viernes, 30 de octubre de 2015

Propuesta inconstitucional.


En la Comisión de Reformas Electorales, el Tribunal Electoral ha planteado una iniciativa perturbadora de la libertad de expresión.

Se trata de un artículo nuevo que pretende se convierta en ley de la república, dentro del código electoral patrio, en un futuro.

Artículo nuevo.

Artículo 198-L. Las sanciones por las violaciones a las prohibiciones dispuestas en este título, serán las siguientes:

1. Al medio, el cierre inmediato por 24 horas; y, en caso de reincidencia, el cierre por 72 horas, en cada caso.

2. Si el que pautó es un candidato, su inhabilitación, aplicando el procedimiento previsto en el artículo 28 de este código.

3. Si el que pautó es un partido o un tercero, multa de diez veces el valor de la pauta; y en caso de reincidencia, multa de cien veces por cada caso.



No es comprensible que del Tribunal Electoral haya salido una iniciativa que pudiera afectar la libertad expresión, la libre empresa y la propiedad privada, en rango constitucional.



CONSTITUCIÓN



ARTICULO 37. Toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa; pero existen las responsabilidades legales cuando por alguno de estos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o el orden público.



ARTICULO 47. Se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la Ley por personas jurídicas o naturales.



CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José)



Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.



Propuesta inconstitucional.

En la Comisión de Reformas Electorales, el Tribunal Electoral  ha planteado una iniciativa perturbadora de la libertad de expresión.
Se trata de un artículo nuevo que pretende se convierta en ley de la república, dentro del código electoral patrio, en un futuro.
Artículo nuevo.
Artículo 198-L. Las sanciones por las violaciones a las prohibiciones dispuestas en este título, serán las siguientes:
1. Al medio, el cierre inmediato por 24 horas; y, en caso de reincidencia, el cierre por 72 horas, en cada caso.
2. Si el que pautó es un candidato, su inhabilitación, aplicando el procedimiento previsto en el artículo 28 de este código.
3. Si el que pautó es un partido o un tercero, multa de diez veces el valor de la pauta; y en caso de reincidencia, multa de cien veces por cada caso.

No es comprensible que del Tribunal Electoral haya salido una iniciativa que pudiera afectar la libertad expresión,  la libre empresa y la propiedad privada, en rango constitucional.

CONSTITUCIÓN

ARTICULO 37. Toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa; pero existen las responsabilidades legales cuando por alguno de estos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o el orden público.

ARTICULO 47. Se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la Ley por personas jurídicas o naturales.

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José)

Artículo 13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión
 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
 a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
 b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

domingo, 25 de octubre de 2015

Las Medidas Cautelares Personales




Conforme a la ley, nadie puede ser sometido a medidas cautelares si no existen graves indicios de responsabilidad en su contra.

Serán aplicables las medidas cautelares, conforme al código judicial, en términos generales:

a. Cuando existan exigencias inaplazables relativas a las investigaciones, relacionadas con situaciones concretas de peligro para la adquisición o la autenticidad de las pruebas;

b. Cuando el imputado se dé a la fuga o exista peligro evidente de que intenta hacerlo;


c. Cuando, por circunstancias especiales o por la personalidad del imputado, exista peligro concreto de que éste cometa delitos graves mediante el uso de armas u otros medios de violencia personal.


¿Cuándo se puede decretar la detención preventiva en la cárcel?


La detención preventiva en establecimientos carcelarios, sólo podrá decretarse cuando todas las otras medidas cautelares resultaren inadecuadas.


El problema de las medidas cautelares es que cada funcionario de instrucción, a su prudente arbitrio, las impone a veces de manera, hasta desproporcionada y sin honrar la uniformidad en muchos casos. No todo indagado, merece la cárcel preventiva.



Conforme a la ley, nadie puede ser sometido a medidas cautelares si no existen graves indicios de responsabilidad en su contra.

Serán aplicables las medidas cautelares, conforme al código judicial, en términos generales:

a. Cuando existan exigencias inaplazables relativas a las investigaciones, relacionadas con situaciones concretas de peligro para la adquisición o la autenticidad de las pruebas;

b. Cuando el imputado se dé a la fuga o exista peligro evidente de que intenta hacerlo;


c. Cuando, por circunstancias especiales o por la personalidad del imputado, exista peligro concreto de que éste cometa delitos graves mediante el uso de armas u otros medios de violencia personal.


¿Cuándo se puede decretar la detención preventiva en la cárcel?


La detención preventiva en establecimientos carcelarios, sólo podrá decretarse cuando todas las otras medidas cautelares resultaren inadecuadas.


El problema de las medidas cautelares es que cada funcionario de instrucción, a su prudente arbitrio, las impone a veces de manera, hasta desproporcionada y sin honrar la uniformidad en muchos casos. No todo indagado, merece la cárcel preventiva.

sábado, 24 de octubre de 2015

Los problemas en los PHs




La ley 31 de 2010 establece el Régimen de Propiedad Horizontal en Panamá, sin embargo, la normativa cuenta con lagunas serias por lo que ha posibilitado actos abusivos, por un lado y por el otro, algunos jueces están permitiendo procesos contrarios a la lealtad y buena fe procesal de manera indigna, por una mala interpretación de la ley, analizando benignamente el accionar del operador judicial.

Ejemplos a superar en el futuro, por una modificación a la normativa que debe hacerse ya.

El promotor de los dos condohoteles de Ibiza, que segregó áreas comunes de los proyectos en fincas independientes para ponerlas en venta. Y tras lograr la comercialización de estas zonas, las mismas fueron hipotecadas y ahora han sido secuestradas.

El PH BAHIA DEL GOLF, que ha sido secuestrado no solo en su administración sino que a toda la Junta Directiva de la Asamblea de Propietarios del PH, el promotor de un proyecto, les secuestro su bienes personales, de manera abusiva e inusual, porque la JD, ejerciendo su función social, ejecutó acciones ante las autoridades púbicas en beneficio de los propietarios, pero que la promotora interpretó que iban en contra de sus intereses comerciales y por eso hasta los demandó y pretende quitarles sus bienes familiares.

Si no se ajusta la normativa, difícilmente habrá personas deseosas de participar en los órganos de gobierno de un PH, por el temor de perder sus bienes personales,  y esto trastocaría el régimen de la propiedad horizontal y su funcionamiento.


El método para el nombramiento, de los magistrados en la Corte Suprema


El Consejo de Gabinete se ha querido autorregular, estableciendo un método para la selección de los magistrados de la corte suprema; consistente en recibir todas las hojas de vida de los aspirantes, hacer una lista corta y pasarlo a algunos integrantes de la sociedad civil organizada, para su ponderación.

A mi parecer este método ya se prostituyó; cuenta habida de que ya existen dirigentes de grupo, que han manifestado a los medios de comunicación, que si no aparecen algunos nombres en la lista corta del Gabinete, que ellos consideran potables, cuestionarían el porqué de la ausencia (ejemplo el dirigente del colegio de abogados), por tal razón, la idea noble del Consejo de Gabinete, se ha tergiversado y no fortalecería la democracia en el evento de que los otros gremios a ser consultados, sigan con similares agendas.

Abogaría mejor que la lista corta ut supra (antes citada), sea consultada por todos los integrantes de la sociedad, vía web; previo a la decisión final y se elimine la consulta a algunos gremios, debido a lo expuesto.



jueves, 22 de octubre de 2015

La extraña administración de justicia




No se entiende, como a personas investigadas, por la misma comisión de supuestos delitos, estén en detención preventiva unos y otros investigados no.

No se entiende, como los hijos del pueblo, que cometen infracciones, no gozan de las mismas medidas cautelares y de domicilio preventivo transitorio, que los de alto perfil investigados.

No se entiende, como los casos contra los Diputados, en la corte suprema de justicia, se demoran en exceso.

No se entiende, como las denuncias contra los magistrados de la corte suprema de justicia, que están radicadas en la Asamblea Nacional, no avanzan rápidamente.

No se entiende, como el funcionario de instrucción, en el Ministerio Público, impone las medidas cautelares severas, sin honrar la uniformidad en muchos casos.

No se entiende, como el señor contralor, no ha auditado aún la administración de las partidas circuitales, para saber si alguien tendría que comparecer en el futuro ante la justicia, para responder por sus actos.

No se entiende, como algunas personas de alto perfil, involucrados en la otrora administración pública cuestionada, no son sometidos a los rigores procesales, como otros, en similares causas.

No se entiende como la corte para un caso de un diputado, si aplica la imputación cargos, pero para otro diputado no, sino que se va directo a la acusación.


  
Posibles causas de esto.

La politización de la justicia. A veces la justicia selectiva, responde sólo a casos concretos.
La falta de capacidad de los organismos encargados de administrar la justicia.
La falta de unificación de criterios, en los organismos rectores.
La falta de rendición de cuentas de las autoridades, hacía la ciudadanía.
Las instituciones penales y penitenciarias, no funcionan bien.


martes, 20 de octubre de 2015

El reglamento del sistema ‘Pele- Police’



La Corte Suprema de Justicia, en dos sentencias  del PLENO, con números de entradas  972-11 y 951-11, ha dicho que el uso del Pele Police no es inconstitucional.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, en el expediente con entrada No. 972-11, recomendó establecerse una reglamentación que de manera específica detalle cómo debe usarse el “pele police” por los miembros de la Policía Nacional, las consecuencias de su uso y las responsabilidades por el mal uso del mismo, entre otros. Ello en atención a los compromisos internacionales ratificados por Panamá, en materia de libertad de una persona o personas producto de un retén policial, sin una orden escrita y sin formalidades legales y constitucionales.

Dijo la Corte, que la utilización de la herramienta denominada “pele police” para verificar datos o información personal más allá de los permitidos y para los cuales se ha implementado su uso, constituyen actos autónomos que pueden reñir con derechos fundamentales constitucionales y legales, que pueden ser impugnados por quien se considere afectados y por las vías, mecanismos, remedios o acciones legales.

No obstante lo antes dicho, hasta el momento no se conoce que haya salido a la luz pública, la expedición del reglamento sugerido por la más alta corporación de justicia.

El gas pimienta


El gas pimienta es un compuesto químico que irrita los ojos, puede causar lágrimas, dolor e incluso ceguera momentánea.

Usualmente se usa o para la defensa personal o para preservar el orden público.

La Comisión de Opciones Tecnológicas y Científicas del Parlamento Europeo (STOA) publicó en 1998 "Una evaluación de las tecnologías de control político", una extensa información del aerosol de pimienta y el gas lacrimógeno Escribieron:
"Los efectos del aerosol de pimienta son bastante más severos, incluyendo ceguera temporal con duraciones de 15-30 minutos, una sensación ardiente de la piel que dura de 45 a 60 minutos, espasmos de la parte superior del cuerpo que fuerzan a la persona a doblarse hacia delante y provoca una tos incontrolable dificultando la respiración y el habla de 3 a 15 minutos."

Según Wikipedia, para las personas que tienen asma, que están tomando medicamentos o son objeto de técnicas restrictivas que restringen la cantidad de aire al respirar, hay riesgos de muerte. El Los Angeles Times informó que al menos hay 61 muertes asociadas con el uso policial del aerosol de pimienta desde 1990 en EE.UU.

En Panamá no existe un instrumento jurídico, conocido por la población, sobre el uso de este gas; sobre quienes lo pueden usar (si por policía y particulares)  y bajo que condiciones, es permitido su aplicación.

En algunos países, si existe regulación al respecto.

Mi criterio es que debe existir una normativa promulgada,  que restrinja su uso sólo para la policía  y para cuando resulte imprescindible, porque ya se agotaron todos los medios no violentos para proteger el bien jurídico, que está a punto de ser lesionado o está siendo lesionado o porque no existe en el caso, una opción no violenta para protegerlo o restituirlo eficazmente.

domingo, 18 de octubre de 2015

El extraño debido proceso



La administración de justicia debe mejorar ya.
En los procesos que se surten ante la Asamblea Nacional (ejemplo; investigaciones contra los magistrados de la corte suprema) los diputados hacen audiencia de imputación de cargos, aplicando la regla general del código procesal penal que así lo exige, que no está en el procedimiento especial (ejemplo: el caso del exmagistrado Moncada Luna).

En la corte, para el caso del diputado del Parlacen Ricardo Martinelli, no se hará audiencia de imputación de cargos, aplicando estrictamente el procedimiento especial que no contempla esta posibilidad. No aplicaran al parecer, el procedimiento general como aplicó la Asamblea Nacional otrora, en los términos expuestos y se dará paso a la Audiencia de Formulación de Acusación.
No obstante, en el caso del diputado suplente de Colón Samuel Bennett, en la corte, otrora el magistrado José Ayú Prado, fiscal del caso, si solicitó la audiencia para imputar cargos a Bennett y legalizar las pruebas recabadas en la investigación por enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales. El juez de garantías en este proceso fue el magistrado Harry Díaz.

Que alguien nos explique a los panameños, de una manera que entendamos, que es lo que esta pasando con nuestro sistema de administración de justicia en Panamá.

sábado, 17 de octubre de 2015

INVITACIÓN A VIGILIA




El PH Bahía del Golf se encuentra secuestrado por la promotora, Bahía del Golf S.A.: Administración, cuenta bancaria del PH en el Banco General, personas naturales que estamos en la Junta Directiva y otros propietarios (secuestro de cuentas bancarias, bienes, inmuebles). Asimismo, se solicitó el secuestro de la cuenta por pagar entre las cuales está el pago del terreno del MOP, por expropiación por un aproximado de US$ 500,000. A la fecha no hay precedente en el país en relación a PHs de una situación similar.

Varios secuestros se han distribuido en varios juzgados por el mismo hecho, contra varios propietarios que se han quejado por los abusos.


¿Por qué los propietarios tenemos posiciones encontradas con la Promotora, que nos vendió los apartamentos?
·  Pretensión de levantamiento de 2 nuevas torres de edificio, con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del año 2006, que se asume vencido. El Ministerio de Ambiente ya realizó una inspección.
·  El cambio del reglamento de co-propietarios en el Registro Público sin un llamado y sin aprobación de la Asamblea de Copropietarios (mínimo 66% de los propietarios).
·  Vicios ocultos que incluyen apartamentos con fugas de gas, levantamiento de pisos, rampa de entrada de vehículos deteriorada y que al ceder puede romper parte de las tuberías de agua del PH. Una situación que pone en peligro la seguridad de las 175 familias que aquí residimos.
·  Inicio de la construcción (desde que secuestraron) que incluye unas construcciones secundarias y áreas anexas comunes sin permisos de la Alcaldía. Ante esto se llamó a la Corregiduria, les pusieron una multa y actualmente se encuentra en la Secretaria Técnica de la Alcaldía para firma su resolución.

El lunes 19 de Octubre a las 5:30PM, celebraremos a una gran vigilia como protesta ante los abusos de la promotora, frente al PH



sábado, 10 de octubre de 2015

La Corte Suprema de Justicia debe aclarar trámites


Otrora en el caso del diputado suplente de Colón Samuel Bennett. El magistrado José Ayú Prado, fiscal del caso, solicitó la audiencia para imputar cargos a Bennett y legalizar las pruebas recabadas en la investigación por enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales. El juez de garantías en este proceso fue el magistrado Harry Díaz.
El 24 de marzo pasado, la CSJ admitió la denuncia contra Bennett,  suplente del diputado Mario Lazarus, del partido Cambio Democrático. 
Cómo es que ahora el magistrado Harry Díaz  actuando como fiscal de la causa en otro caso, no imputa cargos al diputado Ricardo Martinelli.
Como quiera que muchos ciudadanos no entendemos lo que ha pasado, urge que la corte suprema le rinda cuentas al país al respecto. Nos merecemos una buena explicación.
No queremos que se vicien los procesos de ninguna manera.

viernes, 9 de octubre de 2015

INCERTIDUMBRE SOBRE TRÁMITES PROCESALES DE ALTO PERFIL




La administración de justicia debe mejorar ya. Alguien al parecer está INVENTANDO procedimientos y no es aconsejable tal práctica, en un estado de derecho.

Mientras que los procesos que se surten ante la Asamblea Nacional (ejemplo; investigaciones contra los magistrados de la corte suprema) los diputados hacen audiencia de imputación de cargos, aplicando la regla general del código procesal penal que así lo exige, que no está en el procedimiento especial (ejemplo: el caso del exmagistrado Moncada Luna); Sin embargo, en la corte, para el caso del diputado del Parlacen Ricardo Martinelli, no se hará audiencia de imputación de cargos, aplicando estrictamente el procedimiento especial que no contempla esta posibilidad. No aplicaran al parecer, el procedimiento general como aplicó la Asamblea Nacional otrora, en los términos expuestos y se dará paso a la Audiencia de Formulación de Acusación.

Que alguien nos explique a los panameños, cuál de los organismos de los anotados, es el que no está honrando el debido proceso en Panamá.

No nos merecemos procedimientos extraños, que podrían viciar casos en el futuro, en tribunales internacionales.





Vigencia del código procesal penal en el caso Martinelli




El código procesal penal dice que las nulidades se fallan en la etapa intermedia y no en la etapa de investigación. (Artículos  342 y 345 del código procesal penal). Corolario de lo anterior, en sentencia  del 11 de octubre de 2013, el pleno de la Corte, ratificó este criterio.

Se está mal interpretando la sentencia del 31 de marzo de 2015, sobre el caso del diputado Pedro Miguel González. En este caso se resolvió, que no se aplicaba el código procesal penal, sino el código judicial, porque el proceso se inició con la vigencia de la excerta judicial y no la procesal penal. El caso Martinelli, se inició (la investigación), con la vigencia del código procesal penal, por lo que no se aplica a mi juicio, el código judicial, como algunos argumentan.

Código procesal penal
Artículo 554. Procesos iniciados. Los procesos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de este Código continuarán su trámite con arreglo a los preceptos legales vigentes al momento de su investigación.



Mi diagnóstico procesal del por qué la defensa de Martinelli está pidiendo que le rija el código judicial, es porque según esta norma, la sola mención de un diputado, en una investigación, no da pie para que la Corte lo investigue, pues se requiere de una vinculación con pruebas para esto. 

¿Se puede juzgar en ausencia a Ricardo Martinelli?




No se puede procesar en ausencia a Ricardo Martinelli

El código lo prohíbe.
Código procesal penal
Artículo 93. Derechos de la persona imputada. A la persona imputada se le asegurarán todos los derechos establecidos en la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales de derechos humanos ratificados por la República de Panamá y las leyes, desde el acto inicial del procedimiento dirigido en su contra hasta la conclusión del proceso. Entre ellos, los siguientes:

12. No ser juzgada en ausencia.

¿Cuándo se hace indispensable la presencia del expresidente en la investigación?

Cuando es requerido.

Código procesal penal

Artículo 158. Imputado de paradero desconocido. La persona imputada que ha sido requerida y no comparezca sin justa causa, la que se evada del establecimiento en donde esté detenida, así como la que no es presentada oportunamente por su fiador, a pesar de habérsele hecho a esta el requerimiento correspondiente, o de la que se ignora su paradero, será declarada en rebeldía y se expedirá orden de detención si procediera.

¿Hay algunos actos en donde el investigado debe estar presentes de manera obligatoria?

Si, cuando por ejemplo, se le quisiera imputar cargos, si se desea proponer una medida cautelar personal, los de la etapa intermedia.

Código procesal penal
Artículo 278.
A las audiencias de control de la aprehensión, de formulación de la imputación, las que versen sobre la nulidad de solicitud, modificación o rechazo o la proposición de medidas cautelares personales y las de la etapa intermedia deberán comparecer el Fiscal, el defensor y el imputado o acusado.

¿Qué pasa cuando el investigado requerido, no acude a la investigación?

Se le hace comparecer a la fuerza y mientras tanto, se suspende la prescripción de la acción penal.

Código procesal penal

Artículo 158.
La ausencia de la persona imputada no afectará la fase de investigación y quedará suspendida la prescripción de la acción penal hasta que dicha persona sea aprehendida o comparezca.

¿Cómo son los actos procesales?

Orales.

Código procesal penal


Artículo 128. Oralidad. Los actos procesales serán orales. Los asuntos debatidos serán resueltos en la misma audiencia, y los presentes se considerarán notificados por el pronunciamiento oral de la decisión judicial.

miércoles, 7 de octubre de 2015

La descentralización





¿Estamos preparados para la descentralización en Panamá?

A mi juicio, no por lo siguiente:

1. Por la filosofía del clientelismo que campea en la clase política de mi país.

2. Si otrora, no se rindió cuentas por el manejo de las partidas circuitales, nadie nos asevera que en el ámbito municipal, sería distinto, teniendo a la misma clase política, como actor principal. Podría ser este proyecto, la resurrección de las partidas circuitales, pero ahora, en los municipios.

3. Por la cultura del juega vivo, que no se ha erradicado de nuestros políticos.

4. Históricamente a la contraloría, por diversas razones, le ha sido difícil el ejercer el control previo en las juntas comunales.


sábado, 3 de octubre de 2015

La justicia en cuidados intensivos



No se entiende, como a personas investigadas, por la misma comisión de supuestos delitos, estén en detención preventiva unos y otros investigados no.

No se entiende, como los hijos del pueblo, que cometen infracciones, no gozan de las mismas medidas cautelares y de domicilio preventivo transitorio, que los de alto perfil investigados.

No se entiende, como los casos contra los Diputados, en la corte suprema de justicia, se demoran en exceso.

No se entiende, como las denuncias contra los magistrados de la corte suprema de justicia, que están radicadas en la Asamblea Nacional, no avanzan rápidamente.

No se entiende, como el funcionario de instrucción, en el Ministerio Público, impone las medidas cautelares severas, sin honrar la uniformidad en muchos casos.

No se entiende, como no se han nombrado aún,  los reemplazos de los magistrados en la corte suprema de justicia, que corresponden.

No se entiende, como el señor contralor, no ha auditado aún la administración de las partidas circuitales, para saber si alguien tendría que comparecer en el futuro ante la justicia, para responder por sus actos.

No se entiende, como algunas personas de alto perfil, involucrados en la otrora administración pública cuestionada, no son sometidos a los rigores procesales, como otros, en similares causas.

  
Posibles causas del síntoma.

1. La politización de la justicia. A veces la justicia selectiva, responde sólo a casos concretos.
2. La falta de capacidad de los organismos encargados de administrar la justicia.

3. La falta de unificación en los organismos rectores, para la imposición de las medidas cautelares.
4. La falta de rendición de cuentas de las autoridades, hacía la ciudadanía.
5. Las instituciones penales y penitenciarias, no funcionan bien.

6. La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, cuando se conoce por los medios de comunicación social, que se ha resquebrajado el orden legal.


La justicia en cuidados intensivos




No se entiende, como a personas investigadas, por la misma comisión de supuestos delitos, estén en detención preventiva unos y otros investigados no.

No se entiende, como los hijos del pueblo, que cometen infracciones, no gozan de las mismas medidas cautelares y de domicilio preventivo transitorio, que los de alto perfil investigados.

No se entiende, como los casos contra los Diputados, en la corte suprema de justicia, se demoran en exceso.

No se entiende, como las denuncias contra los magistrados de la corte suprema de justicia, que están radicadas en la Asamblea Nacional, no avanzan rápidamente.

No se entiende, como el funcionario de instrucción, en el Ministerio Público, impone las medidas cautelares severas, sin honrar la uniformidad en muchos casos.

No se entiende, como no se han nombrado aún,  los reemplazos de los magistrados en la corte suprema de justicia, que corresponden.

No se entiende, como el señor contralor, no ha auditado aún la administración de las partidas circuitales, para saber si alguien tendría que comparecer en el futuro ante la justicia, para responder por sus actos.

No se entiende, como algunas personas de alto perfil, involucrados en la otrora administración pública cuestionada, no son sometidos a los rigores procesales, como otros, en similares causas.



Posibles causas del síntoma.


1. La politización de la justicia. A veces la justicia selectiva, responde sólo a casos concretos.2. La falta de capacidad de los organismos encargados de administrar la justicia.3. La falta de unificación en los organismos rectores, para la imposición de las medidas cautelares.
5. Las instituciones penales y penitenciarias, no funcionan bien.
6. La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, cuando se conoce por los medios de comunicación social, que se ha resquebrajado el orden legal.

4. La falta de rendición de cuentas de las autoridades, hacía la ciudadanía.



No se entiende, como a personas investigadas, por la misma comisión de supuestos delitos, estén en detención preventiva unos y otros investigados no.

No se entiende, como los hijos del pueblo, que cometen infracciones, no gozan de las mismas medidas cautelares y de domicilio preventivo transitorio, que los de alto perfil investigados.

No se entiende, como los casos contra los Diputados, en la corte suprema de justicia, se demoran en exceso.

No se entiende, como las denuncias contra los magistrados de la corte suprema de justicia, que están radicadas en la Asamblea Nacional, no avanzan rápidamente.

No se entiende, como el funcionario de instrucción, en el Ministerio Público, impone las medidas cautelares severas, sin honrar la uniformidad en muchos casos.

No se entiende, como no se han nombrado aún,  los reemplazos de los magistrados en la corte suprema de justicia, que corresponden.

No se entiende, como el señor contralor, no ha auditado aún la administración de las partidas circuitales, para saber si alguien tendría que comparecer en el futuro ante la justicia, para responder por sus actos.

No se entiende, como algunas personas de alto perfil, involucrados en la otrora administración pública cuestionada, no son sometidos a los rigores procesales, como otros, en similares causas.



Posibles causas del síntoma.


1. La politización de la justicia. A veces la justicia selectiva, responde sólo a casos concretos.
2. La falta de capacidad de los organismos encargados de administrar la justicia.

3. La falta de unificación en los organismos rectores, para la imposición de las medidas cautelares.
4. La falta de rendición de cuentas de las autoridades, hacía la ciudadanía.
5. Las instituciones penales y penitenciarias, no funcionan bien.

6. La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, cuando se conoce por los medios de comunicación social, que se ha resquebrajado el orden legal.