lunes, 30 de noviembre de 2015

Métodos para reformar la Constitución





La administración de justicia (compuesta por el Ministerio Público y el Órgano Judicial) necesita una reingeniería que pudiera ajustarse a futuro, por una reforma constitucional.

Métodos para reformar la Constitución de acuerdo a la Constitución, son los siguientes:

1.    Por un Acto Constitucional aprobado en tres debates por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, el cual debe ser publicado en la Gaceta Oficial y transmitido por el Órgano Ejecutivo a dicha Asamblea, dentro de los primeros cinco días de las sesiones ordinarias siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional electa en las últimas elecciones generales, a efecto de que en su primera legislatura sea debatido y aprobado sin modificación, en un solo debate, por la mayoría absoluta de los miembros que la integran.

2.    Por un Acto Constitucional aprobado en tres debates por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, en una legislatura, y aprobado, igualmente, en tres debates, por mayoría absoluta de los miembros de la mencionada Asamblea, en la legislatura inmediatamente siguiente. En esta se podrá modificar el texto aprobado en la legislatura anterior. El Acto Constitucional aprobado de esta forma deberá ser publicado en la Gaceta Oficial y sometido a consulta popular directa mediante referéndum que se celebrará en la fecha que señale la Asamblea Nacional, dentro de un plazo que no podrá ser menor de tres meses ni exceder de seis meses, contados desde la aprobación del Acto Constitucional por la segunda legislatura.


3.    A través de una Asamblea Constituyente Paralela, que podrá ser convocada por decisión del Órgano Ejecutivo, ratificada por la mayoría absoluta del Órgano Legislativo, o por el Órgano Legislativo con el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros, o por iniciativa ciudadana, la cual deberá ser acompañada por las firmas de, por lo menos, el veinte por ciento de los integrantes del Registro Electoral correspondiente al 31 de diciembre del año anterior a la solicitud. La Asamblea Constituyente Paralela estará integrada por sesenta constituyentes, quienes deberán representar proporcionalmente a los panameños de todas las provincias y comarcas, de acuerdo con la población electoral, y se permitirá, además de la postulación partidaria, la libre postulación. Para estos efectos, el Tribunal Electoral deberá establecer en la convocatoria el sistema electoral aplicable a la elección de constituyentes.

sábado, 28 de noviembre de 2015

Presunción de inocencia y medida cautelar


El principio de presunción de inocencia, según la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, establece que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que la carga de la prueba recae en la parte acusadora. (Corte IDH. Caso Ricardo Canese vs. Paraguay).

Del consabido principio, se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia. (Corte IDH. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador).

La Corte IDH en el caso Lori Berenson vs. Perú, dijo que la Convención Americana de los Derechos Humanos exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita juicio ante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública, mientras no se acredite conforme a la ley, la responsabilidad penal de aquella.


Debe quedar claro, que las medidas cautelares que afectan, entre otras, la libertad personal del procesado tienen un carácter excepcional, ya que se encuentran limitadas por el derecho a la presunción de inocencia y los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática. (Corte IDH. Caso Palamara Iribarne vs. Chile).

lunes, 23 de noviembre de 2015

Proceso de selección de los magistrados

El Poder Ejecutivo, motu proprio, ha querido que previo a la designación, que por constitución le compete hacer, de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, los integrantes del pacto por la justicia, entrevisten libremente, a los 10 candidatos preseleccionados por ese poder del Estado.

El proceso de selección, ha sido viciado éticamente, en mi concepto, debido a lo siguiente:

1. Miembros del pacto por la justicia que pudieran ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo al Código Procesal Penal, son los que están interviniendo activamente, en el ciclo de entrevistas con los aspirantes y no se han declarado impedidos. Gravita un conflicto de interés evidente, sobre este tema.



Código Procesal penal



Artículo 39. Competencia del Pleno de la Corte Suprema. La Corte Suprema de Justicia será competente para conocer, en Pleno, de los siguientes negocios penales:

1. De los procesos penales y medidas cautelares contra los Diputados, el Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración, los Ministros de Estado, los Magistrados del Tribunal Electoral o el Contralor General de la República, o de los cometidos en cualquier época por personas que, al tiempo de su juzgamiento, ejerzan alguno de estos cargos.



Artículo 40. Competencia de la Sala Penal. La Sala Penal tendrá competencia para conocer:

1. De los procesos penales que se sigan contra los Embajadores, los Cónsules, los Viceministros de Estado, los Magistrados de los Tribunales Superiores, el Defensor del Pueblo, los Fiscales Superiores, el Director y Subdirector de la Policía Nacional, los Directores y Gerentes de Entidades Autónomas y Semiautónomas y quienes desempeñan cualquier otro cargo con mando y jurisdicción en todo el territorio de la República o en dos o más provincias que no formen parte de un mismo distrito judicial.



2. Una diputada participa en el ciclo de entrevistas de los que van a ser magistrados de la corte, a sabiendas de que los magistrados son los que juzgan a los diputados, conforme a la constitución y a la ley. ¿Es ético esto?

viernes, 20 de noviembre de 2015

Galería de los diputados




Sería bueno, crear una galería de los diputados en Panamá, con realce en su actuación en el tiempo, así:


1. Sección del Kama Sutra. Destinado para aquellos diputados que facilitaron la conversión de un lugar del parlamento, en un lugar de solaz personal privado.


2. Sección del Tránsfuga. Destinado para aquellos que decidieron inscribirse en un partido político, al cual no pertenecían cuando fueron electos.


3. Sección del Arlequín. Destinado para aquellos que se caracterizaron por sus gracias permanentes.

4. Sección del Yes Man. Destinado para todos aquellos que se la pasaron aprobando las líneas que les mandaban, sin pensar en el electorado.

5. Sección del Inculto. Destinado para aquellos diputados que no se expresaban bien en sus intervenciones, destruyendo el idioma de Cervantes.

6. Sección del Vulgar. Destinado para aquellos que promovieron obscenidades.

7. Sección del Artista. Destinado para aquellos que salieron de un medio de comunicación hacia el parlamento, pero que nadie se acuerda de sus ejecutorias como diputados.

8. Sección del Paviolo. Destinado para aquellos que faltaban al parlamento, pero que cobraban puntualmente su sueldo.


9. Sección del Negociante. Destinado para aquellos que habiendo invertido una fortuna en sus campañas, sólo decían que cobraban únicamente, su salario mensual.


10. Sección de Trabajador Honrado. Destinado para los padres de la patria, que si cumplieron su misión de hacer leyes adecuadas para el país.


11. Sección del Mudo. Destinado para aquellos, que pudiendo hablar, nunca se les oyó hablar en el parlamento nada.


12. Sección del Pendenciero. Destinado para aquellos que fueron notables, por la violencia que practicaron.


13. Sección del Opositor. Destinado para aquellos que se oponían a toda idea que no viniera de su partido, aunque fuera buena la misma.

14. Sección del Acaudalado. Destinado para aquellos, que se la pasaban regalando bienes, a cuanto elector hubiese en su circuito.

15. Sección del Olvidadizo. Destinado para aquellos diputados que nunca propusieron ni una sola ley, aunque el elector los eligió para hacer normas.


16. Sección de Los Eternos. Destinados a aquellos padres de la patria que llevan décadas siendo diputados y que no creen en el relevo generacional.

jueves, 19 de noviembre de 2015

Constitucionalmente no se pueden vender los terrenos del fondo de mar




Medios de comunicación social informan, que en Panamá se están haciendo construcciones sobre el fondo de mar. Estas acciones son contrarias a derecho; deben cesar y los funcionarios que pudieron haber avalado esto, deben ser investigados por el Ministerio Público.

Se deja claro que ningún relleno de fondo de mar, se puede dar en venta, por un impedimento constitucional.

CONSTITUCIÓN

“ARTICULO 258. Pertenecen al Estado y son de uso público y, por consiguiente, no pueden ser objeto de apropiación privada:

1. El mar territorial y las aguas lacustres y fluviales, las playas y riberas de las mismas y de los ríos navegables, y los puertos y esteros. Todos estos bienes son de aprovechamiento libre y común, sujetos a la reglamentación que establezca la Ley.

2. Las tierras y las aguas destinadas a servicios públicos y a toda clase de comunicaciones.

3. Las tierras y las aguas destinadas o que el Estado destine a servicios públicos de irrigación, de producción hidroeléctrica, de desagües y de acueductos.

4. El espacio aéreo, la plataforma continental submarina, el lecho y el subsuelo del mar territorial.

5. Los demás bienes que la Ley defina como de uso público. En todos los casos en que los bienes de propiedad privada se conviertan por disposición legal en bienes de uso público, el dueño de ellos será indemnizado.”


JURISPRUDENCIA


El Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, en el caso ICA, en sentencia de 30 de diciembre de 2004, resolvió un tema parecido profiriendo que: “Si se está rellenando un bien de dominio público como lo es el lecho marino, no es coherente indicar que estos rellenos automáticamente se transforman en bienes patrimoniales. De ser así, el Estado perdería una de sus más importantes potestades, como lo es la disposición que tiene el anterior con respecto a los bienes de dominio público.


Si el Estado permite que los rellenos que se hagan sobre bienes de dominio público sean propiedad privada, estará perdiendo parte del patrimonio y de los elementos constitutivos del Estado, como lo es el mar territorial, playas, el lecho marino, etc.


En Sentencia de la Sala Tercera de la Corte de 28 de agosto de 2012, en el caso del Hotel Miramar y los estacionamientos soterrados,  que fueron rellenos de fondo de mar, dijo que si es viable contratar en CONCESIÓN, los rellenos, (no se habló de VENTA).

Un permiso de construcción,  no puede derogar lo precisado por la Constitución, pues sería, inconstitucional, el hecho arbitrario.





miércoles, 18 de noviembre de 2015

La justicia selectiva en Panamá




Mi percepción ciudadana, es que en Panamá, la justicia es selectiva en algún sentido.

Factores que influyen:

1. El político.  Algunas personas investigadas, por la comisión de supuestos delitos están en preventiva mientras que otros investigados, por casos similares, no.

Conforme a la ley, nadie puede ser sometido a medidas cautelares serias, si no existen graves indicios de responsabilidad en su contra.

Código Judicial
Artículo 2140.
Cuando se proceda por delito que tenga señalada pena mínima de cuatro años de prisión y esté  acreditado el delito y la vinculación del imputado, a través de un medio probatorio que produzca certeza jurídica de ese acto y exista, además, posibilidad de fuga, desatención al proceso, peligro de destrucción de pruebas, o que pueda atentar contra la vida o salud de otra persona o contra sí mismo, se decretará su detención preventiva.

El problema de las medidas cautelares es que cada funcionario de instrucción, a su prudente arbitrio, las impone a veces de manera, hasta desproporcionada y sin honrar la uniformidad en muchos casos. 

2. El moral. Por una misma investigación de un hecho, a unos indagados se les ha impuesto una medida cautelar más severa, mientras que a otros no.

3. El social. Los hijos del pueblo, que cometen infracciones, no gozan del domicilio preventivo transitorio, que los acaudalados investigados gozan.

lunes, 16 de noviembre de 2015

El perfil del magistrado




Se hace viable considerar muy bien el perfil que deben tener, los próximos Magistrados de la Corte, que se nombren en el futuro, para que procuren levantarle la imagen a ese órgano del Estado.

En mi opinión, quedaría el status actual debilitado incólume, si se escogen para tales cargos, a las personas que le sean más conocidas al Presidente o a sus allegados, de acuerdo a lo que si permite, la Carta Magna patria actual.

Mientras tanto, sería saludable ponderar el perfil mínimo, que a mi criterio, debería tener un magistrado de la corte suprema en Panamá.

·         Méritos académicos. Debiera tener al menos, varios títulos académicos. El de licenciatura es sólo uno básico en nuestros tiempos.

·         Docencia universitaria. Debiera tener experiencia, en la enseñanza de la ciencia del derecho a nivel universitario.


·         No debiera ser huérfano en ensayos y  publicaciones de autoría propia, en temas de derecho.

·         Debiera tener méritos de ética profesional comprobada.


·         Debe contar con méritos propios de proyección humana ante la sociedad.



·         Debe comprometerse a hacer pública su lista de bienes (de propiedad de la familia inmediata), de manera voluntaria y anualmente.


sábado, 14 de noviembre de 2015

La notificación en el SPA



Las notificaciones de las partes, en el Sistema Penal Acusatorio (SPA), se harán por regla general en estrados.
Si la parte, el interviniente o la persona citada no comparecen, se entenderá hecha la notificación, salvo que justifique fuerza mayor o caso fortuito.
La notificación de las decisiones que no sean adoptadas en audiencia se realizará por telegrama, teléfono, fax, correo electrónico o cualquier medio idóneo. Al privado de libertad se le notificará personalmente en su sitio de detención.
La Oficina Judicial llevará el registro de las notificaciones.

Efectos de la notificación. Ninguna resolución judicial puede comenzar a surtir efectos antes de haberse notificado legalmente a las partes.

¿Qué sucedería si un notificado no se apersona a un proceso requerido?
La persona imputada que ha sido requerida y no comparezca sin justa causa, la que se evada del establecimiento en donde esté detenida, así como la que no es presentada oportunamente por su fiador, a pesar de habérsele hecho a esta el requerimiento correspondiente, o de la que se ignora su paradero, será declarada en rebeldía y se expedirá orden de detención si procediera.
La ausencia de la persona imputada no afectará la fase de investigación y quedará suspendida la prescripción de la acción penal hasta que dicha persona sea aprehendida o comparezca.

¿Cuál es la autoridad que pudiera ordenar la detención de algún diputado, declarado en rebeldía?

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, a requerimiento del fiscal de la causa, únicamente. El juez de garantías, no puede hacerlo, cuenta habida, que no está habilitado por la ley, para tal acto.
Código Procesal Penal.


Artículo 490. Medidas cautelares. En la fase de investigación y en la fase de juicio, corresponderá al Pleno de la Corte Suprema de Justicia autorizar la aplicación de toda medida cautelar restrictiva de la libertad del Diputado y la que ordene aprehensión o secuestro contra los bienes de estos.  

martes, 10 de noviembre de 2015

Cambios en la administración de justicia



Se hace viable considerar muy bien el perfil que deben tener, los próximos Magistrados de la Corte, que se nombren en el futuro, para que procuren levantarle la imagen a ese órgano del Estado.

En mi opinión, quedaría el status actual debilitado incólume, si se escogen para tales cargos, a las personas que le sean más conocidas al Presidente o a sus allegados, de acuerdo a lo que si permite, la Carta Magna patria actual.

Mientras tanto, sería saludable ponderar el perfil mínimo, que a mi criterio, debería tener un magistrado de la corte suprema en Panamá.

·         Méritos académicos. Debiera tener al menos, varios títulos académicos. El de licenciatura es sólo uno básico en nuestros tiempos.

·         Docencia universitaria. Debiera tener experiencia, en la enseñanza de la ciencia del derecho a nivel universitario.


·         No debiera ser huérfano en ensayos y  publicaciones de autoría propia, en temas de derecho.

·         Debiera tener méritos de ética profesional comprobada.


·         Debe contar con méritos propios de proyección humana ante la sociedad.


·         Debe comprometerse a hacer pública su lista de bienes (de propiedad de la familia inmediata), de manera voluntaria y anualmente.


La justicia selectiva en Panamá



Mi percepción ciudadana, es que en Panamá, la justicia es selectiva en algún sentido.

Factores que influyen:

1. El político.  Algunas personas investigadas, por la comisión de supuestos delitos están en preventiva mientras que otros investigados, por casos similares, no.

Conforme a la ley, nadie puede ser sometido a medidas cautelares serias, si no existen graves indicios de responsabilidad en su contra.

Código Judicial
Artículo 2140.
Cuando se proceda por delito que tenga señalada pena mínima de cuatro años de prisión y esté  acreditado el delito y la vinculación del imputado, a través de un medio probatorio que produzca certeza jurídica de ese acto y exista, además, posibilidad de fuga, desatención al proceso, peligro de destrucción de pruebas, o que pueda atentar contra la vida o salud de otra persona o contra sí mismo, se decretará su detención preventiva.

El problema de las medidas cautelares es que cada funcionario de instrucción, a su prudente arbitrio, las impone a veces de manera, hasta desproporcionada y sin honrar la uniformidad en muchos casos. 

2. El moral. Por una misma investigación de un hecho, a unos indagados se les ha impuesto una medida cautelar más severa, mientras que a otros no.

3. El social. Los hijos del pueblo, que cometen infracciones, no gozan del domicilio preventivo transitorio, que los acaudalados investigados gozan.

domingo, 8 de noviembre de 2015

¿Verdaderamente amamos al País?




Decimos que amamos al país; pero no les enseñamos valores a nuestros hijos y ni practicamos los mismos.

Decimos que amamos al país; pero deseamos acceder a un cargo púbico, únicamente para ver, cómo podemos resolver, nuestras necesidades.

Decimos que amamos al país; pero no valoramos al semejante.

Decimos que amamos al país; pero practicamos la cultura del juega vivo en nuestras acciones.

Decimos que amamos al país; pero sembramos cizaña, en los medios de comunicación y en las redes sociales, indignamente.

Decimos que amamos al país; pero arrojamos basura en las calles de manera desagradable.

Decimos que amamos al país; pero nos da igual cuando izan o arrían la bandera o cuando cantan el himno nacional.

Decimos que amamos al país; pero no nos interesan los actos cívicos.

Decimos que amamos al país; pero juzgamos a los demás, según las apariencias y no con justo juicio.

Decimos que amamos al país; pero no respetamos los bienes ajenos.

Decimos que amamos al país; pero no nos interesa participar en los procesos, de toma de decisiones.

Decimos que amamos al país; pero nos resistimos a cumplir las leyes.

Decimos que amamos al país; pero no pagamos los impuestos.

Decimos que amamos al país; pero no mantenemos nuestras tradiciones culturales.

Decimos que amamos al país; pero no respetamos sus instituciones.

Decimos que amamos al país; pero no vigilamos el correcto desempeño, de los funcionarios.

Decimos que amamos al país; pero no damos buenos ejemplos con nuestra conducta.

Decimos que amamos al país; pero practicamos las mismas acciones negativas que les censuramos a los otros.

Decimos que amamos al país; pero no deseamos rendirle cuentas a nadie.

Decimos que amamos al país; pero a lo malo llamamos bueno y a lo bueno malo, por simple interés.

Decimos que amamos al país; pero aceptamos como ciudadanos, el manejo tradicional que hubo de las partidas circuitales. 

jueves, 5 de noviembre de 2015

La libertad de expresión



La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que “la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática.


Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-5/85, “La colegiación obligatoria de periodistas”, del 13 de noviembre de 1985, párrafo 70).

No obstante el planteamiento, la libertad de expresión, tiene limitaciones que se deben ponderar al momento de pensar ejecutar, cualesquiera acciones.


1. No se debe afectar la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. (Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos).


2. No se debe irrespetar los derechos o a la reputación de los demás. (Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos).


3. No se debe promover la guerra. (Artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).


4. No se debe hacer una apología al odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. (Artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).


5. No se debe atacar de manera abusiva, la vida privada y familiar de un individuo. (Artículo V de la Declaración Americana de los Derechos Humanos).


6. No se debe atacar la vida privada, familiar, domicilio o correspondencia de un niño. (Artículos 15 y 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño).


El que afecte las disposiciones transcritas, podría afrontar, las consecuencias ulteriores de sus decisiones, ante los tribunales pertinentes.


¿Qué supremo derecho tiene el comunicador de su expresión? El de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el difundirlas, por cualquier medio de expresión. (Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos).


¿Que no deben hacer, los gobernantes? El restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos. (Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos).


Revive el debate constitucional



La idea de impulsar cambios a la Constitución Nacional revivió recientemente en boca del ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán cuando dijo que existía la posibilidad de reformar la Constitución a través de otra vía, no sólo con una constituyente, y antes de que culmine la actual administración gubernamental.
El comentario se dijo, luego de que la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá instara a las ‘fuerzas vivas' a impulsar la idea de una constituyente para reformar la Carta Magna.

Métodos para reformar la Constitución de acuerdo a la Constitución, son los siguientes:

1.    Por un Acto Constitucional aprobado en tres debates por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, el cual debe ser publicado en la Gaceta Oficial y transmitido por el Órgano Ejecutivo a dicha Asamblea, dentro de los primeros cinco días de las sesiones ordinarias siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional electa en las últimas elecciones generales, a efecto de que en su primera legislatura sea debatido y aprobado sin modificación, en un solo debate, por la mayoría absoluta de los miembros que la integran.

2.    Por un Acto Constitucional aprobado en tres debates por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, en una legislatura, y aprobado, igualmente, en tres debates, por mayoría absoluta de los miembros de la mencionada Asamblea, en la legislatura inmediatamente siguiente. En esta se podrá modificar el texto aprobado en la legislatura anterior. El Acto Constitucional aprobado de esta forma deberá ser publicado en la Gaceta Oficial y sometido a consulta popular directa mediante referéndum que se celebrará en la fecha que señale la Asamblea Nacional, dentro de un plazo que no podrá ser menor de tres meses ni exceder de seis meses, contados desde la aprobación del Acto Constitucional por la segunda legislatura.

3.    A través de una Asamblea Constituyente Paralela, que podrá ser convocada por decisión del Órgano Ejecutivo, ratificada por la mayoría absoluta del Órgano Legislativo, o por el Órgano Legislativo con el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros, o por iniciativa ciudadana, la cual deberá ser acompañada por las firmas de, por lo menos, el veinte por ciento de los integrantes del Registro Electoral correspondiente al 31 de diciembre del año anterior a la solicitud. La Asamblea Constituyente Paralela estará integrada por sesenta constituyentes, quienes deberán representar proporcionalmente a los panameños de todas las provincias y comarcas, de acuerdo con la población electoral, y se permitirá, además de la postulación partidaria, la libre postulación. Para estos efectos, el Tribunal Electoral deberá establecer en la convocatoria el sistema electoral aplicable a la elección de constituyentes.



miércoles, 4 de noviembre de 2015

La privacidad y el honor de los políticos.



En sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia del ONCE (11) DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE (2014), la Corte definió en derecho, cuál debe ser el comportamiento de las autoridades, funcionarios o personajes de relevancia pública, ante las críticas de los ciudadanos, en Panamá.

Esta corporación exteriorizó, refiriéndose a la despenalización parcial del delito de calumnia e injuria que priva en nuestro país, lo que sigue:

“…Hay que resaltar que es cierto que bajo la óptica de las legislaciones supranacionales en materia de derechos humanos, se ha señalado que la persona al asumir un cargo público, se convierte en una persona de relevancia pública, por lo cual, se expone inevitable y deliberadamente, a una fiscalización atenta de sus actos y gestos, tanto por los periodistas como por la multitud de ciudadanos y por ello debe mostrarse más tolerante. Es decir, que el funcionario público al convertirse en una persona de relevancia pública, debe soportar un mayor nivel de afectación o injerencia en su honra, puesto que, esto es necesario debido al pluralismo político, la conformación de un espíritu crítico, abierto y tolerante, sin los cuales se vacía de contenido la sociedad democrática y el control y fiscalización de las autoridades que actúan en representación del pueblo.

Esto se da indispensablemente, para permitir la crítica vigorosa respecto de la actuación de las autoridades o funcionarios públicos o figuras de relevancia pública (sic) son fundamentales para la vigencia de las sociedades democráticas, a diferencia de los regímenes autocráticos autoritarios o totalitarios, lo que justifica desarrollar y potenciar al máximo la tolerancia y el pluralismo en materias de relevancia pública.

Las autoridades, funcionarios o personajes de relevancia pública se han convertido consciente y voluntariamente en sujetos pasivos de la observación del público, relegando a un ámbito menor su privacidad y la protección de su honor en relación a sus actividades públicas.”


martes, 3 de noviembre de 2015

Las heridas del sistema de justicia



El arzobispo metropolitano de Panamá, en la reflexión del Te Deum planteó puntos importantes de nuestro sistema de justicia, que merecen la ponderación inmediata de  nacionales y extraños.

Dijo confiar que el Ministerio Publico actué con el más estricto apego a la ley con las garantías de ofrecerles a los investigados, procesados e imputados el respeto pleno a sus derechos individuales.  

Sin embargo,  su optimismo en mi concepto, discrepa en la forma en que el MP impone hoy, las medidas cautelares personales a su prudente arbitrio, a veces de manera, hasta desproporcionada y sin honrar la uniformidad en muchos casos. 

Concuerdo con la preocupación del Monseñor que aboga por los miles de detenidos aún sin que se les hayan iniciado sus procesos.

 “Tenemos un 60 por ciento de los privados de libertad que no han recibido condenas”, dijo el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, quien aseguró además que Panamá tiene la posición número uno en la aplicación de la detención preventiva y la tercera en cuanto a hacinamiento penitenciario. (Las palabras del ministro Henríquez se dieron en la Comisión de Gobierno en el marco de la aprobación en primer debate el Proyecto de Ley No. 245).

En lo que si pudiera apartarme de la línea clerical, es que considero que  no es injusto que haya detención preventiva sin juicio ni condena, ya que la ley lo permite en los casos en que existan exigencias inaplazables relativas a las investigaciones, relacionadas con situaciones concretas de peligro para la adquisición o la autenticidad de las pruebas; cuando el imputado se dé a la fuga o exista peligro evidente de que intenta hacerlo; y cuando, por circunstancias especiales o por la personalidad del imputado, exista peligro concreto de que éste cometa delitos graves mediante el uso de armas u otros medios de violencia personal.

Lo que sí me parece aberrante y contrario a los derechos humanos, es que gravite, por nuestro deteriorado sistema de justicia,  un alto índice en detenciones preventivas y una falta de control oportuno, para las medidas cautelares severas.

Se deja claro, que la Administración de Justicia en Panamá, está integrada por el Órgano Judicial y por el Ministerio Público, de acuerdo al Título VII constitucional.

Ambos entes tienen funciones diferenciadas en la Carta Magna y en la ley.


En algunos distritos judiciales, por la puesta en práctica del sistema penal acusatorio, los actos del Ministerio Público (ente investigador), son controlados por el Órgano Judicial (ente que procesa). 

En los otros distritos judiciales, el Ministerio Público realiza su función de manera inquisitiva.

Las heridas del sistema de justicia


El arzobispo metropolitano de Panamá, en la reflexión del Te Deum planteó puntos importantes de nuestro sistema de justicia, que merecen la ponderación inmediata de nacionales y extraños.

Dijo confiar que el Ministerio Publico actué con el más estricto apego a la ley con las garantías de ofrecerles a los investigados, procesados e imputados el respeto pleno a sus derechos individuales. Sin embargo, su optimismo en mi concepto, discrepa en la forma en que el MP impone hoy, las medidas cautelares personales a su prudente arbitrio, a veces de manera, hasta desproporcionada y sin honrar la uniformidad en muchos casos.

Concuerdo con la preocupación del Monseñor que aboga por los miles de detenidos aún sin que se les hayan iniciado sus procesos.

“Tenemos un 60 por ciento de los privados de libertad que no han recibido condenas”, dijo el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, quien aseguró además que Panamá tiene la posición número uno en la aplicación de la detención preventiva y la tercera en cuanto a hacinamiento penitenciario. (Las palabras del ministro Henríquez se dieron en la Comisión de Gobierno en el marco de la aprobación en primer debate el Proyecto de Ley No. 245).


En lo que si pudiera apartarme de la línea clerical, es que considero que no es injusto que haya detención preventiva sin juicio ni condena, ya que la ley lo permite en los casos en que existan exigencias inaplazables relativas a las investigaciones, relacionadas con situaciones concretas de peligro para la adquisición o la autenticidad de las pruebas; cuando el imputado se dé a la fuga o exista peligro evidente de que intenta hacerlo; y cuando, por circunstancias especiales o por la personalidad del imputado, exista peligro concreto de que éste cometa delitos graves mediante el uso de armas u otros medios de violencia personal.

Lo que sí me parece aberrante y contrario a los derechos humanos, es que gravite, por nuestro deteriorado sistema de justicia, un alto índice en detenciones preventivas y una falta de control oportuno, para las medidas cautelares severas.