viernes, 31 de julio de 2015

Demandas contra los contratos de Finmeccanica



El Consejo de Gabinete con la Resolución No. 78 de 2015, instruye al ministro de la presidencia para que otorgue poder judicial, a fin de interponer la o las demandas contenciosas administrativas necesarias para que se declaren nulos por ilegales, diversos contratos con el conglomerado de Finmeccanica.

Es preocupante esta decisión a lo legal, por lo siguiente:

La sala tercera no es competente para tramitar demandas contenciosas, con los contratos del conglomerado, si en los contratos se puso la cláusula compromisoria, es decir, si establece el arbitraje a futuro en los diferendos. Por ejemplo, en el contrato de los helicópteros, en la cláusula 19 si precisa el arbitraje, por ende, la sala tercera, se va a inhibir sobre el tema, si se demanda allí. Ya hay precedentes sobre la materia del arbitraje, en la sala. Fundamento legal: el artículo 17 de la Ley 131 de 2013, sobre el arbitraje en Panamá.

Cláusula
DÉCIMA NOVENA: LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

El presente Contrato se rige por y será interpretado de conformidad con las leyes de la República de Panamá. Las partes contratantes se obligan a acatar, cumplir y someterse a dichas leyes.

Las partes emplearán sus mejores esfuerzos para resolver amigablemente por medio de negociaciones cualquier disputa, controversia o reclamo que resulte de, o esté relacionado con, este Contrato. En caso de existir conflicto o controversias entre las partes, sobre interpretación unilateral, terminación unilateral, modificación del Contrato, ejecución del Contrato, equilibrio económico del Contrato, imprevisión sobreviniente que afecte la ecuación económica de las prestaciones originalmente pactadas por las partes, serán resueltas mediante proceso de arbitraje que se llevará a cabo en el Centro de Conciliación y Mediación de la Cámara de Comercio Industria y Agricultura de Panamá. Las normas y procedimientos a seguir para su conformación y funcionamiento se regirán por las reglas del respectivo Centro.


En el evento de que fuera potable demandar ante la sala tercera (razonando yo en absurdo) no se requeriría poder judicial para ello, en favor de alguna firma de abogados reputada y costosa, ya que sólo bastaría que se instituyera al procurador de la administración, (que tiene sobrada experiencia en demandas contenciosas) para tal fin,  y sale gratis el asunto, conforme a lo que dispone  la Ley 38 de 2000.

Ley 38 de 2000
Artículo 5.
La Procuraduría de la Administración ejercerá las siguientes funciones.
 …

6. Promover  acciones  contencioso -administrativas  en  que  sea  parte  la  Nación, cuando reciba órdenes e instrucciones del Órgano Ejecutivo para ello.

Finalmente comento que en mi opinión,  si se debe investigar y demandar el caso de los contratos con el conglomerado italiano en mención, por los hechos públicos y notorios, que han salido a la luz pública, pero deben ejercitarse las acciones que correspondan, (pero no en la sala tercera, por lo del arbitraje) para honrar el debido proceso y velar por el buen uso de los recursos del Estado.
















sábado, 25 de julio de 2015

Los vagones de la discordia en el METRO






La Resolución de Gabinete No. 74 de 21 de julio de 2015, aprobó la compra directa de coches adicionales para conformar trenes en el METRO y las modificaciones de las instalaciones en línea, patio y talleres de la línea 1 a favor del GRUPO DE EMPRESAS LINEA 1, por un monto total de hasta 157 millones de dólares.




El argumento de la compra directa en la Resolución de Gabinete, descansa en el numeral 7 del artículo 62 de la ley 22 de 2006, referente a los contratos considerados de urgente interés local o de beneficio social o sea, que no es una compra de urgencia evidente, ni mucho menos pretendida hacia un proveedor único.




En mi concepto, hubiese sido bueno el haber hecho primero, una licitación pública transparente, con un pliego de cargos de características similares al de los vagones existentes en el METRO y si nadie acudía al acto, entonces sería aceptable el pensar hacer la compra directa mencionada.



La constitución propugna por el principio de licitación pública.


Constitución


ARTÍCULO 266. La ejecución o reparación de obras nacionales, las compras que se efectúen con fondos del Estado, de sus entidades autónomas o semiautónomas o de los Municipios y la venta o arrendamiento de bienes pertenecientes a los mismos se harán, salvo las excepciones que determine la Ley, mediante licitación pública.
La Ley establecerá las medidas que aseguren en toda licitación el mayor beneficio para el Estado y plena justicia en la adjudicación.




“No se garantiza la plena justicia en la adjudicación cuando se favorece ilegalmente a un oferente en detrimento de los otros o cuando se evalúan las propuestas exigiendo requisitos o trámites no previstos en la ley con el fin de descalificar con ligereza la participación de los proponentes”. Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera, en la sentencia de 27 de abril de 2009.



jueves, 23 de julio de 2015

Los 70 nuevos vagones del Metro



El Consejo de Gabinete autorizó al Metro de Panamá, S.A., la contratación directa, al Grupo Empresas Línea 1 para el suministro de 70 vagones totalmente compatibles con los trenes existentes, además de adecuaciones a las instalaciones de línea y  patio  de la Línea 1 por un monto de B/.157 millones. 

¿Y por qué no se hizo la licitación pública?

En mi concepto, hubiese sido bueno el haber hecho primero, una licitación pública transparente, con un pliego de cargos  de características similares al de los vagones existentes en el METRO y si nadie acudía al acto, entonces sería aceptable el pensar hacer la compra directa mencionada.

Si ayer se criticaron las compras directas, hoy no debiera ser la excepción.

Defender la viabilidad de una compra directa por que el contratista fue el que suministró los vagones existentes, avalaría más bien, una tesis monopólica comercial  y dicho acto, podría afectar la libre empresa y la plena justicia en la adjudicación.


El trámite de selección de contratista siempre debe alcanzar la plena justicia en la adjudicación, esto significa según la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera, en la sentencia de 27 de abril de 2009, que el procedimiento debe ceñirse a criterios de legalidad, objetividad, debido proceso, igualdad de trato entre los oferentes, publicidad, transparencia, lealtad y libre concurrencia, entre otros. No se garantiza la plena justicia en la adjudicación cuando se favorece ilegalmente a un oferente en detrimento de los otros o cuando se evalúan las propuestas exigiendo requisitos o trámites no previstos en la ley con el fin de descalificar con ligereza la participación de los proponentes.

martes, 21 de julio de 2015

Comentarios al anteproyecto que pretende reformar la contratación pública


Mi opinión sobre el anteproyecto de ley 193, que pretende reformar la ley 22 de 2006, sobre contratación públicas. El documento es insuficiente y puede producir un caos en el gobierno.

Algunas objeciones.

1. Crucifica la licitación abreviada, que era el mecanismo que utilizan los gobiernos para agilizar sus compras cuando gravitaba el interés social o estado de urgencia, (obviado la contratación directa) cuando lo que debía hacerse era modificarlo para hacerlo más transparente.

2. Ahora se busca que todos los recursos interpuestos, suspendan los actos impugnados, cuando la ley actual no permite esto, para no traumatizar al Estado.

3. Sigue con el blindaje hacia a las compras de medicamentos, impidiendo (como igual lo hace la ley actual) que se presenten recursos en la vía gubernativa, contra las decisiones. Como hay las quejas sobre el particular.

4. Sigue con el arraigo de las notificaciones en tableros, olvidando que cuando se permitía en el 2006 esto, en “los avisos”, era por el inicio del sistema electrónico “PanamaCompra”. Hoy debiera ser historia el edicto; e impide el anteproyecto, que se ejecutoríen los actos, hasta que se notifiquen por las dos vías; la electrónica y la edictal. Retroceso total.

5. No se sabe por qué en el anteproyecto, se insiste en beneficiar a la CSS en sus adquisiciones de equipos médicos y no al MINSA ni a patronatos de la salud, que compran lo mismo. (Véase el artículo 1)

6. No prohíbe el anteproyecto, las contrataciones de solidaridad alimentaria del IMA, que se hacen hoy, muchas de ellas, de manera directa por invitación, pero si sujeta al PAN en la normativa. No se entiende esto.

7. No resuelve el problema que hay en las órdenes de compra, su creación, refrendo anticipado, anulación y notificación.

Las debilidades de los gobiernos: las contrataciones públicas.




Algunas de las debilidades que he visto sobre el tema en las diversas administraciones, han sido las siguientes:

1.       Poca capacitación del tema, en las personas que tratan las compras del Estado.
2.       Pliegos de cargos mal estructurados.
3.       Influencia algunas veces del que manda en el ente, en los procesos de compras.
4.       Cambio de los funcionarios que dominan el tema, por razones poco razonables.
5.       Mala fiscalización por parte de la Contraloría General.
6.      Reformas de normas sobre contratación pública, hecha por gente que no domina la materia.
7.       Reforman muchas veces las leyes de compras, sólo por reacción y no en base a un estudio sesudo.
8.       Desviación de Poder en los entes públicos, para favorecer a ciertas empresas.
9.       No existe una normativa unitaria de compras para todo el Estado. Algunos entes, las acomodan a su medida con el aval del poder legislativo.
10.   No controlan las habilidades desmedidas de los particulares, en los procesos de compras, a veces por desconocimiento.
11.   No procuran corregir, los errores institucionales cometidos.
12.   No existe un ente conocido, con capacidad legal y funcional, para controlar por ley, el buen desempeño del Estado, en los procesos de compras.


jueves, 16 de julio de 2015

La Constituyente paralela




En campaña electoral nuestro presidente Juan Carlos Varela nos prometió una constituyente paralela, no obstante, este es el día, y no se concretiza ningún llamado para tal fin.

La administración de justicia (compuesta por el Ministerio Público y el Órgano Judicial) necesita una reingeniería que pudiera ajustarse a futuro, por una constituyente.


La Constituyente paralela es una de las formas que existe en Panamá, para reformar la Constitución.

Como se adopta

Podrá adoptarse una nueva Constitución, a través de una Asamblea Constituyente Paralela, que podrá ser convocada por decisión del Órgano Ejecutivo, ratificada por la mayoría absoluta del Órgano Legislativo, o por el Órgano Legislativo con el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros, o por iniciativa ciudadana, la cual deberá ser acompañada por las firmas de, por lo menos, el veinte por ciento de los integrantes del Registro Electoral correspondiente al 31 de diciembre del año anterior a la solicitud.

Quien la convoca

Le corresponderá al Tribunal Electoral acoger la iniciativa propuesta y hacer la convocatoria a la elección de constituyentes, en un término no menor de tres meses ni mayor de seis meses desde la formalización de la solicitud de convocatoria.

Deliberaciones

Realizada la elección, la Asamblea Constituyente Paralela se instalará formalmente e iniciará sus deliberaciones por derecho propio, tan pronto el Tribunal Electoral entregue las credenciales  respectivas a sus integrantes.

Composición

La Asamblea Constituyente Paralela estará integrada por sesenta constituyentes, quienes deberán representar proporcionalmente a los panameños de todas las provincias y comarcas, de acuerdo con la población electoral, y se permitirá, además de la postulación partidaria, la libre postulación. Para estos efectos, el Tribunal Electoral deberá establecer en la convocatoria el sistema electoral aplicable a la elección de constituyentes.


Limitaciones

La Asamblea Constituyente Paralela podrá reformar la actual Constitución de forma total o parcial, pero en ningún caso las decisiones que adopte tendrán efectos retroactivos, ni podrán alterar los periodos de los funcionarios electos o designados, que estén ejerciendo su cargo al momento en que entre en vigencia la nueva Constitución.

Tiempo de funcionamiento

La Asamblea Constituyente Paralela tendrá un periodo no menor de seis meses ni mayor de nueve meses, para cumplir con su labor y entregar al Tribunal Electoral el texto de la Nueva Constitución Política aprobada, la cual será publicada de inmediato en el Boletín del Tribunal Electoral.


Obligación de hacer Referéndum

El nuevo Acto Constitucional aprobado con arreglo a este método será sometido a referéndum convocado por el Tribunal Electoral en un periodo no menor de tres meses, ni mayor de seis meses, contado a partir de la fecha de su publicación en el Boletín del Tribunal Electoral.

Cuando comienza a regir la nueva Constitución.


El Acto Constitucional aprobado empezará a regir desde su publicación en la Gaceta Oficial, la cual deberá hacerse por el Órgano Ejecutivo, dentro de los treinta días hábiles siguientes a su aprobación mediante referéndum, sin que la publicación posterior a dichos plazos sea causa de inconstitucionalidad.

Pérdida de la curul de los diputados




En Panamá ningún diputado suplente puede recibir dos remuneraciones del Estado, pues violentaría las "INCOMPATIBILIDADES PARLAMENTARIAS", que ha sido definida como una institución que prohíbe a Diputados y Senadores durante el período de su encargo, el desempeño de ninguna otra función o empleo a la vez. Los objetivos primordiales de las incompatibilidades parlamentarias son: garantizar el cumplimiento del principio de la división de poderes, asegurar y preservar la independencia y control político que el legislativo ejerce sobre el ejecutivo, y evitar que los representantes populares distraigan su atención en otras ocupaciones ajenas a su cargo.

Las incompatibilidades parlamentarias o legislativas son establecidas por el ordenamiento positivo, principalmente en la Constitución, aunque también en la legislación electoral, las leyes orgánicas y los reglamentos de los órganos legislativos. Estas incompatibilidades traen como consecuencia la necesidad del legislador de optar por uno u otro cargo.


En nuestro país, ha dicho nuestra Corte Suprema de Justicia, Pleno en sentencia de (28) DE MAYO DE DOS MIL CATORCE (2014) que el artículo 156 de nuestra Constitución Política instituye la incompatibilidad parlamentaria, cuando señala:

"Artículo 156 CN: Los Diputados Principales o suplentes, cuando estos últimos estén ejerciendo el cargo, no podrán aceptar ningún empleo público remunerado. Si lo hicieren, se producirá la vacante absoluta del cargo de Diputado principal o suplente, según sea el caso. Se exceptúan los nombramientos de Ministro, Viceministro, Director General o Gerente de entidades autónomas y Semiautónomas y Agentes Diplomáticos, cuya aceptación solo produce vacante transitoria por el tiempo que se desempeñe el cargo"...


De lo expuesto se colige que los diputados suplentes (hoy son noticia) sólo pueden cobrar del Estado, lo que les da la Asamblea Nacional, cuando ejercen el cargo. Y si reciben otra remuneración adicional por el Estado, se produce la pérdida de la curul, con la consiguiente obligación de devolver lo cobrado por el otro ente del Estado, que no es la Asamblea Nacional; pues no fue constitucional ese pago.

domingo, 12 de julio de 2015

Anuncio de denuncia



En el día de mañana lunes, presentaré, Dios mediante, a las 10 am en la Corte Suprema, una denuncia contra 29 diputados suplentes de la Asamblea Nacional, que cobran 2,000.00 de la Asamblea, pero que también reciben otros emolumentos del Estado, en los siguientes entes públicos:

CSS, MINSA, MOP, LOTERIA, ASAMBLEA, AUTORIDAD MARITIMA, MUNICIPIO DE ARRAIJAN, RELACIONES EXTERIORES, MEDUCA, MINREX, INADEH, IMA, SENADIS, MUNICIPIO DE PANAMA, ANAN Y MINISTERIO DE GOBIERNO.

jueves, 9 de julio de 2015

Otro indulto de Martinelli declarado inconstitucional.


  
En el día de hoy 9 de julio de 2015, está notificándose por edicto en la secretaria general de la Corte, la sentencia de 29 de agosto de 2014, entrada No. 518-10, que declara inconstitucional, el Decreto Ejecutivo No. 473 de 24 de mayo de 2010  que establece un Indulto Presidencial, firmado por el expresidente Ricardo Martinelli.

Los demandantes fuimos, individualmente los abogados, Juan De Dios Hernández, Rosibel Vergara Vargas y yo, Ernesto Cedeño Alvarado.

Algunos de los indultados eran policías que habían sido condenadas a 4 años de prisión como autores del delito de tortura y castigos infames.

La corte dijo: “que el propio decreto establece que aquel beneficia a personas, con total sustracción de la etapa procesal en la que se ubique el sumario, lo que, reiteramos, no permite establecer si nos encontramos frente a delitos políticos, única vía en la que es posible otorgar la exoneración para participar dentro del proceso penal o recibir la sanción.”

La corte expuso que el servicio público no puede utilizarse para canonjías.

“Por esa razón, el servicio público aparece caracterizado por su anclaje al texto constitucional, procurando en todo momento que la gestión y prestación del mismo se encuentre pronosticada por el respeto a los derechos de las personas sometidas a la jurisdicción del Estado panameño; de ahí, que deba descartarse cualquier consideración que pretenda equiparar al servicio público como un mecanismo para procurarse canonjías o privilegios personales, no contemplados ni tolerados objetivamente por la ley, pero que a la postre puedan significar la afrenta a los derechos de la comunidad a quienes se les debe la más absoluta lealtad o respeto”.

Como punto de importancia, también ratificó la corte, cuál debe ser el primer compromiso del funcionario.

“Él primer compromiso de quienes ejercen una función en nombre del Estado panameño es la promoción, respeto y realización de los derechos de las personas, en sus diversos niveles, lo que encarna el compromiso reforzado por acatar una serie de deberes, entre ellos operar dentro de los cánones legales y responder, ante los entes correspondientes, frente a cualquier vulneración o amenaza de derechos que puedan patrocinarse contra el tejido social”.


viernes, 3 de julio de 2015

Los diputados están obligados a rendirle cuentas, sobre el uso de las partidas circuitales, a la Contraloría: LA CORTE SUPREMA

En resolución del 12 de marzo de 2015, del PLENO de la Corte Suprema de Justicia, entregada a la secretaria general de la Corte, el día 3 de julio de 2015, se decidió no admitir la denuncia que yo interpuse contra 34 diputados que no le han rendido cuentas al país, por el uso de las partidas circuitales. Se argumentó que yo no presenté prueba idónea, aunque aporté informes autenticados del MEF sobre las partidas circuitales, la declaración indagatoria de RAFAEL GUARDIA, autenticada, entre otros documentos.

La Corte en Pleno dijo que corresponde a la Contraloría General de la República el exigir la rendición de cuentas por el manejo de los fondos o bienes públicos.

De igual forma expuso el PLENO de la Corte: “Los Diputados de la Asamblea Nacional, por su condición de servidores públicos, a quienes se le ha confiado la asignación de partidas circuitales, están en la obligación de rendir cuentas del manejo de dichos fondos ante la Contraloría General de la República, quien por su mandato constitucional tiene esa función fiscalizadora.”

Finalmente dijo el PLENO: “El hecho que los Diputados no hayan presentado el informe de su gestión ante la Contraloría General, o la mayoría de los ciudadanos no tenga conocimiento de su presentación, o hayan incurrido en morosidad en su presentación, no nos conduce necesariamente a la conclusión a la que llegó el denunciante, que esa omisión o demora implica la comisión de actos delictivos previstos como tipos penales Contra La Administración Pública. Esa es una apreciación subjetiva que el Pleno no comparte”.

El fin del discurso, de quien suscribe, es éste. Si el Contralor no les exige la rendición de cuentas a los diputados, por el uso de las partidas circuitales, INCUMPLE su papel fiscalizador y pudiera estar sujeto a un proceso en su contra.



miércoles, 1 de julio de 2015

Lo bueno, lo malo y lo feo, del discurso presidencial del presidente Juan Carlos Varela


Lo bueno



1. No fue contencioso en el discurso, sino conciliador.

2. Solicitó a los medios, respetar la reserva del sumario.

3. Va a procurar el fortaleceremos el sistema judicial.

4. Fortalecerá el programa de prevención de la delincuencia.

5. Que van a hacer énfasis, en los proyectos sociales, como gobierno.



Lo malo

1. El dar un plazo adicional de 6 meses para que se concluya la revisión de la pasada administración y sus faltas, cuando el código judicial no precisa fecha tope para poder presentar las denuncias.

2. El asegurar que la comida mantiene su precio, cuando en el comercio se percibe otra cosa.

3. El haber pedido a los fiscales y los jueces que permitan a los que están arrepentidos y dispuestos a cambiar, la aplicación de la norma penal que les permita una pronta reinserción social, siendo este un tema inherente a la administración de justicia, en exclusividad.



Lo feo

1. El de postergar el proceso de la asamblea constituyente, cuando esto fue una promesa de campaña, esperada por muchos panameños, para ajustar la Carta Magna a la realidad actual el país.