martes, 3 de noviembre de 2015

Las heridas del sistema de justicia



El arzobispo metropolitano de Panamá, en la reflexión del Te Deum planteó puntos importantes de nuestro sistema de justicia, que merecen la ponderación inmediata de  nacionales y extraños.

Dijo confiar que el Ministerio Publico actué con el más estricto apego a la ley con las garantías de ofrecerles a los investigados, procesados e imputados el respeto pleno a sus derechos individuales.  

Sin embargo,  su optimismo en mi concepto, discrepa en la forma en que el MP impone hoy, las medidas cautelares personales a su prudente arbitrio, a veces de manera, hasta desproporcionada y sin honrar la uniformidad en muchos casos. 

Concuerdo con la preocupación del Monseñor que aboga por los miles de detenidos aún sin que se les hayan iniciado sus procesos.

 “Tenemos un 60 por ciento de los privados de libertad que no han recibido condenas”, dijo el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, quien aseguró además que Panamá tiene la posición número uno en la aplicación de la detención preventiva y la tercera en cuanto a hacinamiento penitenciario. (Las palabras del ministro Henríquez se dieron en la Comisión de Gobierno en el marco de la aprobación en primer debate el Proyecto de Ley No. 245).

En lo que si pudiera apartarme de la línea clerical, es que considero que  no es injusto que haya detención preventiva sin juicio ni condena, ya que la ley lo permite en los casos en que existan exigencias inaplazables relativas a las investigaciones, relacionadas con situaciones concretas de peligro para la adquisición o la autenticidad de las pruebas; cuando el imputado se dé a la fuga o exista peligro evidente de que intenta hacerlo; y cuando, por circunstancias especiales o por la personalidad del imputado, exista peligro concreto de que éste cometa delitos graves mediante el uso de armas u otros medios de violencia personal.

Lo que sí me parece aberrante y contrario a los derechos humanos, es que gravite, por nuestro deteriorado sistema de justicia,  un alto índice en detenciones preventivas y una falta de control oportuno, para las medidas cautelares severas.

Se deja claro, que la Administración de Justicia en Panamá, está integrada por el Órgano Judicial y por el Ministerio Público, de acuerdo al Título VII constitucional.

Ambos entes tienen funciones diferenciadas en la Carta Magna y en la ley.


En algunos distritos judiciales, por la puesta en práctica del sistema penal acusatorio, los actos del Ministerio Público (ente investigador), son controlados por el Órgano Judicial (ente que procesa). 

En los otros distritos judiciales, el Ministerio Público realiza su función de manera inquisitiva.

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