jueves, 13 de agosto de 2015

El blanqueo de capitales y el periodismo



El delito en cuestión tiene su regulación en el código penal, de la siguiente forma:

Artículo 254. Quien, personalmente o por interpuesta persona, reciba, deposite, negocie, transfiera o convierta dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros, previendo razonablemente que proceden de actividades relacionadas con el soborno internacional, los delitos contra el Derecho de Autor y Derechos Conexos, contra los Derechos de la Propiedad Industrial o contra la Humanidad, tráfico de drogas, asociación ilícita para cometer delitos relacionados con drogas, estafa calificada, delitos financieros, tráfico ilegal de armas, tráfico de personas, secuestro, extorsión, peculado, homicidio por precio o recompensa, contra el ambiente, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento ilícito, actos de terrorismo, financiamiento de terrorismo, pornografía y corrupción de personas menores de edad, trata y explotación sexual comercial, robo o tráfico internacional de vehículos, con el objeto de ocultar, encubrir o disimular su origen ilícito, o ayude a eludir las consecuencias jurídicas de tales hechos punibles será sancionado con pena de cinco a doce años de prisión.


En mi concepto el dolo, es elemento fundamental que debe privar, para cuadrar el tipo penal en el sujeto investigado.

Me preocupa, que el Ministerio Público esté investigando a un periodista hoy, por la figura antes descrita, por haber recibido los beneficios de un cheque, por hacerle las relaciones públicas a  una empresa, que al momento de prestar sus servicios, no estaba sumida en ningún tipo de investigación penal. El rigor procesal penal, surgió años después.

La  obligación de pago por parte de un empresario, no se sustenta siempre en un  contrato escrito, en el  mundo de las relaciones públicas. El acuerdo verbal también es procedente y válido en nuestra legislación.

Una rendición de cuentas fiscal, que pudiera interesarle a la DGI, si fuere el caso, (por aquello del cobro de un tercero a favor del comunicador) lo ha transformado el Ministerio Público, en el objeto de una investigación penal, aplicando una medida cautelar de manera desproporcionada al periodista, cuando los actores principales del proceso primario,  gozan de algunos beneficios procesales, que no tiene siquiera el comunicador, que  no participo, en la formación del entuerto legal oprobioso.


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