miércoles, 27 de enero de 2016

La justicia selectiva en Panamá


Mi percepción como ciudadano, es que en Panamá, la justicia es selectiva en algún sentido.


Los factores que la impulsan, a continuación:


1. La politización de la justicia. A veces la justicia responde sólo a casos concretos.

2. La falta de capacidad de los organismos encargados de administrar la justicia.

3. La falta de unificación en los organismos rectores, para la imposición de las medidas cautelares.

4. La falta de rendición de cuentas de las autoridades, hacía la ciudadanía.

5. Las instituciones penales y penitenciarias, no funcionan bien.

6. La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, cuando se conoce por algún medio, que se ha resquebrajado el orden legal.


Conforme a la ley, nadie puede ser sometido a medidas cautelares serias, si no existen graves indicios de responsabilidad en su contra.



Código Judicial

Artículo 2140.

Cuando se proceda por delito que tenga señalada pena mínima de cuatro años de prisión y esté acreditado el delito y la vinculación del imputado, a través de un medio probatorio que produzca certeza jurídica de ese acto y exista, además, posibilidad de fuga, desatención al proceso, peligro de destrucción de pruebas, o que pueda atentar contra la vida o salud de otra persona o contra sí mismo, se decretará su detención preventiva.



El problema de las medidas cautelares es que cada funcionario de instrucción, a su prudente arbitrio, las impone a veces de manera, hasta desproporcionada y sin honrar la uniformidad en muchos casos.


Huelga añadir que el principio de presunción de inocencia, según la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, establece que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que la carga de la prueba recae en la parte acusadora. (Corte IDH. Caso Ricardo Canese vs. Paraguay).

Del consabido principio, se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia. (Corte IDH. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador).

sábado, 23 de enero de 2016

¿Se requiere reformar la Constitución?



La administración de justicia (compuesta por el Ministerio Público y el Órgano Judicial) necesita una reingeniería que pudiera ajustarse a futuro, por una reforma constitucional.
A mi juicio la Administración de Justicia es una gran “cloaca”.

Métodos para reformar la Constitución de acuerdo a la Constitución, son los siguientes:

1.    Por un Acto Constitucional aprobado en tres debates por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, el cual debe ser publicado en la Gaceta Oficial y transmitido por el Órgano Ejecutivo a dicha Asamblea, dentro de los primeros cinco días de las sesiones ordinarias siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional electa en las últimas elecciones generales, a efecto de que en su primera legislatura sea debatido y aprobado sin modificación, en un solo debate, por la mayoría absoluta de los miembros que la integran.

2.    Por un Acto Constitucional aprobado en tres debates por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, en una legislatura, y aprobado, igualmente, en tres debates, por mayoría absoluta de los miembros de la mencionada Asamblea, en la legislatura inmediatamente siguiente. En esta se podrá modificar el texto aprobado en la legislatura anterior. El Acto Constitucional aprobado de esta forma deberá ser publicado en la Gaceta Oficial y sometido a consulta popular directa mediante referéndum que se celebrará en la fecha que señale la Asamblea Nacional, dentro de un plazo que no podrá ser menor de tres meses ni exceder de seis meses, contados desde la aprobación del Acto Constitucional por la segunda legislatura.



3.    A través de una Asamblea Constituyente Paralela, que podrá ser convocada por decisión del Órgano Ejecutivo, ratificada por la mayoría absoluta del Órgano Legislativo, o por el Órgano Legislativo con el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros, o por iniciativa ciudadana, la cual deberá ser acompañada por las firmas de, por lo menos, el veinte por ciento de los integrantes del Registro Electoral correspondiente al 31 de diciembre del año anterior a la solicitud. La Asamblea Constituyente Paralela estará integrada por sesenta constituyentes, quienes deberán representar proporcionalmente a los panameños de todas las provincias y comarcas, de acuerdo con la población electoral, y se permitirá, además de la postulación partidaria, la libre postulación. Para estos efectos, el Tribunal Electoral deberá establecer en la convocatoria el sistema electoral aplicable a la elección de constituyentes.

Vuelve el voto en plancha



Las reformas electorales fueron presentadas por el Tribunal Electoral, el 18 de enero de 2016 ante la Asamblea Nacional. Es el Proyecto de Ley No. 292, a debatirse en los próximos días.

Se aprobó las formas de votación y de adjudicación de curules en los circuitos plurinominales. Se reincorpora el “voto plancha” y también se deja la opción del “voto selectivo”.

En cuanto a la forma de adjudicación de curules, se aprobó restar del residuo electoral el medio cociente de los partidos que han obtenido el cociente y el medio cociente, es decir a los que ya han obtenido escaños en la Asamblea, y esto lo que busca es darle, según la CNRE, más participación a las minorías.

La idea a mi juicio, es un retroceso de nuestro sistema electoral, debido a lo siguiente:


1. Elimina el principio de cada votante un voto.

2. Fortalece la partidocracia.

3. Pone en desventaja al candidato de las minorías partidarias e independientes.



viernes, 22 de enero de 2016

Reformas Electorales Inquietantes


Las reformas electorales fueron presentadas por el Tribunal Electoral, el 18 de enero de 2016 ante la Asamblea Nacional. Es el Proyecto de Ley No. 292, a debatirse en los próximos días.

El instrumento contiene puntos muy interesantes, como por ejemplo, el límite (tope) en el financiamiento en las donaciones privadas, no obstante otros, por que se apartan del tenor constitucional, es que requieren hacerles los reparos correspondientes.

En Sentencia del 6 de mayo de 2015, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia determinó que no se pueden establecer en una ley, requisitos que desconozcan el contenido constitucional, como fuente suprema del ordenamiento jurídico y rectora del desarrollo de las demás leyes.

Luego entonces sería a mi juicio contrario a la Carta Magna, lo que sigue a continuación.


· La alternancia de género en una lista.

La propuesta dice que: “La participación política se regirá por el principio de paridad, en todos los procesos electorales internos, generales y partidarios, que implica que todas las delegaciones, nóminas y demás órganos pares estarán integrados por el cincuenta por ciento (50%) de mujeres y el cincuenta por ciento (50%) de hombres y en delegaciones, nóminas u órganos impares, la diferencia entre el total de mujeres y hombres no podrá ser superior a uno. Todas las nóminas de elección utilizarán el mecanismo de alternancia por género (mujer-hombre u hombre-mujer), en forma tal que dos personas del mismo sexo no puedan estar en forma consecutiva en la nómina.

En las circunscripciones plurinominales, las postulaciones de precandidatos o precandidatas para todos los cargos a elegir serán cincuenta por ciento (50%) de mujeres y cincuenta por ciento (50%) de hombres, para principal y suplente, utilizando el sistema de alternancia de género, de forma tal que personas de un mismo sexo no estén consecutivas en la lista.

En las circunscripciones uninominales, toda postulación de precandidatos y precandidatas y candidatos y candidatas estará compuesta de un principal de un género, acompañada de un suplente del otro género”.


En nuestro sistema electoral democrático, los votos se buscan en la calle, opina quien suscribe.

Huelga añadir, que la Corte en el fallo en cita, también planteó que todo requisito para el ejercicio de los derechos políticos, debe ser congruente con los mandatos, valores y principios constitucionales.

lunes, 18 de enero de 2016

Es inconstitucional el pago obligatorio del soterramiento de cables. La Corte

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 8 de septiembre del 2015, pero que está siendo notificada en los estrados de la Corte, a partir del viernes 15 de enero del año en curso, declaró INCONSTITUCIONAL, el pago obligatorio del soterramiento de cables decretado en la Ley 15 de 2012.

La sentencia es por motivo de la Demanda de Inconstitucionalidad, que el suscrito interpuso en el año 2012, en contra de dos artículos de la referida ley.


Lo Declarado Inconstitucional, a continuación.


Artículo 1. Se establece una tasa del 0.5% aplicable a los clientes en la facturación mensual de los servicios de telecomunicación básica local M01), nacional (102), internacional (103), de comunicaciones personales (106), telefonía móvil celular (107), de transporte de telecomunicaciones (200) y de televisión pagada (904) para cubrir los costos y la ejecución del soterramiento del cableado e infraestructura de los servicios de telecomunicaciones y de televisión pagada. Se excluyen de la aplicación de esta tasa los servicios antes descritos prestados bajo la modalidad prepago.


Las Corte dijo:

“Así, el hecho que la tasa en cuestión imponga un gravamen tanto a los usuarios que forman parte de las áreas definidas a soterrar, que presentan problemas de saturación, seguridad o con fines del mejoramiento estético- urbanístico, como a los usuarios que no forman parte del plan y/o no presentan los problemas que la ley pretende aliviar con el soterramiento de redes, genera una desigualdad negativa pues mientras que unos verían incrementado el valor de sus inmuebles a consecuencia del mejoramiento del espacio urbano y la descontaminación visual, otros no se favorecerían en sus intereses y derechos con el plan de soterramiento, al no redundar directamente en la plusvalía de su propiedad”.


“Los planteamientos anteriores conducen al Pleno a considerar que el artículo 1 de la Ley 15 de 26 de abril de 2012 presenta un primer vicio de inconstitucionalidad en virtud de que impone una tasa por soterramiento de redes a los clientes de los servicios de telecomunicaciones y de televisión pagada sin diferenciar entre aquellos que se encuentran o no dentro de las áreas definidas para el programa de soterramiento, y que, por tanto, se verán favorecidos o afectados, unos si y otros no, directa o indirectamente, en sus intereses y derechos de propiedad.”

viernes, 15 de enero de 2016

El bajo perfil de nuestra Corte Suprema de Justicia



Las declaraciones del magistrado Harry Díaz, pone en evidencia el muy bajo perfil que tiene hoy, nuestra Corte Suprema de Justicia.

Denunció el prenombrado que en la Corte hay: presuntos actos de peculado (turismo judicial), supuesta intromisión del poder ejecutivo en el poder judicial (en la designación de la junta directiva del Órgano Judicial), que hay supuestos bandos políticos en la Corte,  etc.

Se hace viable que la Asamblea Nacional, le imprima a la carta enviada por el presidente de la Corte el 14 de enero del año en curso, el trámite de denuncia, integrada dentro del Derecho Constitucional de Petición consignado en el artículo 41 constitucional, y haga las investigaciones de rigor, sobre el tenor de la misma.

El inicio de la investigación rogada, no lesiona el derecho positivo que reza el código procesal penal.

Ahora bien, ¿la renuncia de los magistrados resuelve el problema judicial?

A mi juicio no, ya que permitiría al Consejo de Gabinete hoy, el nombrar libremente los reemplazos a su prudente arbitrio, sin mayor rigurosidad.

En defecto de una asamblea nacional constituyente, lo que solventaría hogaño el problema, sería un acuerdo entre el poder ejecutivo, con la sociedad; en donde se establezca una autorregulación para la designación de los magistrados de la corte, en torno a los requisitos y la forma en que se eligen a los mismos.  

¿Y qué debería que hacer ya, la Corte Suprema de Justicia?

Que cada uno de los magistrados de la corte suprema, denunciados ante la Asamblea Nacional, no esperen hasta que se evacuen las acciones ante el órgano legislativo, sino que aclaren los temas de inmediato, ante la sociedad, en una rendición de cuentas amplia y espontánea en donde se permitan las preguntas.

Que la corte se autorregule, estableciendo un método que permita fiscalizar los expedientes en cada despacho, de tal manera que prohíba que un magistrado, se quede mucho tiempo con un expediente en su escritorio. Se debe fortalecer la transparencia. 

Que exista en la página web del órgano judicial, y que se pueda ver por todos, los casos que tienen asignados, cada uno de los magistrados de la corte (sin detallar las generales del caso).


Que la corte impida que se judicialice la política. Es decir, que actué procesalmente y de manera independiente, bajo los tiempos de la ley, evacuando los casos que le lleguen, sin temor ni presión política alguna; bajo el lineamiento de la uniformidad y de la justicia.

Que los magistrados de la corte, hagan pública su lista de bienes (de propiedad de la familia inmediata), de manera voluntaria.

jueves, 14 de enero de 2016

Requisitos para ocupar cargos de elección popular, según la Corte Suprema



El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 6 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial No. 27947 de 13 de enero de 2016 determinó que al establecerse en una ley el requisito de paz y salvo de pensión alimenticia que acredite que se está cumpliendo con la obligación, para quien aspire a postularse para cargos de elección popular, implica el desconocimiento a la Constitución como fuente suprema del ordenamiento jurídico y rectora del desarrollo de las demás leyes de rango inferior.

Por consiguiente, añade quien suscribe esta glosa, toda modificación al código electoral que implique por ejemplo, el limitar el acceso al cargo público de elección popular a familiares de un candidato en una nómina, o a un determinado sexo de un postulado, etc., de igual forma violentaría el régimen constitucional existente.


Saludable sería honrar en las posibles modificaciones a las normas electorales, el texto constitucional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

miércoles, 13 de enero de 2016

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN COMO CONCEPTO




La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que “la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática.


Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-5/85, “La colegiación obligatoria de periodistas”, del 13 de noviembre de 1985, párrafo 70).

No obstante el planteamiento, la libertad de expresión, tiene limitaciones que se deben ponderar al momento de pensar ejecutar, cualesquiera acciones.


1. No se debe afectar la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. (Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos).


2. No se debe irrespetar los derechos o a la reputación de los demás. (Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos).


3. No se debe promover la guerra. (Artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).


4. No se debe hacer una apología al odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. (Artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).


5. No se debe atacar de manera abusiva, la vida privada y familiar de un individuo. (Artículo V de la Declaración Americana de los Derechos Humanos).


6. No se debe atacar la vida privada, familiar, domicilio o correspondencia de un niño. (Artículos 15 y 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño).


El que afecte las disposiciones transcritas, podría afrontar, las consecuencias ulteriores de sus decisiones, ante los tribunales pertinentes.


¿Qué supremo derecho tiene el comunicador de su expresión? El de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el difundirlas, por cualquier medio de expresión. (Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos).


¿Que no deben hacer, los gobernantes? El restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos. (Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos).

¿el control de precios funciona?



El premio Nobel de Economía, Milton Friedman, aseguró una vez que "nosotros los economistas no sabemos demasiado, pero lo que sí sabemos es crear escasez", en alusión a las políticas intervencionistas que regulan los precios de bienes y servicios.

Alemania experimentó después de la Segunda Guerra Mundial, el impacto de los controles de precios: una escasez generalizada de productos. Cuando se liberaron los precios, el primer impacto fue el aumento generalizado, pero las cifras se acomodaron al valor de la oferta y demanda.

La inflación quedó en la historia y varios economistas creen que a partir de esa liberalización se sentaron las bases de un crecimiento sin precedentes.

La Argentina tiene una larga experiencia en controles de precios, todas terminaron de la misma manera: estallidos inflacionarios. Los defensores del estatismo suelen mostrar los resultados de sus políticas en el corto plazo, pero omiten las consecuencias de mediano y largo plazo.

Los países con controles de precios utilizan el terror de la cárcel o la aplicación de duras sanciones para quienes violen lo que el Estado considera "precio justo"; para algunos demócratas esa política encierra una visión totalitaria del poder.



Fuente: (INFOBAE- Se ha transcrito literalmente, el artículo ut supra de Jorge Heili ) http://www.infobae.com/2013/12/20/1532282-que-paises-la-region-tienen-acuerdos-precios-como-el-que-se-lanzo-argentina

Mensajes ofensivos



Algunas personas políticas, están enviando, en las redes sociales y hasta en algunos medios de comunicación social, información ofensiva, vulgar, familiar-íntima, etc.

Lo anterior se debe considerar, como actos propios de un libertinaje de expresión, que no es más, que la facultad que tiene todo individuo de emitir expresiones diversas y opiniones sobre ideas, desenfrenadamente, es decir, sin importarle lo que dicen, como lo dicen y en qué momento lo dicen.

Estos actos, debilitan postulados fundamentales, ya que irrespetan los derechos o la reputación de los demás. (Véase el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos).         



El libertinaje es un abuso cruel del ejercicio de la libertad de expresión y debiera cesar, para procurar la paz social en el país.

martes, 12 de enero de 2016

El ejercicio del periodismo



Solo hay una forma en que debiera ejercerse el periodismo en Panamá y es en absoluta libertad.

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sobre el tema dijo:

“El ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento” (Corte IDH. Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012 Serie C No. 248. Párr. 209.)


“Dichas acciones no solo vulneran de un modo especialmente drástico la libertad de pensamiento y expresión de la persona afectada, sino que además afectan la dimensión colectiva de este derecho. Los actos de violencia que se cometen contra periodistas (término entendido bajo una definición amplia, desde una perspectiva funcional) o personas que trabajan en medios de comunicación y que están vinculados con su actividad profesional, violan el derecho de estas personas a expresar e impartir ideas, opiniones e información y además, atentan contra los derechos de los ciudadanos y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo”. (Corte IDH. Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248. Párr. 142-149.)

domingo, 10 de enero de 2016

La propuesta del Magistrado Díaz podría ser inconstitucional


El Magistrado fiscal Harry Díaz, pidió incorporar al Código Procesal Penal un artículo que impediría declinar el caso a otra esfera, si el exmandatario renuncia como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).


En una nota enviada al presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, Díaz le propone modificar un artículo del proyecto de ley 245 de 2015, para que establezca que, una vez presentado el escrito de acusación, no habrá declinación a otro tribunal si en él no tiene vigencia el sistema penal acusatorio.


A lo legal no se entiende esa propuesta, púes sería a mi juicio abiertamente inconstitucional, ya que el artículo 206 de la Carta Magna, sólo permite la investigación y procesamiento de la Corte hacia los diputados en ejercicio.


Constitución.

ARTICULO 206. La Corte Suprema de Justicia tendrá, entre sus atribuciones constitucionales y legales, las siguientes:



3. Investigar y procesar a los Diputados. Para efectos de la investigación, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia comisionará a un agente de instrucción.




Adicional a esto, las leyes no tiene efecto retroactivo, en términos generales, por lo que no se vería bien que una persona al que se le investiga bajo determinadas normas, se le cambien las mismas, en medio proceso.



Constitución.

ARTICULO 46. Las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o de interés social cuando en ellas así se exprese. En materia criminal la Ley favorable al reo tiene siempre preferencia y retroactividad, aun cuando hubiese sentencia ejecutoriada.


Tal idea del magistrado fiscal, estaría abonando la tesis “política” de la defensa del exmandatario, por lo que la propuesta del magistrado de marras, deviene en improcedente.

Recomendaría que la corte siga jugando su papel, como lo está haciendo, de acuerdo a las normas claras existente, al momento en que la investigación inició.



viernes, 8 de enero de 2016

Luchemos contra la corrupción




Para mitigar el flagelo de la corrupción en Panamá, deberíamos promover esto:


· Una mejor rendición de cuenta de parte de los funcionarios que ejercen mando y jurisdicción.

· Una mejor fiscalización de parte de la Contraloría, sobre los actos de manejo de fondos y bienes públicos.

· Una mejor política jurídica en cuanto a las adquisiciones de bienes y servicios.

· Una adecuada estrategia de información, sobre la necesidad de cultivar los valores, en la comunidad.

· Una política gubernamental que tienda a fortalecer a la familia, como el principal núcleo en la sociedad.

· Permitir en mejor medida a la sociedad, a que participe en calidad propositiva, en las políticas de Estado.

· Incentivar al funcionario a que cumpla el código de ética de su entidad, practique valores y a las empresas particulares a promoverlos.

· Fortalecer las vías, para que los medios de comunicación social, puedan seguir divulgando, sin presión alguna, los hallazgos que encuentre, de manera veraz y objetiva.

· Motivar a los ministros de Estado y a todos los directores y administradores de entidades, a hacer pública su declaración jurada de bienes patrimoniales, para que el pueblo las fiscalice.

· Que por transparencia, la Corte Suprema de Justicia, suba a la web, la cantidad de los expedientes que estén en los despachos de los magistrados de la Corte Suprema (sin entrar en las generalidades de los expedientes), así como el tiempo en que están allí. 

jueves, 7 de enero de 2016

La imagen de la Asamblea Nacional

A continuación, algunas sugerencias para elevar la imagen del llamado primer Órgano del Estado en Panamá.



1. Que los Diputados de la Asamblea Nacional, por su condición de servidores públicos, a quienes se les confió la asignación de partidas circuitales en el pasado, le rindan cuentas al país, del manejo de dichos fondos.

2. Que limiten los llamados viajes en misiones oficiales hacia el extranjero, por parte de los Diputados, salvo los que sean estrictamente necesarios.

3. Que eleven el tono en sus discursos.

4. Que modifiquen las normas de tal manera, que se permita el descuento del sueldo a los diputados que no van a las sesiones y limiten los privilegios que gravitan en pos de ellos.

5. Que practiquen la tolerancia.

6. Que evacuen las denuncias que existen contra los magistrados de la corte prontamente, conforme a lo que el derecho dispone.

7. Las bancadas deben formarse una mejor identidad propia que sirva de contrapeso al Órgano Ejecutivo, cuando corresponda. Actualmente aparentan ser una filial del Órgano Ejecutivo.

8. Que le hagan entender al pueblo, por medio de sus actos, que los diputados no son una clase privilegiada, sino servidores al servicio del Estado.

9. Que los Diputados fortalezcan los valores personales llevándolos al servicio público, ya que como son formadores de opinión, debieran ser dignos de imitar por la ciudadanía.

10. Que los Honorables Diputados, sean portavoces en la Asamblea Nacional, del querer de la comunidad que los eligió, aunque esto vaya en contra de los propios intereses personales y/o partidarios.

La rendición de cuentas que no dio el Contralor





En su informe de primer año, el contralor anunció que las auditorías que muestran indicios de lesión patrimonial han sido remitidas al MP, no obstante, en su informe a la nación no dijo nada del por qué, no ha cumplido su papel en el audito que debe hacer sobre el manejo de las partidas circuitales, como lo dictaminó la corte suprema de justicia en Pleno, en resolución  del 12 de marzo de 2015 y que tiene en su poder.

La Corte en Pleno dijo que corresponde a la Contraloría General de la República el exigir la rendición de cuentas por el manejo de los fondos o bienes públicos.


De igual forma expuso el PLENO de la Corte: “Los Diputados de la Asamblea Nacional, por su condición de servidores públicos, a quienes se le ha confiado la asignación de partidas circuitales, están en la obligación de rendir cuentas del manejo de dichos fondos ante la Contraloría General de la República, quien por su mandato constitucional tiene esa función fiscalizadora.”

La rendición de cuentas que no dio el Contralor

La rendición de cuentas que no dio el Contralor



En su informe de primer año, el contralor anunció que las auditorías que muestran indicios de lesión patrimonial han sido remitidas al MP, no obstante, en su informe a la nación no dijo nada del por qué, no ha cumplido su papel en el audito que debe hacer sobre el manejo de las partidas circuitales, como lo dictaminó la corte suprema de justicia en Pleno, en resolución  del 12 de marzo de 2015 y que tiene en su poder.

La Corte en Pleno dijo que corresponde a la Contraloría General de la República el exigir la rendición de cuentas por el manejo de los fondos o bienes públicos.


De igual forma expuso el PLENO de la Corte: “Los Diputados de la Asamblea Nacional, por su condición de servidores públicos, a quienes se le ha confiado la asignación de partidas circuitales, están en la obligación de rendir cuentas del manejo de dichos fondos ante la Contraloría General de la República, quien por su mandato constitucional tiene esa función fiscalizadora.”

miércoles, 6 de enero de 2016

Los estatutos de los partidos políticos, pueden demandarse por inconstitucionales.


En reciente sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia del 2015, “de avanzada,” con la entrada No. 867-00, dentro de la demanda de inconstitucionalidad contra una resolución del Tribunal Electoral, que aprobó las reformas a los estatutos del P.R.D.; la Corte varió la jurisprudencia que existía, que impedía demandar por inconstitucionales los estatutos de los partidos políticos y ahora permite que los mismos, puedan ser objeto del control constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Mag. Ponente Abel Zamorano.

Criterio de la Corte.

“La razón de ser de esta posición, que viene a reformular la posición inicial adoptada en la jurisprudencia de esta misma Corporación Judicial, y que fuera invocada por el Procurador, es precisamente la noción constitucional de partido político y el impacto que trae aparejado el contenido del estatuto cuando se aplica a los miembros del partido político que, en definitiva, son ciudadanos de nuestro país, amparados constitucionalmente frente a una posible afectación de sus derechos y garantías fundamentales, que incluyen sus derechos políticos”.

“Entendemos entonces que, si el Estatuto que surge del seno del partido político, conlleva una serie de normas o postulados que afectan no sólo a sus partidarios, sino a la colectividad, con temas como el que se cuestiona en el fondo en esta ocasión, de la revocatoria de mandato al Diputado, es indudable que no se le puede atribuir a los estatutos de un partido político del país la misma categoría de documento privado que se le atribuye a otros documentos, como por ejemplo, los estatutos constitutivos de una junta de accionistas de una sociedad mercantil, pues en el caso de los estatutos de los partidos políticos, la finalidad que persigue el documento cuando se logra aplicar tendrá un impacto en el acontecer nacional, al regular la forma como los partidos políticos y sus miembros proyectan sus estructuras ideológicas y políticas en el plano nacional.”

“En virtud de la aclaración efectuada, debemos concluir que los estatutos internos de los partidos políticos pueden transgredir el texto constitucional y, si lo hacen, no hay razón para derivar la competencia al Tribunal Electoral, basado en que quien emitió el documento no es un funcionario público, pues la materia de control constitucional es exclusiva del Pleno y, como ya hemos advertido, en el caso de los estatutos de un partido político se asimilan, por su relevancia social y por su finalidad, a un instrumento público”.

lunes, 4 de enero de 2016

Aberración electoral. Vuelve el voto en plancha


El magistrado presidente de la CNRE Heriberto Araúz Sànchez, indicó que en la última sesión, se aprobó las formas de votación y de adjudicación de curules en los circuitos plurinominales. Indicó que se mantiene el “voto plancha” y también se deja la opción del “voto selectivo”.

En cuanto a la forma de adjudicación de curules, se aprobó restar del residuo electoral el medio cociente de los partidos que han obtenido el cociente y el medio cociente, es decir a los que ya han obtenido escaños en la Asamblea, y esto lo que busca es darle, según la CNRE, más participación a las minorías.

La idea a mi juicio, es un retroceso de nuestro sistema electoral, debido a lo siguiente:



1. Elimina el principio de cada votante un voto.

2. Fortalece la partidocracia.

3. Pone en desventaja al candidato de las minorías partidarias e independientes.



Por otro lado la idea planteada de la CNRE, no elimina toda la estructura electoral vigente, ya que deja incólume la figura del cociente, medio cociente y del residuo (este último elemento, como está hoy reglado, es una perversión del sistema), por lo que no significa que saldrían electos, los candidatos más votados en el circuito electoral plurinominal.



¿Qué formula podría aprobarse (o al menos evaluarse), honrando el principio de representación proporcional de diputados, que reza el artículo 147 constitucional?



1. Dejar la figura del cociente, medio cociente, pero las adjudicaciones por residuo, solo se las asignen, a las listas más votadas, que no hayan obtenido curules ya.



2. Dejar la figura del cociente, medio cociente, pero las adjudicaciones por residuo, solo se las asignarán, primero a las listas que no tengan representación, (si hay más curules) entonces, a la lista, más votada, que ya haya obtenido escaño, y así sucesivamente, hasta agotar las vacantes.



3. Escoger como ganador de las curules, a los candidatos más votados, de las listas propuestas, en general; pero definir, que una lista no puede obtener más de un porcentaje de las curules en el circuito y así sucesivamente, hasta agotar las curules.

El Debido Proceso




Se habla hoy de violaciones al Debido Proceso,  toda vez que en algunos casos judiciales, al parecer se han saltado algunos puntos procedimentales, pero que pudieran ser perfectamente subsanados dentro del mismo caso, en un futuro inmediato, pero, ¿Qué es el Debido Proceso?

Lo manifestado por la Doctrina, y para ilustrar este caso, la jurisprudencia patria ha sido enfática y reiterativa al establecer la manera como debe entenderse la garantía del debido proceso, lo cual constituye la garantía procesal que se le ofrece a las partes, para el buen desarrollo del proceso en igualdad de condiciones, es decir, igualdad de oportunidades de ser oídas por el tribunal competente, que se verifique el contradictorio de las pruebas y que se tenga acceso a todas las acciones y recursos que ofrece la ley, para procurar que el juez declare la pretensión perseguida. (Véase sentencia del Pleno de la Corte del 3 de mayo de 2002, entrada No. 100-01).

¿Toda pretermisión vulnera el Debido Proceso? Por supuesto que no.  Sólo la que afecta, asuntos esenciales del procedimiento, según ha dicho la Corte.


"... el Pleno ha indicado en oportunidades anteriores que la garantía constitucional del debido proceso únicamente se viola cuando se pretermiten o desconocen trámites esenciales del procedimiento (como el traslado de la demanda, la presentación de pruebas sobre los hechos de la demanda, la impugnación de las resoluciones judiciales, en los casos previstos por la ley, entre otros), de modo que se impida con aquella conducta a uno o a ambas partes, el pleno ejercicio de su defensa o se le coloque en estado de indefensión”. (Fallo de 21 de julio de 1998).

El ejercicio abusivo de la libertad de expresión en Panamá



  
La libertad de expresión es el derecho que tiene la persona para emitir opiniones y expresiones diversas. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.  Artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Debe quedar claro que la libertad de expresión, no es un derecho absoluto. El artículo 13.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa, también prevé la posibilidad de exigir responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho. 

Convención Americana de los Derechos Humanos

Artículo 13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión
1….
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a  previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

El ejercicio abusivo de la libertad de expresión o mejor conocido, en lenguaje coloquial como “el libertinaje de expresión”, es la facultad que tiene todo individuo de emitir expresiones diversas y opiniones sobre ideas, desenfrenadamente, es decir, sin importarle lo que dicen, como lo dicen y en qué momento lo dicen.


En Panamá, galopan algunos sobre la cabalgadura del libertinaje de expresión, cuando a menudo, se percata uno, en algunos medios de comunicación social y en las redes sociales, que hay personas, que por medio de éstos, denigran la imagen y la honra de otros congéneres, sin remordimiento alguno, y peor aún, sin contar, en algunas ocasiones, con las pruebas que corroboren sus dichos; violando con ello, la Convención Americana de los Derechos Humanos que reza que: “No se debe irrespetar los derechos o a la reputación de los demás”. (Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos). Ésta práctica es corrupta, no edifica y debiera cesar.

La imputación de cargos



En todo proceso en lo penal, conforme al sistema penal acusatorio, debe haber imputación de cargos para vincular al denunciado con un  hecho incorrecto. “A partir de la formulación de imputación hay vinculación formal al proceso”. Artículo 280 final del código procesal penal. Sin formulación de cargos, no puede haber juicio. Artículo 5 Ibídem.

Las interrogantes gravitan por el caso el expresidente Martinelli, en el tema de los pinchazos, en donde no se le imputaron cargos.

En mi concepto, la línea jurídica tomada por el magistrado Harry Díaz de acusar, sin imputar cargos,  no es compartida por los demás miembros de la corte suprema, a mi juicio, por un lado, y por el otro, su determinación  “su generis”, tampoco anula todo lo actuado en la investigación o el caso completo.

En reciente sentencia del Pleno de la Corte del 19 de noviembre de 2015, en donde se declaró inconstitucional el artículo 491-A de la Ley 55 de 2012, (ley blindaje de los diputados), la corte en los ejemplos que dio, recalcó la existencia de la imputación de cargos contra los diputados vinculados, así:

“Veamos ahora el caso contrario, en el cual el Fiscal investiga bien, pero al final de su plazo, una o dos semanas antes, decide realizar una imputación.”

“¿Cómo puede satisfacerse el derecho a una defensa material, real y efectiva, si a un diputado le toca preparar sus descargos en una o dos semanas, porque el Fiscal decidióimputarle cargos una o dos semanas antes del vencimiento del plazo de los dos meses?

La corte dijo en la sentencia de marras, que no puede aceptarse que ninguna norma pretenda establecer que determinadas personas, tengan mayores y mejores posibilidades de no ser juzgadas.

Si no fuera necesaria la  imputación de cargos, no se hubiera dados los ejemplos transcritos. El fallo fue unánime.


¿La omisión de la imputación anula todo el caso?

Por supuesto que no, ya que en la audiencia de acusación, (etapa intermedia) se puede anular la acusación dada sin imputación de cargos, tal cual lo permite el artículo 345 del código procesal penal, pero para ello, el expresidente Martinelli debe estar presente en la audiencia.

Al Juez de Garantías, le compete este tema. Anulada la acusación, podría proceder la imputación de cargos, sin problema alguno.

Código procesal penal

Artículo 345. Audiencia. El Juez de Garantías le dará la palabra a la defensa, al Fiscal y al querellante para posibles alegaciones previas de incompetencias, nulidades, impedimentos y recusaciones. Si el querellante no asiste, se tendrá por desistida su acción penal...

Artículo 278.

A las audiencias de control de la aprehensión, de formulación de la imputación, las que versen sobre la nulidad de solicitud, modificación o rechazo o la proposición de medidas cautelares personales y las de la etapa intermedia deberán comparecer el Fiscal, el defensor y el imputado o acusado.

Medidas cautelares



El principio de presunción de inocencia, según la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, establece que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que la carga de la prueba recae en la parte acusadora. (Corte IDH. Caso Ricardo Canese vs. Paraguay).

Del consabido principio, se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia. (Corte IDH. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador).

La Corte IDH en el caso Lori Berenson vs. Perú, dijo que la Convención Americana de los Derechos Humanos exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita juicio ante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública, mientras no se acredite conforme a la ley, la responsabilidad penal de aquella.


Debe quedar claro, que las medidas cautelares que afectan, entre otras, la libertad personal del procesado tienen un carácter excepcional, ya que se encuentran limitadas por el derecho a la presunción de inocencia y los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática. (Corte IDH. Caso Palamara Iribarne vs. Chile).

domingo, 3 de enero de 2016

Lo bueno y lo malo del discurso presidencial




Lo bueno
Que instó a los funcionarios a rendirle cuentas al pueblo panameño con lealtad.

Que se informó que iniciarán la elaboración del Plan Nacional de Recolección y Tratamiento de Desechos Sólidos a nivel nacional.

Que se convocó a los actores a un Diálogo Nacional para definir el Sistema de Educación Pública con visión de Estado que demandan nuestras presentes y futuras generaciones.

Que anunció la decisión de convocar a todas las fuerzas políticas y sociales del país para que a través de la Concertación Nacional para el Desarrollo iniciar un Diálogo con miras a la adopción de un Plan Estratégico Nacional con visión de Estado “Panamá 2030” que nos permita hacer realidad los 17 Objetivos de Desarrollo (ODS), aprobados en el marco de la  pasada Asamblea General de las Naciones Unidas. (Para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático).

Lo malo

Que fue extenuante y poco esperanzador.

Que no hubo palabras de arrepentimiento o de disculpa pública, sobre algunas acciones cometidas por su gobierno, que no han sido bien acogidas, por la comunidad.

Que se puso al soslayo la idea de convocar a la asamblea constituyente paralela, que prometieron en campaña electoral.


Que siguen ponderando como efectiva la estrategia de seguridad ejecutada por el Ejecutivo, en detrimento de la percepción ciudadana.