martes, 17 de febrero de 2015

El PAN y el Ministerio Público





El PAN es el Programa de Ayuda Nacional, adscrito al Ministerio de la Presidencia. Fue creado con el Decreto Ejecutivo No. 690 de 2010, con el propósito de:

· Concentrar los esfuerzos del Estado a la atención de las necesidades socioeconómicas de la población más necesitada, con el objetivo de lograr descender el nivel de pobreza,

· Lograr el desarrollo sostenible de las comunidades marginadas y rurales, que carecen de los servicios básicos,

· Brindar oportunidades de capacitación, con énfasis en grupos pobres y marginados, con el fin de satisfacer sus necesidades básicas,

· Fortalecer la capacidad de autogestión de sectores informales de la economía y de los grupos más necesitados,

· Contribuir a la expansión y al mejoramiento de la infraestructura económica y social,

· Promover y fortalecer la capacidad de gestión de los Organismos No Gubernamentales que tengan como objetivo la promoción social, deportiva, cultural y económica,

· Fortalecer las estructuras de los gobiernos provinciales, locales y de las agrupaciones naturales en las comunidades, para aumentar su capacidad de atender las necesidades de su población,

· Responder a las demandas de las poblaciones no resueltas por programas sociales vigentes e invertir en obras de interés social de los programas de la Presidencia de la República

· Promover y realizar proyectos de asistencia social, beneficencia y apoyo en las comunidades estimulando su organización y participación, y

· Promover la inversión en proyectos de interés social.

Otrora se llamaba FIS y antes el FES, en los gobiernos anteriores, y ha sido la punta de lanza para satisfacer las necesidades inmediata de los pobres.

No obstante lo antes dicho, esta institución ha sido un foco de corrupción y por su desgreño administrativo, el Ministerio Público promueve investigaciones amplias, sin embargo, por razones que desconocemos, no ha incorporado en las mismas hasta hoy, a los integrantes del Consejo Directivo del PAN, que entre sus funciones por ley tenía, la de fiscalizar y evaluar la ejecución de los planes y proyectos de ese ente; adicional, debía aprobar los proyectos cuya cuantía eran mayor de trescientos mil balboas (B/.300,000.00). Todo esto según el Decreto Ejecutivo 690 de 2010.

El MP debe “ponerse los pantalones largos” y llevar las investigaciones por el derrotero de la verticalidad formal, soslayando la suspicacia,  para colaborar, con la administración de justicia de forma integral y objetiva, “caiga quien caiga”.

Finalmente nos inquieta, que en el caso del diputado del PARLACEN, Ricardo Martinelli, el MP hizo lo propio en la investigación en que se le mencionó, remitiendo el caso a la Corte Suprema en Pleno, como corresponde, para los fines pertinentes,  empero, cuando el señor Guardia dijo que los diputados del quinquenio anterior “armaban” sus compras en el PAN, el MP no hizo igual al caso en cita, soslayando a mi juicio, con el debido funcionamiento y con la exigencia del código procesal penal que reza así:

Código Procesal penal

Artículo 487. Competencia. Compete al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la investigación y juzgamiento de los actos delictivos y policivos cuya comisión se atribuya a los diputados de la República, principales o suplentes.

La investigación podrá ser promovida por querella o denuncia del ofendido y será presentada ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.

Cuando se trate de causas penales no concluidas que se hayan iniciado en una agencia del Ministerio Público, del Órgano Judicial, del Tribunal Electoral, de la Fiscalía General Electoral de la jurisdicción aduanera o en cualquiera otra jurisdicción, el funcionario que conozca del caso elevará inmediatamente el conocimiento de proceso en el estado que se encuentre, en lo que concierna al diputado principal o suplente, a la Corte Suprema de Justicia.

Lo dispuesto en el párrafo anterior también se aplicará en las causas policivas en que aparezca involucrado un diputado principal o suplente.



“La justicia que queremos los panameños, es una sin corrupción, en donde se implemente la certeza del castigo para todos los infractores de la ley, sin excepción.”

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