lunes, 23 de noviembre de 2015

Proceso de selección de los magistrados

El Poder Ejecutivo, motu proprio, ha querido que previo a la designación, que por constitución le compete hacer, de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, los integrantes del pacto por la justicia, entrevisten libremente, a los 10 candidatos preseleccionados por ese poder del Estado.

El proceso de selección, ha sido viciado éticamente, en mi concepto, debido a lo siguiente:

1. Miembros del pacto por la justicia que pudieran ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo al Código Procesal Penal, son los que están interviniendo activamente, en el ciclo de entrevistas con los aspirantes y no se han declarado impedidos. Gravita un conflicto de interés evidente, sobre este tema.



Código Procesal penal



Artículo 39. Competencia del Pleno de la Corte Suprema. La Corte Suprema de Justicia será competente para conocer, en Pleno, de los siguientes negocios penales:

1. De los procesos penales y medidas cautelares contra los Diputados, el Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración, los Ministros de Estado, los Magistrados del Tribunal Electoral o el Contralor General de la República, o de los cometidos en cualquier época por personas que, al tiempo de su juzgamiento, ejerzan alguno de estos cargos.



Artículo 40. Competencia de la Sala Penal. La Sala Penal tendrá competencia para conocer:

1. De los procesos penales que se sigan contra los Embajadores, los Cónsules, los Viceministros de Estado, los Magistrados de los Tribunales Superiores, el Defensor del Pueblo, los Fiscales Superiores, el Director y Subdirector de la Policía Nacional, los Directores y Gerentes de Entidades Autónomas y Semiautónomas y quienes desempeñan cualquier otro cargo con mando y jurisdicción en todo el territorio de la República o en dos o más provincias que no formen parte de un mismo distrito judicial.



2. Una diputada participa en el ciclo de entrevistas de los que van a ser magistrados de la corte, a sabiendas de que los magistrados son los que juzgan a los diputados, conforme a la constitución y a la ley. ¿Es ético esto?

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