domingo, 25 de enero de 2015

INVITACION A LA MARCHA



Un grupo de organizaciones, liderada por el Dr. Miguel Antonio Bernal,  está invitando a un marcha este jueves 29, saliendo desde la Iglesia Del Carmen a las 4 pm, bajo el lema; ”Por la Justicia y Dignidad.”

A lo mejor, dudas en ir porque piensas que te podrías encontrar allí,  con algún político tradicional sin valores, o podrías escuchar en la actividad, alguna consigna que no sea de tu agrado.

Ciudadano: la administración de justicia en Panamá, ha colapsado y creo que ha llegado el momento de hacerse sentir al respecto.

Mi familia y yo, acudiremos y  caminaremos bajo el lema que llevamos: RENDICIÓN DE CUENTAS, que se compadece con nuestra prédica.


Te invito a que vayas. Ahora es el momento. Dios te bendiga.

sábado, 24 de enero de 2015

La privacidad y el honor de los políticos.


En sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia del ONCE (11) DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE (2014), la Corte definió en derecho, cuál debe ser el comportamiento de las autoridades, funcionarios o personajes de relevancia pública, ante las críticas de los ciudadanos, en Panamá.
Esta corporación exteriorizó, refiriéndose a la despenalización parcial del delito de calumnia e injuria que priva en nuestro país, lo que sigue:

“…Hay que resaltar que es cierto que bajo la óptica de las legislaciones supranacionales en materia de derechos humanos, se ha señalado que la persona al asumir un cargo público, se convierte en una persona de relevancia pública, por lo cual, se expone inevitable y deliberadamente, a una fiscalización atenta de sus actos y gestos, tanto por los periodistas como por la multitud de ciudadanos y por ello debe mostrarse más tolerante. Es decir, que el funcionario público al convertirse en una persona de relevancia pública, debe soportar un mayor nivel de afectación o injerencia en su honra, puesto que, esto es necesario debido al pluralismo político, la conformación de un espíritu crítico, abierto y tolerante, sin los cuales se vacía de contenido la sociedad democrática y el control y fiscalización de las autoridades que actúan en representación del pueblo.

Esto se da indispensablemente, para permitir la crítica vigorosa respecto de la actuación de las autoridades o funcionarios públicos o figuras de relevancia pública (sic) son fundamentales para la vigencia de las sociedades democráticas, a diferencia de los regímenes autocráticos autoritarios o totalitarios, lo que justifica desarrollar y potenciar al máximo la tolerancia y el pluralismo en materias de relevancia pública.

Las autoridades, funcionarios o personajes de relevancia pública se han convertido consciente y voluntariamente en sujetos pasivos de la observación del público, relegando a un ámbito menor su privacidad y la protección de su honor en relación a sus actividades públicas.”

viernes, 23 de enero de 2015

Beneficio al Diputado – Abogado





Esto de manera inaudita benefició a Katleen Levy, Zulay Rodríguez, Nubia Starnes de De Icaza, Luis Barría, Leandro Ávila, Rubén Frías, Dana Castañeda, Nelson Jackson, Agustín Sellhorn, Raúl Pineda, Ricardo Cerezo Rodríguez y David Guardia para que puedan ejercer la profesión de abogado, mientras ejercen el cargo de diputado.

Quien suscribe demandó la inconstitucionalidad de esto, en días pasados, debido a que la Resolución salió a la vida jurídica, por virtud de una interpretación errónea, del numeral 4 del artículo 158 ibídem, que dio la Asamblea Nacional, toda vez que lo que el constituyente previo, era la posibilidad de que el diputado – abogado, que quisiera litigar, pidiera un licencia en el ejercicio de su cargo o de su curul, para ejercer, y no que se le permitiera ejercer dos funciones paralelas, a saber; la de legislar y la de litigar.


Debo decir que el término licencia, en el sentido generalmente admitido en el derecho administrativo aplicable a los servidores públicos, es la autorización legal, que obra a favor de un funcionario, para poder separarse temporalmente de su cargo, y realizar, en consecuencia, otra función que desee llevar a cabo. Así debiera entenderse el concepto de la norma constitucional in examine y no como lo hizo la Asamblea Nacional, en la resolución deplorada.


La licencia que definió el constituyente, no es para que se permita la dualidad de funciones, sino para cesar la función de diputado y permitir ocuparse, únicamente en el ejercicio del derecho.


¿Qué está permitiendo hoy, esa prerrogativa otorgada por la Asamblea Nacional a favor de los diputados-abogados?


1. Que los diputados litiguen dentro del periodo de sesiones, esto les permite cobrar su sueldo íntegro además del honorario profesional que les da el cliente. ¿Esto es plausible?

2. Que los diputados litigantes tengan una ventaja sobre el resto de los abogados, en los litigios, ya que los Diputados, juzgan a los magistrados.

3. Que los diputados estén ejerciendo el poder que les da el cargo, para beneficiarse inmoralmente.

4. Los abogados que laboran en el sector público como asesores legales, para litigar piden permiso y lo pagan con tiempo o se les descuenta de su sueldo, pues podrían cometer peculado, si no lo hacen; empero, los diputados están eximidos de esto, conforme se entiende de la redacción de la norma emitida por parte de la Asamblea Nacional.

5. Los electores votaron por sus diputados en el entendimiento de que éstos, les iban a imprimir, tiempo completo a su misión legislativa, no obstante, la norma impugnada ignora esto.

miércoles, 21 de enero de 2015

La demanda que presente hoy

ACCION DE
INCONSTITUCIONALIDAD
EL DR. ERNESTO CEDEÑO ALVARADO PROMUEVE ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CONTRA DE LA RESOLUCION NO. 1 DE 2 DE JULIO DE 2014 DE LA ASAMBLEA NACIONAL.





SEÑOR MAGISTRADO PRESIDENTE LA CORTE SUPREMA DE JUSITICIA: PLENO:

Soy el Dr. ERNESTO CEDEÑO ALVARADO, abogado, panameño, mayor de edad, cedulado 8-229-2783, con oficinas profesionales en Parque Lefevre, Avenida Central Santa Elena, PH Don David, planta  baja, Ciudad Capital, Teléfono de oficina 222-0001, correo electrónico abogado@ernestocedeno.com.

Acudo ante este honorable PLENO, en mi propio nombre y representación, en mi calidad de abogado, con el objeto de interponer, como en efecto interpongo, acción de inconstitucionalidad, a fin de que, previa audiencia del Procurador General de la Nación o el de la Administración, según esté de turno, se declare inconstitucional, la Resolución No. 1 de 2 de julio de 2014 de la Asamblea Nacional.


FUNDO ESTA ACCIÓN EN LOS SIGUIENTES HECHOS:

2.        Con la resolución de marras se conceder licencia, a los diputados Katleen Levy, Zulay Rodríguez, Nubia Starnes de De Icaza,Luis Barría, Leandro Ávila, Rubén Frías, Dana Castañeda, Nelson Jackson, Agustín Sellhorn, Raúl Pineda, Ricardo Cerezo Rodríguez y David Guardia para que ejerzan la profesión de abogado, mientras ejercen el cargo de diputado.


3.        El numeral 4 del Artículo 158 de la Constitución Política de la República de Panamá, prohíbe a los Diputados la suscripción de contratos, por sí mismos o por interpuestas personas, con entes públicos; con la excepción del caso de los Diputados que actúan en ejercicio de la profesión de abogado ante el Órgano Judicial, fuera del periodo de sesiones o dentro de éste mediante licencia, para separarse del cargo, previamente concedida por el pleno de la Asamblea Nacional de Diputados.


4.      El Código de Ética y Honor Parlamentario (Cfr. Ley 33 de 2005, Gaceta Oficial 25,418 de 31 de octubre de 2005), en armonía con el texto constitucional dispone como una incompatibilidad con los deberes propios del cargo de Diputado o Diputada, “ejercer un cargo público o una profesión remunerada a tiempo completo, excepto aquellos casos que la Constitución Política y la ley lo permitan. Fuera de las excepciones planteadas, no podrá invocar el ejercicio profesional como excusa para el incumplimiento de su cargo parlamentario, salvo en casos de emergencia acreditada."

5.      Lo anterior prohíbe a los Diputados-Abogados el ejercicio de la profesión durante el período de sesiones, con el objeto de evitar intereses contrapuestos frente a una dualidad de fundones, como lo es: legislar y litigar.


6.      El ejercicio paralelo de ambas funciones, puede generar graves conflictos de intereses, serios pues las funciones desarrolladas por un Diputado o Diputada, abarcan e inciden forzosamente las de los otros Órganos del Estado, al momento de aprobar leyes o ratificar nombramientos o emitir votos de censura.



TRANSCRIPCIÓN LITERAL DE LA DISPOSICIÓN, NORMA O ACTOS ACUSADOS DE INCONSTITUCIONAL.

RESOLUCIÓN No.l
De 2 de julio de 2014
LA ASAMBLEA NACIONAL,
EN USO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES,
CONSIDERANDO:
Que el numeral 4 del artículo 158 de la Constitución Política de la República de Panamá señala que el diputado que sea profesional del Derecho puede ejercer la profesión de abogado ante el Órgano Judicial, fuera del periodo de sesiones o dentro de este, mediante licencia;
Que es potestad de esta Cámara conceder licencia para el ejercicio de la profesión de abogado a todos los diputados que sean profesionales del Derecho y así lo soliciten;
Que los diputados Katleen Levy, Zulay Rodríguez, Nubia Starnes de De Icaza, Luis Barría, Leandro Ávila, Rubén Frías, Dana Castañeda, Nelson Jackson, Agustín Sellhorn, Raúl Pineda, Ricardo Cerezo Rodríguez y David Guardia son idóneos para ejercer la profesión de abogado en la República de Panamá y han solicitado licencia para su ejercicio.
RESUELVE:
Conceder licencia, de conformidad con el numeral 4 del artículo 158 de la Constitución Política, a los diputados Katleen Levy, Zulay Rodríguez, Nubia Starnes de De Icaza,

Luis Barría, Leandro Ávila, Rubén Frías, Dana Castañeda, Nelson Jackson, Agustín Sellhorn, Raúl Pineda, Ricardo Cerezo Rodríguez y David Guardia para que ejerzan la profesión de abogado.
Esta licencia será efectiva desde su aprobación hasta que haya concluido el periodo para el cual fueron elegidos.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
Dada en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, a los dos días del mes de julio del año dos mil catorce.

 
El Presidente,

 

INDICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES INFRINGIDAS.

ARTICULO 19. No habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas.

CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN.

Le resolución atacada violenta directamente por comisión la Norma Suprema ut supra, pues permite para los abogados, el ejercicio de dos funciones paralelas, la de legislar y la de ejercer como letrado, sin embargo, para los otros diputados que ostentan  otras profesionales liberales, no pueden ejecutar esta prerrogativa.

INDICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES INFRINGIDAS.

ARTICULO 150. Los Diputados actuarán en interés de la Nación y representan en la Asamblea Nacional a sus respectivos partidos políticos y a los electores de su Circuito Electoral.


CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN.

La resolución atacada, violenta directamente por comisión, la disposición constitucional citada, cuenta habida, que permite al Diputado el ignorar, su función primordial como diputado, cual es  la de actuar en interés directo de la Nación y la de representar a los electores que lo eligieron y no a un, poderdante en litigio.


INDICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES INFRINGIDAS.

ARTICULO 158. Los Diputados no podrán hacer por sí mismos, ni por interpuestas personas, contrato alguno con Órganos del Estado o con instituciones o empresas vinculadas a este, ni admitir de nadie poder para gestionar negocios ante esos Órganos, instituciones o empresas.

Quedan exceptuados los casos siguientes:
1. Cuando el Diputado hace uso personal o profesional de servicios públicos o efectúe operaciones corrientes de la misma índole con instituciones o empresas vinculadas al Estado.
2. Cuando se trate de contratos con cualesquiera de los Órganos o entidades mencionados en este artículo, mediante licitación, por sociedades que no tengan el carácter de anónimas y de las cuales sea socio un Diputado, siempre que la participación de este en aquellas sea de fecha anterior a su elección para el cargo.
3. Cuando, mediante licitación o sin ella, celebran contratos con tales Órganos o entidades, sociedades anónimas de las cuales no pertenezca un total de más de veinte por ciento de acciones del capital social, a uno o más Diputados.
4. Cuando el Diputado actúe en ejercicio de la profesión de abogado ante el Órgano Judicial, fuera del período de sesiones o dentro de este mediante licencia concedida por el Pleno de la Asamblea Nacional.

CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN.

La norma impugnada salió a la vida jurídica, por virtud de una interpretación  errónea,  del numeral 4 del artículo 158 ibídem, que dio la Asamblea Nacional, toda vez que lo que el constituyente previo, era la posibilidad de que el diputado – abogado, que quisiera litigar, pidiera un licencia en el ejercicio de su cargo o de su curul, para ejercer, y no que se le permitiera ejercer dos funciones paralelas, a saber; la de legislar y la de litigar.

Debo decir que el término licencia, en el sentido generalmente admitido en el derecho administrativo aplicable a los servidores públicos, es la autorización legal, que obra a favor de un funcionario, para poder separarse temporalmente de su cargo, y  realizar, en consecuencia, otra función que desee llevar a cabo. Así debiera entenderse el concepto de la norma constitucional in examine y no como lo hizo la Asamblea Nacional, en la resolución deplorada.

La licencia que definió el constituyente, no es para que se permita la dualidad de funciones, sino para cesar la función de diputado y permitir ocuparse, únicamente en el ejercicio del derecho.

¿Qué está permitiendo hoy, esa prerrogativa otorgada por la Asamblea Nacional a favor de los diputados-abogados?

1.      Que los diputados litiguen dentro del periodo de sesiones, esto les permite cobrar su sueldo íntegro además del  honorario profesional que les da el cliente. ¿Esto es plausible?
2.      Que los diputados litigantes tengan una ventaja sobre el resto de los abogados, en los litigios, ya que los Diputados, juzgan a los magistrados.
3.      Que los diputados estén ejerciendo el poder que les da el cargo, para beneficiarse inmoralmente.
4.      Los abogados que laboran en el sector público como asesores legales, para litigar piden permiso y lo pagan con tiempo o se les descuenta de su sueldo, pues podrían cometer peculado, si no lo hacen;  empero, los diputados están eximidos de esto, conforme se entiende de la redacción de la norma emitida por parte de la Asamblea Nacional.
5.      Los electores votaron por sus diputados en el entendimiento de que éstos, les  iban a imprimir, tiempo completo a su misión legislativa, no obstante, la norma impugnada ignora esto.

PRUEBA.  Copia autenticada de la RESOLUCION NO. 1 DE 2 DE JULIO DE 2014 DE LA ASAMBLEA NACIONAL. Hago énfasis que la Asamblea Nacional autentica los documentos de una forma que parecen copias simples, pues lo hacen con un sello, pero es la copia autenticada que me dieron y hace plena prueba en el proceso. No ha sido publicada en gaceta.

DERECHO: Artículos: 19, 150, 158 y siguientes de la constitución panameña; artículos 2559, 2560, 2561 y concordantes del código judicial patrio.

Fecha: la de su presentación

Del señor Magistrado Presidente,



Dr. ERNESTO CEDEÑO ALVARADO
Ced. 8-229-2783



domingo, 18 de enero de 2015

Las auditorias en las partidas circuitales



Algunas personas pudieran pensar que la auditoria que pudiera estar realizando la contraloría en las juntas comunales, son suficientes para deslindar las responsabilidades en el uso de las llamadas partidas circuitales, por parte de los diputados. Tal tesis es un error y los que la promueven, desconocen el derecho, los aspectos procesales y el informe que emitió el Ministerio de Economía y Finanzas sobre el tema.

Por ejemplo.

Según el MEF, el diputado ARISTIDES DE ICAZA pidió la transferencia de sus 7, 050,000.00 de las partidas circutales, solo en el PAN y no en las juntas.

Según el MEF, la diputada CRESCENCIA PRADOS pidió la transferencia de sus 1, 685,000.00 de las partidas circutales, en el PAN 965,000.00 y en el MUNICIPIO DE ÑURUM de 720,000.00 y no en las juntas.

Según el MEF, el diputado JORGE A. ROSAS pidió la transferencia de sus 3, 552,950.00 de las partidas circutales en el PAN 752,950.00, PRODEC 80,000.00, JC DE SAN JUAN 10,000.00 y MUNICIPIO. DE TOLÉ 2, 710,000.00 y así sucesivamente.

Ningún ente hoy en día, está auditando la administración que le dispensaron, los diputados del quinquenio pasado, a las partidas circuitales. Cada diputado, pedía que se le hicieran sus transferencias, a los organismos que el libremente le designaba al MEF.

Podría ser saludable que la Corte, al admitir la denuncia, le ordenara a la contraloría, hacer las auditorias de la administración de las partidas circuitales, en un tiempo perentorio, incluyendo todos los componentes que dio el MEF, pero se requeriría además, que el Tribunal Electoral con sus auditores, hiciera lo propio, en el supuesto uso de las partidas en campaña electoral.

La auditoría que pudiera hacer él TE, no llevaría por propósito, la perdida de la credencial (pues el tiempo para ello ya prescribió) sino el inicio del proceso sancionador o no, por la utilización de los bienes del estado en política, conforme reza el código electoral patrio.


La denuncia que presenté contra los diputados, enfocaba estos dos componentes.

viernes, 16 de enero de 2015

El Ministerio Público y la ACP

¿Si la Fiscalía Segunda Anticorrupción formuló cargos por peculado, corrupción y fraude por contrataciones públicas a la exministra de Educación Lucy Molinar, por la compra de 600 mil mochilas escolares a un costo de $12 millones a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN) determinándose, que hubo sobrecosto en la adquisición de las mochilas; porque razón no se ha iniciado a la fecha, unas sumarias en averiguación, en el caso de la ACP y sus sobrecostos que son multimillonarios, por los mismos cargos que se le imputan a la prenombrada?

En Panamá existe un solo código penal que rige para ricos y pobres. No debe haber selectividad en las investigaciones, ni mucho menos fueros ni privilegios. Ver el artículo 19 constitucional.

Recientemente una institución de arbitraje, reconoció parcialmente uno de los reclamos por sobrecostos, de US$233 millones de los US$463 reclamados, por el principal contratista de la ampliación de la vía, Grupo Unidos por el Canal (GUPC) y ninguna autoridad le ha exigido cuentas a la ACP por esto y nadie investiga nada.

Dice la ACP que el programa total de la ampliación, tiene un presupuesto de US$5.250 millones.

El año pasado, el Grupo Unidos por el Canal de Panamá paralizó las obras en las esclusas a causa de un reclamo de 1,600 millones de dólares que la ACP se negó a pagar fuera de contrato, pero las partes llegaron finalmente a un acuerdo en marzo para continuar los trabajos. (No sabemos muy bien en que le perjudicó al Estado económicamente, este acuerdo).

El GUPC se adjudicó en 2009 el proyecto de la construcción del tercer juego de esclusas por su oferta de 3.118 millones de dólares.

jueves, 15 de enero de 2015

Anuncio

Le anuncio que yo no pertenezco a ningún equipo de defensa del magistrado Moncada Luna ni he firmado nada en su favor. Favor tomar en cuenta esto ya que en los medios alguien declaró otra cosa. Están utilizando mi nombre incorrectamente. Este caso yo no lo aceptaría.

martes, 13 de enero de 2015

Interceptaciones de comunicaciones




El artículo 29 constitucional panameño es clave para entender parte del ritual necesario, para que se lleven a cabo las mismas.


Artículo 29- La correspondencia y demás documentos privados son inviolables y no pueden ser examinados ni retenidos, sino por mandato de autoridad competente y para fines específicos, de acuerdo con las formalidades legales. En todo caso, se guardará absoluta reserva sobre los asuntos ajenos al objeto del examen o de la retención.

El registro de cartas y demás documentos o papeles se practicará siempre en presencia del interesado o de una persona de su familia o, en su defecto de dos vecinos honorables del mismo lugar.

Todas las comunicaciones privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas o grabadas, sino por mandato de autoridad judicial.

El incumplimiento de esta disposición impedirá la utilización de sus resultados como pruebas, sin perjuicio de las responsabilidades penales en que incurran los autores.


Según la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 24 de agosto de 2007, el desglose del contenido del artículo 29 de la Constitución Política de la República de Panamá, permite entender que el constituyente conceptualizó que la reserva sobre las comunicaciones particulares alcanza a todo tipo de comunicación, por lo que no puede ser limitado exclusivamente a la comunicación por medios postales, telegráficos o telefónicos. Siendo así, la protección que abriga el derecho fundamental incluye cualquier tipo de comunicación, como lo sería en la actualidad aquellas que se auxilian en la telemática o informática, verbigracia correo electrónico; dejando abierta la puerta para incluir, dentro de ese listado, aquellas formas de comunicación que utilicen como soporte los instrumentos, herramientas o medios, que en su momento, suministren los avances científicos y tecnológicos.


Para que se lleven a cabo las interceptaciones o grabaciones de las comunicaciones, se debe contar con la aprobación del Órgano Judicial, sino las mismas, serían ilegales.

¿Cuál es la sanción penal para los que incumplen con este mandato constitucional, al interceptar telecomunicaciones o al utilizar artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción de conversaciones no dirigidas al público?

Conforme al código penal, la de una pena de prisión.

Código penal

Artículo 164. Quien se apodere o informe indebidamente del contenido de una carta, mensaje de correo electrónico, pliego, despacho cablegráfico o de otra naturaleza, que no le haya sido dirigido, será sancionado con prisión de uno a tres años o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana.
Cuando la persona que ha cometido el delito obtiene algún beneficio o divulgue la información obtenida y de ello resultara perjuicio, será sancionada con dos a cuatro años de prisión o su equivalente en días-multa, prisión domiciliaria o trabajo comunitario. Si la persona ha obtenido la información a que se refiere el párrafo anterior como servidor público o trabajador de alguna empresa de telecomunicación y la divulga, la sanción se aumentará de una sexta parte a la mitad.

Artículo 165. Quien sustraiga, destruya, sustituya, oculte, extravíe, intercepte o bloquee una carta, pliego, correo electrónico, despacho cablegráfico o de otra naturaleza, dirigidos a otras personas, será sancionado con pena de prisión de dos a cuatro años o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana, la cual se aumentará en una sexta parte si lo divulgara o revelara. Si la persona que ha cometido la acción es servidor público o empleado de alguna empresa de telecomunicación, la sanción será de tres a cinco años de prisión, la cual se aumentará en una sexta parte si lo revelara o divulgara.

Artículo 167. Quien, sin contar con la autorización de la autoridad judicial, intercepte telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción de conversaciones no dirigidas al público será sancionado con pena de dos a cuatro años de prisión.



¿Quiénes podrían interceptar ilegalmente una comunicación?

Todo el que cuente con aparatos tecnológicos para tal fin. Ejemplo: empresas de comunicaciones, particulares, etc. 



¿Puede el gobierno interceptar las comunicaciones?


El gobierno lo podría hacer con el aval judicial y siguiendo el procedimiento constitucional y legal. 



Se deja claro que para interceptar y/o bloquear en todo o en parte las comunicaciones, debe seguirse el procedimiento reglado, para preservar con ello, el estado de derecho en Panamá. No debe violarse la Constitución panameña libremente.


Dura es la ley, pero es la ley.

El gobierno no domina, las contrataciones públicas.


Según las estadísticas del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, las entidades públicas hacen mal su trabajo en el tema contractual.



Estadísticas



Porcentaje de decisiones en el año 2013 (B/. 226, 183, 546,70)



Revocar la decisión de la entidad- 60%

Confirmar- 30%

Rechazo de plano y/o desistimientos- 3%

Inadmisiones, inhibiciones, no viables- 7%





Porcentaje de decisiones en el año 2014 (B/. 878, 554, 589,70)



Revocar la decisión de la entidad- 58%

Confirmar- 24%

Rechazo de plano y/o desistimientos- 7%

Inadmisiones, inhibiciones, no viables- 11%





Análisis propio sobre las posibles causas, del desastre administrativo.



1. Poca capacitación del tema, en las personas que tratan las compras del Estado.

2. Pliegos de cargos mal estructurados.

3. Influencia algunas veces del que manda en el ente, en los procesos de compras.

4. Cambio de los funcionarios que dominan el tema, por razones poco razonables.

5. Mala fiscalización por parte de la Contraloría General.

6. Desviación de Poder en los entes públicos, para favorecer a ciertas empresas.

7. No procuran corregir, los errores institucionales cometidos.

8. No existe un ente conocido, con capacidad legal y funcional, para controlar por ley, el buen desempeño del Estado, en los procesos de compras.



sábado, 10 de enero de 2015

Carta al TE

Magistrado   Erasmo Pinilla                                                            Panamá 12 de enero de 2015
Presidente del Tribunal Electoral
                                                                                 

Por este medio, los abajo firmantes le solicitamos, por medio de usted  al Tribunal Electoral, que le levante el fuero penal electoral a los 34 diputados, sin excepción,  que el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, les ha solicitado hacer para poderlos investigar, debido a que todos, recibieron el apoyo de las llamadas partidas circuitales, dadas en el quinquenio 2009-2014, según información suministrada por el Ministerio de Economía y Finanzas y no le han rendido cuentas a nadie conocido, sobre su administración.
Atentamente,

Nombre                                                  Cédula                                                            Firma

                  

Carta al TE pidiendo el levantamiento del fuero

Magistrado   Erasmo Pinilla                                                            Panamá 12 de enero de 2014
Presidente del Tribunal Electoral
                                                                                 

Por este medio, los abajo firmantes le solicitamos, por medio de usted  al Tribunal Electoral, que le levante el fuero penal electoral a los 34 diputados, sin excepción,  que el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, les ha solicitado hacer para poderlos investigar, debido a que todos, recibieron el apoyo de las llamadas partidas circuitales, dadas en el quinquenio 2009-2014, según información suministrada por el Ministerio de Economía y Finanzas y no le han rendido cuentas a nadie conocido, sobre su administración.
Atentamente,

Nombre                                                  Cédula                                                            Firma
                 


Carta al Tribunal Electoral

Magistrado   Erasmo Pinilla                                                            Panamá 12 de enero de 2014
Presidente del Tribunal Electoral
                                                                                 

Por este medio, los abajo firmantes le solicitamos, por medio de usted  al Tribunal Electoral, que le levante el fuero penal electoral a los 34 diputados, sin excepción,  que el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, les ha solicitado hacer para poderlos investigarlos, debido a que todos, recibieron el apoyo de las llamadas partidas circuitales, dadas en el quinquenio 2009-2014, según información suministrada por el Ministerio de Economía y Finanzas y no le han rendido cuentas a nadie conocido, sobre su administración.
Atentamente,

Nombre                                                  Cédula                                                            Firma

                  

carta el TE


Magistrado   Erasmo Pinilla                                                                            Panamá 12 de enero de 2014
Presidente del Tribunal Electoral
                                                                                 

Por este medio, los abajo firmantes le solicitamos, por medio de usted  al Tribunal Electoral, que le levante el fuero penal electoral a los 34 diputados, sin excepción,  que el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, les ha solicitado hacer para poderlos investigarlos, debido a que todos, recibieron el apoyo de las llamadas partidas circuitales, dadas en el quinquenio 2009-2014, según información suministrada por el Ministerio de Economía y Finanzas y no le han rendido cuentas a nadie conocido, sobre su administración.
Atentamente,

Nombre                                                  Cédula                                                            Firma

                  

Cuidado con las auditorias privadas



El contralor Federico Humbert estudia si refrenda o no un contrato aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por unos $875 mil a la firma Rogers Forensic de auditores para que audite al PAN; cuentan los medios.

En sentencia del PLENO de la Corte Suprema de Justicia del 3 de julio de 2014, determinó que las únicas auditorias que tienen valor para acreditar un delito contra la administración pública, son las que hace la Contraloría.
Este era el caso de la denuncia que se presentó por unas publicaciones que se hicieron en los medios, por el resultado de la auditoría privada hecha por Consultoría Financiera López Consultores, a los programas del otrora  FIS.

La Corte dijo:

“Ahora bien, tratándose de la presunta comisión de un delito Contra La Administración Pública, en la modalidad de Peculado, es necesario indicar que para acreditar la existencia de un faltante o perjuicio patrimonial a las finanzas del Estado, es menester que la Contraloría General de la República realice la auditoría correspondiente por intermedio de su personal idóneo, en este caso los auditores, quienes luego de concluida su investigación determinarán si efectivamente se ha cometido un hecho irregular que produjo como resultado una lesión al patrimonio del Estado, y quiénes estarían relacionados a esa irregularidad. En el presente caso, advierte el Pleno no se cuenta con dicho informe de auditoría, por lo que únicamente la denuncia se sustenta en esas versiones periodísticas”.

Por lo ante expuesto, afirmo que las auditorias privadas pagadas con fondos públicos para procurar determinar una lesión patrimonial al Estado, se convierten en ineficaces y podrían ser catalogadas como UNA LESIÓN AL PATRIMONIO ESTATAL, sujeto al rigor investigativo y sancionador por las autoridades competentes, ya que serán inofensivas y sin ningún valor probatorio.

Cuidado con las auditorias privadas


El contralor Federico Humbert estudia si refrenda o no un contrato aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por uno $875 mil a la firma Rogers Forensic de auditores para que audite al PAN, cuentan los medios.

En sentencia del PLENO de la Corte Suprema de Justicia del 3 de julio de 2014, determinó que las únicas auditorias que tienen valor para acreditar un delito contra la administración pública, son las que hace la Contraloría.
Este era el caso de la denuncia que se presentó por unas publicaciones que se hicieron en los medios, por el resultado de la auditoría privada hecha por Consultoría Financiera López Consultores, a los programas del otrora  FIS.

La Corte dijo:

“Ahora bien, tratándose de la presunta comisión de un delito Contra La Administración Pública, en la modalidad de Peculado, es necesario indicar que para acreditar la existencia de un faltante o perjuicio patrimonial a las finanzas del Estado, es menester que la Contraloría General de la República realice la auditoría correspondiente por intermedio de su personal idóneo, en este caso los auditores, quienes luego de concluida su investigación determinarán si efectivamente se ha cometido un hecho irregular que produjo como resultado una lesión al patrimonio del Estado, y quiénes estarían relacionados a esa irregularidad. En el presente caso, advierte el Pleno no se cuenta con dicho informe de auditoría, por lo que únicamente la denuncia se sustenta en esas versiones periodísticas”.

Por lo ante expuesto, afirmo que las auditorias privadas pagadas con fondos públicos para procurar determinar una lesión patrimonial al Estado, se convierten en ineficaces y podrían ser catalogadas como UNA LESIÓN AL PATRIMONIO ESTATAL, sujeto al rigor investigativo y sancionador por las autoridades competentes, ya que serán inofensivas y sin ningún valor probatorio.


Cuidado con las auditorias privadas


El contralor Federico Humbert estudia si refrenda o no un contrato aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por uno $875 millones a la firma Rogers Forensic de auditores para que audite al PAN, cuentan los medios.

En sentencia del PLENO de la Corte Suprema de Justicia del 3 de julio de 2014, determinó que las únicas auditorias que tienen valor para acreditar un delito contra la administración pública, son las que hace la Contraloría.
Este era el caso de la denuncia que se presentó por unas publicaciones que se hicieron en los medios, por el resultado de la auditoría privada hecha por Consultoría Financiera López Consultores, a los programas del otrora  FIS.

La Corte dijo:

“Ahora bien, tratándose de la presunta comisión de un delito Contra La Administración Pública, en la modalidad de Peculado, es necesario indicar que para acreditar la existencia de un faltante o perjuicio patrimonial a las finanzas del Estado, es menester que la Contraloría General de la República realice la auditoría correspondiente por intermedio de su personal idóneo, en este caso los auditores, quienes luego de concluida su investigación determinarán si efectivamente se ha cometido un hecho irregular que produjo como resultado una lesión al patrimonio del Estado, y quiénes estarían relacionados a esa irregularidad. En el presente caso, advierte el Pleno no se cuenta con dicho informe de auditoría, por lo que únicamente la denuncia se sustenta en esas versiones periodísticas”.

Por lo ante expuesto, afirmo que las auditorias privadas pagadas con fondos públicos para procurar determinar una lesión patrimonial al Estado, se convierten en ineficaces y podrían ser catalogadas como UNA LESIÓN AL PATRIMONIO ESTATAL, sujeto al rigor investigativo y sancionador por las autoridades competentes, ya que serán inofensivas y sin ningún valor probatorio.


jueves, 8 de enero de 2015

Hecho noticioso




La Corte Suprema, a través del magistrado sustanciador del caso Lic. Ayu Prado acaba de mandarle al tribunal electoral, en estos momentos, 34 solicitudes de levantamiento del fuero penal electoral a los 34 diputados que yo denuncie, por el uso de las partidas circuitales. Ya él TE lo recibió en este instante.

El Tribunal Electoral debe proceder a analizar cada caso y proceder a levantarles el fuero a los diputados denunciados, para que puedan ser investigados por la Corte.
Sería inadmisible que él TE, le levante el fuero a unos y pero a otros no, pues sería en consecuencia, política absurda.

Si yo denuncie a los que al momento de presentar el libelo, se habían reelegidos, a todos debe caerle el peso de la ley.
  

La Corte dijo que los partidos pueden postular a los candidatos por libre postulación.




En reciente fallo el PLENO de la corte  de 27 de noviembre de 2014, se ha declarado inconstitucional el último párrafo del artículo 257 del código electoral, que prohibía la postulación de candidatos por la libre postulación, por los partidos políticos.

Código electoral

Artículo 257. Cada partido político podrá postular un candidato a Alcalde y a
Representante de Corregimiento. Igualmente podrán presentarse candidatos por libre postulación.
Dos o más partidos políticos podrán postular a los mismos candidatos para principal o suplente a Alcaldes, y para principal o suplente a Representante de Corregimiento, caso en el cual los candidatos aparecerán en la columna de cada partido en la boleta de votación.
Los candidatos principales o suplentes por libre postulación, no podrán ser postulados por partidos políticos.

La Corte dijo.

“Así las cosas, esta Corporación de Justicia, no puede menos que arribar a la conclusión que el último párrafo del artículo 257 del Código Electoral es violatorio del artículo 4 de la Constitución Política, que destaca la primacía del Derecho Internacional sobre el Derecho Interno, por razón que el artículo impugnado desconoce e infringe el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José; ya que, el artículo 23 de dicha Convención postula el derecho de todos los ciudadanos de "participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos", además del derecho de "elegir y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas". Este mismo artículo de la Convención que citamos, señala que la Ley puede reglamentar este importante derecho humano, pero, exclusivamente "por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal". Como se puede apreciar, no puede una Ley de un Estado parte de esta Convención, poner condiciones que excluyan la participación de los ciudadanos por razones políticas o de otro tipo, no señaladas en la propia Convención, como lo ha hecho el ultimo párrafo del artículo 257 del Código Electoral.”

Por lo antes expuesto, afirmo yo, que el sistema electoral criollo, debe ajustarse a este nuevo fallo tribunalicio.