viernes, 27 de febrero de 2015

Acuerdo banal el de MONCADA

¿Usted se ha preguntado el por qué llegó el diputado fiscal, a tasar una pena de 5 años de prisión, para el magistrado Moncada, si argumentaba que tenía suficientes pruebas para probar los cuatro cargos que le endilgó?

Hipótesis mía.

Para permitirle o un trabajo comunitario por la prisión, u otra medida contraria a la cárcel, como sanción al aludido.

Código Penal

Artículo 65. El trabajo comunitario podrá ser aplicado por el Juez de Conocimiento o por el Juez de Cumplimiento a quien ha sido condenado o esté cumpliendo una pena que no exceda de cinco años de prisión. En el segundo supuesto, será necesario el visto bueno de la Junta Técnica Penitenciaria.
Todo trabajo comunitario requerirá del consentimiento escrito del beneficiario y solo se realizará en instituciones públicas de salud o educativas o en casos de calamidades. Se computará a favor del sentenciado un día de prisión por cada cinco días de trabajo realizado.


Me resulta inexplicable que MONCADA, pudiendo afrontar hasta 40 años de cárcel por los 4 tipos penales imputados, como sanción agravada; tenga ahora en el acuerdo, una sanción máxima de 5 años de prisión.


Penas

Enriquecimiento Injustificado - seis a doce años de prisión.

Falsedad de documentos públicos - cuatro a ocho años de prisión.

Corrupción de Servidores Públicos - cuatro a ocho años de prisión.

Delitos de Blanqueo de Capitales - cinco a doce años de prisión.



El argumento que le ha dado al país, el diputado fiscal sobre el cómo, llegó a esta cifra, (de los 5 años), es literalmente cantinflesco.


Adicional a esto, el Acuerdo baladí, le permitirá salir al imputado, con los autos que le habían sido incautados y con las cuentas que en el proceso, el diputado fiscal le había afirmado al país, que el procesado, tenía relación con las mismas.


Todos los abogados litigantes, quieren para sus causas, acuerdos semejantes que sólo se ve, en el campo político. ¡Que miserable en la justicia panameña¡

jueves, 26 de febrero de 2015

Las juezas de garantías, no deben ser juezas de cumplimiento


El caso Moncada está a punto de fenecer, conforme a un acuerdo absurdo, propuesto la fiscalía del caso.

Sin embargo, como no existe el juez de cumplimiento en el caso contra los magistrados de la corte, que es el que debería decir donde debe purgar su pena el culpable, algunas juezas de garantías del caso argumentan, que ellas actuaran como juezas de cumplimento para tal fin.

El vacío de la figura del juez de cumplimiento, no la pueden llenar las jueces de garantías a lo legal, pues se les nombró solo, como Subcomisión de Garantías que ejercerá las funciones del Juez de Garantías, por parte de la Comisión Permanente de la Asamblea en este tema.



Código procesal penal.



Artículo 468. Presentación de la denuncia o querella. La denuncia o querella contra el Presidente de la República será presentada ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional, la cual será remitida a la Comisión Permanente competente para conocer de estas causas, de acuerdo con su Reglamento Orgánico del Régimen Interno.

La Comisión, en caso de admitir la denuncia o la querella, designará a una Subcomisión de Garantías, compuesta por tres miembros, que ejercerá las funciones del Juez de Garantías previstas en este Código. Los miembros de la Subcomisión de Garantías serán reemplazados por sus suplentes en las actuaciones del Pleno de la Comisión.


Vale destacar, que no es función del juez de garantía, decidir donde el culpable debe cumplir la sentencia. Ver el Art. 44 del código procesal penal.

Es el juez de cumplimiento, el que debe decidir todo lo referente a la ejecución de una pena. Ver el Art. 46 del código procesal penal.

Las jueces de garantías en el caso MONCADA, solo pueden admitir o inadmitir el acuerdo. Art. 44 numeral 6 del código procesal penal.

A mi juicio, por la laguna aludida, el Pleno de la Asamblea es el que deberá decidir, donde purga su pena el Magistrado Moncada, en voto libre y abierto, ya que el voto secreto, no aplica aquí.

Los artículos 477 y 480 del código procesal penal dice que es el PLENO de la Asamblea el que debe ver lo de la aplicación de las sanciones contra los magistrados.

Artículo 477. Individualización de la pena. Para individualizar la pena, se seguirán las siguientes reglas:

1. …

2. …

3. Las propuestas para la aplicación de las sanciones anteriores serán acordadas por la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional.



Artículo 480. Individualización de la pena dictada contra el Magistrado. Para la individualización de la pena en las causas penales seguidas contra un Magistrado de la Corte

Suprema de Justicia se observarán las disposiciones del Código Penal.



Esta decisión será acordada por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional.

martes, 24 de febrero de 2015

Panamá y el crisol de razas




Mientras que Brasil, inspirada en el modelo que aplican Canadá y Australia, adopta una política de inmigración selectiva, para los profesionales extranjeros, altamente calificados, propiciando así una “fuga de cerebros”; en Panamá, no se sabe aún, a que estamos apostando.

Panamá le ha abierto las puertas a muchos extranjeros de escasos recursos, para luego regularizarlos extraordinariamente, en donde ni siquiera, tienen que probar per se, su solvencia económica, porque no la tienen. Ejemplo los  procesos extraordinarios denominados “Panamá Crisol de Razas”. (Ejemplo: Decreto Ejecutivo No. 547 de 2012)

De igual forma han facilitado la inmigración extranjera, permitiendo, que ciudadanos de varias nacionalidades entren, a sus anchas, sin visa a Panamá, independientemente, de que tengan o no, recursos económicas para invertir. Ejemplo. Decreto Ejecutivo No. 380 de 2012.

Por otro lado, también impulsa que extranjeros, esta vez con recursos, de 22 o más países se establezcan aquí, para invertir. Ejemplo. Decreto Ejecutivo No. 343 de 2012.

Igualmente el Decreto Ejecutivo No. 804 de 2012, crea la residencia permanente en calidad de extranjero profesional, para el que aporte copia del diploma o título universitario, licenciatura, maestría o doctorado, siempre que la profesión no esté limitada por Constitución a los panameños. Para esta residencia no es necesario que el que aporte el título, ejerza la profesión del diploma o que cuente con mayores recursos.

¿Cómo nos explicamos esto? ¿Es eso indispensable para el país?

Esta falta de definición migratoria, está produciendo lo siguiente:

·         Que haya una competencia desleal laboral del extranjero, hacia el nacional panameño.
·    Que nuestras tradiciones se vayan perdiendo, para abrirle paso a las fiestas y costumbres extranjeras.
·         Que se vayan practicando, nuevas figuras delictivas.
·      Que se vaya aumentando el alto costo de la vida, producto de servicios, que el panameño no podrá pagar, fácilmente, pero algunos extranjeros sí. Ejemplo. El empleo doméstico y los alquileres.
·        Que muchas tierras vayan siendo de propiedad de extranjeros, sin limitación alguna. Argentina, Brasil etc., ya han puesto límites para la extranjerización de tierras, por efecto del agro, ganadería y otras actividades.
·     Que aumente la población en el país, pero no por los nacimientos de nativos, sino por la afluencia extranjera.

Preocupaciones propias, sobre los Procesos de Regularización Migratoria Extraordinaria denominados "Panamá, Crisol de Razas":

1.    Se le está dando permanencia provisional hasta por 12 años, a extranjeros, en donde muchos de ellos, difícilmente podrán aportar mayores avances científicos en el país.

2.    Se está permitiendo que extranjeros regularizados extraordinariamente tengan un mayor privilegio que los extranjeros que legalmente arribaron a nuestro territorio para invertir y legalizarse, ya que no se les exige el cumplimiento de los requisitos que a los otros se les pide.  

3.   Se está fomentando que se pueble Panamá, con personas foráneas que, en determinada proporción, no tendrán los recursos per se, para poder subsistir.

4.   Pudiera pensarse que la captación de dinero, producto del proceso de la regularización extraordinaria, está pesando más que una visión de país.


domingo, 22 de febrero de 2015

No al voto secreto, en el caso del Magistrado Moncada



Es un hecho público y notorio, que el magistrado Alejandro Moncada está siendo procesado ante la Asamblea Nacional y conforme al código procesal penal, se requiere de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea para decretar su condena (si gravitan las pruebas para ello) y por medio del “voto secreto”.

Código Procesal Penal.

Artículo 475. Decisión. Terminados los alegatos y las intervenciones, se someterá a la consideración del Pleno que decida sobre la culpabilidad o no culpabilidad del acusado.
La votación será secreta y requerirá las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional para dictar sentencia condenatoria. Si no se logra este número de votos, el imputado será declarado no culpable.
En la votación no tomarán parte el Fiscal, ni los miembros de la Comisión Permanente, cuyos suplentes quedan habilitados para ejercer el voto.


¿Existe alguna fórmula legal, para obviar el “voto secreto”, y permitir que la ciudadanía pueda fiscalizar y ver, la decisión que toman sus diputados en esta causa, de manera transparente?

A mi juicio sí, aplicando el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, (que también es una ley), en su artículo 198 que posibilita la votación nominal, si lo acuerda la Asamblea Nacional.

Artículo 198. Solicitud de votación nominal. La votación se hará nominal siempre que así lo solicite algún Diputado o Diputada, y la Asamblea Nacional, en votación ordinaria y sin discusión, lo acuerde.
En caso de que el resultado obtenido sea inferior al quórum, el Presidente o Presidenta ordenará la votación nominal.

¿Cómo es la votación nominal? Se efectúa en base al llamado a lista que hace el Secretario o Secretaria General, y cada Diputado o Diputada, al ser nombrado, expresará su voto oralmente. El resultado de esta votación constará en el acta con los nombres de los votantes y la forma como votó cada uno.

Si bien conforme a las reglas de interpretación legal, una ley especial, como la del código procesal penal, pudiera privar sobre la general, no obstante, en mi concepto, el sometimiento voluntario de los Diputados, a la disposición del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, no vicia el procedimiento contra el magistrado aludido.

Explico.

¿Qué consecuencia habría, si el Diputado hace público su voto?

Ninguna; pues la ley no establece ni la nulidad del voto ni ninguna otra sanción, por esto, y sabido es, que donde la norma no ha distinguido, no le es dable al hombre el distinguir.

¿Se le viola el debido proceso al Magistrado procesado, por no preservar el voto secreto de los Diputados?

De ninguna forma; pues no se le deja en indefensión, toda vez, que se le respeta el voto calificado, amén de que no se pretermite ningún trámite esencial en este juicio.

Es importante agregar, que, en numerosos precedentes, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que la violación del debido proceso únicamente ocurre cuando se desconocen o pretermiten trámites esenciales del proceso que, efectivamente, conlleven a la indefensión de los derechos de cualquiera de las partes.

En resumen, la garantía del debido proceso legal implica la existencia previa de una serie de normas que regulan el proceso y cuya observancia por parte del juez o tribunal es indispensable para asegurar a las partes la adecuada defensa de sus derechos. Ver el fallo del trece (13) de septiembre de mil novecientos noventa y seis (1996). Corte Suprema de Justicia, Pleno. Caso del otrora Magistrado JOSÉ MANUEL FAÚNDES. 

Como ciudadano objeto el voto secreto en este proceso, pues he escuchado comentarios sobre supuestas propuestas indignas hacia algunos Diputados, en procura de favorecer un voto especifico en este proceso;  y esto debe censurarse, de ser cierto, y unas de las formas que hay, para evitar la CORRUPCÍON, en este juicio; es objetando el voto secreto de nuestros Diputados y eso hago en consecuencia.


martes, 17 de febrero de 2015

El PAN y el Ministerio Público





El PAN es el Programa de Ayuda Nacional, adscrito al Ministerio de la Presidencia. Fue creado con el Decreto Ejecutivo No. 690 de 2010, con el propósito de:

· Concentrar los esfuerzos del Estado a la atención de las necesidades socioeconómicas de la población más necesitada, con el objetivo de lograr descender el nivel de pobreza,

· Lograr el desarrollo sostenible de las comunidades marginadas y rurales, que carecen de los servicios básicos,

· Brindar oportunidades de capacitación, con énfasis en grupos pobres y marginados, con el fin de satisfacer sus necesidades básicas,

· Fortalecer la capacidad de autogestión de sectores informales de la economía y de los grupos más necesitados,

· Contribuir a la expansión y al mejoramiento de la infraestructura económica y social,

· Promover y fortalecer la capacidad de gestión de los Organismos No Gubernamentales que tengan como objetivo la promoción social, deportiva, cultural y económica,

· Fortalecer las estructuras de los gobiernos provinciales, locales y de las agrupaciones naturales en las comunidades, para aumentar su capacidad de atender las necesidades de su población,

· Responder a las demandas de las poblaciones no resueltas por programas sociales vigentes e invertir en obras de interés social de los programas de la Presidencia de la República

· Promover y realizar proyectos de asistencia social, beneficencia y apoyo en las comunidades estimulando su organización y participación, y

· Promover la inversión en proyectos de interés social.

Otrora se llamaba FIS y antes el FES, en los gobiernos anteriores, y ha sido la punta de lanza para satisfacer las necesidades inmediata de los pobres.

No obstante lo antes dicho, esta institución ha sido un foco de corrupción y por su desgreño administrativo, el Ministerio Público promueve investigaciones amplias, sin embargo, por razones que desconocemos, no ha incorporado en las mismas hasta hoy, a los integrantes del Consejo Directivo del PAN, que entre sus funciones por ley tenía, la de fiscalizar y evaluar la ejecución de los planes y proyectos de ese ente; adicional, debía aprobar los proyectos cuya cuantía eran mayor de trescientos mil balboas (B/.300,000.00). Todo esto según el Decreto Ejecutivo 690 de 2010.

El MP debe “ponerse los pantalones largos” y llevar las investigaciones por el derrotero de la verticalidad formal, soslayando la suspicacia,  para colaborar, con la administración de justicia de forma integral y objetiva, “caiga quien caiga”.

Finalmente nos inquieta, que en el caso del diputado del PARLACEN, Ricardo Martinelli, el MP hizo lo propio en la investigación en que se le mencionó, remitiendo el caso a la Corte Suprema en Pleno, como corresponde, para los fines pertinentes,  empero, cuando el señor Guardia dijo que los diputados del quinquenio anterior “armaban” sus compras en el PAN, el MP no hizo igual al caso en cita, soslayando a mi juicio, con el debido funcionamiento y con la exigencia del código procesal penal que reza así:

Código Procesal penal

Artículo 487. Competencia. Compete al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la investigación y juzgamiento de los actos delictivos y policivos cuya comisión se atribuya a los diputados de la República, principales o suplentes.

La investigación podrá ser promovida por querella o denuncia del ofendido y será presentada ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.

Cuando se trate de causas penales no concluidas que se hayan iniciado en una agencia del Ministerio Público, del Órgano Judicial, del Tribunal Electoral, de la Fiscalía General Electoral de la jurisdicción aduanera o en cualquiera otra jurisdicción, el funcionario que conozca del caso elevará inmediatamente el conocimiento de proceso en el estado que se encuentre, en lo que concierna al diputado principal o suplente, a la Corte Suprema de Justicia.

Lo dispuesto en el párrafo anterior también se aplicará en las causas policivas en que aparezca involucrado un diputado principal o suplente.



“La justicia que queremos los panameños, es una sin corrupción, en donde se implemente la certeza del castigo para todos los infractores de la ley, sin excepción.”

miércoles, 11 de febrero de 2015

Invasores de Tierras (Aclaración)



El artículo del Código Penal que sancionaba con prisión de uno a tres años a quien invadiera terrenos ajenos sin autorización, fue declarado inconstitucional por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.

En fallo del 23 de septiembre se declaró inconstitucional el artículo 1 de la Ley 44 del 19 de junio de 2013, el cual incluyó esas sanciones en el Código Penal, dirigida a los invasores de tierras.


Se explicó que esa disposición impedía ejercer la figura de la prescripción adquisitiva de dominio y por lo tanto violaba, el artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho a la propiedad privada.

martes, 10 de febrero de 2015

Anuncio. DENUNCIA

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Hoy a las 3:30 de la tarde, estaré presentando, Dios mediante,  en la Procuraduría General de la Nación, una denuncia penal contra 37 ex diputados del quinquenio pasado, por lo del manejo de las partidas circuitales.

Como es sabido, denuncie a 34 diputados reelectos ante la Corte, faltando los 37 que incluyo hoy ante el Ministerio Público.


Todos a rendir cuentas.

domingo, 8 de febrero de 2015

Los Ministros Consejeros, no son Ministros de Estado: LA CORTE



En decisión del 3 de julio de 2014, dentro de una denuncia que interpuse, contra el MOP, a la sazón dirigido por el ingeniero FEDERICO SUAREZ, por haber pagado el MOP 30 millones, para la reparación de daños materiales a la vía próxima al puente Centenario, el Pleno declinó el caso a un juez de circuito, pero dijo en el fallo, que la designación de SUAREZ como MINISTRO CONSEJERO, a la postre, no tiene sustento constitucional para ser llamado Ministro de Estado. El prenombrado era Ministro del MOP cuando denuncié, luego con el Decreto No. 138 de 2012 se le nombró MINISTRO CONSEJERO.

El PLENO de la Corte dijo lo que sigue.

“Como abono a lo anterior, y para despejar dudas sobre nuestra competencia privativa respecto a procesos penales, donde se involucre a un Ministro de Estado, consideramos oportuno realizar un análisis de las normas fundamentales que nos orientan sobre la creación, estructuración administrativa y funcionabilidad de los Ministros de Estado.



En primer orden, el artículo 183 constitucional establece como atribución del Presidente de la República, nombrar y separar libremente a los Ministros de Estado. No obstante, cuando ello implica la creación de nuevos ministerios nuestra Carta Fundamenta en el artículo 159, numeral 12, establece que ello se realizará a través de la intervención de otro Órgano del Estado, que en este caso lo es, la Asamblea Nacional.



“ARTÍCULO 159: La función legislativa, es ejercida por medio de la Asamblea Nacional y consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estados declarados en esta Constitución y en especial para lo siguiente:



12. Determinar, a propuesta del Órgano Ejecutivo, la estructura de la administración nacional mediante la creación de Ministerios, Entidades Autónomas, Semiautónomas, Empresas Estatales y demás establecimiento públicos, y distribuir entre ellos las funciones y negocios de la Administración, con el fin de asegurar la eficacia de las funciones administrativas ”.



En ese sentido, el artículo 194 de la Constitución Política define que los Ministros de Estado son los jefes de sus respectivos ramos y participan con el Presidente de la República en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con la Constitución y la ley, siendo que la distribución de sus respectivos negocios también se efectuaran de conformidad con la ley, como expone el artículo 195 lex cit.



Para esta Superioridad las normas citadas establecen los protocolos que se exigen para la constitución de un nuevo ministerio y sus atribuciones, siendo en consecuencia que concluimos que la designación del Ingeniero FEDERICO SUAREZ no reúne estas condiciones, siendo en consecuencia que se extravía nuestra competencia en este expediente penal, ya que es un hecho público y notorio que en la actualidad no ostenta el cargo de Ministro de Estado.”



Conclusiones propias:

1. Los ministros consejeros no son ministros de Estado, porque no tienen una cartera a su cargo, creada por el Legislativo.

2. Los ministros consejeros no deben tener los privilegios y las obligaciones, de los ministros de Estado, porque no lo son.

3. Los ministros de consejeros, no deben participar de las reuniones del Consejo de Gabinete, por lo antes expuesto.

Las auditorias privadas son insuficientes




En sentencia del PLENO de la Corte Suprema de Justicia del 3 de julio de 2014, se determinó que las únicas auditorias que tienen valor para acreditar un delito contra la administración pública, son las que hace la Contraloría.

Este era el caso de la denuncia que se presentó por unas publicaciones que se hicieron en los medios, por el resultado de la auditoría privada hecha por Consultoría Financiera López Consultores, a los programas del otrora  FIS.

La Corte dijo:

“Ahora bien, tratándose de la presunta comisión de un delito contra la Administración Pública, en la modalidad de Peculado, es necesario indicar que para acreditar la existencia de un faltante o perjuicio patrimonial a las finanzas del Estado, es menester que la Contraloría General de la República realice la auditoría correspondiente por intermedio de su personal idóneo, en este caso los auditores, quienes luego de concluida su investigación determinarán si efectivamente se ha cometido un hecho irregular que produjo como resultado una lesión al patrimonio del Estado, y quiénes estarían relacionados a esa irregularidad. En el presente caso, advierte el Pleno no se cuenta con dicho informe de auditoría, por lo que únicamente la denuncia se sustenta en esas versiones periodísticas”.


Por lo ante expuesto, afirmo que las auditorias privadas que se han anunciado que se harán, en algunas entidades públicas, se convierten en ineficaces.

viernes, 6 de febrero de 2015

Notas del fallo sobre Martinelli



1. El fallo del 28 de enero de 2015, no admitió ninguna denuncia, lo que hizo fue admitir el conocimiento de la causa penal contra el expresidente Martinelli, por los supuestos delitos contra la administración pública, por el expediente que remitió la Fiscalía Segunda Anticorrupción.

2. Según la Corte ningún diputado del PARLACEN (electo o designado), tiene inmunidad, porque el concepto de “inmunidad” se eliminó en el 2004 de nuestra Constitución.

3. Sólo la víctima del delito puede querellar, por eso a Jované se le sacó del proceso.

4. El señor GIACOMO TAMBURELLI, implica directamente al expresidente en una supuesta acción ilícita, por eso dijo la Corte, que existen elementos de convicción necesarios que permiten iniciar una investigación contra el expresidente.

5. La Corte consideró que la mención en una declaración indagatoria ante la Fiscalía Segunda Anticorrupción del señor Ricardo Martinelli, es suficiente para que se inicie una investigación.

6. Los magistrados Ayú Prado y Ramón Fábrega, avalan el fondo del fallo, pero consideran que antes de la admisión de la causa penal debió haberse pedido al Tribunal Electoral el levantamiento del fuero penal electoral del señor Martinelli.

7. El inicio de una investigación no es una antesala directa a una imputación de cargos.

8. El pleno de la Corte no quiso considerar la aceptación del impedimento del magistrado Luis Ramón Fábrega Sánchez, aun cuando el señor GIACOMO TAMBURELLI, mencionó a la señora María Fábrega en la misma declaración indagatoria ante la Fiscalía Segunda Anticorrupción.


9. En la resolución del Pleno de la Corte, por razones que desconozco, no se dispuso la suspensión del trámite de manera expresa, hasta que el Tribunal Electoral levantara el fuero, lo que podría producir malas interpretaciones y confusiones sobre cuándo es que comienza a correr el término de los dos meses para concluir la investigación.