jueves, 9 de julio de 2015

Otro indulto de Martinelli declarado inconstitucional.


  
En el día de hoy 9 de julio de 2015, está notificándose por edicto en la secretaria general de la Corte, la sentencia de 29 de agosto de 2014, entrada No. 518-10, que declara inconstitucional, el Decreto Ejecutivo No. 473 de 24 de mayo de 2010  que establece un Indulto Presidencial, firmado por el expresidente Ricardo Martinelli.

Los demandantes fuimos, individualmente los abogados, Juan De Dios Hernández, Rosibel Vergara Vargas y yo, Ernesto Cedeño Alvarado.

Algunos de los indultados eran policías que habían sido condenadas a 4 años de prisión como autores del delito de tortura y castigos infames.

La corte dijo: “que el propio decreto establece que aquel beneficia a personas, con total sustracción de la etapa procesal en la que se ubique el sumario, lo que, reiteramos, no permite establecer si nos encontramos frente a delitos políticos, única vía en la que es posible otorgar la exoneración para participar dentro del proceso penal o recibir la sanción.”

La corte expuso que el servicio público no puede utilizarse para canonjías.

“Por esa razón, el servicio público aparece caracterizado por su anclaje al texto constitucional, procurando en todo momento que la gestión y prestación del mismo se encuentre pronosticada por el respeto a los derechos de las personas sometidas a la jurisdicción del Estado panameño; de ahí, que deba descartarse cualquier consideración que pretenda equiparar al servicio público como un mecanismo para procurarse canonjías o privilegios personales, no contemplados ni tolerados objetivamente por la ley, pero que a la postre puedan significar la afrenta a los derechos de la comunidad a quienes se les debe la más absoluta lealtad o respeto”.

Como punto de importancia, también ratificó la corte, cuál debe ser el primer compromiso del funcionario.

“Él primer compromiso de quienes ejercen una función en nombre del Estado panameño es la promoción, respeto y realización de los derechos de las personas, en sus diversos niveles, lo que encarna el compromiso reforzado por acatar una serie de deberes, entre ellos operar dentro de los cánones legales y responder, ante los entes correspondientes, frente a cualquier vulneración o amenaza de derechos que puedan patrocinarse contra el tejido social”.


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