunicación es fruto, en último análisis, de la conciencias cuidadosas, no superficiales, siempre respetuosas de las personas, tanto las que son objeto de información como de los destinatarios del mensaje. Cada uno, en su propio rol y con su propia responsabilidad, está llamado a vigilar para mantener alto el nivel ético de la comunicación...”


El deber del periodista y el ejercicio abusivo de la libertad de expresión.


La libertad de expresión no es un derecho absoluto. El artículo 13.2 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa, también prevé la posibilidad de exigir responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho. Estas restricciones tienen carácter excepcional y no deben limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el pleno ejercicio de la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa.



En tal sentido, el periodista conforme lo ha dicho la Corte Interamericana de los Derechos Humanos tiene deberes que debe honrar, para no abusar del ejercicio de la libertad de expresión e irrespetar por tanto, a las personas que reciben la información del comunicador.


Cita textual del fallo de la Corte.


“De otro lado, en el marco de la libertad de información, el Tribunal considera que existe un deber del periodista de constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en que fundamenta sus opiniones. Es decir, resulta válido reclamar equidad y diligencia en la confrontación de las fuentes y la búsqueda de información. Esto implica el derecho de las personas a no recibir una versión manipulada de los hechos. En consecuencia, los periodistas tienen el deber de tomar alguna distancia crítica respecto a sus fuentes y contrastarlas con otros datos relevantes”.
(CASO KIMEL VS. ARGENTINA, página 279)

Los Ministros Consejeros, no son Ministros de Estado: LA CORTE



En decisión del 3 de julio de 2014, dentro de una denuncia que interpuse, contra el MOP, a la sazón dirigido por el ingeniero FEDERICO SUAREZ, por haber pagado el MOP 30 millones, para la reparación de daños materiales a la vía próxima al puente Centenario, el Pleno declinó el caso a un juez de circuito, pero dijo en el fallo, que la designación de SUAREZ como MINISTRO CONSEJERO, a la postre, no tiene sustento constitucional para ser llamado Ministro de Estado. El prenombrado era Ministro del MOP cuando denuncié, luego con el Decreto No. 138 de 2012 se le nombró MINISTRO CONSEJERO.

El PLENO de la Corte dijo lo que sigue.

“Como abono a lo anterior, y para despejar dudas sobre nuestra competencia privativa respecto a procesos penales, donde se involucre a un Ministro de Estado, consideramos oportuno realizar un análisis de las normas fundamentales que nos orientan sobre la creación, estructuración administrativa y funcionabilidad de los Ministros de Estado.



En primer orden, el artículo 183 constitucional establece como atribución del Presidente de la República, nombrar y separar libremente a los Ministros de Estado. No obstante, cuando ello implica la creación de nuevos ministerios nuestra Carta Fundamenta en el artículo 159, numeral 12, establece que ello se realizará a través de la intervención de otro Órgano del Estado, que en este caso lo es, la Asamblea Nacional.



“ARTÍCULO 159: La función legislativa, es ejercida por medio de la Asamblea Nacional y consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estados declarados en esta Constitución y en especial para lo siguiente:



12. Determinar, a propuesta del Órgano Ejecutivo, la estructura de la administración nacional mediante la creación de Ministerios, Entidades Autónomas, Semiautónomas, Empresas Estatales y demás establecimiento públicos, y distribuir entre ellos las funciones y negocios de la Administración, con el fin de asegurar la eficacia de las funciones administrativas ”.



En ese sentido, el artículo 194 de la Constitución Política define que los Ministros de Estado son los jefes de sus respectivos ramos y participan con el Presidente de la República en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con la Constitución y la ley, siendo que la distribución de sus respectivos negocios también se efectuaran de conformidad con la ley, como expone el artículo 195 lex cit.



Para esta Superioridad las normas citadas establecen los protocolos que se exigen para la constitución de un nuevo ministerio y sus atribuciones, siendo en consecuencia que concluimos que la designación del Ingeniero FEDERICO SUAREZ no reúne estas condiciones, siendo en consecuencia que se extravía nuestra competencia en este expediente penal, ya que es un hecho público y notorio que en la actualidad no ostenta el cargo de Ministro de Estado.”



Conclusiones propias:

1. Los ministros consejeros no son ministros de Estado, porque no tienen una cartera a su cargo, creada por el Legislativo.

2. Los ministros consejeros no deben tener los privilegios y las obligaciones, de los ministros de Estado, porque no lo son.

3. Los ministros de consejeros, no deben participar de las reuniones del Consejo de Gabinete, por lo antes expuesto.

sábado, 8 de noviembre de 2014

El Procurador General de la Nación


El Procurador General de la Nación preside el Ministerio Público.

Son atribuciones especiales del Procurador General de la Nación:

1. Investigar y ejercer ante la Corte Suprema de Justicia la acción correspondiente a los delitos cometidos por los servidores públicos cuyo juzgamiento corresponda a esta Corporación;
2. Instruir las sumarias y, en general, ejercer la acción penal en los procesos por delitos cuyo conocimiento esté atribuido a la Corte Suprema de Justicia o a la Sala de lo Penal de ésta;
3. Promover y sostener los procesos necesarios para la defensa de los bienes e intereses del Estado, observando las instrucciones que sobre el particular reciba del
Órgano Ejecutivo, y representar al Estado en las demandas que contra él se sigan ante la Corte Suprema de Justicia;
4. Emitir opinión y representar los intereses públicos, según sea el caso, en los procesos relativos al estado de familia, en la forma establecida por la Ley;
5. Cuidar que los demás servidores públicos del Ministerio Público desempeñen fielmente sus cargos, y exigirles responsabilidad por las faltas o delitos que cometan y ejercitar las acciones correspondientes;
6. Defender ante la Corte Suprema de Justicia los intereses de los Municipios y de las demás entidades públicas estatales cuando la Nación no tenga interés en el asunto y la respectiva entidad carezca de representantes ante dicha corporación;
7. Nombrar y remover libremente a los empleados de su inmediata dependencia, de acuerdo con la Ley de Carrera Judicial;
8. Visitar las oficinas del Ministerio Público cuando lo estime conveniente para la buena marcha del servicio; y
9. Las demás funciones que le asignen las leyes.

Creo que una buena figura para ocupar tan alto cargo, es el Dr. MIGUEL ANTONIO BERNAL.


El Dr. Bernal es una persona combativa y no es corrupto, por lo que podría perseguir a los delincuentes, donde estén ocultos. ¿Acaso no es eso lo que desea la sociedad hoy?  

Las sesiones extraordinarias



Las sesiones extraordinarias, son las reuniones con carácter de urgencia que realiza el Poder Legislativo, para tratar los asuntos específicos que le manda el Poder Ejecutivo, fuera del periodo normal y ordinario de sesiones, que precisa la Carta Magna.



Quien convoca a las sesiones extraordinarias

El Órgano Ejecutivo, es el que las convoca.

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional

Artículo 88. Convocatoria a sesiones extraordinarias. Previa información de los fines que las motivan, las sesiones extraordinarias serán convocadas en cualquier tiempo por el Órgano Ejecutivo, de acuerdo con el artículo 149 de la Constitución Política.



Orden del día de las sesiones extraordinarias

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional

Artículo 101. Orden del día especial. En las sesiones extraordinarias el orden del día será especial y tendrá los siguientes puntos:

1. Discusión y aprobación del acta anterior.

2. Lectura de la correspondencia que deba ser del conocimiento de los miembros de la Asamblea Nacional.

3. Los asuntos presentados por el Órgano Ejecutivo para la consideración de la Asamblea Nacional.



¿Puede el Poder Legislativo introducir nuevos temas a la agenda presentada por el Poder Ejecutivo en sesiones extraordinarias?

No se puede introducir nuevos temas a la agenda presentada por el Ejecutivo, pues la Constitución lo impide.



Constitución

ARTICULO 149.



También se reunirá la Asamblea Nacional, en legislatura extraordinaria, cuando sea convocada por el Órgano Ejecutivo y durante el tiempo que este señale, para conocer exclusivamente de los asuntos que dicho Órgano someta a su consideración.



¿Se puede nombrar al Contralor, en sesiones extraordinarias?



A mi juicio si se puede agendar la designación del Contralor, en sesiones extraordinarias, siempre que el Poder Legislativo se lo pida al Poder Ejecutivo, en acto de colaboración, entre ambos órganos del Estado.



Constitución

ARTICULO 2. El Poder Público sólo emana del pueblo. Lo ejerce el Estado conforme esta Constitución lo establece, por medio de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración.


Adicional, la Constitución no dice que el nombramiento del Contralor debe hacerse exclusivamente en las legislaturas ordinarias.



Existen antecedentes de temas agendados en legislaturas extraordinarias, que forman parte de las funciones administrativas propias de la Asamblea Nacional y que no tuvieron reparo alguno en el pasado.



1. La Aprobación del Fiscal General Electoral, Eduardo Peñaloza. Decreto Ejecutivo 463 del 2010.

2. La ratificación de los magistrados de la Corte Suprema en el 2002. Decreto Ejecutivo 1 del 2002.



Enriquecimiento Injustificado



El enriquecimiento injustificado tiene lugar cuando el servidor público o ex servidor público, durante el desempeño de su cargo o dentro del año siguiente al término de sus funciones, se encuentre en posesión de bienes, sea por sí o por interpuesta persona natural o jurídica, que sobrepasen los declarados o los que probadamente superen sus posibilidades económicas, y no pueda justificar su origen.

También se considera enriquecimiento injustificado, cundo no pueda justificar la extinción de obligaciones.


Para determinar el enriquecimiento injustificado, se tomará en cuenta:

1. La situación patrimonial del investigado.

2. La cuantía de los bienes objeto del enriquecimiento injustificado, en relación con sus ingresos y gastos ordinarios.

3. La ejecución de actos que revele falta de probidad en el ejercicio del cargo y que guarde relación causal con el enriquecimiento injustificado.

4. Las ventajas económicas derivadas de la celebración o ejecución de contratos u otros actos de manejo, con entidades públicas


Quienes deben hacer, declaración jurada de bienes, de acuerdo a la ley 59 de 1999 y la Constitución.


El Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales ordinarios y especiales, el Procurador General de la Nación y el de la Administración. Los Jueces, los Ministros y Viceministros de Estado, el Contralor General y el Subcontralor General de la República, el Presidente de la Asamblea Legislativa, los Rectores y Vicerrectores de universidades oficiales, los Directores Generales, y los Gerente o Jefes de entidades autónomas, los Directores Nacionales y Provinciales de los servicios de policía, el Defensor del Pueblo y, en general, todos los empleados y agentes de manejo conforme al Código Fiscal, deben presentar, al inicio y al término de sus funciones, declaración jurada de su estado patrimonial, mediante escritura pública, la cual deberán hacer en el término de diez días hábiles, a partir de la toma de posesión del cargo y a partir de la separación.


El notario ante quien se presente la declaración jurada de estado patrimonial, realizará esta diligencia sin costo alguno y deberá conservarla en su protocolo.

El servidor público declarante deberá enviar copia auténtica de su declaración, a la Contraloría General de la República. El Ministerio de Economía y Finanzas y la autoridades jurisdiccionales, podrán solicitar al respectivo notario copia autenticada de la declaración del servidor público de que esta se trate, para los efectos legales pertinentes.


Tipo Penal

Enriquecimiento Injustificado en el código penal panameño


Artículo 351. El servidor público que, personalmente o por interpuesta persona, incremente indebidamente su patrimonio respecto a los ingresos legítimos obtenidos durante el ejercicio de su cargo y hasta cinco años después de haber cesado en el cargo, y cuya procedencia lícita no pueda justificar será sancionado con prisión de tres a seis años.

La pena será de seis a doce años de prisión si lo injustificadamente obtenido supera la suma de cien mil balboas (B/.100,000.00.)

La misma sanción se aplicará a la persona interpuesta para disimular el incremento patrimonial no justificado.

Para efectos de esta disposición, se entenderá que hay enriquecimiento injustificado, no solo cuando el patrimonio se hubiera aumentado con dinero, cosas o bienes, respecto a sus ingresos legítimos, sino también cuando se hubieran cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban.


Prueba fundamental en este caso.

Lo sería la declaración que dio la persona ante la Contraloría General, al momento de asumir el cargo público y las certificaciones sobre las propiedades actuales.

viernes, 7 de noviembre de 2014

Qué debe mejorarse, para blindar el sistema de compras del Estado, de actos impropios





1.                  Eliminar el precio oculto, en la licitación pública, con evaluación separada. Podría prestarse esto para corrupción, ya que la entidad pudiera filtrarle el precio de referencia a algún proponente, para beneficiarlo. Esto lo podría hacer, la nueva Asamblea Nacional de Diputados.

2.                  Eliminar la contratación libre a discreción, que introdujo la ley 48 de 2011 y que permite la renovación de contratos a un mismo proveedor, de manera directa y sin limitación de periodo. Esto lo podría hacer ya, la Asamblea Nacional de Diputados.

3.                  Hacer un sistema unitario de compras, para todo el Estado panameño, eliminando en consecuencia, con ello, la ley del PAN y de la CSS, en materia de contratación pública. Esto lo podría hacer, la nueva Asamblea Nacional de Diputados.

4.                  Que la DGCP (Dirección General de Contrataciones Públicas) empiece a imponer multas a los servidores públicos, que violen los principios y las normas de contratación pública, como lo mandata la ley. Hoy no lo hacen, pudiéndolo hacer, por ley.

5.                  Que todas las consultorías, se sometan a actos públicos y con ello se eliminaría la aberración existente, que gravita en muchos entes públicos. Esto lo podría hacer, la nueva Asamblea Nacional de Diputados.

6.                  Que se establezca un sistema de rendición de cuentas, en algunos procesos de compras. Esto lo podría hacer, la nueva Asamblea Nacional de Diputados.

7.                  Que el sistema electrónico “PanamaCompra” tenga un buscador más amigable. Nadie puede encontrar información en el sistema con facilidad, salvo que uno conozca exactamente el número del acto público realizado.