1. Ley 7 de 2013 sobre la esterilización. Al haberse aprobado esta norma que posibilita que las mujeres mayores de veintitrés años de edad y con dos hijos o más puedan solicitar a los centros de salud u hospitalarios del sector público del país la práctica gratuita de la esterilización, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley, lo que procede ahora, es la creación de otra ley que permita la conexión tubárica gratuita, para las personas esterilizadas que se arrepientan de su decisión anterior tomada.
2. Ley 8 de 2013 sobre la posposición del Sistema Penal Acusatorio en varios distritos judiciales. Evidencia el poco interés de nuestras autoridades a la efectividad de un sistema procesal serio en el país dentro de una programación real y efectiva en un tiempo expedito. Nos han sorprendido en nuestra buena fe.
3. Pacto Ético Electoral. Aunque se ve filosóficamente adecuado procurar subir el tenor del debate electoral, muestro mi objeción al documento en cuestión, por lo siguiente:
1. No incorporaron oportunamente en la discusión del instrumento, a los líderes naturales de las iglesias evangélicas, de acuerdo a las investigaciones realizadas por el suscrito, en mi calidad de obrero evangélico pentecostal y esto evidencia un desprecio hacia la dirigencia de una feligresía que está aportando en la sociedad de forma efectiva. A algunos líderes, como a mi pastor, sólo lo invitaron en la mañana del mismo día del evento de suscripción, para que acudiera como veedor.
2. No define lo que debe considerarse como campaña sucia, en tanto que promueve una sanción moral al transgresor de esto, sin haber plasmado las reglas claras.
3. Parece blindar a los candidatos con oscuros pasados y esto para mi riñe con lo que dispone la Convención Americana de los Derechos Humanos que lo que prohíbe solo es el abuso o la injerencia arbitraria de la vida privada del candidato.
4. No establece un derecho de defensa al sancionado moralmente, ya que en el pacto ético electoral, no se establece como se puede recurrir y ante quien, ante la sanción moral impuesta.
5. La función de la Comisión de Justicia y Paz, que investiga y a su vez sanciona, viola los principios garantistas, en donde procura que el ente que sanciona sea diferente al que investiga. Una sanción moral puede liquidar las aspiraciones electorales de un candidato.
6. No tiene a mayores integrantes de la sociedad civil, dentro del organismo consultivo permanente.
7. No permitirle a los demás candidatos a los diversos cargos de elección popular, por la libre postulación, a que suscriban el documento, si lo desean, a posteriori y que puedan incorporar sus ideas.
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