viernes, 16 de enero de 2015

El Ministerio Público y la ACP

¿Si la Fiscalía Segunda Anticorrupción formuló cargos por peculado, corrupción y fraude por contrataciones públicas a la exministra de Educación Lucy Molinar, por la compra de 600 mil mochilas escolares a un costo de $12 millones a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN) determinándose, que hubo sobrecosto en la adquisición de las mochilas; porque razón no se ha iniciado a la fecha, unas sumarias en averiguación, en el caso de la ACP y sus sobrecostos que son multimillonarios, por los mismos cargos que se le imputan a la prenombrada?

En Panamá existe un solo código penal que rige para ricos y pobres. No debe haber selectividad en las investigaciones, ni mucho menos fueros ni privilegios. Ver el artículo 19 constitucional.

Recientemente una institución de arbitraje, reconoció parcialmente uno de los reclamos por sobrecostos, de US$233 millones de los US$463 reclamados, por el principal contratista de la ampliación de la vía, Grupo Unidos por el Canal (GUPC) y ninguna autoridad le ha exigido cuentas a la ACP por esto y nadie investiga nada.

Dice la ACP que el programa total de la ampliación, tiene un presupuesto de US$5.250 millones.

El año pasado, el Grupo Unidos por el Canal de Panamá paralizó las obras en las esclusas a causa de un reclamo de 1,600 millones de dólares que la ACP se negó a pagar fuera de contrato, pero las partes llegaron finalmente a un acuerdo en marzo para continuar los trabajos. (No sabemos muy bien en que le perjudicó al Estado económicamente, este acuerdo).

El GUPC se adjudicó en 2009 el proyecto de la construcción del tercer juego de esclusas por su oferta de 3.118 millones de dólares.

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