martes, 29 de septiembre de 2015

Justicia tardía en la Asamblea Nacional


La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional no ha tenido a bien atender todas las denuncias que se encuentran  engavetadas contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Genera suspicacia que la Comisión de  Credenciales se haya tomado demasiado tiempo para analizar si proceden o no, las controversiales denuncias.
La Constitución en su artículo 160 reza: “Es función judicial de la Asamblea Nacional  conocer de las acusaciones o denuncias que se presenten contra el presidente de la República y los magistrados de la CSJ, y juzgarlos, si a ello diere lugar, por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento  del poder público o violatorios de esta constitución o las leyes”.
Huelga añadir, que si existieran denuncias presentadas contra el presidente o la vice presidenta de la República, también éstas debieran ser analizadas, si son potables o no,  de acuerdo al debido proceso.

sábado, 26 de septiembre de 2015

Justicia tardía en la Asamblea Nacional



La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional no ha tenido a bien atender todas las denuncias que se encuentran  engavetadas contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Se ha informado que hay alrededor de 14 expedientes, que deben evacuar.
Genera suspicacia que la Comisión de  Credenciales se haya tomado demasiado tiempo para analizar si proceden o no, las controversiales denuncias.
La Constitución en su artículo 160 reza: “Es función judicial de la Asamblea Nacional  conocer de las acusaciones o denuncias que se presenten contra el presidente de la República y los magistrados de la CSJ, y juzgarlos, si a ello diere lugar, por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento  del poder público o violatorios de esta constitución o las leyes”.
Huelga añadir, que si existieran denuncias presentadas contra el presidente o la vice presidenta de la República, también éstas debieran ser analizadas, si son potables o no,  de acuerdo al debido proceso.


martes, 22 de septiembre de 2015

Nicolás Corcione debe ser removido de la JD de la ACP



Es un hecho público y notorio que Corcione no está ejerciendo las actividades  en la junta directiva de la ACP, ya que no participa de sus reuniones.

El artículo 20 de la Ley No. 19 del 11 de junio de 1997, que organiza el Canal de Panamá, establece: “Los miembros de la junta directiva serán suspendidos y, en su caso, removidos de sus cargos por la comisión de delito doloso o contra la administración pública. La suspensión o remoción de los directores será aplicada sin perjuicio de cualquier sanción penal que proceda”.

“Los directores también podrán ser suspendidos o removidos por comprobada incapacidad física, mental o administrativa, mediante disposición del Presidente de la República, con el acuerdo del Consejo de Gabinete y la Asamblea Legislativa”.

A mi criterio el prenombrado tiene una incapacidad administrativa, por su falta de disposición en ejercer el cargo.

Jurisprudencia en materia de incapacidad, que pudiera aplicarse en este caso.

“Sobre el cargo de interpretación errónea del concepto  incapacidad manifiesta contemplado en el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, vigente al momento de la expedición del acto, cabe destacar que dicha ley, no define este concepto ni su alcance, por lo que al hacer una interpretación gramatical reparamos que el concepto incapacidad tiene varias acepciones, tal como se desprende del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, que a continuación citamos:
"incapacidad. (Del lat. incapacitas, -atis).f. Falta de capacidad para hacer, recibir o aprender algo.|| 2. fig. Falta de entendimiento o inteligencia.||3. Falta de preparación, o de medios para realizar un acto.|| 4. Der. Carencia de aptitud legal para ejecutar válidamente determinados actos, o para ejercer determinados cargos públicos."(Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española. Editorial Espasa Calpe, S. A. Madrid 1992, vigésima primera edición, tomo II, p.1151)
Se colige pues, que la incapacidad es la ausencia de aptitud, talento o idoneidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de algo o para operar competentemente en una determinada actividad, misma que puede derivarse de falta de conocimiento, salud o disposición, entre otras circunstancias.


Así las cosas, se concluye que la remoción del Director de la Caja de Seguro Social se fundamentó en la causal específica que facultaba al Órgano Ejecutivo para realizar tal acción y bajo el procedimiento establecido en la ley, luego de juzgar que había mérito para ello, razón por la cual la Sala se ve precisada a rechazar los cargos de ilegalidad atribuidos al acto administrativo impugnado en la presente demanda, negando con ello las pretensiones formuladas por la parte actora”.  (Sentencia de la Sala: Tercera de lo Contencioso Administrativo. Fecha: 04 de Agosto de 2008. Expediente: 124-04).

lunes, 21 de septiembre de 2015

Temas electorales pendientes

La Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) ha comenzado a debatir las posibles modificaciones al código electoral panameño.

Algunos temas que deberían tratarse, en mi concepto, son los siguientes:



1. Que nunca se anule una elección realizada, por cuestionamientos de donantes que son adjudicatarios de contratos públicos, ya que esto es un error jurídico, debido a que el contrato público, es un acto administrativo, que goza del principio de legitimidad.

2. Impulsar la carrera electoral. Los magistrados no le han dado al momento, celeridad a este proyecto que le daría estabilidad en sus cargos, a todos los funcionarios que entren al Tribunal por concurso de méritos.

3. Eliminar la barrera que impide que los aspirantes de libre postulación, contraten propaganda política en los medios, hasta que sean considerados como candidatos; sin embargo, los partidos políticos, tienen paso expedito para que puedan pautar propagandas, como les parece.

4. Que el Tribunal Electoral, no pretenda censurar, videos que transiten por Internet y por YOU TUBE, dizque para que no afecten la imagen de candidatos, debido a que esto, atenta contra el principio de la neutralidad de la red.

5. Actuar con sensatez y pertinencia, en la regulación, de lo que es la campaña sucia, a la luz del código electoral.

6. Que no haya tope alguno, en el número total de los candidatos independientes, que pueden correr para un cargo.

7. Modificar el tema del cociente y medio cociente electoral, que hoy beneficia a la partidocracia.

8. Poner un tope en el financiamiento privado.

9. Que puedan ser fiscalizadas las donaciones privadas y el subsidio público de los candidatos y partidos, por el pueblo, de forma oportuna.



domingo, 20 de septiembre de 2015

El futuro de Panamá



Como panameño, me gustaría observar un Panamá, que cuente con lo siguiente:



Haya mucha inversión local y proveniente del exterior. Se revitalice la economía.

Haya evidente prosperidad para nacionales y foráneos.

El nacional tenga oportunidad de comprar edificios costosos, habitar con su familia y pueda cómodamente pagar su hipoteca.

Los hijos de panameños puedan fácilmente acceder a instituciones escolares de alta calidad, no mayormente los hijos de extranjeros.

Mayor cantidad de panameños tengan acceso a la adquisición de una segunda vivienda para descanso.

Los restaurantes de lujo y lugares de placer, sean utilizados por panameños, mayormente.

El panameño tenga oportunidad efectiva de acceder a préstamos y asesoría para emprender un negocio rentable, estable y para un público de lujo y/o clase media. Los grandes negocios, no sean mayormente para el extranjero.

Exista una política de asignación porcentual de tierras para la venta al foráneo. Que se garantice la tenencia al panameño y a las futuras generaciones.

Puedan llegar extranjeros a invertir, convivir con el panameño y no se note la desigualdad económica, tan marcada actualmente.

El panameño tenga subsidios y asistencia que representen oportunidades para salir de la pobreza.

La justicia se aparte de los intereses políticos.

Exista la justicia y equidad, por el bien mayor del panameño, y no los intereses mezquinos de unos pocos panameños.

Los gobiernos planifiquen, construyan para la mayoría de los panameños, no para los intereses de la partidocracia, de sus donantes, y unos pocos allegados a sus gestiones gubernamentales.

Exista una cultura, desde el gobierno, para acabar con el juega vivo.

La educación sea prioridad del gobierno y que incluya el idioma inglés de carácter obligatorio, para prepararnos a afrontar las nuevas oportunidades comerciales.

Exista un plan maestro de Estado para desarrollar, por ejemplo, un área de desarrollo turístico, de calidad mundial, e invitar empresas extranjeras de gran prestigio para establecerse en la costa atlántica (desde Coclé a Colón), fomentando un área para el desarrollar nuevas fuentes de trabajos (tipo Cancun). Formular proyectos grandes y buscar fuentes de financiamiento internacional, sin vender nuestra soberanía.

Existan planes de Estado a ser desarrollados en los próximos 15 -20 años, repletos de macroproyectos de gran impacto en el desarrollo socioeconómico del país, el principal beneficiario sea el panameño de a pie.

La televisión, que no mostrara tantas novelas, que influyen negativamente en la conciencia del que las ve.

La corrupción sea exhibida publica y ejemplarmente, tanto a nivel gubernamental, político y particular.

Exista una nueva constitución y no prevalezcan los interese mezquinos de una clase o los tres órganos del Estado, que no se cubran los unos a los otros y exista la certeza del castigo.

Existan valores, fuertemente cimentados en la sociedad: amor, honestidad, respeto, integridad, desprendimiento, conmiseración por el compatriota y foráneo, especialmente por el huérfano, la viuda, el desprovisto de recursos y sobre todo la tolerancia.



Con la ayuda de todos y tomando buenas decisiones, ese País lo vamos a podemos tener. Dios bendiga a Panamá.





sábado, 19 de septiembre de 2015

#Justicia o Renuncia. Señor contralor

#Justicia o Renuncia. Señor contralor, Audite con valentía las partidas circuitales y no ponga excusas para ello.

Con la Resolución del 12 de marzo de 2015, el PLENO de la Corte Suprema de Justicia, exteriorizó que corresponde a la Contraloría General de la República el exigir la rendición de cuentas por el manejo de los fondos o bienes públicos a los 71 diputados que administraron las partidas circuitales en el quinquenio 2009-2014 y al día de hoy, la Contraloría General no ha hecho nada al respecto.

La Corte Ibídem dijo igualmente que: “Los Diputados de la Asamblea Nacional, por su condición de servidores públicos, a quienes se le ha confiado la asignación de partidas circuitales, están en la obligación de rendir cuentas del manejo de dichos fondos ante la Contraloría General de la República, quien por su mandato constitucional tiene esa función fiscalizadora.”


Es prohibido que como ciudadano se nos olvide, que en el informe del Ministerio de Economía y Finanzas, No. DS-SG-N-NO.-487 del 3 de diciembre de 2014 se desprende que el Estado erogó la suma de 403, 496,332 millones de dólares, entre todos los diputados y no se sabe a ciencia cierta cómo se utilizaron los recursos estatales, pues no se le ha rendido cuentas al país, sobre el uso adecuado de los mismos.

viernes, 18 de septiembre de 2015

La descentralización


La descentralización es un proceso de filosofía política, tocante a la distribución territorial de competencias públicas, entre instituciones dotadas con autonomía funcional.

Se pretende, a través de la descentralización, que la ciudadanía se involucre en los diferentes proyectos.

El proyecto de descentralización contempla al menos en su inicio, que los municipios que menos generen recursos propios, reciban medio millón de dólares para iniciar obras, producto de la distribución del impuesto de inmueble.

Todos los impuestos inmuebles que se recauden a nivel nacional pasarían a cada una de las poblaciones a través de los municipios, se ha dicho.

¿Estamos preparados para la descentralización en Panamá?

A mi juicio, no por lo siguiente:

1. Por la filosofía del clientelismo que campea en la clase política de mi país.

2. Si otrora, no se rindió cuentas por el manejo de las partidas circuitales, nadie nos asevera que en el ámbito municipal, sería distinto, teniendo a la misma clase política, como actor principal. Podría ser este proyecto, la resurrección de las partidas circuitales, pero ahora, en los municipios.

3. Por la cultura del juega vivo, que no se ha erradicado de nuestros políticos.

4. Históricamente a la contraloría, por diversas razones, le ha sido difícil el ejercer el control previo en las juntas comunales.

jueves, 17 de septiembre de 2015

La justicia está enferma en Panamá





La justicia en Panamá está enferma. Requiere de un tratamiento de inmediato, para que no haga metástasis.

No se entiende, como a personas investigadas, por la misma comisión de supuestos delitos, estén en detención preventiva unos y otros investigados no.

No se entiende, como los hijos del pueblo, que cometen infracciones, no gozan de las mismas medidas cautelares y de domicilio preventivo transitorio, que los de alto perfil investigados.

No se entiende, como los casos en la corte suprema de justicia, se demoran en exceso.

No se entiende, como las denuncias contra los magistrados de la corte suprema de justicia, que están radicadas en la Asamblea Nacional, no avanzan como corresponde.

No se entiende, como el funcionario de instrucción, en el Ministerio Público, impone las medidas cautelares, a veces de manera, hasta desproporcionada y sin honrar la uniformidad en muchos casos.


No se entiende como los jueces de grado inferiores, tienen  criterios judiciales diametralmente opuestos, al de los mismos magistrados de la corte suprema de justicia, inclusive.

martes, 15 de septiembre de 2015

Cambios en la administración de justicia




Se hace viable considerar muy bien el perfil que deben tener, los próximos Magistrados de la Corte, que se nombren en el futuro, para que procuren levantarle la imagen a ese órgano del Estado.

En mi opinión, quedaría el status actual debilitado incólume, si se escogen para tales cargos, a las personas que le sean más conocidas al Presidente o a sus allegados, de acuerdo a lo que si permite, la Carta Magna patria actual.

Mientras tanto, sería saludable ponderar hoy, las siguientes acciones.



· Que cada uno de los magistrados de la corte suprema, denunciados ante la Asamblea Nacional, no esperen hasta que se evacuen las acciones ante el órgano legislativo, sino que aclaren los temas de inmediato, ante la sociedad, en una rendición de cuentas amplia y espontánea en donde se permitan las preguntas.

· Que la corte se autorregule, estableciendo un método que permita fiscalizar los expedientes en cada despacho, de tal manera que prohíba que un magistrado se quede mucho tiempo con un expediente en su escritorio. Se debe fortalecer la transparencia. Es inadmisible que algunos casos en la corte, se demoren.

· Que exista en la página web del órgano judicial, y que se puedan ver por todos, los casos que tienen asignados, cada uno de los magistrados de la corte.

· Que la corte impida que se judicialice la política. Es decir, que actué procesalmente y de manera independiente, bajo los tiempos de la ley, evacuando los casos que le lleguen, sin temor ni presión política alguna; bajo el lineamiento de la uniformidad y de la justicia.


· Que los magistrados de la corte, hagan pública su lista de bienes (de propiedad de la familia inmediata), de manera voluntaria y anualmente.

sábado, 12 de septiembre de 2015

Compra de las acciones de Mi Bus



La Presidencia de la República anunció que alcanzó un acuerdo para la adquisición de las acciones de Mi Bus.
La empresa de capital colombiano deja el negocio pero recibe $49.7 millones a cambio de vender las acciones de la empresa, librándose de una deuda de $195 millones por la compra de buses y otra de $16.2 millones que el Gobierno deberá desembolsar a sus empleados.

Hubiese sugerido mejor, explorar la posibilidad de aplicar la resolución administrativa del contrato.


La posibilidad de resolverle el contrato a la empresa, era en base a lo que dispone la ley 22 de 2006 (de contratación pública) y el contrato de concesión No. 21-10, en sus Cláusulas Trigésima y Trigésima Primera.

El concesionario nunca puso de su parte y un sector importante de la población, sufre inmisericordemente a diario.

La causal para iniciar el proceso podría ser; la del incumplimiento de las cláusulas del contrato y/o, la reiteración de faltas graves.

¿Este proceso de resolución (extinción) traumaría el sistema?

En lo más mínimo, ya que la cláusula trigésima primera ibídem, reza que todos los bienes, buses y demás, revertirán al Estado a fin de mantener la continuidad de la prestación del servicio público de transporte. El Estado, por justicia,  le pagaría por los bienes revertidos, al concesionario, mediando un proceso de liquidación de contrato.

Finalmente, no me queda claro el por qué se pretende contratar directamente como administradora de la concesión en el futuro, a la empresa estadounidense First Transit y no se abre mejor a licitación pública tal servicio.

Mi criterio es que debió honrarse el principio constitucional de licitación pública, en este punto. (Artículo 266)


El privilegio de los diputados

Con la Nota No. 2366-LEG de 8 de septiembre de 2015 la contraloría general contesta que no está hoy, dentro de sus prioridades, el exigirle rendición de cuentas a los 71 diputados que manejaron las partidas circuitales otrora, aun cuando la Corte dijo, en Resolución del 12 de marzo de 2015, que corresponde a la Contraloría General de la República el exigir la rendición de cuentas por el manejo de los fondos o bienes públicos a los diputados.

Diplomáticamente la Contraloría a mi pedido de auditoria del día 6 de julio del año en curso, dice: su “Petición será evaluada y, oportunamente este Despacho tomará la decisión que corresponda”.

También dice en cuanto a sus prioridades laborales: “Le recordamos, que nuestra labor se ha incrementado significativamente por los hechos de todos conocidos, y por tal motivo debemos priorizar actuaciones para poder cumplir la misión que se nos ha encomendado.”

Es decir que no pondera como prioridad, el exigir rendición de cuentas por el manejo de más de 403 millones de dólares, en partidas circuitales.

No es ocioso decir que el PLENO de la Corte, también dijo, en la resolución de marras que: “Los Diputados de la Asamblea Nacional, por su condición de servidores públicos, a quienes se le ha confiado la asignación de partidas circuitales, están en la obligación de rendir cuentas del manejo de dichos fondos ante la Contraloría General de la República, quien por su mandato constitucional tiene esa función fiscalizadora.”

Mi pensamiento es que para mitigar el flagelo de la corrupción en Panamá, se necesita de una mejor fiscalización de parte de la Contraloría, sobre los actos de manejo de fondos y bienes públicos. Fiscalización que debe hacerse de manera 100% independiente, objetiva y transparente.




miércoles, 9 de septiembre de 2015

Luchemos contra la corrupción


Para mitigar el flagelo de la corrupción en Panamá, hagamos esto:


· Una mejor rendición de cuenta de parte de los funcionarios que ejercen mando y jurisdicción.

· Una mejor fiscalización de parte de la Contraloría, sobre los actos de manejo de fondos y bienes públicos.

· Una mejor política jurídica en cuanto a las adquisiciones de bienes y servicios.

· Una adecuada estrategia de información, sobre la necesidad de cultivar los valores, en la comunidad.

· Una política gubernamental que tienda a fortalecer a la familia, como el principal núcleo en la sociedad.

· Permitir en mejor medida a la sociedad, a que participe en calidad propositiva, en las políticas de Estado.

· Incentivar al funcionario a que cumpla el código de ética de su entidad y a las empresas particulares a crearlo.

· Fortalecer las vías, para que los medios de comunicación social, puedan seguir divulgando, sin presión alguna, los hallazgos que encuentre, de manera veraz y objetiva.

· Motivar a los ministros de Estado y a todos los directores y administradores de entidades, a hacer pública su declaración jurada de bienes patrimoniales, para que el pueblo las fiscalice.

· Que por transparencia, la Corte Suprema de Justicia, suba a la web, la cantidad de los expedientes que estén en los despachos de los magistrados de la Corte Suprema, así como el tiempo en que están allí. 


Luchemos contra la corrupción



Para ir mitigar el flagelo de la corrupción en Panamá, hagamos esto:


· Una mejor rendición de cuenta de parte de los funcionarios que ejercen mando y jurisdicción.

· Una mejor fiscalización de parte de la Contraloría, sobre los actos de manejo de fondos y bienes públicos.

· Una mejor política jurídica en cuanto a las adquisiciones de bienes y servicios.

· Una adecuada estrategia de información, sobre la necesidad de cultivar los valores, en la comunidad.

· Una política gubernamental que tienda a fortalecer a la familia, como el principal núcleo en la sociedad.

· Permitir en mejor medida a la sociedad, a que participe en calidad propositiva, en las políticas de Estado.

· Incentivar al funcionario a que cumpla el código de ética de su entidad y a las empresas particulares a crearlo.

· Fortalecer las vías, para que los medios de comunicación social, puedan seguir divulgando, sin presión alguna, los hallazgos que encuentre, de manera veraz y objetiva.

· Motivar a los ministros de Estado y a todos los directores y administradores de entidades, a hacer pública su declaración jurada de bienes patrimoniales, para que el pueblo las fiscalice.

· Que por transparencia, la Corte Suprema de Justicia, suba a la web, la cantidad de los expedientes que estén en los despachos de los magistrados de la Corte Suprema, así como el tiempo en que están allí. 


La compra de MI BUS




La Presidencia de la República anunció que alcanzó un acuerdo para la adquisición de las acciones de Mi Bus, por $49.7 millones por el 100% de las acciones de la sociedad, más todos los pasivos.  Al 30 de junio de 2015, la empresa mantenía financiamientos bancarios para la adquisición de la flota de buses con un saldo de aproximadamente 195 millones de balboas pagadera en hasta 7 años, los cuales se anticipa se pagarán con el flujo operativo de la empresa; por lo que la operación total tendrá un valor calculado en $245 millones, aproximadamente, en mi concepto.


Hubiese sugerido mejor, explorar la posibilidad de aplicar la resolución administrativa del contrato.


La posibilidad de resolverle el contrato a la empresa, era en base a lo que dispone la ley 22 de 2006 (de contratación pública) y el contrato de concesión No. 21-10, en sus Cláusulas Trigésima y Trigésima Primera.

El concesionario nunca puso de su parte y un sector importante de la población, sufre inmisericordemente a diario.
La causal para iniciar el proceso podría ser; la del incumplimiento de las cláusulas del contrato y/o, la reiteración de faltas graves.

¿Este proceso de resolución (extinción) traumaría el sistema?

En lo más mínimo, ya que la cláusula trigésima primera ibídem, reza que todos los bienes, buses y demás, revertirán al Estado a fin de mantener la continuidad de la prestación del servicio público de transporte. El Estado, por justicia,  le pagaría por los bienes revertidos, al concesionario, mediando un proceso de liquidación de contrato.

Finalmente, no me queda claro el por qué se pretende contratar directamente como administradora de la concesión en el futuro, a la empresa estadounidense First Transit y no se abre mejor a licitación pública tal servicio.


domingo, 6 de septiembre de 2015

Los beneficios indignos que aprobaron los Diputados


En tercer debate se aprobó en días pasados, unas modificaciones al código procesal penal.


A mi juicio se materializaron beneficios indignos, que no debieron darse.

Sumario

1. En favor de los magistrados de la corte, presidente y vicepresidente de la República. Ahora se requiere de la ayuda de un abogado para denunciarlos y aportar los elementos de convicción que ofrezcan conocimiento cierto o probable de que se haya cometido o se esté cometiendo un hecho punible, así como los “elementos de convicción” que permitan relacionar al investigado con el presunto hecho punible. Adicional, se exige de la mayoría absoluta de los integrantes del Pleno de la Asamblea, para que se pueda secuestrar algo o practicar cualquier medida cautelar.


2. En favor de los diputados. Sin esta reforma, si a un diputado se le mencionaba en un expediente común, el fiscal debía remitir de inmediato el caso a la Corte, (caso RMB por ejemplo), con la reforma no será así, el fiscal debe ver en el expediente, los anunciados “elementos de convicción” para tal fin. Si bien la reforma elimina lo tocante a la prueba idónea, pero al precisar ahora, los mencionados “elementos de convicción” deja al investigador y/o juzgador, el análisis subjetivo del tema. Define lo que el constituyente no hizo además, cuando determina cuales son los magistrados de salas, que deberán fungir como juez de garantías y fiscal. Grave error.

sábado, 5 de septiembre de 2015

Panorama del proyecto de ley No. 214, que modifica la ley blindaje



En tercer debate se aprobó en días pasados, unas modificaciones al código procesal penal, que materializaron beneficios indignos.

¿Cuál podría ser el futuro del comentado instrumento?

1.        Que el Ejecutivo lo sancione normalmente y lo mande a promulgar como Ley.

2.        Que el Ejecutivo lo sancione por obligación constitucional por el tiempo.  Esto se daría si deja vencer el término de treinta días hábiles que tiene para devolver con objeciones cualquier proyecto y no lo hace. Artículo 169 constitucional.

3.           Que el Ejecutivo objete el proyecto. Objetado en su conjunto, volvería a la Asamblea Nacional, a tercer debate. Si lo fuera solo en parte, volverá a segundo debate, con el único fin de considerar las objeciones formuladas.

4.   Que la Asamblea insista en su aprobación ante el Ejecutivo. Si consideradas por la Asamblea Nacional las objeciones del Ejecutivo, el proyecto fuere aprobado por los dos tercios de los Diputados que componen la Asamblea Nacional, el Ejecutivo lo sancionará y hará promulgar sin poder presentar nuevas objeciones. Artículo 170 constitucional.

5.     Que la Corte Suprema de Justicia decida el asunto. Esto procedería, cuando el Ejecutivo objetare el proyecto por inexequible y la Asamblea Nacional, por la mayoría expresada, insistiere en su adopción, aquél lo pasará a la Corte Suprema de Justicia para que decida sobre su inconstitucionalidad. El fallo de la Corte que declare el proyecto constitucional, obliga al Ejecutivo a sancionarlo y hacerlo promulgar. Artículo 171 constitucional.


jueves, 3 de septiembre de 2015

La vigencia de la ley blindaje



Algunos argumentan que de sancionarse el proyecto de ley No. 214, que modifica la ley blindaje (Ley 55 de 2012), regirá para los términos de los casos de los diputados investigados en estos momentos. Tal tesis es errónea, por virtud de lo que precisa el código civil en su artículo 32, que reza así:

“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.”
Tal argumento tiene su basamento constitucional, en su artículo 46.
ARTICULO 46. Las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o de interés social cuando en ellas así se exprese. En materia criminal la Ley favorable al reo tiene siempre preferencia y retroactividad, aun cuando hubiese sentencia ejecutoriada.

A mi juicio, sólo con una sentencia de inconstitucionalidad, es que se puede sacar de la esfera legal, una norma aplicable, para un caso iniciado contra un diputado.  

Jurisprudencia sobre el tema, a continuación.
“La norma inconstitucional no puede tener ultraactividad (eficacia ulterior a su pérdida de vigencia para regular las situaciones nacidas bajo su imperio) como sí la puede tener una norma derogada (en ausencia de una ley derogatoria retroactiva) porque no se dan iguales supuestos..." (Sentencia de 25 de julio de 2006).
"Es pertinente indicar, que en materia constitucional ocurre una situación similar con los actos declarados inconstitucionales, los cuales tampoco pueden aplicarse como fundamento para resolver una situación específica ocurrida antes de la sentencia que declara la nulidad constitucional. Al respecto, es pertinente la Sentencia de 20 de marzo de 2002, donde esta Sala expresó lo siguiente:
 'La Corte Suprema de Justicia en Pleno, y a través de la Sala Tercera, se ha referido en número plural de ocasiones a los efectos que plantea la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma legal o reglamentaria, reiterando que dicho pronunciamiento elimina la norma en cuestión, del ordenamiento jurídico. Se dice, que la norma inconstitucional es nula y no puede ser aplicada por el Juez, aunque estuviese vigente al momento en que se produjo el hecho cuyos efectos se determinan, porque contrario a lo que ocurre en los casos de derogatoria de leyes, la norma declarada inconstitucional carece de ultraactividad, por ser nula con efectos generales" (Ver sentencias de 8 de junio de 1992, 7 de junio de 1995 y 19 de diciembre de 2000, entre otras)." 

Finalmente expreso que la Corte Suprema de Justicia, debe jugar su papel histórico y pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de los artículos impugnados, de la ley “blindaje”, lo más pronto posible, y por su parte, nuestros políticos, deben dejar de mentirle al pueblo.

Los beneficios indignos que aprobaron los Diputados

En tercer debate se aprobó en días pasados, unas modificaciones al código procesal penal.


A mi juicio se materializaron beneficios índigos, que no debieron darse.

Sumario

1. En favor de los magistrados de la corte, presidente y vicepresidente de la República. Ahora se requiere de la ayuda de un abogado para denunciarlos y aportar los elementos de convicción que ofrezcan conocimiento cierto o probable de que se haya cometido o se esté cometiendo un hecho punible, así como los “elementos de convicción” que permitan relacionar al investigado con el presunto hecho punible. Adicional, se exige de la mayoría absoluta de los integrantes del Pleno de la Asamblea, para que se pueda secuestrar algo o practicar cualquier medida cautelar.


2. En favor de los diputados. Sin esta reforma, si a un diputado se le mencionaba en un expedítenle común, el fiscal debía remitir de inmediato el caso a la Corte, (caso RMB por ejemplo), con la reforma no será así, el fiscal debe ver en el expediente, los anunciados “elementos de convicción” para tal fin. Si bien la reforma elimina lo tocante a la prueba idónea, pero al precisar ahora, los mencionados “elementos de convicción” deja al investigador y/o juzgador, el análisis subjetivo del tema. Define lo que el constituyente no hizo además, cuando determina cuales son los magistrados de salas, que deberán fungir como juez de garantías y fiscal. Grave error.