domingo, 26 de abril de 2015

La imagen de nuestra corte suprema

Hoy la corte no tiene una buena percepción en la sociedad. Deben los magistrados tomar acciones concretas para elevar ese Órgano del Estado.

Sugerencias propias.

1. Que cada uno de los magistrados de la corte suprema, denunciados ante la Asamblea Nacional, no esperen hasta que se evacuen las acciones ante el órgano legislativo, sino que aclaren los temas de inmediato, ante la sociedad, en una rendición de cuentas amplia y espontánea en donde se permitan las preguntas.

2. Que la corte se autorregule, estableciendo un método que permita fiscalizar los expedientes en cada despacho, de tal manera que prohíba que un magistrado se quede mucho tiempo con un expediente en su escritorio. Se debe fortalecer la transparencia. Es inadmisible que algunos casos en la corte, se demoren años.

3. Que exista en la página web del órgano judicial, y que se puedan ver por todos, los casos que tienen asignados, cada uno de los magistrados de la corte.

4. Que alguno de los 8 magistrados de la corte, le exija formalmente y de manera enérgica, al magistrado Harry Díaz (el 9), que exponga ante la asamblea nacional y el país, el o los nombres, de los magistrados que según él, venden los fallos y archivan expedientes. Esta declaración hecha por el prenombrado otrora, ha maculado todo el sistema de justicia y no debe quedar inadvertido en nuestra democracia.

5. Que la corte impida que se judicialice la política. Es decir, que actué procesalmente y de manera independiente, bajo los tiempos de la ley, evacuando los casos que le lleguen, sin temor ni presión política alguna; bajo el lineamiento de la uniformidad y de la justicia.

6. Que los magistrados de la corte, hagan pública su lista de bienes (de propiedad de la familia inmediata), de manera voluntaria y anualmente.



sábado, 18 de abril de 2015

La Constituyente paralela. ¿Broma política?



En campaña electoral nuestro presidente Juan Carlos Varela nos prometió una constituyente paralela, no obstante, este es el día, y no se concretiza ningún llamado para tal fin.

La administración de justicia (compuesta por el Ministerio Público y el Órgano Judicial) necesita una reingeniería que pudiera ajustarse a futuro, por una constituyente.


La Constituyente paralela es una de las formas que existe en Panamá, para reformar la Constitución.

Como se adopta

Podrá adoptarse una nueva Constitución, a través de una Asamblea Constituyente Paralela, que podrá ser convocada por decisión del Órgano Ejecutivo, ratificada por la mayoría absoluta del Órgano Legislativo, o por el Órgano Legislativo con el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros, o por iniciativa ciudadana, la cual deberá ser acompañada por las firmas de, por lo menos, el veinte por ciento de los integrantes del Registro Electoral correspondiente al 31 de diciembre del año anterior a la solicitud.

Quien la convoca

Le corresponderá al Tribunal Electoral acoger la iniciativa propuesta y hacer la convocatoria a la elección de constituyentes, en un término no menor de tres meses ni mayor de seis meses desde la formalización de la solicitud de convocatoria.

Deliberaciones

Realizada la elección, la Asamblea Constituyente Paralela se instalará formalmente e iniciará sus deliberaciones por derecho propio, tan pronto el Tribunal Electoral entregue las credenciales  respectivas a sus integrantes.

Composición

La Asamblea Constituyente Paralela estará integrada por sesenta constituyentes, quienes deberán representar proporcionalmente a los panameños de todas las provincias y comarcas, de acuerdo con la población electoral, y se permitirá, además de la postulación partidaria, la libre postulación. Para estos efectos, el Tribunal Electoral deberá establecer en la convocatoria el sistema electoral aplicable a la elección de constituyentes.


Limitaciones

La Asamblea Constituyente Paralela podrá reformar la actual Constitución de forma total o parcial, pero en ningún caso las decisiones que adopte tendrán efectos retroactivos, ni podrán alterar los periodos de los funcionarios electos o designados, que estén ejerciendo su cargo al momento en que entre en vigencia la nueva Constitución.

Tiempo de funcionamiento

La Asamblea Constituyente Paralela tendrá un periodo no menor de seis meses ni mayor de nueve meses, para cumplir con su labor y entregar al Tribunal Electoral el texto de la Nueva Constitución Política aprobada, la cual será publicada de inmediato en el Boletín del Tribunal Electoral.


Obligación de hacer Referéndum

El nuevo Acto Constitucional aprobado con arreglo a este método será sometido a referéndum convocado por el Tribunal Electoral en un periodo no menor de tres meses, ni mayor de seis meses, contado a partir de la fecha de su publicación en el Boletín del Tribunal Electoral.

Cuando comienza a regir la nueva Constitución.


El Acto Constitucional aprobado empezará a regir desde su publicación en la Gaceta Oficial, la cual deberá hacerse por el Órgano Ejecutivo, dentro de los treinta días hábiles siguientes a su aprobación mediante referéndum, sin que la publicación posterior a dichos plazos sea causa de inconstitucionalidad.


La Constituyente paralela. ¿Broma política?

La Constituyente paralela. ¿Broma política?

En campaña electoral nuestro presidente Juan Carlos Varela nos prometió una constituyente paralela, no obstante, este es el día, y no se concretiza ningún llamado para tal fin.

La administración de justicia (compuesta por el Ministerio Público y el Órgano Judicial) necesita una reingeniería que pudiera ajustarse a futuro, por una constituyente.


La Constituyente paralela es una de las formas que existe en Panamá, para reformar la Constitución.

Como se adopta

Podrá adoptarse una nueva Constitución, a través de una Asamblea Constituyente Paralela, que podrá ser convocada por decisión del Órgano Ejecutivo, ratificada por la mayoría absoluta del Órgano Legislativo, o por el Órgano Legislativo con el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros, o por iniciativa ciudadana, la cual deberá ser acompañada por las firmas de, por lo menos, el veinte por ciento de los integrantes del Registro Electoral correspondiente al 31 de diciembre del año anterior a la solicitud.

Quien la convoca

Le corresponderá al Tribunal Electoral acoger la iniciativa propuesta y hacer la convocatoria a la elección de constituyentes, en un término no menor de tres meses ni mayor de seis meses desde la formalización de la solicitud de convocatoria.

Deliberaciones

Realizada la elección, la Asamblea Constituyente Paralela se instalará formalmente e iniciará sus deliberaciones por derecho propio, tan pronto el Tribunal Electoral entregue las credenciales  respectivas a sus integrantes.

Composición

La Asamblea Constituyente Paralela estará integrada por sesenta constituyentes, quienes deberán representar proporcionalmente a los panameños de todas las provincias y comarcas, de acuerdo con la población electoral, y se permitirá, además de la postulación partidaria, la libre postulación. Para estos efectos, el Tribunal Electoral deberá establecer en la convocatoria el sistema electoral aplicable a la elección de constituyentes.


Limitaciones

La Asamblea Constituyente Paralela podrá reformar la actual Constitución de forma total o parcial, pero en ningún caso las decisiones que adopte tendrán efectos retroactivos, ni podrán alterar los periodos de los funcionarios electos o designados, que estén ejerciendo su cargo al momento en que entre en vigencia la nueva Constitución.

Tiempo de funcionamiento

La Asamblea Constituyente Paralela tendrá un periodo no menor de seis meses ni mayor de nueve meses, para cumplir con su labor y entregar al Tribunal Electoral el texto de la Nueva Constitución Política aprobada, la cual será publicada de inmediato en el Boletín del Tribunal Electoral.


Obligación de hacer Referéndum

El nuevo Acto Constitucional aprobado con arreglo a este método será sometido a referéndum convocado por el Tribunal Electoral en un periodo no menor de tres meses, ni mayor de seis meses, contado a partir de la fecha de su publicación en el Boletín del Tribunal Electoral.

Cuando comienza a regir la nueva Constitución.


El Acto Constitucional aprobado empezará a regir desde su publicación en la Gaceta Oficial, la cual deberá hacerse por el Órgano Ejecutivo, dentro de los treinta días hábiles siguientes a su aprobación mediante referéndum, sin que la publicación posterior a dichos plazos sea causa de inconstitucionalidad.


lunes, 13 de abril de 2015

El IMA y el control previo de la Contraloría.



La Contraloría General de la República, con la Resolución No. 217-DFG  de 9 de abril de 2015, publicada en la gaceta oficial No. 27758 de 13 de abril de 2015, ha establecido el control previo a todos los contratos y desembolsos del programa de solidaridad alimentaria, pues desde el 2007 solo se practicaba el control posterior en el IMA, para los contratos, y órdenes de compra del programa para la Solidaridad Alimentaria y el control previo, sólo para las órdenes de desembolso del programa en cita.

La Contraloría tomó esta decisión por los hechos reportados sobre el manejo de este programa.

Es sabido que el IMA realizó múltiples contratos en favor de un sólo proveedor (los medios así lo han dicho), por medio del programa de solidaridad alimentaria.

El reglamento del programa para la solidaridad alimentaria, creado mediante Decreto Ejecutivo No. 64 de 2007, por el otrora presidente Martín Torrijos y que ha permitido contrataciones directas por invitación, tiene visos de ilegalidad, a mi juicio, ya que la ley de contratación pública, (ley 22 de 2006) no permite esto.  

Se deja claro que los entes públicos, no pueden expedir actos para favorecer o para desfavorecer, a alguien en especial. Esto es ilegal.

La Sala Tercera de la Corte ha dicho que las autoridades administrativas actúan con una finalidad ilegítima al expedir actos de su competencia, al menos en los siguientes casos:

1.-Cuando el acto se expida obedeciendo a un móvil de tipo personal, como un interés privado o el espíritu de venganza.
2.- Cuando el acto se expide por un móvil político ilegítimo como cuando, se toma la decisión con el único objeto de perjudicar a un adversario político y
3.- Cuando el móvil del acto es el interés de un tercero, lo cual se produce cuando la decisión está dirigida a favorecer a un particular en detrimento de otro.

(Cfr. Sentencia de 3 de mayo de 1994 de la Sala Tercera).

martes, 7 de abril de 2015

MI BUS DEJARA DE OPERAR El METROBUS


El gobierno dijo que Mi Bus, la concesionaria del Metrobús, se "retirará" del lucrativo negocio y su contrato será eliminado. Hay negociaciones sobre el tema.

No se anunció cual fórmula se utilizará para sacar del sistema a MI BUS.

Conforme a la ley y el contrato hay, varias fórmulas para sacar del sistema a una empresa contratista.

1. La resolución administrativa del contrato


La posibilidad de resolverle el contrato a la empresa, es en base a lo que dispone la ley 22 de 2006 (de contratación pública) y el contrato de concesión No. 21-10, en sus Cláusulas Trigésima y Trigésima Primera.

El concesionario nunca puso de su parte y un sector importante de la población, sufre inmisericordemente a diario.
La causal para iniciar el proceso podría ser; la del incumplimiento de las cláusulas del contrato y/o, la reiteración de faltas graves.

¿Este proceso de resolución (extinción) traumaría el sistema?

En lo más mínimo, ya que la cláusula trigésima primera ibídem, reza que todos los bienes, buses y demás, revertirán al Estado a fin de mantener la continuidad de la prestación del servicio público de transporte. El Estado, por justicia,  le pagaría por los bienes revertidos, al concesionario, mediando un proceso de liquidación de contrato público y en los términos que subyacen en la adenda 2.

El Estado podría administrar el sistema per se, o mediante la creación de una empresa mixta, como hizo con los corredores, o podría llamar, a un proceso de libre concurrencia, a otros operadores, etc.

Se deja claro que la fiadora del contrato, antes de hacer efectivo su fianza, por el monto de B/. 46, 250,000.00 y antes de que todos los bienes pasen al Estado,  podría sustituir o subrogarse, si lo quisiera, de todos los derechos del concesionario, pudiendo efectuar el contrato a sus expensas.

2. Aplicando el rescate administrativo del METROBUS

Esta idea la veo descabellada y fuera de orden. ¿El porqué de mi afirmación?

Debido a que el rescate administrativo, lleva aparejado la obligación de indemnizar al afectado.


Esta figura lo contempla la ley de contrataciones públicas en su artículo 114, y permite al Estado, por razones de interés público, el rescate de los bienes y las obras dadas en concesión, previa autorización del Consejo de Gabinete.

El mismo artículo obliga a indemnizar y/o compensar al contratista –concesionario. Esto quiere decir, que sería un beneficio para el contratista que se aplique el rescate administrativo, pues nunca perderá su inversión, ni su ganancia proyectada en el tiempo.


Recordemos el pago millonario que tuvo que hacer el Estado, cuando pretendió rescatar los corredores.


¿Qué dice el contrato de Concesión No. 21-10, (METROBUS) sobre el rescate administrativo?


En su Cláusula Trigésima Tercera, reza que en caso de producirse el rescate administrativo de la concesión, el concesionario recibirá del Estado por concepto de indemnización, un monto que será determinado por la vía de la valoración de la empresa, a partir de todos los parámetros que sea necesario considerar.


Concluyo que con el rescate administrativo, se beneficiaría a la concesionaria, de manera integral en una proyección de ganar-ganar y esto sería inadmisible, por el mal servicio que muchos pensamos que está dándole a los ciudadanos.


3. Por mutuo acuerdo.
En ésta fórmula, se ponen de acuerdo las partes por escrito,  en base a los términos que se exponen y se adecua a la ley civil y a la ley 22 de 2006. El contrato también contempla esta figura en la Cláusula Trigésima Tercera A. Puede incluir,  lo que las partes dispongan libremente.

4. La empresa también podría ceder los efectos de este contrato, a otra empresa, si el gobierno lo acepta. La ley 22 de 2006 lo posibilita y la Cláusula Vigésima Novena del contrato, lo incluye.



Sería inadmisible que el gobierno pensara en indemnizar en todo o en parte, a la empresa de marras, debido al pésimo servicio que presta.

El IMA y sus contratos



El IMA realizó múltiples contratos en favor de un sólo proveedor (los medios así lo han dicho) y el Ministerio Público (Procuraduría General) y/o las fiscalías, no han abierto ninguna investigación sobre el particular (al menos no se ha informado a la ciudadanía). Esto es inaudito.

Por el asunto del nepotismo que se practicó allí, el Procurador de la Administración está investigando, pero no tiene competencia para incursionar en el área penal.

Los entes públicos, no pueden expedir actos para favorecer o para desfavorecer, a alguien en especial. Esto es ilegal.

La Sala Tercera de la Corte ha dicho que las autoridades administrativas actúan con una finalidad ilegítima al expedir actos de su competencia, al menos en los siguientes casos:

1.-Cuando el acto se expida obedeciendo a un móvil de tipo personal, como un interés privado o el espíritu de venganza.
2.- Cuando el acto se expide por un móvil político ilegítimo como cuando, se toma la decisión con el único objeto de perjudicar a un adversario político y
3.- Cuando el móvil del acto es el interés de un tercero, lo cual se produce cuando la decisión está dirigida a favorecer a un particular en detrimento de otro.
(Cfr. Sentencia de 3 de mayo de 1994 de la Sala Tercera).


El reglamento del programa para la solidaridad alimentaria, creado mediante Decreto Ejecutivo No. 64 de 2007, por el otrora presidente Martín Torrijos y que ha permitido contrataciones directas por invitación, tiene visos de ilegalidad, ya que la ley de contratación pública, (ley 22 de 2006) no permite esto.  

La Asamblea Nacional, tampoco quiere jugar su papel sobre el tema contractual en el IMA. No le pone coto a ésta entidad, que pudiera convertirse en el nuevo PAN.

lunes, 6 de abril de 2015

Acuerdo entre el Gobierno y el sindicato del METROBUS

El sindicato del METROBUS (sitmapa) con el gobierno en turno, firmaron un acuerdo en enero del año en curso, que logró terminar con una huelga que gravitaba en ese momento con el METROBUS. 

Lo curioso es que hoy exigen, los trabajadores, puntos que no estaban en ese aludido acuerdo, a mi juicio, con visos de ilegalidad, inclusive.

No resulta comprensible y es hasta censurable, que el gobierno se comprometa a pagar una indemnización a los trabajadores del METROBUS; cuando compre las acciones de MI BUS. (Ver el punto 1 del Acuerdo).

En derecho, la absorción del pasivo laboral de una empresa, no entraña la obligación de pagar indemnización alguna, pues la relación laboral no termina.

El punto 2 del Acuerdo obliga al Estado a recontratar a los trabajadores de manera indefinida, mismos que ya fueron indemnizados. Esto no tiene sustento legal idóneo. 

En ninguna empresa privada pasaría esto, entonces, ¿por qué en la empresa pública si se da esta figura, si los bienes del Estado hay que cuidarlos como buen padre de familia?

¿A qué se expone el gobierno con este Acuerdo?

A ser denunciado penalmente, por peculado entre otras figuras, al momento en que se dé el pago indemnizatorio.

El Estado no puede indemnizar a un trabajador de empresa pública, salvo que lo liquide, y si hace esto, no estaría obligado a recontratarlo.

El funcionario sólo puede hacer lo que la ley prevé (Principio de estricta legalidad, consagrado en el artículo 18 constitucional); ¿cómo entonces pretende el gobierno indemnizar a los trabajadores, si se obliga en el Acuerdo, a asumir el pasivo laboral de la empresa MI BUS, de igual forma?

Dura es la ley pero es la ley. Si existiese una ley que hiciera viable, este pago idemnizatorio, entonces se podría hacer, pero como no hay, no resulta viable este pago. 





¡Ministerio Público; juegue su papel en este asunto ¡

sábado, 4 de abril de 2015

Comentarios al anteproyecto que pretende reformar la contratación pública


Mi opinión sobre el anteproyecto de ley 193, que pretende reformar la ley 22 de 2006, sobre contratación públicas. El documento es insuficiente y puede producir un caos en el gobierno.

Algunas objeciones.

1. Crucifica la licitación abreviada, que era el mecanismo que utilizan los gobiernos para agilizar sus compras cuando gravitaba el interés social o estado de urgencia, (obviado la contratación directa) cuando lo que debía hacerse era modificarlo para hacerlo más transparente.

2. Ahora se busca que todos los recursos interpuestos, suspendan los actos impugnados, cuando la ley actual no permite esto, para no traumatizar al Estado.

3. Sigue con el blindaje hacia a las compras de medicamentos, impidiendo (como igual lo hace la ley actual) que se presenten recursos en la vía gubernativa, contra las decisiones. Como hay las quejas sobre el particular.

4. Sigue con el arraigo de las notificaciones en tableros, olvidando que cuando se permitía en el 2006 esto, en “los avisos”, era por el inicio del sistema electrónico “PanamaCompra”. Hoy debiera ser historia el edicto; e impide el anteproyecto, que se ejecutoríen los actos, hasta que se notifiquen por las dos vías; la electrónica y la edictal. Retroceso total.

5. No se sabe por qué en el anteproyecto, se insiste en beneficiar a la CSS en sus adquisiciones de equipos médicos y no al MINSA ni a patronatos de la salud, que compran lo mismo. (Véase el artículo 1)

6. No prohíbe el anteproyecto, las contrataciones de solidaridad alimentaria del IMA, que se hacen hoy, muchas de ellas, de manera directa por invitación, pero si sujeta al PAN en la normativa. No se entiende esto.

7. No resuelve el problema que hay en las órdenes de compra, su creación, refrendo anticipado, anulación y notificación.